20180826

La suma de todos los sueldos pagados en España el año pasado fue de 550.272 millones de euros. A pesar de que esta cifra supone un 3,3% más que la de 2016, el peso de los salarios en el conjunto de la economía española cae hasta el 47,3% del PIB, el dato más bajo desde hace 30 años. Y no hay que irse tan lejos en el tiempo. Justo antes del comienzo de la crisis, la parte de la riqueza del país que se destinaba en 2008 a pagar nóminas estaba en el 50,1%, y rozando el 51% en 2009, pero a partir de ese momento ha ido bajando hasta los niveles actuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las rentas empresariales crecieron el año pasado en España un 7,1%, lo que supone casi el doble que el aumento de las rentas del trabajo (la parte central de las rentas de los hogares) en el mismo periodo, cuando registraron un incremento del 3,8% gracias a la creación de empleo, según los datos del Informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria. Así, las rentas del trabajo repuntaron un 3,8% el año pasado, cuatro décimas más que en 2016, por la positiva evolución de la masa salarial, que aumentó un 4,6%, cuatro décimas más que el año anterior. La Agencia Tributaria apunta en su informe que el principal factor que impulsó el crecimiento de la masa salarial fue la creación de empleo y el repunte de las retribuciones medias, después de años de estancamiento, ya que el salario medio en 2017 fue aproximadamente el mismo que se promedió en 2008

Los últimos datos del mes de julio colocan el alza de los precios en España en un 2,2% interanual –tasa que se situó en el 2,3% en el País Vasco– lo que para los economistas es un síntoma de fortaleza y avance en la línea de los objetivos que se han fijado las autoridades, entre ellas el Banco Central Europeo (BCE). «Dicen que lo único que es peor que mucha inflación es no inflación. Cuando se habla de deflación normalmente se trata de una situación asociada a poco crecimiento o incluso caída del PIB», explica Joseba Barandiaran, presidente de la Sección de Bizkaia del Colegio Vasco de Economistas. En diciembre de 2014 se produjo un hecho inédito al cerrar el ejercicio con una inflación negativa, con una caída del índice de un 1%. Aquello se vivió con mucha preocupación por parte de gobiernos y autoridades monetarias. El panorama está cambiando este año y estamos entrando en lo que habitualmente era una expansión económica». Eso implica crecimientos de la producción, de la renta y de los precios.

Euskadi está considerada una región «de alta innovación», según el sistema de calificación de la Unión Europea Eso se traduce en una inversión anual de algo más de 1.300 millones de euros en el área de l+D, casi el 2% del PIB vasco. Más de la mitad de ese presupuesto es inversión privada, que vuelve a crecer una vez superada la crisis. Las empresas miran de nuevo a la investigación con gran interés, sobre todo en el sector industrial. De hecho, muchas compañías vascas han logrado hacerse un hueco en el mercado gracias al desarrollo de herramientas y aplicaciones tecnológicas muy específicas.

Los llamados falsos autónomos no gozan de la protección que tiene cualquier empleado ni tampoco de la libertad que tienen los trabajadores por cuenta propia. Aunque mantienen una relación de dependencia con la empresa para la que prestan sus servicios, por lo que deberían ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, la compañía sólo les da trabajo si están dispuestos a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Todo con un único objetivo: ahorrar costes.  No resulta sencillo cuantificar el número de trabajadores en España que se encuentran en esta situación, aunque los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre la actividad por cuenta propia permiten hacerse una idea sobre la dimensión de este problema.  De los 3.042.200 trabajadores por cuenta propia a cierre de 2017, 165.900 (un 5,45%) declaran que no pueden influir ni en el contenido ni en el orden de las tareas que llevan a cabo, algo que denota una clara relación de dependencia.

Hace 4 años que, «casi por casualidad», Olatz y Garazi Lizarralde abrieron su propia pastelería en Donostia. Hace también 4 años, Izaskun Manjón vio que el bienestar laboral «era lo suyo» y que no lo podía ejercer por cuenta ajena, por lo que creó su propia empresa. Lo mismo ocurrió con Jaione lzagirre y sus dos socias. Consideraron, hace 9 años, que en el deporte adaptado había «todavía mucho que hacer» y construyeron juntas un centro especializado. La trayectoria de estas empresarias coincide, además de en el emprendízaje, en que lo hicieron gracias a un programa de apoyo para las mujeres emprendedoras de Emakunde.

No existen estadísticas oficiales sobre el número de hipotecas en manos de fondos. Pero a medida que a los bancos les quemaban en las manos los activos inmobiliarios considerados tóxicos, los han ido vendiendo de forma masiva a estas empresas opacas, sin una cara visible y radicadas fuera de España. Un estudio de la consultora Evercore cifra en más de 50.000 millones de euros la venta de carteras hipotecarias morosas realizadas por los bancos el año pasado, con operaciones estrella como la compra de Blackstone al Santander del ladrillo del Popular, o la de Cerberus al BBVA. Y cuando estos fondos buitre se hacen cargo de las deudas pendientes, la presión aumenta sobre unos deudores cuya situación de partida es de gran vulnerabilidad.

El lehendakari afronta en este arranque del curso una coyuntura «complicada» que le obligará a emplearse a fondo en diversos frentes, especialmente en el presupuestario. La posibilidad de una prórroga ante la falta de apoyos parlamentarios al Ejecutivo PNV-PSE –que suma 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta– amenaza la estabilidad del Gabinete de Iñigo Urkullu por primera vez tras una cómoda primera mitad de legislatura en la que Euskadi ha visto cómo la calma en lo político incidía positivamente en lo económico, donde la recaudación fiscal ha alcanzado cifras de récord en el primer semestre del presente ejercicio.

«Cada año tenemos que devolver unos 200.000 millones y como no tenemos dinero para hacerlo estamos obligados a pedir nuevos préstamos con los que saldar los anteriores ya vencidos».