20180825

El Gobierno y sus socios aceleraron ayer los trámites para aprobar los Presupuestos antes de que termine el año. PSOE, Podemos, ERC y Compromís registraron en el Congreso una proposición de ley para eliminar la capacidad de veto a la senda de déficit del Senado, bajo control del PP. Su aprobación está prevista para dentro de dos o tres meses, periodo durante el cual el Ejecutivo pospondrá la aprobación del techo de gasto. «Nos acercamos más a la posibilidad de negociar unos Presupuestos más expansivos», reconocieron en Podemos, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo admitió que los tiempos son muy justos.

El gran reto al que se enfrenta la Reserva Federal de EE UU (Fed) es doble: no puede cometer errores estratégicos y debe anticiparse en la medida de lo posible al próximo cambio en el ciclo económico. Pero su presidente, Jerome Powell, no pestañea al considerar que lo «apropiado» es seguir «avanzando» con el alza «gradual» de los tipos de interés. La economía, dijo ayer en la reunión anual que la Fed celebra en Jackson Hole (Wyoming), «se refuerza» y tiene motivos para pensar que lo seguirá haciendo. Zanja así a las críticas del presidente Donald Trump, que lleva tiempo criticando su estrategia de subir tipos.

El frenazo que ha sufrido el turismo durante los últimos meses se ha extendido a los meses estivales, los más importantes para los hoteleros españoles. Julio cerró dejando mal sabor de boca, con caídas en el número de viajeros, en las pernoctaciones, estancia media, ocupación y precios hoteleros. Concretamente, el mes cerró con un descenso interanual del 2% en el número de visitantes. Además de que hubo menos viajeros en España (11,7 millones), éstos pernoctaron menos días en territorio nacional: un 2,2% menos que en julio de 2017, registrándose 42,6 millones de pernoctaciones. Como consecuencia, la estancia media sufrió un ajuste del 0,3%, situándose en 3,7 noches por viajero. Los últimos datos de coyuntura hotelera difundidos ayer por el INE, correspondientes a uno de los meses más importantes para el turismo, nublan el pronóstico de agosto y vaticinan un horizonte complicado de cara a final de año.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, descartó ayer que el Gobierno Vasco vaya a modificar el decreto que desarrolla la Ley vasca de Turismo aprobada hace poco más de un mes. La postura de su Departamento es clara ante el último informe elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en el que invitaba al Ejecutivo vasco, y a otras autonomías, a «revisar en profundidad» varias cuestiones del decreto que regula los pisos de uso turístico porque considera que incluyen restricciones graves o muy graves». Retortillo defendió el contenido de la normativa y destacó que está dirigida a «equilibrar» la protección de los derechos, tanto de quienes quieran iniciar esta actividad como de los vecinos y usuarios de los pisos.

Los accidentes laborales con baja en Euskadi aumentaron un 1,6% en el primer semestre, superando los 17.700, lo que significa 271 más que en el mismo periodo de 2017. Son datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, y se cuentan los producidos tanto en el ámbito laboral como ‘in itinere’ –camino o de vuelta del trabajo–. Del total, más de 15.600 tuvieron lugar en la jornada laboral, siendo 15 de ellos mortales y 93 de carácter grave. El repunte va en consonancia con el incremento de 2017, que arrojó un avance del 5,5% en la siniestralidad en tiempo de trabajo –1.542 más–, y está ligado a su vez a la mejora económica. El índice de incidencia se elevó hasta los 38 accidentes por cada mil empleados. Afortunadamente cayó un 26% la cifra de fallecidos –de 34 a 25–, aunque crecieron un 12% los siniestros graves.

Casi 2.000 menores de 40 años cobran una pensión de incapacidad permanente en Euskadi. Se trata de personas jóvenes que no pueden trabajar –o tienen dificultades para hacerlo– fruto de accidentes o problemas de salud o movilidad, lo que les coloca en situaciones económicas delicadas. La compensación para este colectivo es que cuando el retiro forzado se debe a un siniestro o una enfermedad relacionada con la actividad profesional reciben una prestación mayor. No obstante, en muchos casos únicamente tienen reconocida la incapacidad permanente total –la que tiene más beneficiarios–, y sólo cobran el 55% de su base reguladora, al reconocérseles capacidad para trabajar en otras actividades, aunque dada la situación del mercado laboral y los problemas que arrastran encontrar empleo no sea tarea sencilla.