20180805

El Gobierno vasco lleva un tiempo dándole vueltas a la forma de garantizar el nivel de vida de los jubilados y parece haber llegado a la conclusión de que ese objetivo solo se puede alcanzar mediante planes de pensiones complementarios al sistema público. Así consta en un documento que sirve de base al Consejo Vasco de Previsión Social, un órgano formado por las Administraciones autonómica y forales, empresarios, sindicatos y expertos. Aunque las conclusiones de ese informe se darán a conocer en otoño, se apunta ya la conveniencia de aportar un 6% del sueldo a esos planes de pensiones, que serían sufragados al 50% por las empresas y los trabajadores.

Los empresarios están enfadados con el planteamiento lanzado por el diputado general vizcaíno el 26 de julio. El lehendakari y cinco consejeros se habían reunido con la cúpula de Confebask dos días antes y el tema no se mencionó. Y aunque no se han pronunciado corporativamente –hablarán posiblemente en septiembre, después de trasladar su punto de vista al Gobierno vasco–, de forma individual algunos sí han dado la cara. Es el caso del presidente de la patronal alavesa, Pascal Gómez. A su juicio, la propuesta de Rementeria es inconcreta, pero, de salida, supone «un costo añadido sobre las empresas, lo que se traduce en una merma de la competitividad». Y, además, sucede «en un contexto en el que se empieza a frenar la economía».  Gómez dice que las empresas «no van a pagar la fiesta» y que no contempla la cuestión de los planes de pensiones. De hecho, SEA ya tiene cerrado el grueso de la negociación colectiva. «Ni está en la mesa ni va a estar».

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, considera que el proyecto de decreto de institucionalización del diálogo social en Euskadi, cuyo borrador ha remitido el Gobierno Vasco a los agentes sociales, no arregla el «desaguisado» del acuerdo marco de colaboración por la cualificación y el empleo firmado por Confebask y Gobierno Vasco. Tras insistir en que se inhabilite el citado pacto entre el Ejccutivo y la patronal vasca, explica ca que su sindicato no presentará alegaciones al borrador del Gobierno. Por otra parte, avanza que trasladará en septiembre a Confebask una iniciativa para «revitalizar» la negociación colectiva y tratará previamente de consensuar esta propuesta con UGT y con el sindicato LAB. La dirigente sindical advierte a las patronales vascas de que, si no hay «desbloqueo» y reparto del beneficio, «habrá conflicto».

«Nos ha saltado una alarma. Cancele inmediatamente la presencia de su empresa en el congreso que se celebrará en Teherán». Las compañías vascas han aprendido que la internacionalización es clave. Han interiorizado los mecanismos para abordar mercados y ser competitivos. Pero ¿qué hacer cuando un grupo de presión te envía una amenaza en la que te emplaza a salir de otro país? Es evidente que para eso no se está preparado. Algunas compañías en Euskadi están teniendo que aprender a marchas forzadas a vivir con estas presiones. El extracto inicial de esta pieza forma parte de una carta remitida por un ‘lobby’ estadounidense a una importante firma vasca que opera en EE UU e Irán. Un documento que fue recepcionado hace unos meses y que, por suerte, no ha tenido un efecto decisivo en la actividad de la empresa destinataria.

Las ventas en mercados exteriores han venido a Euskadi para quedarse y dar un nuevo aire a la economía vasca. Tras batir el año pasado el récord de exportaciones, las empresas de la CAV están avanzando en el primer tramo de este ejercicio a un ritmo que augura una nueva marca histórica. El bloqueo de los destinos comerciales tradicionales durante la crisis obligó a las empresas a lanzarse a abrir las puertas de otros países, Muchas compañías vascas ya estaban fuera, pero otras muchas empezaron a viajar a partir de 2010 y sobre todo de 2011. En estos momentos las operaciones vascas de exportación multiplican por 2,3 veces las que se realizaban en 2007.

El balance agregado de los resultados obtenidos por las empresas españolas cotizadas en el primer semestre del año puede llevar a engaño. El cómputo global arroja una caída del beneficio neto del 4,13% respecto al logrado hace un año. Sin embargo, este deterioro de las cuentas está condicionado por la revisión realizada por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) del valor de sus activos y que le han llevado a apuntarse pérdidas debido a este factor contable por valor de 3.281 millones de euros. Sin embargo, si solo se tiene en cuenta el resultado recurrente (sin el saneamiento) del grupo energético, la foto que se obtiene es mucho más optimista puesto que lleva la suma de todos los beneficios corporativos semestrales a 26.209 millones de euros, un 12% más que en 2017.

Por motivos más políticos que propiamente económicos, la semana pasada el Congreso rechazó la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que a priori beneficiaba a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, al entregar unos 2.500 millones más a cada administración debido a un objetivo de déficit más relajado que el planteado por el exministro Cristóbal Montoro. Ahora, el Gobierno tiene un mes para presentar una nueva senda. Sin embargo, desde el Ejecutivo explican que la senda que presenten a finales de agosto será la misma porque, por el momento, no han recibido «ninguna propuesta alternativa» por parte de los grupos que votaron en contra o se abstuvieron. Por tanto, el Gobierno tendrá que plantear los Presupuestos con un techo de gasto diferente debido a que la senda de déficit será automáticamente la del exministro Montoro si dentro de un mes la nueva vuelve a ser rechazada, como todo parece indicar.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto que habilita la subvención de 26,6 millones de euros a Hobetuz recogida en los Presupuestos de este año. El documento señala que su concesión atiende a «razones de interés público y económico» y busca «no seguir poniendo en riesgo los procesos de creación de empleo y crecimiento económico, que son una prioridad de primer orden». Se trata de una medida «excepcional» que Lanbide recibirá como subvención directa, ya que las «urgencia» de su aprobación determinan la «improcedencia de una convocatoria pública».

En una semana en la que se ha alcanzado una tregua en la guerra del sector del taxi con las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC), también se han abierto otros frentes con plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Ubereats. Mientras que en España sindicatos como UGT han decidido ir más allá y presentar una demanda de conflicto colectivo en los tribunales contra Glovo, en Francia, por el contrario, se ha aprobado un proyecto de ley para regular la relación entre estas plataformas y sus trabajadores. Cansado de denunciar ante la Inspección de Trabajo estas nuevas realidades laborales o de interponer demandas individuales por despidos improcedentes, el sindicato de Pepe Álvarez ha cambiado su estrategia «abordando el problema desde una perspectiva más colectiva».