20180801

La economía española sigue creciendo a buen ritmo, aunque no al de los últimos años. En el segundo trimestre avanzó un 0,6%, una décima menos de lo que lo hizo al arrancar 2018, según el dato divulgado ayer por el INE. Se esperaba una cierta ralentización. El Banco de España lo había anticipado hace unas semanas; también servicios de estudios privados. Pero finalmente ha sido más de lo esperado, con el peor dato desde 2014. Esta desaceleración ha llegado por la pérdida de vigor del consumo de los hogares, lastrados por la erosión de su ahorro, el aumento de los precios y por el sector exterior, que restó crecimiento.

No solo la economía española parece estar enfriándose. También la de la zona euro está siguiendo esa senda. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento habría sido del 0,3%, según los datos preliminares publicados ayer por Eurostat, la oficina europea de estadísticas. Esta cifra supone una décima más que la registrada el trimestre anterior y menos de la mitad que al final del año pasado, que había acabado con un avance trimestral del 0,7%.

El Centro de Predicción Económica (Ceprede) ha mejorado su percepción sobre la situación de la economía vasca, por lo que eleva su previsión de crecimiento hasta el 2,7%, tasa que aún es inferior en una décima a las estimaciones que realiza el Gobierno vasco (2,8%). Con esta mejora de la previsión Ceprede iguala el crecimiento vasco al de la media española. Por el lado del empleo, los cálculos de este centro económico apuntan a que en Euskadi se crearán este año unos 17.800 puestos de trabajo.

La inflación está siendo gasolina para la recaudación. Los precios contribuyen a aumentar las bases imponibles sobre las que se aplican los gravámenes de los impuestos. Y los ingresos crecen con alegría. En el primer semestre están aumentando un 7,9%. Esa fortaleza de los ingresos públicos está ayudando a contraer el déficit público a pesar del aumento de los gastos públicos, según revelan los datos divulgados ayer por el Ministerio de Hacienda. Las cifras oficiales apuntan a una reducción del déficit de la Administración central del Estado del 28,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la corrección no parece suficiente para alcanzar el objetivo oficial del 2,2% del PIB marcado por Bruselas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha avisado a la Comisión Europea que no podrá alcanzar esa meta. Y se ha comprometido a rebajar los números rojos desde el 3,1% del año pasado al 2,7% del PIB este mismo año.

Euskadi es la única comunidad que tiene en la actualidad sus cuentas públicas en superávit, con 401 millones a favor, lo que equivale al 0,54% del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos que corresponden al mes de mayo. Pero además, el informe del Ministerio de Hacienda difundido ayer constata cómo esta ‘salud’ financiera vasca es más ‘fuerte’ que hace un año, ya que en mayo de 2017 el superávit alcanzaba los 200 millones, el 0,28% del PIB.

No hace muchos años Gipuzkoa vivió un tsunami fiscal. La recaudación por tributos caía de forma alarmante, la cifra de contribuyentes también y con la llegada de Bildu al Palacio Foral en 2011 se comenzaron a explorar fórmulas para garantizar un nivel de ingresos suficiente. No tardaron muchos meses en diseñar un plan de choque consistente en una reforma fiscal del IRPF que trajo consigo una subida de tipos –también en el ahorro– y una revisión de las deducciones y reducciones de cuota, entre las que destacó la bajada en el límite de las aportaciones a las EPSV. Ahora toca iniciar el debate para identificar qué tocar para incentivar esa inversión pero no trastocar los ingresos. Distintas fórmulas que tendrán que explorar las Haciendas vascas.

Desde que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, lanzara el debate sobre la universalización de los sistemas de pensiones complementarias de empleo, muchas miradas se han dirigido hacia la guipuzcoana Geroa Pentsioak EPSV. Se trata de la mayor entidad de previsión social voluntaria en el ámbito de la empresa privada, con un total de 262.000 socios trabajadores y 9.319 empresas adscritas. Este modelo de previsión, a diferencia de los planes individuales que puede contratar cualquier ciudadano con una entidad financiera, permite que muchos trabajadores puedan disponer de una capacidad de ahorro adicional para mejorar su nivel de vida cuando llegue el momento de su jubilación.

El 55,3% de las empresas activas en España no empleó a ningún asalariado a 1 de enero de 2018. Es decir, un total de 1,84 millones de empresas (20.000 más que el año pasado) no tenían ningún empleado a inicios del presente año. Así queda reflejado en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según este estudio, el 27,3% del total de empresas activas solo tiene uno o dos empleados. En consecuencia, el 82,6% (2,75 millones de empresa) de las sociedades tiene dos o menos asalariados. El estudio muestra también un aumento del 1,7% en el número de empresas activas, que creció durante el año 2017 hasta situarse en los 3,34 millones de negocios en España. Esta subida supone el cuarto año consecutivo de crecimiento, después de seis años continuados de descensos.

«Desde el minuto uno en el que Antonio Garamendi presente su candidatura a la Presidencia de CEOE, yo convocaré a la dirección de CEIM [la patronal madrileña] para expresarle nuestro respaldo». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, sobre sus intenciones en las elecciones a la Presidencia de CEOE. Lázaro quiso así dejar claro su respaldo al actual presidente de la patronal de la pequeña y mediana (Cepyme), y también vicepresidente de CEOE. Es una reacción también a los propios movimientos de Joaquín Gay de Montellá, presidente de la patronal catalana Fomento Nacional del Trabajo, con el que le une una buena relación.

El tipo efectivo sobre resultado contable de los grandes grupos consolidados bajó en 2016 al 6,14%, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. Aunque esta tasa está lejos del tipo oficial del 25%, no refleja el tipo real del impuesto de sociedades que se aplican las multinacionales, porque no recoge las deducciones y exenciones fiscales que se anotan legalmente estas empresas. Tampoco tiene en cuenta los impuestos que pagan sus filiales en el extranjero. Pero sirve para dar una idea de lo que realmente pagan.

El sudoku en el que se ha convertido el conflicto del taxi parece estar más cerca de una solución. El Ministerio de Fomento propuso ayer la celebración de una comisión de diálogo a partir del mes de septiembre que permita «estudiar el problema en profundidad». La mesa estará integrada por las principales asociaciones de taxistas, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), Unauto, y otros agentes económicos. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, reiteró ayer que la comisión abordará «desequilibrios por corregir» como de la ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis, que según su criterio no se está cumpliendo.

Andoni Ortuzar avisó ayer al PSE, su socio de gobierno, y a Podemos de que la reforma del Estatuto avanzará «con o sin ellos». La advertencia lanza un mensaje a las dos formaciones que podrían dotar a esa nueva Carta autonómica pactada ya de hecho entre PNV y EH Bildu de un carácter transversal, tal como ha defendido el lehendakari Urkullu, presente en el acto. La apuesta jeltzale fue contestada por los socialistas, que se quejaron de que «ni han querido considerar nuestras propuestas». Podemos pidió respetar la legalidad y el PP llamó a parar en seco este «nuevo plan Ibarretxe».