20180731

La Diputación de Álava se ha sumado al proyecto de estimular los planes de pensiones complementarios anunciado por el diputado general de Bizkaia. Unai Rementeria ha propuesto a las empresas dotar de estos fondos «a todos los trabajadores del territorio» como complemento al sistema de pensiones público. La Hacienda alavesa está ahora estudiando una mejora de los incentivos fiscales para favorecer este tipo de ahorro, que en Euskadi se canaliza principalmente a través de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Si el anuncio del diputado general de Bizkaia obtuvo como respuesta un silencio total por parte de la patronal vizcaína Cebek, lo que traslucía el malestar de los empresarios, desde Álava la reacción ha sido igual. Ayer la patronal alavesa SEA no quiso hacer valoración alguna al anuncio del diputado de Hacienda sobre modificaciones en los incentivos fiscales para las EPSV.

El descenso de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas recortó una décima, en julio, el incremento interanual del índice de precios del consumo (IPC) hasta el 2,2%, frente al 2,3% del mes anterior. En relación a junio, los precios marcaron un descenso mensual del 0,7%, lo que rompe con la tendencia al alza de los cinco meses anteriores. Si se confirman estos datos el próximo 14 de agosto, con la publicación de la cifra definitiva del IPC julio, la inflación habrá registrado el mayor incremento interanual en dicho mes desde 2012, cuando también fue del 2,2%. Por otra parte, el Indicador Adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro, se mantuvo en julio en el 2,3%.

El Gobierno vasco realizará en dos años una ambiciosa apuesta por la movilidad sostenible. El proyecto, que pasa por impulsar el uso del coche eléctrico, exigirá 494 millones de euros de inversión público-privada con los que el Ejecutivo pretende electrificar el transporte público, crear una red de puntos de recarga y consignar ayudas que faciliten la adquisición de vehículos ecológicos entre particulares, empresas y administraciones públicas. El propósito es conseguir que en el año 2020 al menos 4.800 turismos de estas características circulen por las carreteras vascas.

El porcentaje de la renta que destinan los hogares al servicio de la deuda (pago anual de los intereses y amortización del principal) se sitúa en el 11,6%, el valor mínimo desde 1999 y 7,3 puntos porcentuales inferior al máximo que se alcanzó en 2008. Así se desprende de la publicación Esenciales de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que señala que la deuda total de los hogares españoles supone el 99,4% de su renta bruta disponible, lo que representa un recorte de más de 30 puntos sobre la brecha que existía con la eurozona hace diez años.

La agencia de calificación de deuda Fitch advirtió ayer a los inversores sobre las debilidades de la economía española en la deuda pública, el alto desempleo, la desviación del déficit público y «el riesgo de una resolución desordenada» de la crisis política en Cataluña. «La deuda pública permanece elevada, en el 98,3% del PIB al terminar 2017», por encima de la media de la media de los países calificados por Fitch con la nota A, como Chile, Islandia o Japón.  Fitch espera que en 2020, la deuda se situará en 2020 en el 95,2% del PIB. Otro gran problema de España es el elevado desempleo, a pesar de que en los últimos cinco años la tasa de paro ha caído desde el 26,1% al 15,3%. La razón es que la comparación con otros países de su rango, que tienen una tasa media del 6,5%, es «desfavorable» para España

La Administración General del Estado no es una buena pagadora. Tal y como evidencia el informe sobre cumplimiento de plazos legales de pago, publicado ayer por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), su periodo medio de abono en el segundo trimestre de este año fue de 34,6 días e incumplió, por lo tanto, el tiempo máximo de 30 días fijado por ley.

Comienza la batalla por la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que celebrará elecciones en noviembre tras vencer el mandato de Juan Rosell. Se rompe lo que parecía apuntar a la candidatura única del actual presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, que perdió por escaso margen frente a Rosell en 2014 y que está siendo favorito hasta ahora. La sorpresa es que el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquín Gay de Montellá, prepara su propia candidatura, según confirman mpresarios que han sido ya sondeados por el veterano dirigente. Fuentes próximas a Gay de Montellá corroboran que está «valorando presentarse como candidato a presidir la CEOE». Agregan que tomará «una decisión definitiva» a la vuelta del verano, pero interlocutores de Gay de Montellá dan por hecho que lo hará.

La huelga de los taxistas provocó ayer la paralización de las principales arterias en las grandes ciudades españoles y forzaron una reacción del Gobierno. En una reunión celebrada ayer en el Ministerio de Fomento, el Ejecutivo se mostró dispuesto a ceder a las exigencias planteadas por el sector, pero reclamó tiempo para poder articularlas en forma de ley.  Las asociaciones Fedetaxi, Antaxi y Élite Taxi aseguraron que continuarán con la huelga al considerar «insuficientes y escasas» las medidas planteadas por el Gobierno para limitar a las empresas.

Los británicos desayunan estos días con noticias cada vez más inquietantes sobre todo lo que pasaría después del 29-M si se rompe la baraja entre Londres y Bruselas. Los brexiteros acusan a Theresa May de estar instigando el pánico entre la población para lograr el apoyo a su devaluado plan en 12 puntos.  El Gobierno pretendía lanzar durante el verano una serie de mensajes para preparar a la población, pero todo hace pensar que los británicos seguirán igual de desinformados. «Un no acuerdo será mejor que un mal acuerdo», es todo lo que se atreve a decir la premier. Por si acaso, los planes de contingencia (y 70 informes técnicos sobre los efectos del no deal) están ya en marcha. Escasez de alimentos y medicinas, colapso en el transporte y peligro para las pensiones componen el peor de los escenarios