20180728

La economía vasca muestra ya los primeros síntomas de ralentización del crecimiento y aunque los datos aún pueden considerarse como muy buenos, la producción de bienes y servicios revela señales de relajación. Esta es la principal conclusión que se puede extraer de los primeros datos que aportó ayer el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en torno a la evolución de la economía en la comunidad autónoma. EL PIB, el valor agregado de la producción en Euskadi, creció en el segundo trimestre del año un 2,8% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Esa tasa del 2,8% supone un cambio de tendencia, frente al crecimiento interanual del 3,1% registrado en el periodo de enero a marzo. Por el momento, no se conocen los detalles en la composición de este crecimiento, ya que el Eustat tan solo ha ofrecido un avance.

El Departamento de Hacienda presentó ayer un estudio sobre el comportamiento de algunas magnitudes durante los años de crisis y también en el proceso de salida de la misma, para constatar que la productividad ha evolucionado mucho mejor que los salarios. Así, entre los años 2000 y 2016, el salario real por hora trabajada creció el 11%, mientras que la productividad mejoró un 25%. El análisis realizado por el Ejecutivo vasco refleja que entre 2008 y 2016 el salario medio por trabajador aumentó un 7,6%, mientras que el IPC lo hacía un 9,2%, lo que indica claramente la pérdida de poder adquisitivo y un recorte de los salarios reales. El director de Economía, Jordi Campás, señaló también que la evolución salarial en Euskadi presenta algunas diferencias significativas por tramos. Así, los salarios más bajos son ahora un 4,5% inferiores al año 2008, mientras que los más elevados han subido un 10,6%.

El Ejecutivo recibió ayer un revés parlamentario no solo del PP y de Ciudadanos sino también de los grupos que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa. Unidos Podemos y los nacionalistas (excepto el PNV) se abstuvieron en la votación sobre los objetivos de déficit, dejando en evidencia la fragilidad de un Ejecutivo que solo cuenta con 84 diputados en el Congreso. El PP ya había avisado de que iba a vetar la medida en el Senado con su mayoría absoluta. «Es un error buscar el desgaste del Gobierno a costa de golpear el bienestar de los ciudadanos», declaró el presidente Sánchez en Lisboa. El Ejecutivo tiene un mes para elaborar otro proyecto. Si no prospera, tendrá que volver a los objetivos y al techo de gasto previstos por el Gobierno del PP: un ajuste de 11.000 millones frente a los 5.000 pactados hace unas semanas en Bruselas.

Si alguien pensaba que la institucionalización de la mesa de Diálogo Social en Euskadi vía decreto, cuyo borrador ya ha envidado el Gobierno Vasco a los agentes sociales, podía servir para que CC OO se repensara su vuelta al foro y flexibilizara su postura, ayer se llevó una sorpresa, porque la central liderada por Loli García insistió en que la vuelta a un escenario de diálogo social pasa por que el Ejecuto Vasco y las patronales «deshabiliten» el acuerdo por el empleo que suscribieron en abril y que fue el detonante de su abandono, así como del de UGT. Lla central criticó al Ejecutivo vasco, al que acusó de «servilismo hacia las patronales en su empeño en la defensa del acuerdo por el empleo, aún sabiendo –dijo– que dicho pacto contradice y vulnera la reciente ley que regula la formación profesional el País Vasco aprobada por el Parlamento el 28 de junio».

Las organizaciones empresariales y sindicales han acogido con recelo la propuesta lanzada el viernes por el diputado general de Bizkaia para que las compañías establezcan planes de pensiones complementarios a los del sistema público. Aunque desde el Gobierno vasco, a través de su portavoz, se aseguró que ya se está trabajando en la misma línea «con avances importantes», a los agentes sociales les cogió por sorpresa. Las patronales optaron por guardar un significativo silencio sobre la iniciativa, si bien en privado expresaron malestar. El rechazo fue más explícito entre los sindicatos, que calificaron la idea de «frivolidad» y apostaron por asegurar el sistema público. La propuesta del diputado general de Bizkaia, que va en la línea en la que trabaja el Gobierno vasco, coge por sorpresa a los agentes sociales

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, indicó ayer que el Ejecutivo tendrá pronto diseñado un sistema de EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria) para el conjunto de los trabajadores de Euskadi que contribuya a completar sus pensiones públicas. Erkoreka explicó que la iniciativa que planteó el jueves el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, «no es una idea nueva» y que la administración vasca ya está trabajando en algo similar. «El Gobierno vasco lleva tiempo trabajando para completar el sistema público de pensiones con una adscripción sino total, masiva o mayoritaria, de los trabajadores de un ámbito territorial determinado a entidades de previsión social voluntaria, que incluya la contingencia de la jubilación», explicó el portavoz de Lakua.

El Gobierno dio luz verde ayer al proyecto contra la explotación laboral. El plan “Por un trabajo digno” constará de 75 medidas para combatir los fraudes del mercado laboral. Las primeras medidas se aplicarán a partir del 1 de agosto. Entonces se pondrán en marcha dos planes de choque contra los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial. También se prevé reforzar los recursos y aumentar la plantilla de la Inspección. Entre las iniciativas que recoge el plan está la propuesta del Ministerio de Trabajo de crear una fiscalía especializada en los delitos contra los derechos laborales.

El País Vasco ha registrado la creación de 26.000 nuevos empleos en un año, entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo periodo del presente ejercicio, con la particularidad de que se trata de un empleo «exclusivamente femenino», según el último Informe Laboral Euskadi de la UPV/EHU. El informe, correspondiente al segundo trimestre de 2018, refleja una «evolución positiva» del mercado laboral vasco en los últimos 12 meses, con un aumento de la ocupación de 26.000 personas, un descenso del desempleo en 9.000 personas y una bajada de la inactividad en 10.000 personas. El dato negativo es que la Industria ha perdido 5.000 empleos en este año.

Los datos evidencian que el órdago independentista de la Generalitat no ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España. De hecho, tal y como apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), «el conjunto de la economía española se ha comportado en la primera mitad del año mejor de lo esperado», con repuntes interanuales cercanos al 3% y variaciones trimestrales del 0,7%. La propia institución que preside José Luis Escrivá fue una de las que avisó de los demoledores efectos que el procés podía tener sobre el conjunto de la economía. En el escenario más negativo, la AIReF advirtió de que la crisis restaría hasta un 1,2% al crecimiento del país en el presente ejercicio, mientras que Banco de España fue incluso más allá y elevó el daño a unos 30.000 millones en 2018 y 2019.

Estados Unidos pegó un buen salto en el segundo trimestre, cuando su economía creció un 4,1%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el más alto en casi cuatro años. La pregunta que se hacen los analistas es si se puede sostener un ritmo superior al 3%, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial, del 2,5%, ya que parte del impulso se atribuye a las exportaciones de soja en anticipación al arancel chino.

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró ayer su compromiso con el sector público, al que considera un instrumento esencial para la defensa de los ciudadanos. Como parte de su agenda del cambio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, llevó al Consejo de Ministros la que es la mayor oferta de empleo público desde 2008. El Gobierno aprobó un real decreto ley para la creación de 30.844 nuevas plazas de funcionarios. La propuesta está compuesta por 23.156 nuevas plazas para la Administración General del Estado que se suma a las 7.788 convocadas en abril para el ámbito docente, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.