20180714

El número de empresas de Euskadi se mantuvo estable en junio, ya que solo se registraron ocho compañías menos que en mayo. Este dato se considera «positivo» porque lo normal en este mes es un «significativo descenso», según informó ayer la patronal vasca, Confebask. A 30 de junio, había en la comunidad autónoma 59.410 empresas inscritas en la Seguridad Social, un 1% más que en el mismo mes del año pasado y el nivel más alto desde 2012. En todo caso, el ritmo de crecimiento en Euskadi es menor que el del conjunto de España, del 2%. En junio también se incrementó el número de autónomos, hasta los 172.937.

En los últimos 12 meses, la cesta de la compra se ha encarecido de promedio un 2,3%. Los principales causantes han sido la fruta y el transporte, este último por el repunte de los combustibles. La fruta acumula una variación anual del 14,1% mientras que el transporte se disparó en junio un 6,1% por encima del mes anterior. Así se desprende de los últimos datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida del precio del transporte se debe principalmente al incremento del coste de los carburantes y lubricantes. Sin embargo, el precio del transporte aéreo de pasajeros disminuyó el mes pasado en comparación a junio de 2017.

La pujanza de la economía vasca se ha traducido en un aumento de 182 millones de euros en la recaudación fiscal del primer semestre tras el récord histórico del pasado año. Las haciendas forales ingresaron en impuestos 5.729 millones en ese periodo, un 3,28% más, por la fortaleza de la actividad, el consumo y el empleo. Esa mejora supera las previsiones oficiales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que la subida del Impuesto sobre Sociedades en la que se impondrá un tipo mínimo del 15% afectará a los grupos consolidados con una facturación superior a ocho millones de euros. Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por más detalles de la subida de impuestos que prepara. Según Montero, no se subirán los impuestos ni las pymes ni a los autónomos, el «gran tejido empresarial» del país, y añadió que esta reforma, al no tratarse de una nueva figura impositiva, se incluirá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, año en el que entrará en vigor el aumento del impuesto.

El nuevo Gobierno acaba de elevar los objetivos de déficit público previstos para los próximos años, con el plácet de la Comisión Europea, renunciando a lograr el superávit de las cuentas del Estado en 2021, tal y como se había marcado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al finalizar el Consejo de Ministros del viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la senda fiscal fijada por el Gobierno anterior no era realista y hubiera obligado a recortar en 11.000 millones de euros el gasto público en 2019. Ahora, por el contrario, el nuevo Ejecutivo gana margen para elevar el gasto social. Montero explicó ayer que España suavizará el calendario para reducir los números rojos después de haber negociado con la Comisión Europea «casi desde el primer día». A cambio, el Ejecutivo se ha comprometido a hacer en 2019 un ajuste de 5.000 millones financiado solo con subidas de impuestos.

Tal vez ni siquiera hubiese sido necesario que la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijera el pasado miércoles que «el diésel tiene los días contados» para desincentivar desde ya la compra de este tipo de automóviles –lo que parece era su evidente intención–, puesto que la evolución de sus ventas demuestran cómo este segmento pierde clientes a pasos agigantados desde hace justamente un año. Y por si la advertencia de tinte verde de Ribera no hubiera sido suficiente, detrás ha llegado la de otro ministerio que infunde bastante más temor, el de Hacienda. Su titular, María Jesús Montero, ya ha avisado también de que aunque de forma «progresiva», más pronto que tarde subirá el impuesto que grava al diésel hasta equipararlo al de la gasolina –recaudación revestida de fiscalidad medioambiental para sufragar «gasto social»–, con lo que dará la puntilla a estos vehículos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que el Gobierno no va a poder publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ya que la ley no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal. El anuncio contradice la postura inicial del PSOE en la oposición, que reclamó insistentemente la publicación íntegra de esta lista. Montero explicó ayer que el Gobierno «ha estudiado esta posibilidad», y ha concluido que solo se podría hacerlo para futuras amnistías fiscales si se modifica la ley pero que «ahora no hay capacidad jurídica para hacerlo con las amnistías pasadas». La ministra descartó al instante que se vaya a realizar una nueva amnistía

La primera ministra británica Theresa May y el presidente estadounidense Donald Trump anunciaron ayer el inicio de negociaciones entre sus dos países para alcanzar un amplio acuerdo de libre comercio, aprovechando la capacidad para firmar este tipo de tratados bilaterales que Reino Unido espera tener una vez que se implemente el Brexit (salida de la Unión Europea) en marzo de 2019. Esta declaración contradice las palabras de Trump en una entrevista publicada en el diario The Sun, donde afirmó que el plan de un «Brexit blando» de May impediría alcanzar ese pacto comercial, ya que el mercado británico seguiría atado en muchos sectores a las normas europeas.

CNA sigue dejando atrás su fracaso en el relanzamiento de parte de la actividad industrial de Fagor Electrodomésticos, el que durante décadas fuera el líder nacional del sector de línea blanca. El grupo que preside Jorge Parladé logró ayer la adhesión del 70% del pasivo ordinario al convenio de acreedores planteado por su filial vasca Edesa Industrial. Sobre un total de 71,8 millones en impagos, los bancos concentran la mayoría (casi 42 millones), mientras que otros 4,5 millones corresponden a facturas no satisfechas a otras participadas del propio grupo CNA. El convenio aceptado ayer incluye quitas del 90% y el pago del 10 % restante durante la próxima década. De momento, CNA y los bancos ya han cerrado una nueva financiación para una partida de 54,5 millones dentro de ese pasivo, que comienza a amortizarse a partir de este año y hasta 2022.

El Estatuto es todavía uno de los principales instrumentos de integración de la sociedad vasca y sólo el 28% de los ciudadanos de Euskadi son partidarios de reformarlo para alcanzar mayores cotas de autogobierno. La última oleada del Euskobarómetro, realizada entre el 9 y el 26 de mayo, concluye que, con matices, la inmensa mayoría de los encuestados –ocho de cada diez– todavía considera válido total o parcialmente el contenido de la Carta de Gernika para colmar sus aspiraciones políticas y sociales. El estudio del Departamento de Ciencia Política de la UPV sostiene que los vascos son poco amigos de los cambios en este asunto y que prefieren pisar sobre terreno seguro. Este dato se confirma cuando se les pregunta por las posibles alternativas al Estatuto o si abogan por modificarlo: el 20% ni se las plantea, el 36% se conforma con el actual si se completan las transferencias, el 28% se muestra favorable a una reforma y son muy minoritarios los consultados (el 9%) que se decantan con claridad por una ruptura soberanista con España.

«El jueves 28 de junio de 2018 se aprobó en el Parlamento Vasco la primera ley de formación profesional de Euskadi. Una ley que va a permitir a la formación profesional avanzar más rápido, subir más alto y ser más fuerte. Más rápido, aparcando la actual estructura normativa sobre la que se ha soporta· do durante años el entramado de la formación profesional. […] Más alto. Va a costar asumir que tenemos un nuevo suelo legislativo, sin duda, más elástico, construido en un material muy distinto al empleado hasta la fecha y que nos puede catapultar mucho más alto. […]Más fuerte. Y por supuesto, el alcance de esta ley de FP no llega únicamente al Departamento de Educación; sería un error visualizarlo así. Esta ley va a suponer encarar mucho más fuerte y con mucha más intensidad la transversalidad, la cadena de iniciativas que se extenderán desde Lehendakaritza hasta las personas, las pymes y la sociedad a través de las diferentes Consejerías».