20180708

La medida estrella que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para financiar las pensiones tendría un gran impacto en el País Vasco. La propuesta consiste en elevar las cotizaciones a la Seguridad Social de los salarios más altos al levantar el límite máximo de 3.751 euros mensuales   que existe en la actualidad. En Euskadi, que tiene los sueldos más altos de España, solo por detrás de Madrid, el denominado ‘destope’ afectaría, según distintas fuentes, a cerca de 100.000 asalariados. La patronal vasca observa con gran preocupación la medida porque dispararía el coste laboral del personal más cualificado, mientras que los sindicatos la aplauden. «Es un torpedo en la línea de flotación para las economías más modernas como la vasca, con un tejido de empleo cualificado. Euskadi es, junto con Madrid, la comunidad más perjudicada porque tiene los salarios más altos. Se perderá competitividad en el exterior», apunta Eduardo Aréchaga, director general de Confebask. La patronal vasca ha realizado unos primeros cálculos de lo que podría suponer la medida para las empresas de la comunidad y concluye que el ‘destope’ supondría un coste extra de 630 millones de euros, de los que 525 millones se traducirían en un incremento de la carga para las compañías y el resto, 104 millones, sería menos renta disponible para los trabajadores.

El mundo energético, ligado durante el siglo XX al petróleo y al carbón, está en una fase de transición a cuyo término la energía eléctrica tendrá un papel preponderante, en especial la generada mediante fuentes sostenibles como son el sol y el viento. Por ello, las compañías petroleras y gasistas están tomando posiciones en la generación y distribución eléctrica. La electrificación de la sociedad es cada día más importante. Estos cambios en el sector energético no son de interés menor para Euskadi porque no hay que olvidar que la industria vasca ligada con el sector, según el Cluster de Energía, agrupa a 42 empresas con presencia en 67 países, que facturan 57.000 millones de euros y emplean en el País Vasco a 22.000 personas.

Hace siete años y un día, el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, anunciaba en Fráncfort que los tipos de interés volvían a revisarse al alza otro cuarto de punto, hasta el 1,5%. Sí, volvían. Porque el 7 de abril de aquel año, en plena tormenta griega, hizo lo propio pasando del 1% al 1,25%. Por aquel entonces, ese 1%, vigente desde mayo de 2009, era el nivel más bajo jamás alcanzado en la historia de la entidad. Desde aquel 7 de julio de 2011, subir es un verbo proscrito en las decisiones de política monetaria convencional del BCE. Desde entonces, todo ha sido bajar, bajar y bajar.

Resulta normal que haya gente que, teniendo un puesto de trabajo, busque otro empleo que mejore sus condiciones laborales, ya sea con un sueldo más elevado o con un contrato que le ofrezca más estabilidad. Pero resulta llamativo que en Hego Euskal Herria este grupo de personas ya sea casi tan numeroso como el de desempleados.

El desconocimiento que tienen miles de clientes respecto a las compañías a las que abonan sus facturas eléctricas es masivo. Si a muchos de los 26 millones de usuarios les preguntan cuál es su eléctrica, posiblemente la identifiquen con alguna de las grandes corporaciones del mercado. Pero, en realidad, la sociedad a la que pagan el recibo será la que cada grupo haya dispuesto para las tarifas reguladas (PVPC) o las liberalizadas, independientemente de las matrices de esas compañías que son las que también se dedican a generar electricidad o a distribuirla. Ante el laberinto de filiales que existe actualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia inició a principios de año un expediente de investigación sobre la imagen de marca de las eléctricas. Las compañías se encuentran en pleno proceso de alegaciones, tras el cual, el organismo emitirá un dictamen en el que se instará a que «diferencien las empresas comercializadoras» de luz. «Tendrían que cambiar su logotipo», apuntan fuentes de Competencia, para que el consumidor tenga claro cuál es la firma a la que está pagando su tarifa de luz contratada.

Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras llegar a La Moncloa fue la supresión de los peajes en aquellas autopistas cuyas concesiones venzan en los dos próximos años. El anuncio ha generado una enorme expectación en los territorios donde están ubicadas las principales vías de pago del país: Burgos, en el caso de la AP-1, Sevilla y Cádiz por la AP-4, o la Comunidad Valenciana y Cataluña en la AP-7. No obstante, la apertura de estas carreteras sienta un precedente para el resto de autopistas que vencen en la próxima década y abre la puerta a liberar del yugo del peaje a la media de 19.113 vehículos que circulan diariamente por las distintas carreteras de pago. Liberar los 3.000 kilómetros de autopistas de pago elevaría en más de 200 millones el gasto en mantenimiento de la red viaria para el contribuyente. Las constructoras creen que es «insostenible» y los conductores aplauden la medida.

El idilio entre Europa y los motores diésel está roto. Ya en 2017 se vendieron en el continente más coches de gasolina. Ahora se ha unido España a esta tendencia. Entre enero y junio se han matriculado 735.000 turismos, de los que solo el 37% son diésel, 13 puntos menos que hace un año. En cambio, los coches con motores de gasolina llegan al 57,2%. Hacía dos décadas que esto no sucedía. Pesan en los compradores los anuncios que han lanzado los ayuntamientos de restringir la circulación de estos vehículos en las ciudades o la posibilidad que se plantea de que se aumenten los impuestos al gasoil. Así lo explican los fabricantes, las ONG que piden desincentivar el uso de estos vehículos y los vendedores que día a día tratan con los clientes.

Los coches diésel se enfrentan a un horizonte sombrío. Las dudas sobre el futuro de este combustible, amenazado por sus efectos sobre el medio ambiente y por el escándalo de las emisiones, han provocado que las ventas de turismos que usan gasóleo se hayan desplomado en Gipuzkoa un 34%. De hecho, el año pasado se vendieron por primera vez en el territorio más coches de gasolina. Los concesionarios reconocen sus temores pero creen que el diésel aún tiene recorrido.

La vieja economía del plástico no termina de morir y la nueva no termina de nacer. En este cruce de caminos a veces se siente perdido y otras encontrado un material que se ha convertido en el principal problema —junto al cambio climático— medioambiental del mundo. Porque esta sustancia es el caballo de batalla de la economía moderna. En 2020 se espera que mueva en el planeta 654.380 millones de dólares (560.000 millones de euros). Este número —defendido por la consultora Grand View Research— llega del tirón de los mercados emergentes, la construcción, el sector del automóvil y, sobre todo, del universo del envasado. Solo esta rama alcanzará unos 269.000 millones (230.200 millones de euros) en 2025. Todo a su alrededor es un negocio brillante. El mercado de los bioplásticos ya camina hacia los 21.126 millones de dólares y sumará 68.500 millones durante 2024. Y dos años antes, el universo del reciclado manejará 50.360 millones (43.100 millones de euros). Esas son las estimaciones de una industria que lleva más de 50 años de crecimiento.

Las ayudas sociales y, especialmente, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), son un tema «sensible»  y «propicio para la demagogia». Por eso el Gobierno vasco y los partidos que lo respaldan han tratado por todos los medios de alejar del período electoral el debate sobre la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión. La semana pasada se tenía que haber dado el primer paso para que la nueva ley que regulará las ayudas sociales vascas pueda ser tramitada y aprobada a lo largo de 2018 y, aunque el día 28 el Parlamento Vasco no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la proposición de ley, es factible que el calendario previsto pueda cumplirse. La retirada de la proposición de ley cuya toma en consideración debía tratarse en el pleno de la semana pasada proporcionará el tiempo pedido por los grupos parlamentarios para alcanzar consensos más amplios y lograr un debate fructífero.

La reforma y actualización de la ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social constituye una prioridad del Gobierno Vasco. Una reforma con la que 60.000 ciudadanos vascos se juegan su calidad de vida pero que por el momento vive un compás de espera, a falta de un acuerdo con la oposición. .Joseba ZaJakain, director del Centro de Estudios y Documentación (SIIS) advierte que no se debe esperar de ella un maná caído del cielo. «Un sistema de rentas mínimas es paliativo», por lo que entiende que la verdadera batalla se libra con el empleo digno y de calidad, que permita acceder a una  vivienda. Según los últimos estudios, la pobreza no crece pero sí se cronifica en Gipuzkoa. Entretanto, la reforma de la RGI del Gobierno Vasco sigue en barbecho.

El Cluster de Alimentación de Euskadi es uno de los más jóvenes de la red de asociaciones sectoriales vascas. Espera llegar este año al centenar de empresas asociadas, frente a las 92 con que cerró el ejercicio 2017. A pesar de su juventud, esta organización que se sitúa en la zona intermedia de la cadena de valor alimentaria –en la fase de transformación industrial y distribución– suma un volumen de negocio agregado de unos 9.000 millones de euros y 25.000 puestos de trabajo directos, ya que en sus secciones de distribución se incluyen empresas intensivas en personal como son Eroski, Uvesco, Auzo Lagun, Gastronomía Baska...

«La Sociedad de la Información, que empezó a alumbrarse a finales del siglo XX, hace tiempo que dejó de ser algo revolucionario. Como diría Nicholas Negroponte, ya en 2003, «la revolución acabó, ahora llega la civilización. Los grandes cambios que la Sociedad de la Información ha producido ya finalizaron hace unos tres años». Sin embargo, seguimos inmersos en la vorágine de una sociedad en la que la información por la información se impone al conocimiento. La siguiente revolución se producirá cuando el conocimiento sea el centro de nuestras estrategias personales y organizativas, como resultado del aprendizaje permanente. Y esto tiene una importancia capital desde el prisma de la innovación. ».