20180620

El vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reconoció ayer que la patronal se muestra dispuesta a negociar cambios en la actual normativa laboral «para evitar bolsas de precariedad» en determinados sectores, como ocurre con las camareras de piso, afectados en ocasiones por el uso abusivo de la externalización de servicios por parte de sus compañías. Garamendi indicó que este aspecto «se puede mirar», así como «profundizar para evolucionar mejor» en la ley actual. Esa es una de las reivindicaciones que les han planteado los sindicatos, así como el fin de la limitación de la ultraactividad por la que si no se llega a un acuerdo para renovar un convenio colectivo en una empresa, prima el del sector. En este sentido, el también presidente de Cepyme rechazó la modificación de la norma porque aunque en el peor momento de la crisis fue muy utilizado por las empresas, el recurso al convenio de sector por decaimiento del de empresa «es ya un concepto en desuso», aseguró.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica, después de que Washigton anunciara ayer nuevos aranceles a productos importados de China por valor de 200.000 millones de dólares (unos 175.000 millones de euros) y Pekín amenace al sector energético del gigante americano con nuevos impuestos. Esta cifra, sumada a la ya impuesta, supone casi la mitad del flujo comercial de China a EEUU. Y la escalada de tensiones se puede elevar rápidamente, además, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había indicado que si China respondía, prepararía nuevos aranceles, mientras que Pekín indicó que las acciones de Washigton tendrían represalias. Un círculo vicioso que puede golpear con dureza el crecimiento global, tal como advirtió ayer la OCDE.

Mario Draghi, presidente del BCE, afrontaba ayer su primera comparecencia pública tras anunciar el fin de su programa de compras de deuda. Draghi se mostró algo menos optimista que en ocasiones anteriores en lo que al crecimiento respecta. Según advirtió, la incertidumbre global, unida a la moderación de las tasas del crecimiento que registra la zona euro desde el comienzo de 2018, ha sembrado dudas sobre la sostenibilidad de la actual fase expansiva. «El crecimiento está por debajo de lo que esperábamos y en las últimas proyecciones tuvimos que rebajarlo en 0,3 puntos porcentuales… es algo inusual que eso pase tan pronto en el ciclo económico», explicó.  Draghi reclamó que los europeos apuesten por acelerar las subidas salariales. Ese sería el mejor trampolín para incrementar la (aún mediocre) inflación de la eurozona y completar la plena recuperación económica europea y la «normalización» (endurecimiento) de la política monetaria.

Entre las medidas que baraja el Gobierno para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y hacer así sostenible el sistema de pensiones está la eliminación de los topes de las bases máximas de cotización (lo que se conoce en el argot laboral como destope de máximas). En términos monetarios, solo aplicar el tipo de cotización del 28,3% a la parte de los salarios que ahora no cotiza supondría elevar la recaudación de la Seguridad Social en 4.400 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, esta medida que persiguen los socialistas supondría elevar un 25%, en términos agregados, el coste laboral que se paga por aproximadamente el 15% de los trabajadores que están por encima de la base máxima y ganan, por tanto, 45.000 o más euros al año.

La negociación de los partidos políticos sobre la futura reforma de las pensiones encalló ayer. La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo quedó dividida entre la derecha y la izquierda porque no hay acuerdo sobre la forma de subir las pensiones cuando hay una crisis económica. El PSOE Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Compromís defienden que, en el futuro, las pensiones suban en todo momento igual que el Índice de Precios de Consumo (IPC). Tanto si hay crecimiento económico, como si hay crisis y recesión. Por el contrario, el PP, Ciudadanos, PNV y PDeCat, defienden que la subida de las pensiones debe «modularse» en los momentos de crisis económica, para no aumentar el déficit de la Seguridad Social.

El Gobierno vasco aprobó ayer el ‘VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres’, un documento con el que se quiere coordinar la actividad de las diferentes instituciones en esta materia. «La nueva hoja de ruta en el camino a la igualdad», definió la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. Es una herramienta para que los poderes públicos desarrollen actividades que propicien un cambio de los valores que «sostienen y justifican la subordinación de las mujeres respecto a los hombres y de lo femenino en todos los ámbitos de la vida», define el documento. En definitiva, consolidar una sociedad «que no esté atravesada por el androcentrismo, el sexismo y el machismo».

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el IV Plan Vasco de Familia e Infancia, que tiene como principales objetivos aumentar la natalidad, mejorar la conciliación familiar y facilitar que los jóvenes «se emancipen antes», explicó Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales. El programa recoge todas las acciones que se pondrán en marcha entre este ejercicio y 2022 para «mejorar la calidad de vida de las familias vascas», resumió. Una de las medidas estrella es la posibilidad de que los padres puedan acogerse a una excedencia adicional de 12 semanas desde el nacimiento de su segundo hijo. El programa fija una inversión para estos cinco años de 460 millones en políticas sociales, de los que 286 son para el ámbito de la conciliación.

El País Vasco mantiene el puesto de privilegio como comunidad autónoma menos endeudada –en términos relativos y en relación a su PIB–, de acuerdo con los datos que acaba de publicar el Banco de España y que reflejan las cifras al cierre del primer trimestre de 2018. Euskadi ostenta esa posición desde mediados del pasado año, después de relevar a Madrid en el liderazgo. El Gobierno vasco mantenía a finales de marzo una deuda viva de 10.752 millones de euros, 241 millones más que en la misma fecha del pasado año. El dato refleja no sólo la deuda emitida por el Ejecutivo, sino también por las sociedades bajo su control, como es el caso del BEC, aunque comparta accionariado con otras instituciones.

La buena marcha de la economía se está trasladando ya de forma clara al empleo. Lo demuestran los crecimientos que experimentan desde hace meses la afiliación a la Seguridad Social y, también, el descenso del paro. Esta favorable evolución se hace extensible tanto a los nacionales como a los extranjeros. Así, por primera vez, la cifra de trabajadores foráneos afiliados a la Seguridad Social en el País Vasco supera ligeramente la barrera de los 61.000, todo un récord, colocándose en los 61.061. Si comparamos esta cifra con mayo del año pasado, se constata un crecimiento del 10,49%, lo que en cifras reales implica que en el curso de los últimos doce meses se han incorporado al mercado laboral vasco 5.797 trabajadores extranjeros.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han llegado a un acuerdo para la reforma del euro. Lo anunciaron ayer, tras una reunión de trabajo conjunta de los dos gobiernos en Meseberg, Alemania. El asunto ha estado tan atascado en los últimos meses, con lo que el mero hecho de que hayan consensuado una posición común ha sido recibido con optimismo en Bruselas. Pero faltan muchos detalles por despejar. Lo que se conoce apunta a un acuerdo de mínimos, pero todo dependerá de cómo se resuelvan los interrogantes pendientes.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuestiona las advertencias de los banqueros sobre un impuesto en el sector financiero para sufragar las pensiones. José Luis Escrivá, presidente de la Airef, señaló ayer que habría que analizar los efectos de gravar la actividad de las entidades financieras, pero descartó que a priori pueda suponer un encarecimiento del crédito en España. El pasado lunes, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, avisó al nuevo Gobierno de que un impuesto a los bancos «distorsiona» el mercado y haría menos accesible y más caro el crédito. Pero el presidente de la Airef se remontó al año 2000 para combatir el argumento de los banqueros. Ese año, el Banco de España empezó a exigir a los bancos las llamadas provisiones anticíclicas para forjar un colchón de capital durante los tiempos de bonanza. Escrivá recordó que las entidades hicieron las mismas advertencias: estas exigencias de solvencia subirían el precio de los préstamos a los clientes. Un augurio que, según relató Escrivá, luego quedó en papel mojado por la competencia existente entre el sector financiero.

Antonio Garamendi, vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, admitió ayer que está en la carrera por ocupar la presidencia de la patronal, ahora en manos de Juan Rosell. No obstante, el actual número dos comentó que «hasta después de verano, no se abrirá el proceso electoral» y añadió que estará «donde los demás quieren que esté. Preguntado por si podía haber más candidaturas además de la suya, no quiso dar más detalles. Otras fuentes conocedoras de la organización señalaron que era muy posible que no hubiera más aspirantes.

El número de accidentes de trabajo con baja en Euskadi se ha incrementado en un 3,2% entre enero y mayo de este año, aunque en el mismo período se ha registrado un leve descenso del índice de incidencia. Una tasa resultante de dividir el número de accidentes entre el total de trabajadores afiliados en cada momento. En estos cinco primeros meses del año se han registerado en el País Vasco un total de 15.512 siniestros laborales con baja. De ellos, 14.636 (el 94,35 %) fueron leves, 97 graves y 13 mortales. En este último caso, la cifra es igual que la registrada en el mismo periodo de 2017. Fuentes de Osalan, sin embargo, destacaron como elemento positivo el descenso del índice de incidencia, que ha pasado de 16,40 por 10.000 trabajadores a 16,35 en este periodo.

El problema demográfico de España empeora cada año. En 2017, la tasa bruta de natalidad descendió hasta su nivel más bajo de toda la serie histórica –que abarca los últimos cuarenta años–, con apenas 8,4 nacimientos por cada mil habitantes. De esta forma, se va reduciendo el relevo generacional en una sociedad a la que la OCDE ya sitúa como la segunda entre las economías avanzadas con un pirámide poblacional más envejecida en 2050, por detrás de Japón. En el País Vasco, la natalidad se ha desplomado un 20%. La situación de la comunidad es más grave si cabe al ver el descenso del ejercicio pasado y compararlo con el resto. Únicamente Castilla y León y Melilla tienen porcentajes de caída más abultados. Todas las autonomías españolas bajan. La que menos lo hace es Navarra, con un retroceso del 2,5%.

La Corte de Arbitraje del Banco Mundial ha condenado a España a pagar 112 millones de euros al fondo de infraestructuras francés Antin por el recorte sobre la retribución regulada de las energías renovables incluido en la reforma eléctrica de 2013, según explican fuentes jurídicas. La condena supone algo menos de la mitad de la cantidad reclamada por Antin en la denuncia presentada en el año 2013, que ascendía a 218 millones de euros. La argumentación jurídica es la misma que la empleada en anteriores sentencias contra España: el Gobierno se pasó de frenada en el recorte aprobado sobre las primas del sector y violó las expectativas legítimas de rentabilidad planteadas por los inversores en torno a una regulación que se presuponía estable.