20180612

El ritmo de creación de empresas en Euskadi crece a menos de la mitad de lo que lo hace en el conjunto de España: apenas aumentó un 0,4% en mayo frente al 1% estatal, según un nuevo informe de Confebask sobre la evolución del tejido empresarial en el País vasco difundido ayer. El número de empresas vascas inscritas en Euskadi en la Seguridad Social se situó el mes pasado en 59.418. Es el nivel más alto desde 2012, pero apenas suponen 214 más de las que había hace justo un año. En tasa interanual crecen las firmas dedicadas a la construcción y los servicios, mientras que vuelven a reducirse en la industria. Por territorios, el repunte fue más intenso en Álava, seguida de Bizkaia.

El escenario político derivado de la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez provocó ayer un momento insólito en el Senado. El PP presentó en el registro de la Cámara alta 19 enmiendas a sus propios Presupuestos Generales del Estado, que curiosamente fueron ‘defendidos’ desde la tribuna por la ministra socialista María Jesús Montero. Y, como ya habían advertido, los populares aprovecharon el trámite para retirar tres de las partidas que habían pactado con el PNV cuando ambas formaciones cerraron su acuerdo presupuestario. En total, 35,1 millones (de los 70 firmados) que el PP ‘mueve’ a otros proyectos. Las cantidades retiradas son 26,6 millones de euros para Lanbide; 5,5 para la entidad de investigación Cidetec, que agrupa a tres centros guipuzcoanos; y otros 3 millones para la empresa pública Bimep, dedicada a la generación de energía marina en Mutriku y Armintza.

«Hay que reconocer que a los empresarios nos ha ido siempre mejor con Gobiernos del PSOE que con Gobiernos del PP», aseguraba en privado y entre bromas un dirigente patronal la semana pasada tras conocerse el nombramiento de Magdalena Valerio como nueva ministra de Trabajo. ¿Se confirmará esto con el nuevo Ejecutivo socialista? De momento, las prioridades de la nueva titular, según fuentes de su departamento, son priorizar la negociación colectiva e impulsar un pacto de rentas que eleve los salarios. Para ello, Valerio analizará con patronal y sindicatos qué aspectos de la reforma laboral de 2012 han sido nocivos para los trabajadores e intentará buscar el consenso necesario para cambiarlos. Estos cambios podrían producirse, en paralelo, en el ámbito parlamentario donde el PSOE tiene abiertas varias iniciativas que podrían responder a las reformas que quiere llevar a cabo en el mercado de trabajo.

España vuelve a apostar con fuerza por las energías renovables. La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, defendió ayer ante la Comisión Europea la necesidad de elevar la cuota de energía procedente de fuentes renovables. Ribera se ha marcado el objetivo de que el 35% de la energía proceda de estas vías en 2030, una cifra más ambiciosa que el 27% propuesto por Bruselas. Teresa Ribera advierte de que este objetivo podría revisarse al alza si la tecnología lo permite. Actualmente, el 17,3% de la energía que consume España es renovable.

El 4 de junio un juzgado de Valencia falló que un repartidor de Deliveroo era un falso autónomo. Días antes había sido otro juzgado en Madrid el que había condenado al Real Automóvil Club de España (RACE) a pagar 227.505,88 euros a la Seguridad Social por lo no cotizado por cinco trabajadores empleados como falsos autónomos. Meses antes, en noviembre, el Tribunal Supremo había ampliado el concepto que seguía hasta ahora de qué es un falso autónomo. La presión en los tribunales crece sobre un fraude que la asociación de autónomos UATAE calcula que cuesta 560 millones a la Seguridad Social cada año.

La Tesorería de la Seguridad Social y sus entidades gestoras entraron en quiebra técnica por primera vez en 15 años, tras acumular más de 76.000 millones de pérdidas desde 2010, según el último informe que ha remitido a Las Cortes el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2016. El patrimonio que ostenta la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) ya no superó en 2016 las obligaciones que arrastra, según el Tribunal de Cuentas que aún no ha cerrado su análisis sobre 2017 en que se registró un nuevo déficit en el sistema. De momento, «el balance de las entidades gestoras y la TGSS recoge, a 31 de diciembre de 2016, un patrimonio neto negativo de 176 millones de euros», afirma el órgano fiscalizador. Es la primera vez que ocurre desde 2001 y eso significa que si fueran empresas privadas, la TGSS y las entidades gestoras desde el INSS al Imserso estarían en quiebra y en causa de disolución.

Parece que esta vez sí, que ahora estamos a las puertas del primer avance oficial en forma de informe consensuado para el diseño de la nueva Ley de Aportaciones, la norma que determina el porcentaje de su recaudación que cada Hacienda foral debe remitir al Gobierno Vasco y que lleva prorrogada desde 2011. Aunque nuevamente con algo de retraso, el informe preceptivo sobre la financiación de los ayuntamientos requerido por la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) se dará por concluido en los próximos días, lo que abrirá de forma definitiva el plazo para que diputaciones y Gobierno Vasco diseñen la nueva norma sobre un texto previo ya aprobado. Así las cosas, si se cumple el calendario anticipado en el último Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de febrero, será antes de que concluya este ejercicio cuando las instituciones vascas tengan el borrador de la nueva ley.

El Biscay ESG Global Summit arrancó ayer en el Museo Guggenheim de Bilbao con un plantel de lujo. Ejecutivos de Pirelli, Ford, Valeo y Volkswagen debatieron sobre la inversión sostenible y el desarrollo social en la industria de la automoción. La cumbre pretende posicionar a Bizkaia como un referente en el sector. De hecho, el diputado general, Unai Rementeria, ahondó en la apuesta foral para que Bizkaia atraiga empresas e inversiones sostenibles. La Diputación organiza el evento con la Universidad de Deusto y Fineco-Banca Privada Kutxabank. La Hacienda vizcaína, recalcó Rementeria, trabaja desde hace meses en integrar en la normativa foral la regulación sobre ESG –medio ambiente, compromiso social y gobernanza, por sus siglas inglés– que la Comisión Europea prevé aprobar en 2019.

Las empresas no financieras del Ibex han aumentado la productividad por empleado un 29% desde el comienzo de la crisis, impulsadas por el crecimiento de ingresos derivado de la internacionalización y los recortes de plantilla y la venta de activos que ejecutaron para recortar costes. Desde 2009, el primer año de la crisis internacional que golpeó con fuerza a España, hasta 2017, las compañías del selectivo han elevado los ingresos medios por empleado de 255.700 a 329.000 euros, un 29% más.

El negocio de las biocencias empuja con fuerza en Euskadi. Las batas blancas de los laboratorios y de los centros de investigación se están haciendo un hueco cada vez mayor en un ecosistema económico tradicionalmente dominado por los buzos azules de la industria manufacturera. El año pasado, la facturación de las 50 firmas asociadas al Basque Health Cluster ascendió a 1.026 millones de euros, es decir, el 1,45% del PIB vasco, según los datos presentados el viernes en la asamblea general de la asociación. En realidad, la cifra de ventas es superior, porque un 25% de las empresas que se dedican a esta actividad no forman parte del cluster.

«Las PYMES vascas e Innobasque tenemos un reto que nos une, incrementar la innovación en el tejido empresarial, ser IPYMES. ¿Acaso no somos innovadores? ¿No somos líderes en máquina-herramienta, automoción, energías renovables? ¿No tenemos empresas nacidas en pequeños municipios recorriendo medio mundo? La respuesta es claramente sí. Fruto del esfuerzo sostenido de empresas y administraciones públicas, Euskadi es hoy una región europea de alta innovación. Sin embargo, no debemos bajar la guardia y no debemos quedarnos en la autocomplacencia ni paralizados por el vértigo en un mundo cambiante. Si queremos ser una región con futuro, con proyectos que aseguren nuestro bienestar y desarrollo en un nuevo mundo global y tremendamente competitivo, la innovación no es un atributo, es un requisito».

Artículo de Manuel J. Tello Profesor emérito de la UPV/EHU: "España, utilizando una de las opciones que da la Constitución, ha cambiado de presidente. Un variopinto espectro político superó los 175 votos que se necesitaban. Su unión no se basaba en una crítica fundamentada a las actuaciones del Gobierno. Según ellos, todos querían conseguir el ‘desalojo’ de la Moncloa. Como consecuencia, ya tenemos nuevo presidente y nuevo Ejecutivo. Su composición indica que las cosas van a cambiar poco y que no hay ningún peligro de ir a la ruina. Primero porque la responsable económica y el de Asuntos Exteriores están bien engarzados con Europa. Eso es una garantía. Además, las actuaciones del primer año de un nuevo Gobierno consisten, mayoritariamente, en ejecutar lo programado por el anterior. Hay Presupuestos, el gasto está ordenado, la economía en alza, el desempleo en baja y no parece que los responsables económicos tengan la insensatez de incrementar la deuda más de lo debido..."