20180508

Los precios del petróleo se elevaron un 1,7% ayer, hasta alcanzar máximos de casi cuatro años, impulsados por la incertidumbre sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a imponer sanciones comerciales a Irán y por los cada vez mayores problemas de producción en Venezuela. Todo ello ha provocado que el precio del Brent, de referencia en Europa, rozara los 76 dólares por barril, mientras que el Texas rebasó los 70,5 dólares por primera vez desde noviembre de 2014.

La subida de los precios del petróleo podría dar al traste con el escenario optimista que plantean el Gobierno de España, la Comisión Europea o el Banco de España para la economía española este año, si se mantiene la tendencia. Si bien La Moncloa prevé un crecimiento del PIB del 2,7% este año, acompañado por la creación de medio millón de empleos, también señala que un aumento de los precios del crudo rebajaría considerablemente estos pronósticos. En concreto, si el precio del barril de Brent se eleva por encima de los 75 dólares por barril en el conjunto del año (ahora alcanza los 76 dólares), el PIB sufriría un duro varapalo, limitando el avance al 1,9% este año, de acuerdo con el escenario planteado en el Programa de Estabilidad presentado la semana pasada.

Los investigadores predoctorales de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) –cerca de 300– reclaman que se les reconozca como «trabajadores» en lugar de personal en formación y, por tanto, se les incluya en el convenio colectivo, de manera que reciban «salarios dignos y tengan derecho a indemnización al acabar el contrato». La asamblea que agrupa a este colectivo ha anunciado que se movilizaran este jueves en los campus de Bizkaia y Gipuzkoa.

Estos investigadores reciben becas de la UPV/EHU, del Gobierno vasco y del Ministerio de Educación –que oscilan entre los 900 y los 1.100 euros mensuales–, durante los cuatro años que se prolonga la realización de la tesis doctoral. Desarrollan su labor en proyectos de investigación de la institución académica, que les sirven para completan su tesis. En los contratos que firman con la universidad figuran como personal en formación, lo que según su denuncia, tiene «unas implicaciones claramente negativas» en los sueldos y las condiciones de trabajo. 

Las familias españolas vuelven a necesitar financiación después de una década de apretarse el cinturón por la crisis. La obligada austeridad de los últimos años ha dado paso a un clima de mayor optimismo: por primera vez en años, los hogares vuelven a gastar por encima de sus rentas, unos 3.063 millones en total en 2017, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es una cantidad aún modesta, si se tiene en cuenta que las deudas de las familias ascienden a 775.000 millones, pero supone un cambio de tendencia que empieza a verse también en los datos del Banco de España. Dos factores están impulsando este fenómeno: por un lado, la mejora de las perspectivas económicas, que hace que los hogares prevean mayores ingresos en el futuro. Por otro, durante la crisis, fruto de la incertidumbre, se pospusieron numerosas compras de bienes de consumo duradero, como electrodomésticos o automóviles, que ahora se están realizando.

El Banco Central Europeo (BCE) se suma a las numerosas voces que alertan de los importantes efectos negativos para la economía mundial que podría ocasionar el reciente enfrentamiento arancelario entre Estados Unidos y China. Lo hizo a través de un informe, publicado ayer, donde avisa de que «una escalada significativa en las tensiones comerciales haría descarrilar la recuperación global actual en el comercio y la actividad económica». El documento define como «claramente negativas» las consecuencias de una subida de los aranceles de EEUU, con las subsiguientes represalias del resto de países. El impacto sería «especialmente severo» para la economía estadounidense, mientras que los efectos en el resto de países dependerían de su tamaño y grado de apertura, siendo aquellos más vinculados a EEUU «los más afectados negativamente».

Proteccionismo, aranceles e incertidumbre. Los términos que se combinan en ese cóctel nocivo para el libre comercio que la ‘era Trump’ está imponiendo, capitalizaron ayer las inquietudes de un nutrido grupo de empresarios vascos, representantes de alrededor de sesenta firmas implantadas en EE UU –el censo se eleva a un centenar–. Transmitieron sus temores al embajador en España, el millonario Duke Buchan, que mantuvo con ellos un encuentro en el Parque Tecnológico de Álava horas después de reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu.  Buchan dirigió un mensaje tranquilizador. Sostuvo que la presión que Washington ejerce sobre la UE responde a una estrategia de negociación expansiva, porque el objetivo prioritario es poner cerco a China.

El consejo de estudiantes de Medicina y Enfermería de la UPV considera «inadmisible» la posible apertura de una facultad privada en Zorrozaurre y recordó que España cuenta «con una de las tasas más altas de médicos por mil habitantes –3,9 frente a la media de 3,4 de la OCDE– y con una bolsa de médicos sin especialidad MIR que supera las 7.000 personas».

Los estudiantes rechazan que en 2027 vaya a existir necesidad de profesionales sanitarios. A su juicio, el incremento de plazas MIR es «la única solución para aumentar el número de especialistas en el sistema público de salud, y acabar de una vez con las bolsas de médicos en paro y sin especialidad».

Las kellys –las que limpian– fueron uno de los primeros colectivos en alzar la voz. Pero el caso de las camareras de piso no es único. Muchos trabajadores sufren las consecuencias de trabajar en empresas multiservicios con convenios que rebajan considerablemente las condiciones laborales de los sectoriales. Aunque en un principio el outsourcing podría ser una buena fórmula para mejorar la eficiencia de las empresas, externalizando algunos servicios que no forman parte de su actividad principal como la seguridad, la limpieza, el mantenimiento de los edificios, la mensajería...; su generalización y el mal uso de esta figura está provocando que los profesionales que trabajan para estas compañías lo hagan en unas condiciones precarias. Según denuncia la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, «desde la aprobación de la reforma laboral de 2012, que otorga prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, las empresas multiservicios no han dejado de multiplicarse» en España.

El PSOE ha resucitado en el Congreso de los Diputados su propuesta de reformar la subcontratación, contenida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Los socialistas empezarán hoy a negociar con los grupos parlamentarios una enmienda que, según opinan en algunos sectores de la CEOE, «es una barbaridad y un disparate». Según los empresarios, la iniciativa del PSOE provocaría la desaparición de cientos de miles de empresas y, en consecuencia, la destrucción masiva de empleo.

El sindicato LAB ha anunciado un mes de mayo de movilizaciones que pasa por apoyar la protesta de los pensionistas del día 26 y que culminará con la convocatoria de paros de dos horas en los centros de trabajo el día 30, en rechazo a la «estatalización» de las condiciones de trabajo y en favor de un marco vasco de relaciones laborales. Para esa jornada, LAB ha programado paros entre las 12 el mediodía y las 14 horas, aunque con flexiblidad en las empresas para organizar el período de huelga en otros tramos horarios, a fin de plantear «una respuesta intersectorial general en clave de huelga».

El Partido Popular mueve ficha y acepta una nueva concesión importante para alcanzar un acuerdo sobre el sistema de pensiones. Respalda ahora revalorizar para siempre las pensiones más bajas cada año con, al menos, la inflación, incluso en fases futuras de recesión de la economía española. Así lo confirma el portavoz del PP en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Gerardo Camps. Éste señala que su partido ha decidido moverse en aras del consenso y respalda una propuesta al efecto del portavoz del PDeCAT y veterano diputado de Convergència, Carles Campuzano.

La patronal de las pymes, Cepyme, y el Consejo General del Notariado interpusieron ayer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra algunos aspectos de la Orden que establece los nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cepyme y el Consejo del Notariado piden la suspensión cautelar de la orden, aprobada en marzo por el Ministerio de Justicia, al entender que su aplicación tendría un «gravísimo impacto» en el derecho a la intimidad de los propietarios de acciones.

Euskadi, Madrid y Cataluña acumularon en 2017 el 53,2% del ahorro nacional en fondos de inversión, algo menos que el 54% del año anterior, según el Observatorio de Inverco publicado ayer. El informe añade que ese porcentaje de ahorro es superior al 35% que representa la población de estas comunidades en el conjunto de España. Así, las tres autonomías junto con Andalucía concentraban seis de cada diez euros invertidos en fondos en España en 2017, un ejercicio en el que el ahorro en estos productos aumentó en más de 27.000 millones de euros (un 11,7%), hasta los 262.834 millones.

Los delegados sindicales de ELA en las empresas guipuzcoanas de la Construcción aprobaron ayer por unanimidad convocar una huelga en el sector si no se alcanza en este mes de mayo un acuerdo que garantice la renovación del convenio sectorial, dado que el actual data de 2009 y la central sindical considera que deben mejorarse sus condiciones. «No hablamos de conseguir avances en la negociación del nuevo convenio, sino de plantear un acuerdo concreto», advirtió ayer el responsable de la Construcción en Gipuzkoa de ELA, lgor San José, quien añadió que las mejoras parciales no son suficientes para solucionar una situación «que no es un problema de estos dos últimos meses, sino que llevamos mucho tiempo reivindicando y desarrollando protestas».

La mejora del mercado inmobiliario se extiende como una mancha de aceite por la geografía española. Aunque el repunte de precios mantiene tres velocidades, cada vez son más las áreas que se suman a la consolidación, impulsadas por las perspectivas de crecimiento de la economía, la mejora del empleo y de las rentas de los hogares. Tanto es así que en el mes de abril el precio de la vivienda subió un 5,4% de media en España, la mayor subida experimentada en un mes de abril desde 2007 y el mejor dato de los últimos 12 mesesEl aumento viene favorecido por el acelerón de las grandes ciudades y capitales, donde el precio se disparó un 8,7%, rozando niveles de abril de 2007, según el último Índice Imie, elaborado por la tasadora Tinsa.

Contra las acusaciones de infidelidad, intensas y reiteradas manifestaciones de amor, aunque no sean con carácter eterno. Esta es, aparentemente, la estrategia elegida por la compañía Siemens Gamesa para alejar cualquier duda sobre su compromiso de mantenimiento del cuartel general en el País Vasco, e incluso sobre su papel como líder del desarrollo de la industria eólica en la comunidad autónoma. El consejero delegado de la compañía, Markus Tacke, firmará hoy un «acuerdo de intenciones» con la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Minutos antes, ambos participarán en un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Desde hace ya meses, la multinacional Siemens y la propia Siemens Gamesa han desplegado una intensa relación con el Ejecutivo vasco, cuyo principal objetivo es transmitir confianza y tranquilidad.

Ambiente muy cargado, mucho calor y una sala abarrotada. En ese escenario se desarrolló ayer la primera sesión de la vista oral por la demanda colectiva de casi 960 socios y exsocios de Fagor Electrodomésticos (FED) y Edesa contra la Corporación Mondragón, que se prolongará hasta el jueves. Los demandantes reclaman 47,8 millones de euros que perdieron con la caída de la emblemática cooperativa. En todo momento los representantes de la Corporación y los antiguos directivos de Fagor se mostraron unánimes al sostener que no se ‘engaño’ a los socios de Fagor Electrodomésticos, induciéndoles a creer que sus ahorros estaban a salvo debido a que Mondragón aseguraba la viabilidad de la cooperativa de electrodomésticos y que no permitiría que esta cayera. Todos reconocieron que, a pesar de las crecientes dificultades, hasta el último momento trataron de ayudar a que Fagor pudiera continuar, pero que nunca se aseguró a los socios que esa ayuda sería ilimitada.

Ignacio Alday, jefe de la investigación abierta por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que provocó una millonaria sanción a siete empresas por repartirse los contratos del servicio de comedores de los colegios públicos de la comunidad, aseguró ayer que su equipo no ha podido acreditar que las compañías multadas actuaran en «connivencia» con el Gobierno autonómico, al que ni siquiera se llegó a analizar. Por contra, sí que se mostró seguro de que hubo una concertación ilegal entre las firmas. Así lo aseguró durante su comparecencia en el Parlamento, que abrió ayer la comisión de investigación que busca determinar si hubo responsabilidades políticas por la actuación de un cártel cuya existencia ya ha sido constatada por los tribunales.