20180425

El precario diálogo social en Euskadi está en serio peligro tras el abandono por parte de UGT de la mesa destinada a tal fin. Ya nació débil por las ausencias de ELA y LAB, y las renuncias el viernes de CC OO y ayer de UGT ponen la puntilla al organismo, a la espera de un giro radical en los acontecimientos que encauce la compleja tesitura. El detonante de la controversia fue la presentación el lunes 16 del ‘Acuerdo Marco de Colaboración por el Empleo y la Cualificación en Euskadi 2018-2020’ suscrito por Gobierno vasco y Confebask.  Pese a que ambos actores insisten en que no era su intención vulnerar las vías de diálogo con los sindicatos, la secretaria general de CC OO, Loli García, calificó lo sucedido de «extremadamente grave». No obstante, y a diferencia de Comisiones, Arza puntualizó que UGT seguirá en la mesa destinada a abordar las diferencias salariales entre géneros, por nacer, argumentó, del «mandato del Parlamento» y observar la oportunidad de lograr avances en un foro que tampoco cuenta con las centrales nacionalistas.

La gestión de la Mesa de Diálogo Social, rota tras la decisión de UGT de abandonarla, ha abierto una brecha entre los dos socios del Gobierno vasco, PNV y PSE, que han tratado de hacer de la concertación con los agentes sociales una seña de identidad de su acuerdo. El lunes de la semana pasada, el lehendakari y tres consejeras –Arantxa Tapia, Beatriz Artolazabal y Cristina Uriarte, todas del PNV– firmaron un acuerdo con la cúpula al completo de la patronal Confebask para adecuar las necesidades planteadas por los empresarios –100.000 empleos en tres años– a los planes de formación. En la foto no estaba la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, a quien compete la relación con los sindicatos. Días después, CC OO abandonó la Mesa y ayer lo hizo UGT al considerar el pacto una deslealtad, con lo cual desaparecen los representantes de los trabajadores, ya que ELA y LAB, las centrales nacionalistas mayoritarias, nunca han asistido. Y será San José, hasta ahora la convidada de piedra, la encargada de recomponer relaciones.

El Gobierno del PP y el PNV negocian ya, al detalle, el precio del apoyo de los jeltzales a los Presupuestos del Estado. La ultima ‘petición’ que Sabin Etxea ha puesto sobre la mesa es una subida generalizada de todas las pensiones en España, lo que supone un golpe de efecto que permite a los nacionalistas rebajar la presión de los jubilados vascos en las calles, los más activos del Estado, y a Rajoy le brinda argumentos para contraponer al discurso de Rivera, que le acusa de conceder «privilegios» a Euskadi a cambio de apoyar sus Cuentas. La medida exigiría un desembolso de 2.000 millones.

«Es falso». «Absolutamente falso». «Lisa y llanamente falso». Hasta tres veces negó ayer Mariano Rajoy estar negociando con el PNV la cesión de la competencia de prisiones o la gestión de la Seguridad Social. Según el presidente, ni los nacionalistas vascos han condicionado su apoyo a las Cuentas públicas a que se satisfagan ambas reivindicaciones históricas ni el Gobierno está por labor de recorrer ese camino en el mes de mayo. «Yo no voy a cambiar, sobre todo cuando nadie me lo ha pedido ni aunque me lo pidiera, los Presupuestos por transferencias», advirtió el jefe del Ejecutivo desde La Moncloa.

El próximo 1 de mayo está previsto que entren en vigor los aranceles impuestos por EE UU a las importaciones de acero y aluminio  de Europa, si es que el presidente norteamericano no decide  un segundo aplazamiento de esa medida que ya implantó hace un mes para los productos siderometalúrgicos chinos. Entretanto, el metal europeo en general, y el vasco en particular, contiene la respiración ante ese riesgo. «Las guerras comerciales se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban», advirtió ayer el presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), José Luis López Gil. Con motivo de la celebración de la 40 asamblea general de esta asociación  su presidente realizó un repaso a la actualidad de una actividad que ha tenido un buen arranque de año –en febrero sus exportaciones crecieron un 8,7%– y ve el futuro con relativa esperanza. Tanto es así que, según los datos que maneja la federación, un 50% de las empresas adscritas a ella espera aumentar su facturación en este primer semestre de 2018 y el 41% prevé incrementar sus plantillas.

El Gobierno vasco va a errar, por segunda vez, en sus estimaciones de que una de las iniciativas estrella de la legislatura, la creación de un fondo para tomar participaciones accionariales en empresas, estaría lista a finales de abril. «No será posible –aseguran fuentes del Ejecutivo–, porque en el proceso de reflexión han surgido un buen número de problemas a los que hay que darles una solución. Y también se han hecho muchos cambios sobre el planteamiento inicial». Entre ellos, quizá el más importante, que el objetivo no será exclusivamente entrar en el accionariado de sociedades cotizadas, como había anunciado a finales de 2016 la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, sino en otras ajenas al mercado de capitales que estén en proceso de crecimiento. Pese a los retrasos, aseguran, el Gobierno tiene el firme propósito de ponerlo en marcha y probablemente el lehendakari Urkullu reafirme su compromiso hoy mismo, en el transcurso de la asamblea de la entidad financiera Elkargi en San Sebastián.

La demanda de crédito crece en España y los bancos, ante la mayor competencia y la mayor solvencia de las familias que solicitan dinero, han abierto más el grifo. Aumenta la concesión del crédito y, además, con condiciones cada vez más favorables para comprar una casa. Así resume el Banco de España las conclusiones de la encuesta realizada a las entidades sobre el mercado de préstamos bancarios en el primer trimestre del 2018. La necesidad de ganar clientes y la liquidez barata lleva a los bancos a mejorar sus ofertas, y el auge del mercado inmobiliario, dice el supervisor, anima a las familias a comprar.

El Gobierno empezó ayer a ceder para que las pensiones puedan subir más del 0,25% aun en tiempos de crisis económica, y aunque la Seguridad Social esté en déficit. Los grupos parlamentarios reanudaron ayer sus reuniones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones y sorprendieron con un principio de acuerdo para recomendar al Gobierno que elabore un nuevo índice de revalorización de las pensiones. Este nuevo indicador volvería a tener como elemento «medular» el IPC para fijar la revalorización anual de la cuantía de las pensiones, y sería el Gobierno el que, en el seno del diálogo social con patronal y sindicatos, terminara de diseñar el índice incluyendo si quisieran otras referencias como los salarios, el PIB o la productividad, según explicaron fuentes parlamentarias.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asistió ayer a la presentación de la primera gran oferta pública de formación destinada a formar a los trabajadores en competencias digitales. Esta convocatoria fue aprobada en febrero en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) –donde están el Estado, las comunidades, la patronal y los sindicatos–. Y el Gobierno prevé aprobarla definitivamente en su Consejo de Ministros del viernes. Báñez defendió este tipo de formación de los trabajadores en competencias digitales porque «una de cada cuatro empresas (el 24%) tiene problemas para encontrar trabajadores preparados en materia digital», dijo.

Las tensiones en Oriente Medio y la perspectiva de que se mantenga el recorte en la producción de la OPEP provocan que el precio del petróleo siga aumentando. Durante la sesión de ayer el precio del barril de Brent llegó a superar la barrera de los 75 dólares por primera vez desde finales de 2014, aunque posteriormente descendió hasta concluir ligeramente por encima de los 74 dólares. Con ello el crudo acumula una escalada cercana al 20% durante el último mes y medio.

El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes y que los conductores de nueve autonomías sufrirán en sus bolsillos a partir de enero del año que viene. En las regiones que hasta ahora no aplicaban tasas a los carburantes, habrá subidas de casi cinco céntimos. El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco –Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías.

Bizkaia se ha convertido en uno de los mercados más interesantes de España para los inversores internacionales. Sólo superado por Madrid, Barcelona y Valencia, según subraya la propia consultora de referencia a nivel nacional CBRE. Y su director en el País Vasco, Juan José López del Corral, asegura que esta atracción no se limita ya a las grandes superficies comerciales, los edificios hoteleros o de viviendas, sino también a los suelos industriales. Las firmas los quieren para construir plataformas logísticas que luego alquilarán a clientes que necesitan potentes infraestructuras de distribución y operadores de un comercio electrónico en pleno proceso de expansión y que ya genera más de 11.300 millones de euros en la provincia, según los últimos datos del Eustat (2016).

La población residente en España aumentó en 2017, por segundo año consecutivo, debido, fundamentalmente, a la llegada de ciudadanos extranjeros. De hecho, el saldo neto de la población inscrita en el Padrón Continuo creció en 126.437 personas, como consecuencia de la entrada de 146.611 extranjeros y el descenso de la población española en 20.174 personas. El 1 de enero de 2018 había 46.698.569 personas residentes en España. Es la cifra más alta de los últimos cuatro años, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, en el Avance del Padrón Continuo, a 1 de enero de 2018.