20180407

La impugnación presentada ante la Justicia por la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la Restauración Social (Feadrs) del Acuerdo Interprofesional, sellado en enero de 2017 por ELA, LAB, CC OO, UGT y Confebask para dar prioridad a los convenios vascos frente a los estatales ha desatado un cruce de acusaciones y reproches entre los sindicatos vascos. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, llamó ayer a «la huelga en todos los sectores» ante lo que entiende como un «claro ataque a la negociación colectiva de aquí y el marco vasco de relaciones laborales y protección social». En este punto, ELA reprochó a LAB que a pesar de haberle sugerido hace dos semanas movilizaciones previas al día 24, la central liderada por Aranburu habría preferido hacerlas después, dejando así en agua de borrajas su eventual efectividad, pues la vista en el TSJPV ya se habría producido. Para cerrar el círculo, CC OO de Euskadi acusó a ELA y LAB de «hacer el caldo gordo a la patronal». El sindicato dijo de las centrales nacionalistas que «hay que tener mucha cara y poca vergüenza» para reaccionar contra la formación después de actuar en connivencia con las organizaciones patronales para «dejar morir» buena parte de los convenios sectoriales en Euskadi.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social reforzará en los tres próximos años la lucha contra la precariedad laboral y la desigualdad laboral entre sexos. Así se desprende del Plan Estratégico 2018-2020, que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Un plan con el que el Gobierno quiere cumplir su promesa electoral de mejorar la calidad del empleo. En el primer caso, de lucha contra la precariedad laboral, la Administración aumentará los controles sobre la contratación temporal «injustificada, del empleo a tiempo parcial y de los contratos de formación», según el plan estratégico. Se trata de evitar que muchas empresas sigan encadenando contratos eventuales para cubrir puestos de trabajo de carácter indefinido y que debieran tener mayor sueldo. Con ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también pretende reforzar sus funciones contra el abuso de horas extraordinarias.

Pese a las esperanzas de los mercados, la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China parece hoy lejos de alcanzar una solución negociada. Cuando los nuevos aranceles de 50.000 millones de dólares (40.790 millones de euros) a más de mil productos chinos apenas se han puesto en marcha, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que estudia tasas adicionales contra China de 100.000 millones de dólares relacionadas con la propiedad intelectual, la innovación y la transferencia tecnológica. Pekín cree que la Casa Blanca quiere frenar su desarrollo tecnológico para evitar que cumpla su propósito de convertirse en una superpotencia global en las industrias de alta tecnología.

Retomar las negociaciones no es sinónimo de que se vaya a desconvocar la huelga prevista en el sector de la hostelería para los tres días de mayo en los que se celebrará la cumbre mundial del turismo en San Sebastián. Pero es un paso que el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, espera que se dé la próxima semana. Sin más dilación. Porque pese a ser partidario de la «negociación colectiva» y la consecución de unas condiciones laborales «aceptables e iguales» en el sector, también advirtió de que «siempre» defenderá el Turismo de Euskadi «frente a cualquier amenaza». Y la huelga en unas fechas escogidas a conciencias supone, a su parecer, un «desprestigio» para Donostia, pero también para todo el País Vasco.

La Autoridad Fiscal Independiente Fiscal (Airef), el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, critica veladamente al Gobierno de Rajoy por el lento ritmo de reducción de la deuda pública cuando la economía española está creciendo a un ritmo superior al 3%. España incumplió el año pasado el objetivo de deuda público impuesto por Bruselas, que cerró en el 98,4% del PIB, tres décimas más que la meta impuesta por la Comisión Europea. «A pesar de la positiva evolución macroeconómica durante 2017, la ratio de deuda apenas se ha corregido en siete décimas del PIB», afea la Airef.

La agencia de ‘rating’ Standard & Poors emitió anoche una nueva evaluación sobre la solvencia de la Administración vasca, que ha permitido elevar en un escalón la nota con la que esta entidad califica la capacidad de los poderes públicos para devolver la deuda en la que incurren. La nueva calificación es de ‘A+’, que dentro de la terminología especial que utiliza esta agencia puede traducirse como un notable muy alto, al borde del sobresaliente. Además, S&P ha fijado como «positiva» la tendencia que observa en la solvencia de las arcas públicas vascas, con lo que da a entender que aún podrá mejorar más su evaluación en el medio plazo.

El sector de la construcción es al que más le está costando sumarse a la recuperación económica de la Comunidad Autónoma Vasca que cerró 2017 con el cuarto año consecutivo de crecimiento del Producto Interior Bruto. Aunque la economía vasca, según Eustat, creció un 2,9% el pasado año, el sector de la construcción lo hizo en un 2,5%. En todo caso, el acelerón registrado en la actividad constructora en la última parte del pasado ejercicio permitió que el número de visados de obra nueva en el País Vasco se incrementase en un 26,7%. Pese al citado dato positivo, la profundidad de la crisis que estalló hace una década, y que afectó con especial virulencia al sector del ladrillo, hizo que el número de trabajadores ocupados en el sector de la construcción en la Comunidad Autónoma Vasca descendiese, durante el último trimestre de 2017, un 8.1% con respecto al año anterior.

El Consejo Económico y Social Vasco ha redactado un informe bastante crítico tras analizar el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres elaborado por Emakunde. De entrada, señala que «la falta de medidas y medios acordes con las pretensiones» de dicho programa «le resta credibilidad», aunque a pesar de ello estima oportuna su tramitación.  El informe echa en falta además una «verdadera participación de los agentes económicos y sociales con espacios para el debate y un contraste real de los contenidos del plan en lugar de una mera entrega de aportaciones».

El comercio electrónico continúa su crecimiento en España sin encontrar, de momento, obstáculo que lo frene. Los últimos datos publicados por Ia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al tercer trimestre de 2017, hablan de unos ingresos de 7.785 millones de euros, lo que equivale a un aumento del volumen de negocio del 26% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero si la facturación del comercio electrónico crece, aún lo hacen más el número de transacciones. Estas se elevaron a casi 360 millones de compras en los nueve primeros meses del año, un crecimiento del 30%. Los que no cambian son los sectores que mejor aprovechan las posibilidades del comercio por internet. En este aspecto, las agencias de viajes y los operadores turísticos siguen sacándole el máximo partido.

Con más de un millar de pisos en proceso de construcción, el Gobierno vasco ha recuperado ritmos de edificación previos a la crisis, tras un lustro negro que frenó el sector público autonómico hasta tocar fondo en el primer trimestre de 2017 (el peor de la historia de la vivienda protegida con solo 50 pisos terminados). Pero no puede competir en el mercado libre con lo que están dispuestas a pagar las promotoras privadas por el suelo, por mucho que el Ejecutivo lo necesite para levantar inmuebles que multipliquen la oferta del alquiler público en Euskadi. Por eso ha al ‘banco malo’ que le venda los solares y pisos de los que se desprendieron las entidades financieras para evitar su quiebra y que dieron lugar a la creación de esta sociedad de gestión de activos ‘tóxicos’, Sareb, con fondos públicos (45%) y privados (55%). Eso sí, la viceconsejería necesita que la oferta sea a la baja. Nunca a precios de máximos y en tendencia al alza.

Uno de los asuntos que más enfurece a Iberdrola en su relación con Siemens en Gamesa es que el grupo alemán está cobrando a la empresa española en torno a seis millones de euros de media al mes en concepto de lo que, técnicamente, se conoce como transitional services agreements (TSA). Este tipo de contratos son habituales cuando, desde la matriz de un grupo se prestan servicios en gestión de recursos humanos, contabilidad o administración en general, a filiales para cubrir las necesidades que, supuestamente, tienen esas subsidiarias en ese tipo de actividades. Cuando las filiales son propiedad al 100% de la matriz, esos contratos son una mera operativa intragrupo. Sin embargo, cuando en las filiales hay otros accionistas, los TSA pueden provocar suspicacias porque pueden ser vistos como una forma encubierta de transferencia de recursos desde la subsidiaria hacia un único accionista, al margen de los dividendos.

Todo apunta a que Siemens no está dispuesta realizar la más mínima concesión, al menos a corto plazo, para satisfacer las reclamaciones de Iberdrola en Siemens Gamesa, sociedad en la que ambas firmas participan como accionistas. La presidenta de esta empresa eólica, Rosa García, ha mostrado su intención de «seguir dirigiendo el consejo de administración con la misma profesionalidad con que lo he venido haciendo hasta ahora». Iberdrola había reclamado en los últimos días un relevo en la presidencia, con el objetivo de restaurar lo que la compañía eléctrica vasca cree que se ha perdido: el espíritu de mantener a Siemens Gamesa como una empresa realmente independiente y no como una mera filial del gigante alemán.

El Santander, CaixaBank y Bankia han presentado una reclamación al Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para pagar la compensación por el cierre del almacén submarino de gas Castor. Este proyecto tuvo que ser paralizado al desencadenar decenas de pequeños terremotos. El Gobierno recurrió a esas tres entidades para pagar los 1.350 millones de indemnización a la promotora del proyecto, ACS, que los usó para devolver el dinero a los inversores. El Estado dejó de pagar a los bancos porque el Constitucional anuló la fórmula legal elegida para liquidar la indemnización en 2014. Ahora se lo reclaman.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ofreció ayer en León una conferencia titulada ‘El futuro de España’. Y una de las claves que aportó fue la necesidad de que todas las comunidades autónomas mantengan una relación de «igualdad y solidaridad», para lo cual será necesario, a su entender, eliminar de la ecuación de la financiación territorial los actual «derechos históricos» de País Vasco y Navarra.