20180405

El Gobierno central elevó ayer aún más la presión sobre el PNV para que deje a un lado su posición, hasta ahora inamovible y condicionada por la vigencia del 155 en Cataluña, y facilite con sus cinco diputados la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, entre otras cosas, prevén una inversión de 509 millones de euros en Euskadi. Precisamente, la baza económica y la repercusión negativa en las inversiones vascas si se mantiene el bloqueo presupuestario fue el argumento que defendió ayer el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, para poner a los jeltzales en el dilema de tener que elegir entre Cataluña o las partidas económicas que beneficiarían a Euskadi.

El Gobierno de China ha respondido a Estados Unidos con una moneda de exacto valor al que pretende cobrarse la Casa Blanca con los nuevos aranceles a más de mil productos procedentes del gigante asiático. En un movimiento que ha desatado las alarmas de los mercados y que recrudece al máximo las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, Pekín ha anunciado su intención de aplicar una tarifa del 25% a 106 productos importados de Estados Unidos, entre los que destacan la soja, la carne y algunos modelos de aeronaves fabricados por Boeing. Ambos gobiernos han golpeado justo donde más duele. El Ejecutivo chino ha incluido en su lista negra a muchos productos agrícolas que proceden, precisamente, de los estados que auparon a Donald Trump a la Casa Blanca.

Los salarios en España están estancados. Según los economistas, lo deseable es que los sueldos aumenten en la misma medida que la productividad. Si los salarios crecen más, el patrón no es sostenible y llegan los problemas de competitividad y, por tanto, de empleo. Sin embargo, según un estudio elaborado por la Comisión Europea, en España ha sucedido todo lo contrario: entre 2012 y 2016 no se han dado aumentos de sueldos ni siquiera allá donde había incrementos de la productividad. El mercado laboral español se ha ido al otro extremo pese a encadenar varios años de recuperación.

Las medidas recogidas en los Presupuestos en favor de pensionistas, funcionarios y rentas medias han encendido las alarmas sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), alertó ayer de que con el actual proyecto está «muy ajustado» cumplir con la meta del 2,2% de déficit comprometido con Bruselas. Para el responsable de la entidad supervisora, este objetivo resulta «muy exigente» debido a que supone una reducción de casi un punto respecto al 3,1% de 2017. En su opinión, las administraciones que tienen más complicado cumplir sus respectivas metas son el Estado –que debe llegar al 0,7% tras haber cerrado el año pasado con un 1,9%– y la Seguridad Social, que debería bajar al 1% desde el 1,48%.

«Nuestro crecimiento ya no se basa en el ladrillo, sino en la economía de la competitividad». El ministro de Economía. Román Escolano, elogió ayer en el Congreso el nuevo patrón de crecimiento de la economía española. Rechazó la idea de que se pueda hablar de una burbuja inmobiliaria. Un día después de la presentación de los Presupuestos en el Parlamento, Escolano acudíó a petición propia a la Comisión de Economía para explicar las líneas generales de su departamento tras suceder a Luis de Guindos.

Los concursos de acreedores iniciados por las empresas vascas en el primer trimestre del año se redujeron un 26,8 % sobre el mismo periodo de 2017, según la agencia de calificación de riesgo Axesor. También en el conjunto de España los concursos cayeron a mínimos de una década al retroceder un 11,6 %. Por comunidades, Euskadi, con sesenta, ocupa el quinto lugar de una lista ampliamente liderada por Cataluña (258), seguida de Madrid (175).

«Positivo, pero insuficiente». Así calificó ayer el presidente de Seopan el incremento del 12,7% (hasta 8.487 millones de euros) previsto por el Gobierno en la inversión en infraestructuras en su proyecto de Presupuestos para 2018. Y es que, se lamentó, «seguimos en niveles de 1999». Esto es, el volumen de obra pública es igual que a principios de siglo. La licitación de este tipo de trabajos creció un 38% el año pasado hasta los 8.309 millones, mientras que la contratación pública lo hizo un 32% para terminar con 4.755 millones.  «Supone un punto de inflexión en cuanto a la recuperación notable del Ministerio de Fomento», reconoció Julián Núñez, pero lamentó que el otro departamento que más recursos destina a infraestructuras, el de Agricultura y Medio Ambiente, mantenga los niveles de 2017 (1.177 millones), ejercicio en que bajaron un 33%.

El Gobierno busca un gran acuerdo con la oposición, dentro del Pacto de Toledo, para hacer una reforma profunda en la financiación de las pensiones. El Ejecutivo quiere que los impuestos paguen el coste de prestaciones y de gestión de la Seguridad Social por valor de 20.000 millones de euros. De esa forma, y con un crecimiento sostenido, con una importante creación de empleo, el Gobierno considera posible devolver el equilibrio financiero, a medio plazo, al sistema de pensiones. Con ello, el Ejecutivo se resiste a cerrar el Fondo de Reserva de las pensiones y aspira a volver a alimentarlo con excedentes de cotizaciones sociales, según informaron fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Román Escolano ha llegado al Ministerio de Economía con el objetivo de proporcionar «un nuevo impuso a la agenda reformista» del Gobierno. Así lo aseguró ayer durante su presentación ante la comisión de Economía del Congreso, donde adelantó que aunque con su llegada no supondrá un cambio de rumbo en la política económica trazada por Luis de Guindos, sí retomará algunos de los proyectos que quedaron pendientes. El más inmediato es la reforma de los organismos supervisores y reguladores, que provocará la división de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) en «una nueva entidad independiente de Competencia y otra de Supervisión y regulación de los mercados», anunció el ministro. Paralelamente, se pondrán en marcha «dos autoridades independientes de seguros y protección al ahorrador». La reforma también afectará al instituto de los auditores, que pasará a formar parte de la CNMV.

Educada, pero tensa. Así fue la reunión que ayer mantuvieron el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y su homólogo en Siemens, Joe Kaeser, para intentar rebajar el enfrentamiento que mantienen las dos compañías por la gestión de Gamesa. A pesar de la idea de normalidad y buen entendimiento que intentaron transmitir los responsables de Siemens, la reunión con Iberdrola no sirvió para limar diferencias.  Galán exigió a Kaeser una renovación de la cúpula, con el nombramiento de un presidente independiente. Aunque Iberdrola no tiene personalmente nada en contra de Rosa García, la actual presidenta de Siemens Gamesa, rechaza que ese puesto lo ocupe alguien que a su vez es máximo directivo en Siemens España. Iberdrola también reclamó ayer la sustitución ordenada del actual consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, directivo procedente de Siemens. Kaeser mantuvo más tarde un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, para transmitir un mensaje de «compromiso» de la multinacional alemana y la garantía de que no habrá deslocalización del centro de decisión de Siemens Gamesa, ubicado en el Parque Tecnológico de Zamudio.

El grupo Tubos Reunidos presentó ayer a los sindicatos su propuesta de ajuste para intentar reconducir la situación económica de su filial Productos Tubulares, que tiene su centro de producción en la localidad vizcaína de Trapagaran y atraviesa una situación muy delicada. El plan contempla el despido de 157 de los 418 empleados de esta firma, una reducción salarial generalizada del 25% y el aumento de la jornada laboral en 24 horas anuales. Junto a ello también hay otros recortes en beneficios sociales concedidos a la plantilla en el convenio y medidas de flexibilidad en la organización interna. La empresa ya había anunciado a principios de marzo que este proceso de cirugía extrema es «imprescindible» para intentar detener la sangría de pérdidas, forzada por un brusco descenso de los precios de los tubos sin soldadura en el mercado, el aumento de los costes de las materias primas y la cotización del dólar, moneda en la que se realizan una parte de las ventas.