20180403

No hay el menor signo de que el PNV vaya a apoyar los Presupuestos para mantener las cuentas que ha elaborado Mariano Rajoy y también los compromisos del Estado con el Gobierno vasco. Aun así, el Ejecutivo presenta hoy su proyecto para 2018 con la expectativa de que dentro de unas semanas el PNV cambie de opinión. Rajoy considera que debe hacer todo lo posible para sacar adelante este plan, ya que asume que será mucho más difícil aprobar el de 2019, en pleno año electoral (y en ese caso sí tendría que prorrogarlo). Así, aprobar el de 2018 es fundamental para que Rajoy pueda apurar la legislatura hasta 2020.

Con unos Presupuestos aprobados para 2018 no habría ninguna duda. Con unas cuentas prorrogadas de las de 2017, el cumplimiento de los acuerdos plurianuales de inversión empieza a depender de otro tipo de factores como la voluntad política. En marzo de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó con el Ejecutivo vasco inversiones de 3.380 millones de euros para impulsar los tramos pendientes de la Y vasca. En aquella negociación se puso como fecha límite para la finalización de las obras el año 2023. Sin embargo, esa inversión tenía un desarrollo plurianual. Las cuentas de 2017 solo incluyeron una décima parte del montante total acordado para esa infraestructura viaria. Una eventual prorroga de las cuentas de 2017 no dejaría ningún margen para aumentar las partidas. Solo podrían repetir la cifra consignada en 2017 para 2018 y aprobar el resto como inversiones extraordinarias al margen de las cuentas públicas.

China cumplió ayer sus amenazas y anunció la imposición de aranceles comerciales a un conjunto de 128 productos estadounidenses como respuesta a las tarifas de Washington sobre las importaciones de acero y aluminio chinos, una decisión que aumenta el riesgo de estallido de una guerra comercial. El Ministerio de Comercio del gigante asiático confirmó lo que llevaba días advirtiendo, la imposición de un arancel del 15% para un conjunto de 120 productos (entre ellos la fruta) y del 25% para productos porcinos y relacionados, procedentes de Estados Unidos. Todo ello pese a que el gigante asiático ha insistido en las últimas semanas en su deseo de que se calmen las aguas para evitar una guerra comercial que, en su opinión, dañaría a ambas partes.

El Defensor del Pueblo anunció ayer que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley del Cupo pactada el pasado verano entre los gobiernos central y vasco y que supuso la firma de la ‘paz fiscal’ entre ambas administraciones. Tres personas habían solicitado al Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Francisco Fernández Marugán, que recurriera ante el Constitucional esa ley al entender que vulneraba los principios de solidaridad y igualdad que deben regir las relaciones entre las nacionalidades y regiones. Se trata del experto de la comisión para la reforma de la financiación, Alain Cuenca; el portavoz de la Plataforma Ahora y exparlamentario vasco por UPyD, Gorka Maneiro; y el profesor universitario Víctor Gómez Frías. Fernández Marugán echa por tierra todos los argumentos esgrimidos en esas tres denuncias y asegura que no encuentra argumentos jurídicos suficientes como para recurrir ante el Constitucional. En su resolución, plantea que «no pone en duda» que el Cupo y la normativa que establece su cálculo genere «legítimas y generalizadas dudas», pero «meras dudas no pueden sostener su inconstitucionalidad».

El deshielo de la negociación colectiva vasca aún está muy lejos, pero algunos convenios empiezan a sentir el calor de la recuperación. Hay un consenso institucional y social favorable a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y los sindicatos vascos se han conjurado para que este año quede atrás definitivamente la austeridad salarial. Y. aunque con cuentagotas, están logrando incluir subidas importantes, de hasta el 3% en algunos casos, en un puñado de acuerdos. En el ámbito sectorial destaca la renovación del convenio de limpieza de Bizkaia, mientras que la negociación de empresa sigue siendo más dinámica con incrementos significativos en firmas como Bridgestone, el grupo Lontana o Pasaban. El alcance de estos convenios renovados es escaso, alrededor de 20.000 trabajadores, pero pueden convertirse en un punto de inflexión de cara a poner fin a la época de vacas flacas en la negociación colectiva.

Al Ministerio de Energía le ha venido como anillo al dedo el informe del comité de expertos sobre la transición energética en el que calculan que es posible rebajar la factura de la luz a costa de incrementar el precio de los combustibles y penalizar con más tributos la contaminación medioambiental. Esa es, a grandes rasgos, la idea lanzada por la ‘comisión de sabios’ designada para esta tarea, y cuyo trabajo ya es asumido por el Gobierno, aunque con matices, a la hora de ponerlo en práctica. Los cálculos proponen sacar del recibo los costes que no están directamente relacionados con la generación, la distribución o el transporte, y derivarlos a los Presupuestos del Estado, vía incremento del gasto o alza de impuestos. Es una «opción lógica», apuntan fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal, que cree que es una propuesta «en la que se puede avanzar de forma gradual» sobre todo en la «fiscalidad medioambiental».

Tras largos meses de trabajo, la comisión de expertos para la Transición Energética hizo llegar ayer al Gobierno el documento con sus recomendaciones. Entre ellas, alargar 10 años la vida útil de las centrales nucleares, financiar las carreteras con impuestos a vehículos o carburantes y sacar el carbón del mix energético antes de 2030 para cumplir con los compromisos medioambientales. El ministerio que dirige Álvaro Nadal recogió el guante, tomó nota de sus recetas, pero consideró que lo lógico es avanzar de forma «gradual».

El crédito al consumo sigue prácticamente disparado, al menos respecto al parón que en general sufrió la financiación bancaria durante la crisis. En febrero, según los últimos datos publicados ayer por el Banco de España, el importe de este tipo de créditos creció a un ritmo interanual del 7,8%, frente al 4,9% que subía hace un año. En contraste, las hipotecas para adquirir una vivienda parecen haber detenido su recuperación, aunque sea temporalmente. En febrero incluso se redujeron un 0,2%, y en comparación con lo que pasaba doce meses atrás la caída llegó al 2,8%. En volumen, no obstante, todavía mueven casi el triple de dinero que los préstamos para financiar otro tipo de compras, en concreto 525.736 millones frente a 178.692.

La reducción de las deudas contraídas antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria continúa años después, pero con diferencias entre las familias y las empresas. El saldo de la financiación de los bancos a los hogares cayó un 0,6% en febrero en tasa interanual, según los datos publicados ayer por el Banco de España. Pero el esfuerzo de las empresas fue mayor: redujeron un 2,7% sus deudas en un año. Tanto familias como empresas han rebajado sus deudas en los últimos años hasta los niveles más bajos desde mediados de 2006. El saldo de crédito se sitúa en unos 704.000 millones en el caso de los hogares y en unos 881.000 millones en el de las sociedades.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recalcó ayer a la oposición la necesidad de aprobar los presupuestos para poner en marcha dos medidas que están congeladas desde 2017. La primera es que los jóvenes que sean contratados mediante la fórmula de formación y aprendizaje percibirán 430 euros mensuales durante un año y seis meses. Estos 430 euros se sumarán a los 736 euros del Salario Mínimo Interprofesional que, como mínimo, deberán pagarles las empresas. Por lo tanto, el salario para el trabajador superará los 1.000 euros mensuales. La segunda medida es complementaria de la primera. Las empresas que, pasados los primeros 18 meses, conviertan en indefinidos a los jóvenes contratados en formación y aprendizaje recibirán durante tres años una bonificación en las cotizaciones sociales de 3.000 euros; 9.000, al terminar los tres años

El Estado solo gastó tres de cada 10 euros presupuestados para I+D en 2017. De los 4.635 millones previstos en las cuentas públicas del año pasado, el Gobierno únicamente desembolsó 1.376 millones, un 29,7% según los datos de la Intervención General facilitados por Cotec. Esta fundación denuncia que se trata del mínimo histórico registrado en la serie, que arranca en el año 2000. Los datos no contemplan las partidas de organismos autónomos y agencias, que se publican más tarde y representan casi un tercio del presupuesto, unos 1.800 millones de los que sí que se suele gastar prácticamente la totalidad.

Alquilar una vivienda nunca fue tan caro como hoy. Como tampoco ha sido nunca tan lucrativo poner un piso en alquiler. Los precios siguen al alza y la rentabilidad también. La media nacional ha subido un 7,6%, pero ha rebasado el 16% en Sevilla o Valencia. Los precios de la vivienda nueva y usada escalaron un 4,3% en el último trimestre de 2017, una subida demasiado marcada, según advirtieron ayer desde la Sociedad de Tasación, alcanzando un precio medio de 1.532 euros el metro cuadrado y que se ha acelerado considerablemente en apenas unos meses –en el último trimestre de 2016 subió un 0,3%– desde que el sector inmobiliario inició su recuperación. La rentabilidad bruta de los alquileres también se está disparando. Ha alcanzado el 8,2% en el primer trimestre de 2018, devolviendo el ladrillo a una de las primeras posiciones, en cuanto a atractivo, como destino del ahorro de los españoles

Las matriculaciones de turismos ascendieron a 128.175 unidades en marzo, un 2,1% más que en el mismo mes de 2016. El mercado cierra el trimestre con un alza del 10,5% con 340.311 ventas, lo que anticipa un escenario de 1,35 millones de turismos nuevos 2018 y una subida del 10%. De este modo, el mercado acelera en marzo a niveles de 2007 previos a la crisis económica. El sector, a pesar de los buenos datos con dos días menos hábiles por la Semana Santa, siempre encuentra señales de preocupación. La asociación de concesionarios, Faconauto, se queja de los fuertes rápeles exigidos por las marcas, lo que ha hecho que en marzo se hayan elevado las automatrículas. Por eso, el canal empresas creció un 12%.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Joe Kaeser, presidente mundial de Siemens, tienen previsto reunirse mañana en Madrid para intentar poner fin al enfrentamiento que desde hace meses mantienen ambas empresas por la gestión de Gamesa. Según algunas fuentes, la reunión podría llevarse a cabo en la sede de Iberdrola. El encuentro se produce apenas doce días después de que Gamesa celebrase su junta general, en la que se plasmó la batalla entre los máximos accionistas de esta compañía.