20180327

El Gobierno logró ayer el “sí” definitivo de Ciudadanos (Cs) a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a cambio de más gasto público, de medidas fiscales y de la ya anunciada marcha de la senadora Pilar Barreiro al Grupo Mixto del Senado. El presidente de Cs, Albert Rivera, cifró las concesiones en 8.000 millones de euros. Entre ellas destacan una rebaja del IRPF, la subida del salario mínimo, un incremento de las retribuciones de los funcionarios y un fuerte aumento salarial de los policías y los guardias civiles, en busca de su equiparación económica con los cuerpos policiales autonómicos. El PNV se ratificó ayer en que no negociará los Presupuestos mientras la autonomía catalana siga intervenida porque «la mejor manera de defender los intereses de Euskadi es no legitimar el artículo 155 con el apoyo a los Presupuestos del Gobierno que lo aplicó», según señalaron fuentes de la ejecutiva del EBB.

La industria y los servicios comenzaron el año con buen pie, con un incremento de su facturación en torno al 6%, aunque moderaron su crecimiento respecto a diciembre de 2017, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, la cifra de negocios del sector industrial creció un 5,8% interanual en el primer mes del año (3,2 puntos menos que al cierre del año pasado) mientras que el sector servicios se modera 0,6 enteros, hasta el 5,9% interanual. La cifra de negocios de la industria vasca aumentó en enero un 17,6% respecto al mismo mes del año anterior, situándose entre las tres primeras comunidades con mayores crecimientos.

Jens Weidmann, presidente del Bundesbank y máximo candidato a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE), consideró ayer que no es irreal la estimación del mercado de que habrá una primera subida de los tipos de interés en la zona euro a mediados de 2019. En un discurso en Viena, Weidmann recordó que primero debe concluirse el programa de estímulos, a través de la compra de deuda pública y privada, del BCE, sin que ello cree confusión o rechazo en los mercados. El banco central tiene previsto continuar con su programa de compra de deuda por valor de 30.000 millones de euros mensuales al menos hasta septiembre de este año.

El cumplimiento de objetivos de comunidades autónomas y ayuntamientos ha permitido que España se anote un déficit del 3,07% sin ayudas financieras frente al objetivo del 3,1%, con lo que cumple por primera vez con el tope inicial marcado por Bruselas. Así, cuatro comunidades han cerrado el año en superávit y el conjunto de ellas tuvo un déficit del 0,32%, cuando el objetivo era del 0,6%, con lo que cumplen por primera vez desde 2006, y los ayuntamientos se vuelven a anotar superávit por sexto año, del 0,59%. En cambio, el Estado no alcanza su límite del 1,1% y ha registrado un déficit del 1,9%, y la Seguridad Social se ha quedado en un 1,48%, frente al objetivo del 1,4%. Euskadi fue, gracias al pacto sobre el Cupo y el Concierto, la comunidad más ‘virtuosa’: no sólo cumplió, sino que además presentó un superávit de 1.074 millones de euros, el equivalente al 1,50% de su Producto Interior Bruto.

La guerra del acero y el aluminio no ha terminado, pese a la tregua de un mes –hasta mayo– dada por la Administración Trump a Europa al tiempo que cargaba contra China. La Comisión Europea (CE) dijo ayer que no descarta aplicar medidas de salvaguardia para proteger su mercado de acero de desviaciones comerciales tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos, y ha abierto una investigación para vigilar las importaciones de dichos productos. Se trata de un procedimiento que ya había previsto el Ejecutivo comunitario durante la preparación de su respuesta a los aranceles a las importaciones de acero y aluminio impuestos por Estados Unidos y que entraron en vigor el pasado viernes, tras unas semanas de gran tensión entre las grandes potencias. Su objetivo es vigilar 26 categorías de productos de acero que, debido a estas restricciones comerciales, podrían entrar en el mercado europeo pese a que inicialmente estaban destinados al país norteamericano, explicó la Comisión Europea.

La rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, calificó ayer de «escandaloso» que los graduados reciban sueldos de mil euros y advirtió de la necesidad de «cuidar al talento» porque, de lo contrario, «se irá» y «es una pérdida terrible que no se puede permitir el País Vasco con la caída demográfica que va a sufrir». Balluerka hacía referencia de ese modo al estudio que ha hecho público este mes la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el que refleja que uno de cada cuatro titulados con másteres no llegan ni a mileurista. El informe mostraba que el motivo de mayor insatisfacción de los universitarios son sus salarios. Si el 27% no llega ni a mileurista, el 16% cobra entre 1.000 y 1.200 euros. Sólo un 13% supera los 2.000 euros.

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ve necesario un acuerdo marco salarial de los interlocutores sociales para apoyar la imagen de estabilidad de España, pero asegura que «no van a poder firmar» un salario mínimo en convenio de 1.000 euros como piden los sindicatos. El vicepresidente de la CEOE cree que hay que tener en cuenta que el 45% de las empresas aún siguen en pérdidas por lo que ve «casi imposible» una subida mínima del 3,1%.

Las ventas registradas en las grandes superficies comerciales y en las cadenas de alimentación del País Vasco crecieron el pasado febrero un 3,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si se comparan con las ventas del mes anterior, enero de 2018, estas aumentaron un 0,8%. , según detalló ayer el Instituto Vasco de Estadística. En los tres territorios se produjeron variaciones interanuales de signo positivo, ya que en Gipuzkoa se dio un aumento del 4,1%, en Bizkaia del 3,3% y en Álava del 1,9%. Todos estos movimientos se tradujeron en que el personal empleado en las grandes superficies y en las cadenas de alimentación de Euskadi aumentó un 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior y un 0,5% con respecto a enero de 2018.

En el plazo de tres meses, las instituciones vascas deberán elaborar un plan de choque que determine las necesidades de las comarcas más deprimidas de la Comunidad Autónoma, Zona Minera, Margen Izquierda, Encartaciones y Oarsoaldea. La ponencia parlamentaria que durante los últimos meses se ha encargado de analizar la situación de estas zonas puso ayer fin a su trabajo con un amplio consenso con unas conclusiones y recomendaciones que deberán ser ahora ratificadas por el pleno de la Cámara.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, propuso ayer la creación de un «amortiguador» en la eurozona para suavizar la «próxima crisis», de forma que se evite que los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos de déficit provoquen la caída en una segunda recesión, «como pasó entre 2011 y 2013». Este fondo estaría financiado durante las épocas de bonanza con recursos de todos los países que forman parte de la moneda única y su capital se iría liberando conforme se elevase el paro, según desgranó Lagarde en una conferencia en Berlín, en lo que parece un mensaje a la canciller, Angela Merkel, que tiene reticencias sobre este mecanismo.

El gasto mensual del Estado en pensiones contributivas alcanzó en marzo un nuevo récord histórico. En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema público y de protestas masivas de jubilados en las calles reclamando un alza superior al 0,25%, la factura de las prestaciones contributivas ascendió un 3,02% interanual hasta los 8.947 millones de euros. En conjunto, el Sistema Público abona ya 9,583 millones de pensiones contributivas al mes, un 1,15% más que el año pasado, y también una cifra récord, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este incremento se produce fundamentalmente por el envejecimiento de la población, que va elevando el número de beneficiarios de la pensión de jubilación.

Durante este verano llegará personal nuevo a la planta que Mercedes Benz tiene en la capital alavesa. Por primera vez la multinacional automovilística cubrirá en Vitoria las vacaciones de su plantilla con trabajadores ‘fichados’ específicamente para ese cometido. Sin embargo, se trata de una práctica extendida en otras factorías del grupo Daimler, sobre todo en Alemania, y ahora se quiere trasladar a Euskadi, a la principal industria vasca donde ya trabajan alrededor de 5.100 personas y que prevé este año otro récord de producción con 162.968 vehículos. Este tipo de perfiles tienen un nombre en la compañía, el de ‘holiday workers’, y esos puestos se dirigen sobre todo a jóvenes estudiantes, universitarios o de FP.

La internacionalización avanza en las dos direcciones y Euskadi, además de ser un destino importante para la inversión, también es el punto de partida de operaciones que permiten a sus empresas ganar tamaño. Como muestra del movimiento dos compañías vascas anunciaron ayer otro salto en su expansión con la compra de dos grupos industriales. Por un lado, el fabricante vizcaino de componentes de automoción, Teknia Group, ha adquirido el 100% de la compañía Mecanizados Norte Bravo (Bravo Enterprises) que tiene plantas en Ampuero, México y Rumania. En la otra operación está implicado el Grupo Venanpri, el propietario de la histórica marca de herramientas Bellota. Venanpri alcanzó ayer un acuerdo para comprar la empresa estadounidense Trinity Logistics, dedicada al suministro de tornillos y componentes metálicos de ajuste para la agricultura y la construcción.

ELA considera «un error» el «empecinamiento» y «la constante referencia» que EH Bildu «y algunos movimientos sociales» realizan al PNV «para confluir en un pacto de país por la defensa del derecho a decidir», cuando los propios jeltzales «niegan que su estrategia sea la suma soberanista». En un documento hecho público ayer con motivo de la celebración del Aberri Eguna el próximo domingo, la central sindical censura que la formación que lidera Andoni Ortuzar mantenga «contra viento y marea» su alianza con PSE-EE y PP, partidos que sustentan «el pacto de Estado uniformizador». ELA reivindica «el valor» de las luchas sindicales y sociales para construir «una nación soberana, euskaldun, basada en la equidad de género y el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas» y considera que el sindicalismo «es un instrumento esencial de resistencia, al tiempo que un factor de democratización y justicia».