20180326

El Consejo de Ministros se reunirá mañana de manera extraordinaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El siguiente paso será presentar las cuentas en el Congreso y, posteriormente, proceder a la votación de las mismas para cerrar el proceso, según las previsiones del Gobierno, antes de verano. De esta manera, y a la espera de que el Ejecutivo consiga los apoyos necesarios, las cuentas se aprobarán con varios meses de retraso y en las mismas se incluirán rebajas fiscales, beneficios para los pensionistas, ciertos estímulos para tratar de fomentar la natalidad y mejoras salariales para los funcionarios.

El Gobierno no descarta que puedan llegar a fijarse salarios mínimos a nivel territorial, aunque remite tal establecimiento a la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, ámbito que, según asevera el Ejecutivo «puede incorporar en la fijación de suelo de contratación cuantos factores entienda adecuados». Así consta en la respuesta del Gobierno al portavoz del PDeCAT, que había registrado una pregunta en el Congreso interesándose por la posibilidad de fijar salarios mínimos diferenciados. El Ejecutivo señala que es competencia de la negociación colectiva la posibilidad de establecer diferentes salarios mínimos sectoriales o territoriales.

Para que los salarios no pierdan poder adquisitivo, la negociación colectiva dispone de las denominadas cláusulas de salvaguarda o de garantía salarial. Estas cláusulas suelen reconocer que, si el incremento salarial pactado para un año queda por debajo de lo que suben los precios en ese ejercicio, el empresario pagará la diferencia. De esta forma se garantiza que los empleados no pierdan poder de compra. Pero ¿cuántos trabajadores disfrutan de una de estas cláusulas? Los datos de negociación colectiva de diciembre pasado indican que de los más de siete millones que habían cerrado sus condiciones laborales para 2017 (habitualmente son diez millones los protegidos por convenios) solo 1,5 millones tenían esta garantía del poder adquisitivo ante el repunte de la inflación, lo que equivale a poco más del 20% del total. Esto significa que, por el contrario, el 80% o, lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco asalariados con convenio no tenía garantizado el pasado año el poder adquisitivo ante un repunte inflacionista.

De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al cuarto trimestre de 2017, de los 2.805.400 de ocupados que tienen un empleo a tiempo parcial, 1.607.300 trabaja en esta jornada por no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo. Así, un 57,3% de los trabajadores a tiempo parcial son involuntarios frente al 7,3% que ha escogido esta jornada para poder hacer cursos y formarse o el 10% que alega necesitarlo para poder atender el cuidado de niños, enfermos o personas mayores.

La sociedad pública que gestiona los suelos industriales del Gobierno vasco ha relanzado su actividad inversora para prepararse ante el incremento de la demanda los próximos años. Tras varios ejercicios con un gasto casi testimonial, la inversión superó los 18 millones de euros en 2017, un nivel que se prevé superar este curso. La cifra final dependerá de las necesidades y del ritmo con el que se acometan las actuaciones. El objetivo es reciclar las parcelas que han quedado en desuso por los cierres de compañías que se han registrado durante la crisis, así como ofrecer nuevos espacios allí donde la demanda no pueda ser atendida por la oferta disponible. Hay pocas comarcas en esta última situación, pero como paso previo Sprilur está elaborando un Mapa de Oportunidades para guiar las inversiones del futuro.

Un total de 52 trabajadores fallecieron el pasado enero en accidente laboral, diez más que en el mismo mes de 2017, lo que supone un incremento del 23,8%. O dicho de otra manera: cinco trabajadores perdieron la vida cada tres días, según denuncia UGT. Del total de fallecimientos, 42 ocurrieron durante la jornada de trabajo, un alza del 20% más que en enero de 2017, y 10 fueron ‘in itinere’ (durante el recorrido desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa), un 42,9% más. Infartos y derrames cerebrales (20 fallecimientos), así como accidentes de tráfico (13 fallecimientos), fueron las principales causas de dichas muertes.

La prohibición de fumar en el centro de trabajo está ampliamente regulada en la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco de diciembre de 2005. En 2010, los espacios públicos cerrados dejaban de ser zona de permisividad de fumadores con la polémica ley antitabaco aprobada por el Gobierno socialista. ¿Es 2018 el año en que los trabajadores españoles abandonarán el hábito de fumar en horario laboral a cambio de días de vacaciones extra? Para Montserrat Alonso, socia de Sagardoy Abogados, «se trata de una opción que la empresa puede adoptar libremente sin que sea necesaria regulación normativa, siempre respetando el descanso mínimo de 15 minutos que aparece en el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores».

El catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, fue el único de los doce ‘sabios’ que cuando se gestó la última reforma de las pensiones en 2013 votó en contra del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el próximo año y que supondrá un nuevo recorte de las pensiones. Este experto señala que las opciones están claras y que hay que mantener las pensiones a costa de subir la presión fiscal. «Y no hay otra», remarca, a pesar de que indica que se ha puesto de moda considerar malo subrir los impuestos. Ruesga señala que el Gobierno tenía una hoja de ruta y la está cumpliendo: «pasar al sector privado los recursos que hacen falta para mantener un sistema público de pensiones razonable, porque busca que parte del ahorro se canalice a través del mercado». Apunta que de este modo se traslada el riesgo de un sitio a otro, porque el «mercado no te garantiza nada, ninguna revalorización, y puedes perder».

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, afirma que el futuro del de Pasaia no está en entredicho, pese a que el año pasado se situó por debajo de los 3 millones de toneladas, siendo el que sufrió una mayor pérdida de tráficos en España. Llorca señala que, pese a estos malos datos, se autofinancia y es «muy competitivo» en el movimiento de vehículos, productos siderúrgicos y papel. «Su situación actual no nos inquieta en absoluto», remacha. Respecto a su viabilidad –puesta en cuestión en un informe de PWC, elaborado en base a una encuesta realizada a empresarios vizcaínos– frente a la pujanza del puerto de Bilbao, considera que ambos son compatibles porque ofrecen servicios a cadenas logísticas diferentes.

Naipes Fournier está en venta. A punto de cumplir los 150 años suministrando un material que comparte secretos de seguridad con la Casa de la Moneda para evitar falsificaciones, escucha ofertas tras la decisión estratégica de su propietaria, la estadounidense Newell Brands, de centrar su negocio en otro tipo de mercados. Para Vitoria no es una venta cualquiera. Desde que Naipes Heraclio Fournier se uniera en 1986 a The United States Playing Card Company, —del grupo Jarden Corporation— su cuota en el mercado mundial de naipes supera el 35%. Todos los casinos de Sudáfrica juegan con sus cartas, así como el 90% de los europeos y el 70% de los latinoamericanos y de Oriente Próximo. En 2017 de sus líneas salieron más de 10 millones de barajas, su ebitda fue de 40 millones de euros y, lo que es más importante para Newell, dio beneficios.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont comparecerá hoy ante un juez al norte de Alemania, después de ser detenido ayer por la mañana por la Policía germana a 35 kilómetros de la frontera danesa cuando regresaba a su residencia belga de Waterloo procedente de Finlandia. Puigdemont salió de forma precipitada de este país el viernes por la noche después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivara la orden europea de detención y entrega contra seis procesados en rebeldía por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos y desobediencia. Tras la detención, se produjeron incidentes en los alrededores de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a tres personas en una jornada de protestas y cortes de carretera en la que 52 personas resultaron heridas leves durante las cargas policiales.