20180324

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea no se fían de Donald Trump y ayer mismo le reclamaron una exención permanente del arancel al acero y al aluminio extranjeros que entró en vigor en la madrugada de ayer. El mensaje llegó durante la mañana de ayer, seis horas después de que, in extremis, la Administración estadounidense eximiera a la UE de forma temporal, hasta el 1 de mayo. «El Consejo Europeo lamenta la decisión de EEUU de imponer aranceles al acero y al aluminio. Estas medidas no están justificadas por cuestiones de seguridad nacional y una protección sectorial en EEUU es un remedio inapropiado para los problemas reales de sobrecapacidad», afirmaron los líderes de la UE en un comunicado conjunto.

China ha emitido dos mensajes claros en los últimos días ante la inminente imposición de aranceles a sus productos por Estados Unidos. Uno, que abrirá su economía a sectores ahora prohibidos y aumentará la protección de la propiedad intelectual si hay diálogo. Dos, que no teme a una guerra comercial y responderá en caso de que EE UU actúe unilateralmente. Con Trump abriendo el melón de las sanciones a numerosas importaciones chinas, Pekín eligió la segunda opción y anunció su intención de gravar varios productos agrícolas y de acero estadounidenses.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a una empresa a pagar 35.000 euros a una mujer por discriminación salarial por razón de sexo. Es decir, no solo por incumplir el Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe este tipo de discriminación desde 1980, sino también el artículo 14 de la Constitución, ya que se ha vulnerado un derecho fundamental y eso «ha tenido que producir necesariamente daños morales». Esto explica que el juez de primera instancia, en principio, y los magistrados del Alto Tribunal, después, fijen una indemnización correspondiente a una década de discriminación, el periodo reclamado, y no de un año, límite habitual en las reclamaciones monetarias ante la jurisdicción social. Contra esta decisión, la empresa puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La renta media de los españoles supera las cifras previas a la crisis, una década después. El PIB per cápita alcanzó el año pasado los 24.999 euros, lo que supone el máximo histórico, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra queda un 3% por encima del anterior máximo (en 2008, cuando el PIB per cápita alcanzó los 24.275 euros por persona) y un 3,8% por encima del dato del año anterior. Con todo, esta recuperación ha sido muy desigual según las comunidades autónoma. Así, el País Vasco ha ganado 1.845 euros por cabeza desde 2008, seguida de Madrid (1.645 euros más), Cataluña (1.604), Galicia (1.261) y Castilla y León (1.134), mientras que Canarias ha perdido 761 euros por persona, y Cantabria, Asturias, Andalucía y Castilla-La Mancha también arrojan un abalance negativo a lo largo de la crisis.

Aragón, Asturias y Madrid lideraron el crecimiento del PIB con un incremento de hasta el 3,6%, de acuerdo con el INE. En el grupo de cabeza se encuentra también Cataluña, cuya actividad creció un 3,3% anual el año pasado, dos décimas por encima del PIB nacional. Por el contrario, La Rioja, en el furgón de cola, apenas creció la mitad que Aragón: un 1,8%. En un segundo plano, quedan comunidades que mantiene un avance similar al de la media nacional. Se trata de Cantabria, Comunidad Valenciana (3,2%), Galicia, País Vasco (3,1%, coincidiendo con el dato español) y Canarias (2,9%).Uno de los grandes cambios que se ha producido en la economía española durante los últimos años es que el turismo ya no es el único motor de crecimiento, lo que explica que Canarias y Baleares, que anteriormente habían liderado el ránking del crecimiento, queden ahora más descolgados, por debajo de la media.

Seis de cada diez contratos a tiempo parcial firmados en 2016 (un 62%) fueron de carácter involuntario; es decir, que el trabajador hubiera preferido ser contratado más horas pero no le dieron elección. Así se constata en un informe de la CEOE, que admite que es «un porcentaje elevado». El llamado subempleo duplica ya en España la media europea, del 27,7%. Ha crecido 11,8 puntos desde 2010, pese a reducirse ligeramente desde su máximo en 2014. De cualquier forma ha sido el país de la UE en el que más ha crecido y uno de cada diez ocupados desearía trabajar más horas, según datos del INE al cierre de 2017.

La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) anunció anoche que eleva la nota concedida a España ante los mercados internacionales desde un aprobado alto (BBB+) a un notable bajo (A-) con perspectiva positiva, una cota que no veía desde hace más de seis años, en pleno rescate bancario.  La agencia espera que España crezca más que la Eurozona entre 2018 y 2021, lo que conducirá a una mayor consolidación presupuestaria. S&P también indica en su informe que las tensiones políticas en Cataluña han tenido un efecto limitado sobre la economía, gracias a la confianza institucional que introdujo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya son tres las agencias (S&P, Fitch y DBRS) que sitúan a España en el grupo de mejor calificación (zona A), lo cual se refleja en la evolución de una prima de riesgo que ha descendido a mínimos de los últimos ocho años, cerrando ayer en los 70 puntos básicos.

El día después de que su partido, el PNV, junto a PSE y PP tumbara la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos que tenía como objetivo que la RGI complementara hasta los 1.080 euros todas las rentas de los pensionistas vascos que no alcanzasen ese nivel, el lehendakari, Iñigo Urkullu, defendió que actualmente el Gobierno Vasco destina al año más de 46 millones euros a complementar las pensiones más bajas. El lehendakari reprochó a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que hagan «demagogia» y estén «confundiendo a los mayores» e insistió en que el aumento de las prestaciones es una competencia del Estado y que, por mucho que el País Vasco ofrezca complementos, la cuantía reclamada es inalcanzable. «No la ofrece ningún país ni región», advirtió Urkullu.

ELA y LAB acusan a la patronal de la Construcción de Gipuzkoa de «despreciar y de ir en contra» de los trabajadores, después de que en la segunda reunión de negociación del Convenio del sector no se constituyera la mesa por «la pugna entre diferentes patronales respecto a su representatividad». ELA calificó el hecho de «extrema gravedad» y LAB advirtió de que si no se conforma el 9 de abril irá a la confrontación.

La Junta de Accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy celebrada ayer en Zamudio confirmó las diferencias existentes entre Siemens, accionista mayoritario (59% de los títulos), e Iberdrola (8%). Unas discrepancias que pueden ser el preámbulo de una ruptura traumática porque la eléctrica vasca, pese a ser minoritaria, es un socio de referencia y, además, un cliente de primer orden para la fusionada. Iberdrola introdujo en el orden del día dos puntos para atar en corto a la compañía alemana. La eléctrica pretendía con estas inclusiones asegurar que la sede del negocio ‘onshore’ (terrestre) de Siemens Gamesa se mantenga en Zamudio y que una parte importante de las compras a los proveedores se realicen en España. Los argumentos de Iberdrola cayeron en el vacío. La apisonadora alemana hizo valer su mayoría y, no contenta con tumbar las iniciativas de la eléctrica, afeó su comportamiento por no haber presentado a debate en el Consejo de Administración los dos puntos cuya inclusión forzó posteriormente en el orden del día.

Pese a la existencia de un preacuerdo alcanzado por la mayoría sindical, la asamblea de trabajadores de Tubacex en sus plantas de Llodio y Amurrio ha dicho ‘no’ a esa propuesta acordada entre los representantes de ELA, CC OO y un independiente con la dirección de la compañía. En concreto, votaron 740 operarios, de una plantilla total que ronda las 900 personas, y el 53% (392) rechazó ese convenio mientras que el ‘sí’ triunfó en 327 empleados; hubo, además, 14 votos en blanco y 7 nulos. «La sorpresa ha sido mayúscula, pero siempre hemos dicho que la asamblea es soberana y no se puede ir en contra de la opinión de la plantilla», plantearon ayer integrantes de esa mayoría que ha visto cómo su defensa del preacuerdo no ha tenido éxito.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, garantizó ayer que la implicación del Gobierno Vasco con la empresa Productos Tubulares, que atraviesa un notable bache, va a ser «total y absoluta, siempre de acompañamiento», aunque recordó que la «responsabilidad mayor» está en «la propiedad y la gestión» que son los encargados de elaborar un plan de viabilidad para la firma. Los trabajadores de Productos Tubulares (del Grupo Tubos Reunidos), en huelga indefinida ante el anuncio de presentación de un ERE, se concentraron ayer frente al Parlamento Vasco durante la celebración del pleno de control al Gobierno Vasco, donde EH Bildu y Elkarrekin Podemos inquirieron sobre la situación de la firma a las consejeras Tapia y María Jesús San José, responble de Trabajo y Justicia.

El PNV volvería a ganar las elecciones autonómicas y aumentaría su ventaja sobre el resto de grupos con representación en el Parlamento en caso de que la cita con las urnas se produjese en estos momentos. Según el Sociómetro del Gobierno vasco hecho público ayer, la formación jeltzale obtendría 30 escaños, dos más de los que tiene en la actualidad. En segundo lugar quedaría EH Bildu, con 18 diputados, los mismos que obtuvo en 2016. Los datos de la encuesta dibujan una Cámara autonómica muy similar a la existente desde hace dos años. Pero de repetirse el actual Gobierno coalición, el PNV y el PSE tendrían todavía mayor margen de maniobra, ya que entre los dos lograrían mayoría absoluta. Los grandes damnificados serían Elkarrekin Podemos y el PP. La formación morada perdería un escaño en Bizkaia –que ganaría el PNV–, mientras que el PP cedería dos. Uno en Gipuzkoa, también a costa de los jeltzales, y otro en Álava, que ganaría Ciudadanos.