20180321

Gobierno vasco, CC OO, UGT y Confebask se emplazaron ayer a presentar propuestas en la tercera sesión de la mesa de la brecha salarial, el próximo día 19. La efectividad de este órgano creado por mandato del Parlamento vasco queda mermada por la ausencia de los dos principales sindicatos: ELA, que descartó desde un principio sumarse al foro, y LAB, que se borró tras personarse en la puesta de largo. Como novedad, la mesa contó con la presencia de la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, que pormenorizó los datos sobre brecha salarial contenidos en la Encuesta de Estructura Salarial 2015 del INE, difundidos el pasado junio. El documento revela que la ganancia media anual en Euskadi favorece a los hombres en un 24,3%, lo que se traduce en más de 7.500 euros, y un aumento de 2,2 puntos respecto al anterior informe de Emakunde, con datos de 2009. No se pasó por alto, en línea con el debate actual, la repercusión de las diferencias en las pensiones.

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, protagonizó ayer el tira y afloja que, a cuenta de la oportunidad o no de aprovechar la bonanza económica para subir los salarios en Euskadi, mantiene con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. El representante de los empresarios admitió que no le «sienta bien» que Azpiazu emplace a sus asociados a elevar unas remuneraciones que «ya están subiendo». Además, rechazó la exigencia de subidas de sueldos «generalizadas» porque «hay empresas que lo están pasando mal». En una entrevista radiofónica, Larrañaga se mostró convencido de que «hay subida salarial en Euskadi» y, en este sentido, aludió a la firma de dos convenios en Bizkaia, que afectan a más de 40.000 trabajadores, «con subidas importantes de salarios». Según defendió –en un claro envite al responsable de Hacienda–, una «subida generalizada de salarios» se podría materializar «con una reducción de impuestos».

El Banco de España revisó ayer al alza sus previsiones de crecimiento para cada uno de los tres próximos años. El mayor incremento, de tres décimas corresponde al PIB de 2018, que aumentaría un 2,7%. La estimación para 2019 se eleva dos décimas hasta situarse en el 2,3%; mientras que la de 2020 se incrementa en una décima, con lo que se ubica en el 2,1%. El «impacto algo menos negativo» que ha tenido la situación catalana es uno de los principales motivos de esta subida, según se recoge en el informe. Así se aleja también el escenario más pesimista de los previstos por la institución bancaria, que el pasado noviembre alertó de que la crisis catalana podía costar hasta 2,5 puntos del PIB entre 2018 y 2019.

El Banco de España dio ayer un tirón de orejas al Gobierno de Mariano Rajoy al advertir que cualquier medida que implique aumentar el gasto público, como sucede con el acuerdo alcanzado con los sindicatos para elevar los salarios de los funcionarios, o con una posible revalorización de las pensiones superior al mínimo legal del 0,25%, «pone en riesgo» el objetivo de déficit. El organismo fue más allá y, en un mensaje lanzado al Ejecutivo, recordó al presentar ayer su informe de actualización de las previsiones macroeconómicas que estas medidas expansivas deben ser compensadas con ajustes o subidas de impuestos para cumplir la senda de estabilidad pactada con la Unión Europea.

El Gobierno busca medidas con las que aplacar la revuelta de los jubilados. Javier Maroto, vicesecretario del PP, avanzó ayer que el Ejecutivo pretende eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran menos de 17.000 euros al año para que puedan ganar poder adquisitivo. «Rajoy había eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes [igual a 12.000 euros anuales]. Queremos hacer extensiva ahora esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto», explicó. Ni Maroto ni el Ejecutivo ofrecieron más detalles sobre la propuesta, cuyos pormenores tampoco son conocidos en Hacienda.

Tras unos años de apatía, los que discurrieron entre 2008 y 2012, la inversión extranjera retornó con fuerza al País Vasco en 2013 con el inicio de la recuperación económica tras la crisis y, salvo el ‘bache’ de 2015, desde entonces siempre ha estado por encima de los mil millones anuales y en progresivo aumento. Tanto es así que en 2017 alcanzó su récord histórico, con la entrada de 2.616 millones de euros de capital foráneo. Hay que señalar que además se trata de inversiones productivas. El histórico dato del pasado año, facilitado ayer por la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, supone un incremento del 70,8% respecto a los 1.532 millones captados en 2016. Pero más importante aún es que equivale al 11% del total de los fondos extranjeros atraídos en el conjunto de España, una proporción que casi dobla el peso vasco en el PIB nacional, que en la actualidad es de poco más del 6%.

La velocidad de crucero a la que evoluciona la economía española, por encima de la eurozona, ha sembrado los mercados de optimismo. Como resultado, 2017 marca un año histórico, contabilizando 36.122 millones de euros de inversión bruta. La cifra vuelve a situar a España en el foco de inversores extranjeros, con Madrid en el punto de mira, copando más de la mitad de la inversión foránea, mientras que Cataluña sufre una parálisis como consecuencia del procés. El incremento de la inversión a cierre de 2017 fue moderado, del 0,7%. Sin embargo, marca un máximo que no se había alcanzado desde 2008, según los últimos datos publicados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio.

El Gobierno vasco incentivó el pasado año la creación de 15.567 empleos, de los cuales 6.820 (un 44%) han servido para ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes vascos. Estos datos aparecen recogidos en el documento de seguimiento y evaluación del ‘Programa Marco por el Empleo y la ReactivaciónEconómica 2017-2020’, presentado ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo precisó que al cierre de 2017 se habían ejecutado un tercio de los objetivos globales del plan establecidos para la legislatura, así como el 96% del presupuesto anual (más de 2.000 millones).

Estados Unidos se quedó muy solo en el G-20 en Buenos Aires en su apuesta por las barreras comerciales, pero eso no pareció importarle al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin: «Tenemos que estar preparados para defender los intereses de EE UU y el comercio libre y justo. Como dijo el presidente, no tenemos miedo a una guerra comercial dado el tamaño de nuestro país y nuestra economía y el gran déficit comercial». Los demás países presentes en la reunión del G-20 se habían unido para tratar de convencer a Estados Unidos de que no inicie una guerra comercial con China y la Unión Europea, pero lejos de buscar calmar las aguas, la reunión acabó con una comparecencia de Mnuchin explosiva. El hombre de Trump en la cumbre dejó claro que su problema principal es con China, y trató de buscar aliados, aunque aparentemente no los encontró.

Ocho años después, la prima de riesgo española ha vuelto a situarse en el entorno de los 70 puntos, una de las referencias más bajas de la crisis y posterior recuperación. Tras la caída experimentada ayer hasta los 71 puntos, el diferencial de lo que le cuesta colocar su bono a España con respecto a Alemania se encuentra en el mismo nivel que en marzo de 2010, en un síntoma de estabilidad que, además, viene propiciado por lo que probablemente ocurra este viernes, cuando la agencia Standard&Poor’s (S&P) mejore la nota soberana desde el actual nivel en el tramo bajo, como apunta el mercado. Si las previsiones se confirman, S&P podría subir un escalón el ‘rating’ de España, desde el nivel ‘BBB+’. Lo hará después de que Fitch lo elevara a la nota ‘A-’, la más alta desde el rescate de la banca en 2012.

Google, Facebook y Apple se han especializado en localizar de forma ficticia sus operaciones en microfiliales ubicadas en territorios o países donde el impuesto de sociedades es bajo o incluso prácticamente nulo. Y han convertido así la tributación empresarial en una especie agujero negro: los negocios digitales pagan una tasa impositiva media del 9,5% en la Unión Europea (Google ha pagado algún año menos de un 0,1% en Irlanda), cuando las empresas tradicionales pagan más del doble, una media del 23,2%. «El sistema es injusto y pone en peligro la estabilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros», según una recomendación de la Comisión a los Veintiocho. Para cambiar esa tendencia, Bruselas propone gravar a las tecnológicas que facturen más de 750 millones (y más de 50 millones en Europa) con un impuesto digital del 3% sobre sus ingresos, lo que supondría una recaudación de unos 5.000 millones de euros anuales para las arcas públicas de los socios europeos.

Siemens estaría obligada a pagar 1.200 millones de euros a Iberdrola y a comprarle el 8% de las acciones que tiene la eléctrica en Siemens Gamesa si ambas compañías rompen los acuerdos que alcanzaron antes del proceso de integración. Para ello, sin embargo, Iberdrola debería demostrar que ha existido un incumplimiento de los compromisos que ambos adquirieron en el verano de 2016, tal y como ha dado ya a entender con sus últimas iniciativas. La más potente, la inclusión de dos propuestas de acuerdo que deben votarse el próximo viernes en la junta de accionistas de Siemens Gamesa, que buscan limitar la capacidad de la multinacional germana para actuar como proveedora de componentes de la firma eólica y, también, blindar que el cuartel general del grupo y la dirección efectiva de su división de generación terrestre se mantienen en España.

La dirección de Sidenor firmó ayer con la mayoría sindical –CC OO, UGT, USO, CSIF y ESK– su primer plan de igualdad, que será aplicable a las plantas de la compañía en Euskadi, Cantabria y Cataluña. Trabajará en siete ámbitos: selección e incorporación, desarrollo profesional y promoción, formación, conciliación de la vida familiar y laboral, salud, comunicación y sensibilización.

Parlamentos e instituciones gubernamentales de EE UU y Europa aumentaron ayer la presión para que Facebook dé explicaciones sobre la fuga de datos de 50 millones de usuarios que fueron utilizados para intentar influir en diversos procesos electorales. «Ha llegado la hora de escuchar a un alto ejecutivo con autoridad para explicar este estrepitoso fracaso», dijo el presidente del comité del Parlamento británico que ha pedido la comparecencia del fundador de la compañía, Mark Zuckerberg. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también invitó a Zuckerberg para aclarar lo sucedido. En EE UU, la Comisión Federal de Comercio, que protege los derechos de los consumidores, ha abierto una investigación.

«[…]Cabría entonces preguntarse por qué si en general se llega aquí por mil motivos en peculiar mezcolanza, nos seguimos vendiendo, por fascículos, me explico, nuestra extraordinaria capacitación y cultura empresarial por una parte, nuestro atractivo turístico por otro, nuestra producción cultural por otra, nuestra singularidad foral, por otra… no habrá llegado, como recientemente vimos en un viaje a Münster (Westfalia) el momento de vendernos o en su caso intensificar nuestra ‘venta’ como un todo en el que, pongo por caso, convive el entorno rural y la calidad de sus productos con la más ambiciosa apuesta por la industria avanzada, con el ser el mejor destino gastronómico del mundo. ¿No habrá llegado el momento de sentirnos orgullosos del todo y no por partes?».