20180316

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, considera que España carece de una apuesta industrial con objetivos claros y definidos, lo que, a su juicio, «penaliza a Euskadi». Por ello, en su intervención en el ‘Forum Europa Tribuna Euskadi’ celebrado ayer en Bilbao, instó al nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, a que asuma «como cuestión prioritaria» que la política industrial del Estado sea «clara, adecuada y definida», porque así también «será mejor para la industria vasca». En este sentido, Tapia se reafirmó en el empeño del Ejecutivo del que forma parte en que la industria siga ganado peso en el PIB de la comunidad autónoma, «a pesar de que se nos considere obsesivos». Tapia aprovechó su intervención para pedir «un pacto de país» en materia energética en Euskadi alejado de «populismos» y que permita a la comunidad autónoma avanzar en su apuesta por las energías renovables, tomando al gas como «energía de transición» hacia ese escenario más ‘verde’.

La reordenación de los instrumentos financieros de apoyo al tejido empresarial con los que trabaja el Gobierno Vasco parece que toma velocidad. Tras la primera operación de entrada en una empresa cotizada (CAF) por parte la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi Socade S.A., y algunos cambios en los estatutos de distintos vehículos dependientes de la gestora de capital riesgo del Ejecutivo, ayer llegó el turno a los emprendedores, a las nuevas firmas. Los departamentos de Hacienda y Desarrollo Económico, junto a la sociedad de garantía recíproca vasca Elkargi, han alumbrado a Aurrera, un instrumento de financiación en condiciones blandas de ‘start-up’ que servirá para impulsar a estas empresas de nueva creación.

El Gobierno asume el riesgo de intentar aprobar el proyecto de los Presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo 27 de marzo sin tener cerrado un acuerdo con el PNV y Ciudadanos. El Ejecutivo cree que las cosas han cambiado —de las dificultades casi insalvables se ha pasado a ver que es posible superarlas— y que tanto el PNV como Ciudadanos podrían estar abiertos a negociar en el proceso de tramitación parlamentaria de las cuentas.  No está claro que para entonces se haya suspendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que es la condición que ponen los nacionalistas vascos para dar su respaldo a los Presupuestos. Pero el Gobierno argumenta que si eso no ocurre es porque los partidos independentistas catalanes no se ponen de acuerdo y su división es la que lleva al bloqueo para formar Gobierno.

El anuncio de Mariano Rajoy de condicionar el alza de las pensiones mínimas a la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018 amenaza con colocar sobre las espaldas del PNV una fuerte presión para que apruebe las Cuentas. El inesperado movimiento de pieza del presidente del Gobierno en el pleno monográfico del pasado miércoles, en un tema delicado como el de las prestaciones por jubilación, con miles y miles de pensionistas en las calles reclamando unas cuantías económicas dignas, no ha gustado ni un pelo en la formación jeltzale. El PNV lo considera un «ardid» para forzar al partido de Andoni Ortuzar a moverse de su ‘no’ a negociar los Presupuestos mientras esté en vigor en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución. «Las pensiones no dependen de la aprobación de los Presupuestos», señalan rotundos desde Sabin Etxea para sacudirse la presión.

España no aprobará finalmente la regla europa del déficit y se quedará como único país de la Eurozona que suspende y sigue bajo vigilancia. El Gobierno se salta finalmente el requisito de saneamiento presupuestario del Tratado de Maastricht y obtiene así más margen de gasto en 2018. La previsión oficial es que el Estado cierre este mes definitivamente sus cuentas correspondientes a 2017 con un déficit del 3,1% con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) y no del 3% como llegó a pronosticar el Gobierno y que habría implicado la salida de España del control especial de Bruselas por primera vez desde 2009.

Los hogares vascos han incrementado su confianza en la situación de la economía en sentido amplio, pero no en la propia. En consecuencia, hay poca alegría a la hora de consumir. Esta es la conclusión que se desprende del informe ‘La confianza de los consumidores vascos’ correspondiente al primer trimestre del presente año, elaborado por Laboral Kutxa tras encuestar a 800 personas. El informe señala que el índice de confianza se ha consolidado en valores positivos, «pero no repunta hacia una posición clara de optimismo». Este resultado se debe a que los índices exteriores al hogar, como la expectativa de la marcha de la economía en general y del desempleo, son positivos. Por el contrario, la percepción de cómo discurrirá la economía de puertas adentro y sobre el ahorro familiar, siguen siendo negativos.

Un día después del debate parlamentario monográfico sobre las pensiones y 48 horas antes de un centenar de manifestaciones de jubilados que se presumen masivas, el partido del Gobierno evidenció su soledad en la comisión de Empleo del Congreso. Sus miembros instaron al Ejecutivo a derogar de manera inmediata el factor de sostenibilidad, otro mecanismo de ajuste que el gabinete de Mariano Rajoy introdujo en la reforma de 2013 por el que a partir del próximo año la cuantía de las nuevas pensiones se vincula automáticamente a la esperanza de vida. Supondrá una merma cuantificada en unos 75 euros anuales. De esta forma, la satisfacción del Gobierno por el resultado del pleno monográfico del miércoles, chocó con la realidad de que ningún partido respalda al Ejecutivo para aplicar el factor de sostenibilidad, uno de los pilares de su reforma.

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, explica la reacción de la UE al proteccionismo de Trump, repasa las medidas contra la elusión fiscal de las tecnológicas y anticipa un final exitoso del tercer rescate a Grecia.

El número de personas que recibe una pensión no contributiva (PNC) de jubilación y que apenas alcanza una mensualidad de 352 euros se ha incrementado un 25% en Euskadi en la última década, hasta alcanzar los 5.430 perceptores a cierre del pasado mes de enero. Tendencia que, ha evolucionado a la inversa que en el conjunto del Estado, donde la cifra total de jubilados que cobra una PNC se ha reducido un 4,6% en estos años hasta situarse en las 256.299. Eso sí, a diferencia de muchas comunidades del resto del Estado, en Euskadi este colectivo al completo tiene la posibilidad de acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El consejero vasco de Hacienda y Finanzas. Pedro Azpiazu, resaltó ayer el «importante papel que tienen las finanzas en una sociedad que quiere ser libre y próspera». Durante la clausura de las V Jornadas Financieras de Deusto Business School, Azpiazu recordó que la última crisis tuvo como origen el «frenesí colectivo» del anterior periodo de bonanza y por ello hizo un «llamamiento a democratizar las finanzas, a fomentar la transparencia y a elevar la cultura financiera de toda la población».

La Hacienda vizcaína ha reforzado sus efectivos para estrechar el cerco a los infractores. Desde el 1 de marzo 20 nuevos subinspectores se han incorporado al personal operativo en calle, compuesto ya por 142 profesionales –60 adscritos a esta categoría, 52 inspectores y 30 agentes fiscales–, que roza ya el 20% de la plantilla de este departamento de la Diputación. Este incremento, que continuará en 2019 mediante una oposición que aspira a incorporar a otros 12 inspectores de finanzas, reforzará la estrategia contra el fraude fiscal centradas este año en las grandes empresas, con especial atención a las que tributan impuestos especiales, y en la especialización en materia de comercio ‘online’. Además, el cerco se extenderá al mercado inmobiliario, sobre todo, al sector emergente de los pisos turísticos.

La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo 21 de marzo un plan legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas del sector digital y garantizar que pagan parte de sus impuestos en los países donde cuentan con mayor número de usuarios y donde generan los mayores beneficios. La propuesta incluye un nuevo impuesto a las empresas digitales que superen un determinado umbral de facturación (el borrador del proyecto lo cifra en 750 millones de euros) y un determinado umbral de ingresos por los servicios digitales prestados en la UE (el proyecto habla de una horquilla de entre 10 millones y 20 millones). El plan completo plantea una solución definitiva al problema de la elusión impositiva a través de una directiva que permita a los Estados aplicar el impuesto de sociedades a empresas que no tengan presencia física en su territorio.

La falta de acuerdo entre las distintas patronales sobre su representatividad en el sector volvió ayer a obstaculizar la negociación de un convenio. En este caso, impidió la constitución de la Mesa de la Construcción de Gipuzkoa que debe establecer las condiciones para renovar un convenio sectorial que data de 2009. Al encuentro programado para ayer en la sede donostiarra del Consejo de Relaciones Laborales acudieron los cuatro sindicatos con representación en el sector que son ELA LAB, UGT y CCOO. También asistieron cuatro organizaciones empresariales con presencia en la construcción como son Ascongi (Adegi), Garen, la Asociación de Albañiles de Gipuzkoa Eraiki, y la Asociación de Pintores de Gipuzkoa.

Son muy pocos los acuerdos sectoriales que se suscriben en los últimos años en Gipuzkoa, con lo que la firma de uno nuevo adquiere mucha relevancia y más si se trata de un pacto que está decaído desde 2010 y cuenta con el consenso de todos los sindicatos. Se trata del Convenio Textil de Gipuzkoa, que aglutina a 2.300 trabajadores. Las cuatro centrales con represtación en dicho ámbito –ELA, CC OO, UGT y LAB– y la patronal Garen alcanzaron ayer un preacuerdo, que además de mejorar las condiciones laborales permitirá recuperar «casi todo el poder adquisitivo perdido desde el inicio de esta década», según destacan las centrales.

La compañía alavesa Tubos Reunidos protagonizó ayer en Bolsa un auténtico hundimiento de sus acciones, que ya habían sufrido un duro varapalo en el último año. Los títulos de la empresa cerraron la sesión con una cotización de 0,331 euros, lo que supuso perder en tan solo un día el 32,35%. Así las cosas, al terminar la jornada, el valor de la firma en el mercado era de únicamente 58 millones de euros. Hace apenas tres años, en marzo de 2015, el valor en Bolsa de la compañía se situaba en 300 millones. El mensaje es claro. No existe constancia de que los accionistas tradicionales de la sociedad hayan reducido su participación, pero todo apunta a que muchos inversores han decidido desprenderse de sus títulos ante las incertidumbres reales sobre el futuro de la empresa.