20180310

El lehendakari y los empresarios vascos reprocharon ayer a EH Bildu que no participe en el acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo que se celebrará hoy en Bilbao. Iñigo Urkullu calificó de «lamentable» y «triste» que la coalición abertzale no acuda a la capital vizcaína y que no comparta algo en lo que coinciden todas las víctimas, «el decir que el terrorismo fue injusto». El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, manifestó su «profundo rechazo» por la ausencia del partido soberanista y pidió «posiciones mucho más claras, porque no hay matices posibles». Larrañaga incidió en que se le hace «más incomprensible» la ausencia de la coalición cuando tratan de explicarlo «diciendo que el lema ‘no es inclusivo’». «¿Con qué parte del lema no están de acuerdo? ¿Con lo de que ‘fue injusto’? ¿Con lo de ‘Sociedad y víctimas, construyendo juntos el futuro’? ¿Por qué es tan difícil para EH Bildu aceptar aquello que –desde el más común de los sentidos– es tan innegable?», se preguntó.

LAB ha cumplido su advertencia y no acudirá a la segunda reunión de la mesa sobre brecha salarial convocada por el Gobierno vasco, y que ha sido aplazada al día 20 –estaba prevista para este próximo lunes–. En consecuencia, este nuevo instrumento, que contará por primera vez con Emakunde, pierde gran parte de su eficacia sin las dos grandes centrales sindicales vascas –ELA renunció con anterioridad–, y justo después de la movilización feminista que el jueves desbordó las calles del país.  LAB no ocultó su descontento tras el encuentro de febrero al no observar avances. Y ahora basa su rechazo a la mesa en que no han recibido los datos sobre la situación de las mujeres en las empresas que exigieron a Confebask.

La Comisión Europea ha iniciado una carrera contrarreloj para tratar de convencer a la Administración de Donald Trump de que excluya a la Unión Europea de los aranceles del 25% y el 10% que Estados Unidos va a imponer al acero y al aluminio extranjeros en apenas 15 días. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario tiene ya preparada una lista propia de productos estadounidenses que serían ‘represaliados’ con un arancel al entrar en territorio europeo, Trump anunció las medidas el jueves por la noche y solo excluyó explícitamente a México y Canadá. Para el resto de socios, abrió una ventana de negociación.  La Comisión Europea teme que el presidente de EE UU, Donald Trump, utilice la imposición de aranceles a la importación de acero (25%) y de aluminio (10%) para dividir a la Unión Europea y arrancar concesiones que no estén relacionadas con la política comercial.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, calificó ayer de «mala noticia» el establecimiento de aranceles por parte de EE UU para el acero y el aluminio, pero mostró su satisfacción por la «rápida reacción» de Europa. Tapia se refirió así al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que la implantación de aranceles a la importación de productos de acero en ese país puede generar problemas en algunas empresas vascas. La consejera afirmó que es una «mala noticia» que «todas esas promesas que Trump hacía a lo largo de la campaña electoral sobre el proteccionismo se están cumpliendo o las está intentando cumplir», aunque también tiene «una contestación importante» en EE UU.

Los aranceles impulsados por Trump al acero y al aluminio no tendrán un impacto grave en la industria vasca. Asier Minondo, director del departamento de Economía de Deusto Business Scholl, especialista en economía internacional, explica que las exportaciones de Euskadi a aquel país suponen el 9% del total de las ventas de acero en el extranjero y el 5% en el caso del aluminio. Minondo añade que el problema de pérdida de empleo en Estados Unidos no ha sido provocado por la competencia foránea, sino por un incremento de la productividad derivada de las mejoras tecnológicas en el sector siderúrgico.

El día después de la histórica movilización de cientos de miles de mujeres en este 8 de marzo hizo sentirse interpelados a los poderes públicos, en Euskadi y en Madrid. Las instituciones vascas se comprometieron a atender el clamor del jueves y darle respuesta para «acelerar» el tránsito hacia la paridad real. El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, reconoció que es necesaria una «cultura de igualdad» en las plantillas de las empresas y que «no solo vale con normas». El presidente de Cebek también señaló que, para impulsar esa igualdad, son necesarias medias como jornadas flexibles en cuanto a horarios y, por ejemplo, poner las reuniones en horarios en los que se permita la conciliación de la vida familiar tanto de hombres como de mujeres.

Justa Montero, integrante de la comisión que organizó la movilización del jueves, afirma que después del 8 de marzo «no valen gestos y promesas». La comisión reclama cambios inmediatos, entre ellos librar los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por las comunidades autónomas a finales de 2017; revisar las diferencias en las pensiones; cambiar la Ley de Dependencia; llevar la educación en igualdad a las aulas, y revisar el acoso en la Universidad.. Aunque el discurso del Gobierno sobre el 8 de marzo ha variado radicalmente —del rechazo a una actitud favorable—, eso no implica respuestas inmediatas. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no abordará un plan global de acciones, sino que seguirá con las políticas ya previstas.

El PP reactivará sus propuestas sobre igualdad tras el éxito de las manifestaciones del 8 de marzo. Ha reaccionado a las protestas de los pensionistas y pretende hacerlo también a las reivindicaciones del movimiento feminista. El PP  siempre ha tenido dificultades para responder y adaptarse a los cambios sociales. En los últimos meses, sobre todo tras su sonora derrota en las elecciones catalanas que ha disparado el apoyo a Ciudadanos, da sin embargo señales de mayor agilidad. Ahora devolverá a la primera línea política sus medidas de conciliación, que han estado dormidas estos meses de legislatura.

¿Qué hacer tras el histórico 8-M? ¿Cómo aplicar la fuerza reivindicativa de la igualdad de género? Expertos en sociología, antropología, economía y políticas públicas proponen medidas concretas para eliminar la discriminación social, laboral o económica de la mujer. «Los permisos de paternidad en solitario acaban con la discriminación laboral y tienen efectos socializadores en el cuidado de los hijos». Lo dice Gerardo Meil, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de permisos parentales. Su apuesta es un permiso que el padre use en solitario, independiente y equivalente en tiempo al de la madre. Por ejemplo, el de Islandia: tres meses para la madre, tres para el padre y otros tres para quien la pareja decida.

Esta semana se ha difundido un informe —de la Universidad de Georgetown y del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo— que sitúa España como quinto país en el bienestar para las mujeres, muy por delante de donde la colocan otros organismos como la ONU o el Foro de Davos. Se trata del Índice Global de Paz y Seguridad de las Mujeres, elaborado por el Instituto de Georgetown para las Mujeres, Paz y Seguridad y el Instituto de Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo. El estudio compara 11 indicadores relacionados con la inclusión, la justicia y la seguridad y analiza desde los años de escolarización, la inclusión financiera, el empleo femenino, el uso de móviles o la violencia en el seno de la pareja.

El futuro vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dio ayer por seguro un encarecimiento de la financiación de la Eurozona y de España e instó a su sucesor en el Ministerio de Economía, Román Escolano, a prepararse para este nuevo entorno más difícil para el Tesoro. El ya ex ministro de Economía aseguró durante el acto público de toma de posesión de Escolano que «los tipos de interés subirán antes o después» y «España debe estar preparada». Insistió en que, a pesar de la recuperación, persisten como «vulnerabilidades» la alta tasa de paro y la «muy elevada» deuda externa, que pueden perjudicar a la economía española ante los mercados en un entorno de dinero más caro.

Román Escolano se estrenó ayer como ministro de Economía con un discurso en el que defendió la importancia de «avanzar» en tres pilares básicos para el crecimiento como son «la estabilidad presupuestaria, las reformas estructurales y la apertura al exterior». En el tradicional acto de traspaso de carteras, Escolano estuvo rodeado de seis ministros (Hacienda, Energía, Empleo, Defensa, Agricultura y Exteriores), la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su predecesor, Luis de Guindos. El nuevo titular de Economía recordó la transformación que ha vivido España desde los peores años de la crisis y resaltó el crecimiento actual. Sin embargo, dejó claro que quedan tareas pendientes.

El coste laboral por hora trabajada repuntó a finales de 2017. En el último trimestre creció un 1,6%, según el índice de coste laboral armonizado que elabora el INE. Supera el aumento de finales de 2016, pero no el de 2015. Lo mismo sucede cuando los datos se depuran de los efectos estacionales: en ese caso, la subida fue del 1,2%. Los salarios han crecido muy poco en las diversas estadísticas salariales de estos años. La que arroja aumentos más altos es la de convenios, que apenas muestra una subida por debajo del 1,5%. El índice publicado por el INE, un dato que parte de la encuesta trimestral de coste laboral y se depura para hacerlo homogéneo con los números de Eurostat, muestra una cierta revitalización: la cifra desestacionalizada no superaba incrementos del 1% desde hacía dos años pese al vigor que está mostrando la creación de empleo.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, quiso poner en valor ayer el acuerdo «histórico» sobre los salarios de los funcionarios de un alza de cerca del 9% entre 2018 y 2020 alcanzado con los sindicatos mayoritarios CSIF, CCOO y UGT porque por primera vez los salarios públicos van a crecer en función de la economía española y aprovechó para recomendar que el sector privado «tome nota».  El ministro subrayó que se trata también del primer acuerdo que se liga a la corrección del déficit público, condicionando una subida adicional a las administraciones que cuenten con recursos.

El incremento del 1,75% que aplicará este año el Gobierno central a sus funcionarios deja la puerta abierta a que el vasco pueda hacer lo propio con sus 70.000 empleados públicos. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu aprobó a mediados de octubre una subida del 1,5% para este año, aunque no se ha podido aplicar todavía ya que estaba condicionada a que el de Mariano Rajoy permitiera ese aumento. Pues bien, tras el acuerdo definitivo alcanzado ayer entre el Ministerio de Hacienda y los tres principales sindicatos del Estado, el Gobierno vasco tiene garantizada la aplicación de ese 1,5%, aunque tendrá que aprobarlo de forma definitiva el Consejo de Gobierno. A partir de ese momento se trasladará a las nóminas de sus empleados de forma retroactiva desde el 1 de enero de este año.

La actividad de la construcción en Euskadi se recuperó en 2017 tras años de caídas y logró un ascenso del 5,9% respecto a 2016. Según los datos aportados ayer por el Eustat, el sector logró el incremento debido a que la actividad en la edificación de viviendas aumentó un 8%. Por el contrario, la construcción de infraestructuras civiles (no residenciales), cayó un 8,8%. La recuperación del sector en su conjunto se logró tras años de caídas. En 2016 la actividad de la construcción en el País Vasco bajó un 0,1%, en 2015 un 0,4%, en 2014 el 3,5%. En 2013 la bajada fue mucho mayor, del 16,3%, y en 2012 alcanzó el 20%.

Comisiones Obreras y UGT alcanzaron ayer un preacuerdo de convenio sectorial con las patronales de la construcción de Bizkaia para un periodo de cuatro años (2017-2020). El pacto logrado por los dos sindicatos, que cuentan respectivamente con el 50% y el 6,32% de la representación del colectivo, y en la parte empresarial por la Asociación de Constructores de Bizkaia (Ascobi), la Asociación de Maestros Pintores y la Asociación vizcaína de Excavadores, fue criticado por insuficiente por ELA y LAB. El texto, que afectará a 25.000 trabajadores, recoge subidas salariales del 1,6% en 2017 y en 2018, y del 1,5% con garantía del IPC en 2019, mientras que para 2020 se negociará en su momento. Asimismo, se ha acordado una reducción de la jornada de ocho horas, quedando establecida en 1.704 horas anuales, y una ampliación de la ultraactividad a 18 meses de vigencia.

Las dificultades de acceso que presenta el mercado residencial ya sea en propiedad o alquiler para buena parte de la población castigada por la crisis centran buena parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda presentado ayer por el Gobierno y que cuenta con un presupuesto de 1.443 millones de euros hasta 2021. Las prioridades del Plan pasan por «favorecer el mercado del alquiler y la rehabilitación rural de inmuebles», tal y como señaló al término de la reunión el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Además, se concentra en las «familias y personas más vulnerables», como los jóvenes con bajos ingresos, mayores con necesidades especiales y hogares que hayan sufrido procesos de ejecución hipotecaria por impago. El Gobierno estima que las ayudas beneficiarán a más de medio millón de familias y permitirá la generación de más de 60.300 empleos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció este viernes la imposición de una sanción a diez empresas de mensajería y paquetería (Correos Express, Fedex, UPS, DHL, TNT, MBE, GLS, Tourline, ICS y Redyser) por un importe superior a los 68 millones de euros por ponerse de acuerdo para no realizar ofertas comerciales entre sus clientes. El organismo presidido por José María Marín Quemada ha impuesto la mayor sanción a Correos Express, por 19,6 millones, seguida de cerca por UPS, con 19,2 millones. En una nota difundida, la CNMC apuntó que había descubierto un total de nueve cárteles para repartirse los clientes.