20180308

Celebramos el 8 de marzo, hermoso y necesario día de la mujer trabajadora, con renovado ímpetu reivindicativo, pero también este aniversario con cierta precaución. Vamos a ver cómo lo digo sin que salga trasquilada en el intento. Aquí va: el principio de igualdad –por el que luchamos– no puede usarse como ariete sibilino para derribar las instituciones de la libertad. Libertad personal, civil, profesional y laboral, pero también libertad de empresa. La libertad, que al igual que los derechos de las mujeres, tanto nos costó conseguir, no puede retroceder por ideologías ocultas bajo la noble lucha por los derechos de la mujer...Por ejemplo, en el actual debate contra la brecha salarial –justo y necesario– se comete el error de culpabilizar en genérico a la empresa, sobre la que recae todo el peso y todo el gasto de cualquiera de las medidas legislativas propuestas por unos u otros partidos en esta materia. Más obligaciones, más costos y requerimientos administrativos, amenazas de duras sanciones y de inspecciones sin fin, limitación de la libertad de empresa y cuestionamiento de los principios de meritocracia, valía y esfuerzo.

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, cree que «la plena igualdad de hombres y mujeres es una exigencia ética y competitiva. No podemos prescindir de la aportación y el talento de la mitad de la población: una sociedad que no cuente con las mujeres está destinada al fracaso. Derribar los obstáculos sociales, culturales y de otra índole que todavía impiden esa plena igualdad es una tarea conjunta, de hombres y mujeres. Aunque ya nadie pone en duda su necesario empoderamiento, queda un largo camino. Y es imprescindible que las empresas lo entiendan como factor clave de competitividad. Nuestro compromiso por seguir progresando y trabajar conjuntamente es absoluto».

Las mujeres aspiran a convertir este 8 de marzo en un punto de inflexión en la lucha histórica por la igualdad. La huelga, los paros y las concentraciones convocados a lo largo de la jornada no solo pretenden denunciar la persistente disparidad entre sexos, sino demostrar que sin el trabajo y la entrega de ellas, la sociedad se para. Las instituciones y los poderes públicos han multiplicado sus mensajes, interpelados por la protesta feminista.

De una forma u otra, todos los partidos políticos y sindicatos apoyan las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer que este año irrumpe con fuerza con la convocatoria internacional de una huelga feminista en contra de la discriminación y de la desigualdad que sufren las mujeres. Un apoyo que no oculta la profunda división existente entre las distintas formaciones políticas y sindicales y que se traduce en que se registren multitud de convocatorias, tanto en los paros como en las concentraciones callejeras. Aunque este es el segundo año en el que el movimiento feminista internacional llama a visualizar las desigualdades con una huelga de mujeres, es la primera vez que ha tenido un eco y una difusión masiva tanto en España como en el País Vasco.

La desaparición de la brecha salarial entre mujeres y hombres va a estar presente hoy en todas las reivindicaciones que se van a escuchar en manifestaciones y comparecencias. A pesar de que esa diferencia económica se ha recortado en las últimas décadas, no es menos cierto que todavía quedan muchos pasos por dar. En Euskadi entre la población de 25 a 34 años, los hombres ganaban un 24% más. En la de 35 a 44, un 33% más; en la de 45 a 54, un 36% más y a partir de los 55 años la diferencia bajaba al 27%, según atestigua un estudio del Instituto Nacional de Estadística de 2015. Estas diferencias económicas en contra de las mujeres se dan en diferentes espacios de la sociedad, tanto en el ámbito público como el privado. Cuando una pareja tiene un hijo y uno de los dos debe hacerse cargo del bebé es, en la gran mayoría de los casos, la mujer la que renuncia a su trabajo para cuidar al niño.

Un fin de semana de mediados de enero, unas 400 mujeres de colectivos feministas de todo el país se encerraron en un centro social autogestionado de Zaragoza para ponerse de acuerdo para convocar una huelga feminista este 8 de marzo. El llamamiento de la conocida como Comisión 8M ha desbordado todas las previsiones. Es posible que no todas las mujeres hagan huelga hoy, pero es muy probable que muchos sectores queden tocados. Como avanzó este martes la encuesta de Metroscopia para El País, el 82% de los españoles cree que hay motivos para la huelga. Las mujeres exigen que la igualdad entre hombres y mujeres que está plasmada en la legislación sea real y efectiva.

Los cientos de miles de mujeres que hoy piden igualdad laboral y social vienen respaldadas por datos que revelan la brecha de género: Las mujeres cobran menos, trabajan en empleos más precarios y su presencia en cúpulas directivas es residual. Y no parece que haya mejorado la situación en los últimos años. La brecha salarial que separa hombres y mujeres es, todavía, mayor que antes de la crisis. Cada mujer española cobra de media al año 20.051 euros, 5.941 euros menos que los hombres españoles. Esto sitúa la longitud de la brecha un 23% por debajo del nivel masculino, según los últimos datos disponibles del INE, de 2015. Si situamos la diferencia salarial en el tiempo, a partir del 3 de noviembre las mujeres trabajarían gratis en España, según Eurostat. A pesar de ello, el Instituto estadístico de la Comisión Europea sitúa a España entre los países de la Eurozona con menor brecha salarial en 2016, por debajo de Alemania, Reino Unido, Portugal y Francia.

Accenture publicó ayer un informe, titulado Getting to Equal, que analiza la igualdad de oportunidades en las empresas. Concluye que el compromiso de los órganos ejecutivos es decisivo para reducir la desigualdad salarial. El informe analiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas a través de 22.000 encuestas a trabajadores de 34 países. Como resultado, la consultora ha identificado 40 factores que influyen en el desarrollo de la carrera profesional, factores que si formaran parte de los valores corporativos de las empresas conseguirían que por cada 100 hombres en puestos de gerente para arriba hubiera 84 mujeres en vez de las 34 actuales (45 en España). Y que, por cada 100 dólares que gana un hombre, las mujeres 92 dólares en vez de los 72 dólares de ahora. Es decir, que su salario se incrementaría un 51%, unos 30.000 dólares más al año. En España el incremento sería algo inferior, del 48%. Y representaría un incremento de 12.000 millones anuales más.

La presidenta de la comisión de igualdad de CEOE, Val Diez, aseguró ayer que la brecha salarial es un «resultado estadístico» y que lo que existe es una diferencia en la trayectoria laboral de mujeres y hombres. En un encuentro de mujeres empresarias con jóvenes estudiantes de bachillerato, la representante de la patronal afirmó que la realidad es que un hombre y una mujer «tienen que ganar lo mismo por el mismo trabajo» y que, de haber discriminación, las mujeres pueden acudir a los tribunales y que obtendrán una sentencia favorable.

La patronal vizcaína Cebek ha instituido los premios ‘Enpresan Bardin’ y ‘Cebek Emprende’ para reconocer, el primero, a la empresa vizcaína que destaque por sus actuaciones en favor de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, y el segundo, a compañías de reciente creación que representen valores de compromiso, participación, innovación y competitividad, y que tengan expectativas de generación futura de empleo y riqueza.

La mejora de la economía y la última reforma fiscal pactada en Euskadi, que rebaja el tipo nominal del Impuesto de Sociedades al 24%, tranquiliza a los empresarios vascos sobre los efectos de la fiscalidad en la evolución de los negocios de sus empresas hasta el punto que los empresarios de la Comunidad Autónoma Vasca son los que menos contemplan la fiscalidad como el factor más desfavorable para las cuentas empresariales, pese a que en el conjunto de España es esta cuestión la que tiene un mayor impacto negativo en la opinión de los empresarios. Según la opinión sobre el entorno empresarial publicada ayer por el INE, dentro del Indicador de Confianza Empresarial (ICE), la demanda de los productos, el entorno macroeconómico y la fiscalidad son los componentes que mayor importancia tienen en la capacidad de crecimiento de las empresas españolas.

Más de una de cada tres peticiones procedentes de todo el territorio español tienen su origen en Cataluña, el 37,6% del total. Su crecimiento contrasta con la pérdida de cuota de Madrid, que le sigue en la lista con el 19,3%. Cierra el podio el País Vasco (12,6%). El mayor ascenso se produjo en Andalucía, donde las solicitudes crecieron un 52,4%, aunque su peso en el total (9,3%) es inferior al que le correspondería por población.

Los datos publicados este miércoles por la Oficina Europea de Patentes tienen un sabor agridulce para España, que permanece muy lejos de la media de la UE y supone apenas un 1% de las solicitudes presentadas en la oficina europea con un total de 1.676. Pese a que encadena su quinto año consecutivo de subidas y alcanza su máximo histórico gracias a una mejora del 7,4% respecto a 2017 —un avance que prácticamente triplica al de sus socios de la UE—, España no alcanza los números que cabría esperar de la cuarta economía de la eurozona.

Álava toma la delantera y se convierte en el primero de los tres territorios históricos vascos en aprobar la reforma fiscal. Las Juntas Generales sacaron adelante ayer la proposición de modificación de diversas normas y tributos gracias al acuerdo que había sido alcanzado por los dos partidos que sustentan el Gobierno foral, PNV y PSE, con el PP. Nacionalistas, socialistas y populares también darán luz verde a la reforma en Bizkaia y en Gipuzkoa una vez que concluya el proceso de tramitación en el que se encuentran inmersos en la actualidad. En todos los casos tendrá especial incidencia la modificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 28% al 24% –dos puntos en 2018 y dos en 2019–, algo que en Álava «llevará a las empresas a competir en igualdad de condiciones con respecto a las instaladas en los territorios vecinos», explicó ayer el diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano. Las tres diputaciones coinciden en el planteamiento de que la reducción de tipos aspira a mejorar la competitividad empresarial.

España ya tiene nuevo ministro de Economía e Industria. Mariano Rajoy comunicó ayer al Rey que finalmente se ha decantado por Román Escolano , hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para relevar a Luis de Guindos y asumir el desafío de mantener el buen rumbo actual de la economía española. Con el nombramiento de Escolano para el puesto, el presidente apuesta por un perfil muy similar al de Guindos, lanzando un mensaje de continuidad en la política del Gobierno. La amplia trayectoria en el sector público del nuevo ministro de Economía refleja dos de las principales virtudes que han hecho que finalmente haya sido el elegido para el cargo: su solvencia técnica y la experiencia en asuntos europeos.

Román Escolano recibe como herencia de Luis de Guindos un país en una situación mucho más favorable de la que el nuevo vicepresidente del BCE se encontró en 2011, pero también se enfrenta a una serie de reformas pendientes, algunas ya esbozadas, como la escisión de la CNMC o el impulso a la industria y otras que no se han podido sacar adelante, el caso de la Ley de Servicios Profesionales, o que han sido cuestionadas por los tribunales, como la unidad de mercado.

La Unión Europea eleva su apuesta para intentar evitar una guerra comercial con Estados Unidos. Y lo hace amenazando, precisamente, a productos clave para los estados que forman la base electoral de Donald Trump y el Partido Republicano: la franja sur del gigante americano. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, desveló ayer «la lista provisional» de productos que se verían sujetos a aranceles, en el caso de que la UE no se viera excluida de las medidas contra el comercio de acero y aluminio, en el que la agricultura ocupa un lugar destacado, aunque también aparecen un amplio catálogo de bienes industriales.

En las últimas semanas han surgido discrepancias entre ELA y LAB. La primera fue la decisión de LAB de participar en la mesa en la que se abordó la brecha salarial –el pasado 21 de febrero–, junto con CC OO, UGT, Confebask y el Gobierno vasco. Un foro del que renegó ELA. La segunda discrepancia ha surgido esta misma semana y también en el ámbito de la negociación colectiva. En concreto, LAB se ha descolgado de las huelgas convocadas junto con la central nacionalista en tres sectores de la educación pública: Educación Especial, Limpieza y Cocinas y Haurreskolas, tras firmar convenios en dichos ámbitos. Un descuelgue que ha provocado en este caso la dura reacción pública de ‘Txiki’ Muñoz, quien quiso dejar claro ayer que «sin huelgas no es posible una acción estratégica con LAB».

El presidente de CEOE, Joan Rossell, y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, instaron ayer a reducir la disparidad normativa entre las comunidades autónomas y evitar las duplicidades legislativas que dificultan el desarrollo empresarial. Los representantes de la patronal apostaron por una Administración única y digital. Según denunció Rosell durante su comparecencia en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, estos «localismos» y «fronteras» conllevan «trabas burocráticas y administrativas» que constituyen un «quebradero de cabeza» para las empresas.

El enfrentamiento del Gobierno con la oposición por la falta de acuerdo sobre el modelo de subida anual de las pensiones bloquea la reforma de estas prestaciones en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Este es el balance de la larga reunión que mantuvo ayer la Comisión, que volverá a verse el próximo día 20. Todos los grupos de la oposición pidieron al Gobierno que cambie la fórmula actual de revalorización anual de las pensiones, «para garantizar el poder adquisitivo» de los jubilados frente a la inflación.  El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, dijo que está dispuesto a modificar la fórmula de revalorización de las pensiones, pero no a admitir que se vuelva a ligarlas con la evolución de la inflación.

España sigue siendo uno de los países con desequilibrios macroeconómicos, según la Comisión Europea . La abultada deuda pública, privada y exterior la hacen vulnerable ante potenciales subidas de los tipos de interés. Bruselas, además, entró ayer de lleno en el debate de las pensiones: las reformas aprobadas en 2011 y 2013 van en la dirección de garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque la Comisión sostiene que provocarán «un declive gradual en el valor real de las pensiones existentes». El Ejecutivo de la UE sostiene que las reformas fueron necesarias ante el estancamiento económico, el envejecimiento de la población y el aumento de la pensión media. Esos factores pueden suponer «un impacto negativo potencialmente fuerte en los niveles de vida de los pensionistas» en los próximos años.

El Brexit no conducirá al vínculo profundo y ambicioso que pide Reino Unido para su relación futura con la UE. Las líneas rojas que ha trazado Londres apenas permiten a Bruselas ofrecer un acuerdo de libre comercio, con otros capítulos de cooperación en justicia, defensa, seguridad y aviación. Esas son las directrices que presentó ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y que marcarán la negociación sobre el nexo entre Londres y Bruselas tras el acuerdo de separación. La oferta queda muy por debajo de las expectativas británicas.

La evolución del astillero vizcaíno La Naval de Sestao tiene tintes de agonía. Primero fue el aforamiento de pérdidas millonarias a finales de 2016; más tarde, la búsqueda infructuosa de un nuevo inversor; a principios del pasado octubre, la suspensión de pagos; también la entrega anticipada y sin terminar de dos buques; y ahora, la carrera contra el reloj para convencer a la banca de que aún es posible salvar algo. La compañía necesita alcanzar un acuerdo con las entidades financieras antes de que acabe el mes de marzo para retomar la construcción del único barco que queda en sus gradas. De lo contrario, el proceso de liquidación judicial estará servido.