20180304

La Unión Europea ha reaccionado con contundencia al anuncio del jueves del presidente de EE UU, Donald Trump, de que la próxima semana establecerá aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio, en lo que se interpreta como la declaración de una guerra comercial. La UE respondió al día siguiente con la amenaza de imponer tasas por importe de 2.800 millones a productos estadounidenses como Bourbon, Levi’s y Harley-Davidson. Pero por si la perspectiva de represalias no surte efecto, también está desplegando una ofensiva diplomática para tratar de evitar el peor desenlace. Prueba de ello es que el Gobierno alemán anunció ayer el viaje urgente a Washington de su coordinador para la Cooperación Transatlántica, Jürgen Hardt. Según se exponía en el comunicado, el objetivo de la visita es analizar las «diferentes opiniones en la política comercial» y tratar de buscar «respuestas comunes y soluciones».

Donald Trump no para. El presidente de Estados Unidos parece decidido a un cuerpo a cuerpo comercial con Europa. Tras el anuncio de nuevos aranceles al acero que importa y la amenaza de represalias de Bruselas a la medida, ayer el mandatario lanzó un nuevo desafío. «Si la UE quiere aumentar aún más sus aranceles y barreras sobre las empresas estadounidenses, simplemente aplicaremos un impuesto sobre sus coches que llegan libremente a EE UU», escribió en Twitter.

Ha sido un largo y empedrado camino, pero los beneficios de las empresas españolas cotizadas se acercan poco a poco a los niveles previos al estallido de la crisis financiera. El pasado curso se recuperó el factor imprescindible para garantizar un crecimiento sostenido de los beneficios: unas ventas fuertes. En 2017 los grupos del mercado continuo ganaron 49.058 millones de euros, un 67% más que el año anterior. Esta cantidad, sin embargo, conviene matizarla puesto que recoge un efecto contable distorsionador. Abengoa, gracias al beneficio no recurrente derivado de su reestructuración financiera, pasó de perder 7.629 millones en 2016 a apuntarse unas ganancias de 4.277 millones. Sin incluir los datos del grupo de ingeniería, el beneficio neto atribuido a los grupos cotizados se situó en 44.781 millones de euros, un 21,2% por encima de 2016.

Las trayectorias laborales de Almudena Alonso Herreros y David Barrado forman líneas paralelas desde los noventa. Entonces ella nunca pensó que ser mujer iba a representar una carga. Sin embargo, a sus 48 años, recapacita. Tras ser madre, no pudo viajar para promocionar sus publicaciones. En otro mundo laboral, el de la abogacía, Raquel López Abellán, de 33 años, también echa la vista atrás —como su compañero, Román Morales— y también ve piedras en el camino. Recuerda un detalle: hay veces que miente y no dice, al contestar el móvil, que está en casa atendiendo a sus hijos. Han llegado al mismo lugar profesional que sus compañeros, pero las dificultades no han sido las mismas. Son ejemplos de la desigualdad que las reivindicaciones que se celebrarán esta semana, especialmente la huelga y las manifestaciones previstas para el jueves 8, quieren poner de manifiesto.

¿Qué vais a hacer con los niños? La pregunta, a madres y padres, a la sociedad, a las empresas, casi nunca se formula así. Pero de cómo se responde dependen los sueldos, las jornadas laborales, las oportunidades de trabajo, la promoción a puestos directivos o las pensiones. Y la respuesta que se da cada día endosa buena parte de la factura a las mujeres. «Los empresarios tienen una base de datos en la cabeza, y lo que les dice es que las mujeres somos mano de obra de alto riesgo, que estaremos menos disponibles para el empleo, que nos ausentaremos más, que nuestro puesto podría llegar a estar más protegido del despido», resume María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales.

La grandeza de un país y la dimensión de su progreso social pueden medirse por cómo trata a sus mayores. Por cómo trata, al fin y al cabo, a quienes construyeron esa sociedad. Pues bien; aquí y ahora, nuestros mayores están enfadados porque se sienten maltratados. La indignación es tal que por primera vez desde que se tiene memoria miles de ellos han salido a las calles para protestar. Y quieren seguir haciéndolo hasta que el Gobierno les escuche. ¿Qué piden? Que sus pensiones se revaloricen según el IPC (el 1,1% en 2017) y no únicamente el 0,25% que les condena a ser más pobres. Y les pasa a ellos, que han puesto los cimientos del Estado del Bienestar, que han sido el sostén de miles de familias durante la crisis, y que ahora ven que todo eso se les agradece con copagos, con el encarecimiento de las medicinas, con recortes en las pensiones...

El Instituto Nacional de Estadística confirmó el pasado jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 3,1% en 2017, con lo que la economía española encadena ya tres años creciendo más de un 3%. La previsión del Ministerio de Empleo es que ya el año que viene se alcancen los 20 millones de ocupados. Además, España ha recuperado buena parte del crédito perdido y está cerca ya de salir del procedimiento de déficit excesivo. Y, sin embargo, todo esto no es suficiente para que el Gobierno suba las pensiones más de un 0,25% y evite así que los pensionistas pierdan poder adquisitivo en un contexto económico tan positivo como el actual. La razón principal es que la crisis económica se llevó por delante la estabilidad de la Seguridad Social, y recuperar eso va a requerir muchos años de crecimiento y creación de empleo, pero también medidas políticas muy importantes y consensuadas de las que por ahora no hay ni rastro.

Los jubilados se manifiestan estos días para recuperar el poder adquisitivo de sus pensiones. La queja se ha convertido en objeto de enfrentamiento entre oposición y Gobierno y ha obligado a reactivar el debate en el Pacto de Toledo. Sea cual sea la solución, esto será solo una parte del problema. En los próximos años, en 2022 o 2023 (antes para el que se retire anticipadamente), comenzarán a jubilarse las generaciones más numerosas de la historia de España, las del baby boom: los nacidos entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta. Los expertos advierten de que la factura se disparará.

El Ministerio de Empleo calcula que sería necesario elevar con fuerza la presión fiscal a partir de la próxima legislatura si se revalorizaran las pensiones con el aumento de la inflación. Así, según los cuadros de evolución que maneja el Ministerio, cada punto de PIB que suba el gasto en pensiones (actualmente equivale al 11,75%), son 640 euros de IRPF por trabajador.

La emancipación y el empleo siguen siendo los dos aspectos que más preocupan a los jóvenes vascos cuando terminan sus estudios, ya que desde hace una década ambos son retos especialmente complicados para la población menor de 30 años en Euskadi. Aunque en los últimos años los datos muestran una evolución positiva, las cifras siguen estando muy lejos de las de antes de la crisis. Por poner un ejemplo, aunque la tasa de paro juvenil ha bajado, sigue duplicando la que había en el año 2008.

Los precarios digitales están en el centro de la polémica. Las ocupaciones surgidas de lo que en un principio se llamó economía colaborativa han degenerado en un nuevo estamento de trabajadores sin derecho a reclamar nada a su empresa simplemente porque esta no le considera un empleado. Las inspecciones de trabajo de Valencia y de Madrid han multado a la compañía de reparto de comidas Deliveroo por emplear falsos autónomos. Y las de Barcelona y Zaragoza se preparan para hacer lo mismo. Pero el debate sobre la depauperación de las relaciones laborales subió un escalón esta semana con la decisión de Glovo de obligar a sus nuevos repartidores a pagar una tarifa de dos euros cada 15 días.

Rafael Domenech, director de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, será el encargado de abrir el próximo martes el ciclo de conferencias financieras que organiza cada año Deusto Business School . Domenech llega a Bilbao con una ponencia sobre el tamaño de las empresas y la competitividad, cuestiones que van de la mano. Por ello, advierte de que las empresas que no mejoren su productividad no podrán subir sueldos.

El currículum de Pedro Luis Uriarte está lleno de hitos, especialmente desde el día en que el lehendakari Carlos Garaikoetxea le llamó a filas para poner en orden las cuentas y activar la economía vasca en el primer Gobierno vasco tras la dictadura franquista. Con 37 años fue el jefe de la delegación vasca que negoció el acuerdo sobre las leyes del Concierto Económico. Fueron unas negociaciones maratonianas en las que el antiguo banquero logró arrancar a los delegados del Gobierno de Adolfo Suárez un articulado ambicioso del Concierto y el cálculo del Cupo actualmente discutido por algunos en España. Frente a los que sostienen que el Cupo es de facto un “cuponazo” y un privilegio para Euskadi, Uriarte sostiene que Euskadi paga más de lo que debería.

Filóloga de formación, Pilar Albiac comenzó su carrera en General Motors, donde necesitaban a alguien políglota «y no había hombres con ese perfil». Llegó a ser la primera mujer responsable de Recursos Humanos en la planta de Cádiz y directora de fábrica en Estados Unidos. Prosiguió su carrera en Airbus, donde ocupó el sillón de vicepresidenta ejecutiva. Miembro del Consejo de Supervisión de la empresa de ingeniería industrial Vallourec SA desde 2015, el martes hablará sobre su experiencia en el tercer congreso Women in Progress, organizado por El Correo en Vitoria. Se trata de un evento para fomentar la vocación tecnológica entre las mujeres.

«En nuestro mercado laboral hay dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda. Ciudadanos haciendo trabajos idénticos con dos niveles de protección legal completamente diferentes. En 2017, el 90% de los nuevos contratos fueron temporales. Uno de cada cuatro tenía duraciones menores a una semana. Seis millones de españoles no llegaron a cobrar el equivalente al salario mínimo anual (10.200 euros). […] Para acabar con esta discriminación hemos presentado un proyecto de ley contra la precariedad. Una reforma ambiciosa, justa y viable que mejora los derechos de todos los trabajadores, les da estabilidad en el empleo y aumenta la competitividad de nuestras empresas».

«[…]  Hace ya varios, la propuesta de la patronal CEOE de regular los trabajos en prácticas, sin exigir a cambio una remuneración, levantó una espesa polvareda. No me extraña. Dicho así, sin más, esto de trabajar sin cobrar parece un claro ejemplo de explotación despiadada. Pero pienso que el asunto tiene más aristas y requiere introducir ciertos matices. No cabe duda de que estamos acostumbrados a un esquema en donde la gente paga, poco pero paga, por estudiar en la red pública y bastante por estudiar en la privada. En concreto paga muchísimo por estudiar en los niveles previos a la incorporación al mercado laboral. Los famosos y excesivamente generalizados másters. En cambio, todo el mundo espera obtener una remuneración como contrapartida a su trabajo».