20180224

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, compareció ayer a petición propia ante la comisión del Parlamento de Vitoria que analiza los asuntos de su departamento para dar cuenta del Plan Estratégico de Empleo 2017-2020, aprobado por el Ejecutivo el pasado año. Beatriz Artolazabal recordó que la iniciativa, que cuenta con un presupuesto global de 1.175 millones de euros, incluye distintas medidas encaminadas a «reforzar» la «plena incorporación en igualdad de condiciones» de las mujeres de Euskadi a la actividad económica y el empleo. Señaló que se incluye como «principio transversal» la eliminación de la brecha salarial, aunque no detalló acciones concretas en este ámbito. Desde la oposición no se lo creyeron. Jon Hernández, de Elkarrekin Podemos, criticó incluso que el plan carezca de acciones con perspectiva de género, mientras que Nerea Kortajarena, de EH Bildu, afeó que el asunto ocupa «muy poco» espacio en el documento.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, clausuró ayer en el salón de actos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián el 25 Foro de Empleo Tecnun, en el que tomaron parte 72 empresas. Allí, abogó por lograr que los jóvenes tengan «una primera experiencia laboral». En este sentido, destacó que el pasado año «un total de 6.700 jóvenes» lograron una primera experiencia de trabajo a través de los programas puestos en marcha con este objetivo por los distintos departamentos del Gobierno.

El secretario general del  sindicato ELA, Txiki Muñoz, defendió ayer que la huelga y la caja de resistencia son instrumentos «esenciales» para el sindicalismo que quiere hacer algo en serio contra la precariedad. El dirigente sindical se dirigió así en una asamblea celebrada en Bilbao con varios centenares de delegados de la Federación de Servicios Públicos-Gizalan. En el transcurso del acto, el máximo responsable de ELA reiteró su discurso de que el sindicalismo vasco tiene que «pasar a la ofensiva»,  para lo que va a poner todos los medios humanos y económicos al servicio de la misma.  Txiki Muñoz denunció la actual política de contratación, tanto en el sector público como en el privado.

La nómina de las pensiones en el País Vasco ha supuesto este febrero a la Seguridad Social casi 634,6 millones de euros, lo que si bien en número de prestaciones son el 5,7% de las que se abonan en España, en montante económico representan el 7,1% del gasto total del sistema nacional en este mes, que ha ascendido hasta los 8.925,12 millones. En la comunidad autónoma, tanto la prestación media como la cifra de pensiones han aumentado más que en el conjunto de España en comparación con febrero de 2017 y, en consecuencia, el gasto también lo ha hecho.

Nueve millones de pensionistas españoles estaban esperando la reacción de Mariano Rajoy el día después de que decenas de miles de jubilados tomasen las calles para reclamar una subida en sus prestaciones. Y, como era previsible, el presidente del Gobierno dejó ayer claro que ve inviable mejorarlas por encima del 0,25% anunciado. Nada de actualizar el IPC. No sólo eso; considera que, en la situación actual, con el déficit como un pesadísimo lastre para el sistema, quien prometa alegremente subidas en esa cuantía estará «tomando el pelo a la gente». Por su parte, el PSOE anunció ayer que presentará una proposición de ley para que las pensiones suban este mismo año un 1,6%, esto es, en línea con la evolución del índice de precios de consumo (IPC). La propuesta de los socialistas cuenta con el respaldo tácito de Podemos.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido presentar el proyecto de los Presupuestos de 2018 antes de finales de marzo, según confirmó el presidente ayer desde Bruselas. «Habrá nuevos Presupuestos sí o sí», reiteran en Hacienda. En el Gobierno aseguran que se han retomado las negociaciones con Ciudadanos y PNV, pero el partido de Albert Rivera lo niega y se muestra escéptico sobre la intención del Ejecutivo. En Ciudadanos dudan que realmente pretenda aprobarlos y ven detrás de esta nueva idea un intento del Gobierno de retomar la iniciativa política.

Los inversores internacionales pusieron el foco de forma intensa en empresas y activos españoles durante 2017, un ejercicio en el que el crecimiento de la economía española superó el 3% por tercer año consecutivo, liderando de nuevo la progresión entre los grandes países europeos. Fondos, multinacionales e inversores extranjeros anunciaron o completaron compras de compañías y activos españoles por cerca de 55.000 millones de euros, según datos de la consultora TTR, la mayor cifra de, al menos, la última década, antes de que comenzase la crisis económica internacional, que afectó a España de forma severa. Los 55.000 millones superan ampliamente los algo más de 40.000 millones de 2016 y los 47.000 millones de 2014 –la mayor cifra en los últimos años–, y casi triplican los 20.000 millones de 2013. Los tipos bajos, el mayor crédito y los precios atractivos han elevado la actividad.

La producción de vehículos en España comenzó 2018 con 243.706 unidades fabricadas durante el mes de enero. Supone un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo de 2017, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Por su parte, las exportaciones de vehículos supusieron el 80,2% de la producción total en España en el mes de enero, hasta 195.635 unidades. Representa un crecimiento del 10,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

El presidente de la Bolsa de Bilbao, Manuel Ardanza, considera que el mercado alternativo (MAB) es «una necesidad», ya que en Europa el acceso a los mercados de capitales por parte de las pymes resulta «un problema». Ardanza realizó estas manifestaciones en el marco de una conferencia sobre la ‘Situación actual de los mercados financieros’ en la Cámara de Comercio de Bilbao.

En marzo del año pasado, cuando se anunció el pacto entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos de 2017, Albert Rivera anunció a bombo y platillo que había conseguido extraer del Ejecutivo unos 4.100 millones a cambio de su apoyo. Casi un año después, ¿qué ha pasado con esos fondos? Una parte no se ha gastado; otra eran partidas ya aprobadas y solo se han desembolsado como nuevos unos 750 millones. El complemento salarial para jóvenes, la Red Cervera de I+D, el aumento de ayudas a la dependencia o la lucha contra la pobreza infantil han quedado en parte aparcados. El Gobierno ha dejado sin desembolsar unos 1.600 millones. Sí que ha gastado en ampliar las bajas de paternidad o la tarifa plana de autónomos.

La Diputación vizcaína activará el próximo lunes su plataforma de financiación colectiva y añadirá un nuevo producto a su catálogo de ayudas a los emprendedores. Será la primera iniciativa pública de crowdfunding del sur de Europa y arranca además con varios proyectos en cartera que buscarán, bajo el paraguas de Bizkaia, el dinero que necesitan para ponerse en marcha. Tras varios meses de maduración, la sociedad de capital riesgo de la Diputación, Seed Capital Bizkaia, ya ha logrado todos los permisos administrativos y del regulador para lanzar uno de sus proyectos más innovadores. El micromecenazgo o crowdfunding es un sistema de financiación abierto y global que utiliza Internet y se apoya en las redes sociales para poner en contacto a los promotores empresariales con posibles inversores.

Euskadi ha perdido 11.683 autónomos y el PP vasco pretende invertir esta tendencia singular cuando la transformación de la economía en el resto de España manifiesta un incremento de los empleados que se generan su propio puesto de trabajo. El presidente Alfonso Alonso, empeñado en dotar su apuesta por la «estabilidad» en mensajes sectoriales proactivos, anunció ayer su pretensión de impulsar cambios en la Ley vasca de apoyo a los emprendedores de 2012 para poner en marcha instrumentos como el mecenazgo por parte de las grandes compañías vascas de nuevos proyectos liderados por los jóvenes. Alonso ha jalonado de encuentros sectoriales los próximos meses hasta el próximo verano con la intención de concretar el posicionamiento político del PP y ganar músculo social después de sufrir durante los últimos años un paulatino descenso de apoyo electoral.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, pidió ayer «erradicar la precariedad y dignificar las relaciones laborales», además de «aumentar el control y la inspección sobre las empresas» como forma de reducir la siniestralidad laboral. Aranburu propuso estas medidas durante una rueda de prensa para presentar un informe sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales registrados en el País Vasco y Navarra durante 2017. Según este informe, la suma de las muertes en accidentes laborales registrados en ambas comunidades autónomas ascendió a 53 decesos (41 en la CA V y doce en Navarra), la misma cifra que en 2016 cuando se contabilizaron 40 en el País Vasco y trece en la Comunidad Foral.

Europa crece. Está empezando a superar las heridas de la crisis económica y financiera, y los problemas tradicionales —reparto de poder y reparto de fondos— vuelven al primer plano. Los Veintisiete, ya sin contar con Reino Unido, iniciaron ayer el debate sobre los presupuestos de la era pos-Brexit para el periodo 2021-2027. La salida de Londres causará un agujero de hasta 12.000 millones en las cuentas europeas, y las nuevas exigencias relacionadas con la seguridad y la inmigración plantean un problema de recursos. Alemania y Francia están dispuestas a pagar más al presupuesto europeo, y ni el Este ni el Sur quieren perder fondos. Crece la presión para que, además de los grandes, los países ricos que no quieren pagar más —Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca— hagan aportaciones adicionales.

La Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa (Aspegi) entregará el jueves los galardones que reconocen el trabajo de mujeres brillantes en su actividad. Este año las premiadas son María Jesús Insausti y Alicia Gómez. La primera al frente del caserío familiar ha sabido conjugar los avances tecnológicos con el respeto a una producción sostenible. La segunda lidera un equipo de 200 profesionales integrados en DMP y Zehatz, firmas que forman parte del grupo Egile, situado en la élite de sectores tan competitivos y exigentes como el aeronáutico.

Ciudadanos se dispone a lanzar una ofensiva parlamentaria en Cantabria para que el presidente regional, Miguel Angel Revilla, se sume a sus ataques contra la autonomía fiscal vasca. El partido naranja ha escogido su objetivo a conciencia. El Concierto Económico  ha sido objeto de críticas e, incluso, de demandas judiciales por parte de las comunidades limítrofes. La Rioja, Cantabria y Castilla y León han impulsado históricamente pleitos contra impuestos vascos que consideraban una competencia desleal. En el caso de Cantabria, la relación con Euskadi se ha reconducido en los últimos tiempos tras la reunión entre el lehendakari y Revilla celebrada en el año 2015.