20180223

Primer paso, aunque puede resultar meramente simbólico, para configurar una Ley de Igualdad Retributiva con la que se pueda reducir la brecha de salarios que existe entre hombres y mujeres, así como para actuar en otro tipo de iniciativas laborales con las que se consiga un equilibrio entre géneros en las Administraciones y las empresas privadas. El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a tramitar esa norma con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que se abstuvo. La proposición de ley –una propuesta que no es vinculante ni de obligado cumplimiento para el Ejecutivo– fue presentada por Unidos Podemos y recibió finalmente el apoyo de todo el arco político (con 210 votos a favor) a excepción de los populares, quienes consideran que se trata de una iniciativa demagógica de cara al próximo 8 de marzo.

Al inicio de 2018, los trabajadores vascos con convenio actualizado no llegaban al 40%, y casi el 20% habían perdido la cobertura de la negociación colectiva, según el avance de resultados de la situación socio laboral en Euskadi en 2017 del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). El contexto legal, con la aplicación de la reforma laboral de 2012, y las dificultades para alcanzar acuerdos entre los agentes sociales vascos propiciaron durante el año que los convenios de ámbito estatal ganaran terreno respecto a los registrados en la comunidad autónoma. En los seis últimos años los trabajadores afectados por convenios estatales crecieron más de 20%, mientras que en el mismo período las personas con cobertura de convenios vascos se redujeron un 35%. En ese sentido, el acuerdo interprofesional de principios de 2017 que firmaron los sindicatos y la patronal para dar prioridad aplicativa a los convenios vascos apenas ha tenido repercusión hasta la fecha, explica el CRL.

Miles de pensionistas de toda España se manifestaron ayer en más de 40 localidades para defender el sistema público de pensiones y protestar ante la «insuficiente» subida anual del 0,25%. La campaña de movilizaciones, convocadas por la Marea Pensionista y respaldada por los sindicatos mayoritarios comenzó el 15 de febrero. Ayer estaba prevista una «gran manifestación» en distintas ciudades. Con más de 35.000 pensionistas, Bilbao vivió la mayor concentración protagonizada por jubilados y viudas para protestar por su pérdida de poder adquisitivo. En Madrid, miles de personas llegaron al Congreso y sortearon las barreras de seguridad.

Atender una de las reivindicaciones de la creciente movilización de pensionistas y futuros jubilados en las calles españolas exige con el actual sistema de pensiones un gran esfuerzo como país y batir récords de crecimiento de la economía. Según una estimación confidencial de la dirección general de Seguridad Social del Ministerio de Empleo, el Producto Interior Bruto (PIB) de España debe crecer un 4,2% de media anual hasta 2050 para poder subir las pensiones como la inflación sin que se dispare en exceso el gasto del sistema. De ahí la necesidad de reformar el sistema. La economía española está creciendo actualmente a un ritmo del 3%, que no sería suficiente para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo sin descontrolar aún más el gasto del sistema.

El secretario general de ELA, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz, denunció ayer «el ataque a la libertad sindical dirigido desde el Gobierno vasco» y advirtió de que su central, la mayoritaria en Euskadi, está «preparada para la ofensiva» y peleará con «uñas y dientes» para defender este «derecho fundamental». El máximo dirigente de ELA explicó que su sindicato no participó en la reunión de anteayer sobre la brecha salarial –convocada por el Ejecutivo de Urkullu– porque no acude a lugares que buscan «entretener» al movimiento sindical con el fin de «desviar la atención» y «dormir» sus reivindicaciones. De hecho, «los que sí acudieron a la reunión tienen serias dificultades para explicar de qué hablaron», criticó Muñoz, quien acusó al Gobierno vasco de «liderar una cruzada contra el derecho a la libertad sindical».

El Parlamento vasco, a instancias de EH Bildu y con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, expresó ayer su «preocupación» ante el proceso de «venta de participaciones empresariales» por parte de Kutxabank, e instó a la entidad financiera y a sus accionistas, las fundaciones de las tres antiguas cajas, a frenar el «proceso de desinversión» y a buscar soluciones que permitan que esas acciones se queden en Euskadi.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó ayer la posibilidad de despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo, siempre que se comuniquen los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores y que esta decisión no vaya en contra de una normativa nacional, como es el caso de la legislación de España, donde ocurrió el caso enjuiciado. Así, el alto Tribunal comunitario confirma que la Directiva 92/85, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, no se opone a una normativa nacional que permite el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo.

El País Vasco es la tercera comunidad autónoma con más empleo para los graduados superiores. La tasa de paro en su población con estudios universitarios se sitúa en el 8,3 %, por encima de la Navarra (6,6 %) y la de Baleares (7,2 %). En el lado opuesto están Andalucía y Canarias, que tienen un nivel de paro entre titulados superiores por encima del 17%. En general, los licenciados universitarios y doctores han padecido una devaluación salarial como consecuencia de la crisis, con un recorte del 10% en su nivel de ingresos. Son datos recogidos en el informe ‘Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2017’, publicado por la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), en el que se establece un ránking de comunidades españolas en función de la investigación, orientación internacional o contribución al desarrollo de la sociedad de los centros de estudios superiores. La clasificación coloca al País Vasco solo por detrás de Cataluña, Navarra y Madrid.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo acaba de publicar el informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica, 2017, en el que realiza un completo análisis sobre la situación de las universidades en España. Una de las conclusiones que arroja el estudio es la constatación de cómo los licenciados universitarios, doctores y similar han sido uno de los colectivos que más han sufrido la devaluación salarial como consecuencia de la crisis. Estima que la caída de sus ingresos en términos reales, descontada la inflación, ha sido del 10%.

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y LAB alcanzaron ayer un preacuerdo de convenio con dos patronales vizcaínas del sector de limpieza de edificios y locales, que afectará a cerca de 12.000 trabajadores. Estos empleados estaban sin convenio desde 2014. UGT explicó que el acuerdo será de eficacia general y tendrá vigencia hasta 2020. El pacto establece una subida salarial del 3% para este año y un incremento del IPC resultante del año anterior para 2019 y 2020.

La tensión entre Iberdrola y Siemens en el seno de Gamesa continúa. La eléctrica quiere elevar a la junta de de accionistas Gamesa (rebautizada como Siemens Gamesa) puntos adicionales en el orden del día para blindar la españolidad del grupo en cuanto a la sede y a sus proveedores. La junta de Siemens Gamesa ha sido convocada para el 23 de marzo. Iberdrola tiene el 8% del grupo. Es el segundo accionista, tras Siemens, que controla más del 50%. Desde hace meses, Iberdrola mantiene un enfrentamiento con Siemens porque considera que este grupo está saltándose puntos esenciales del pacto de gobierno corporativo que firmaron cuando Gamesa se fusionó con los activos de renovables de Siemens. Iberdrola también ha cuestionado la gestión que está haciendo Siemens en Gamesa, que no logra remontar el vuelo en Bolsa.

La compañía alavesa fabricante de componentes aeronáuticos Aernnova cerró 2017 con una facturación de 700 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio anterior, y para este año espera aumentar esa cifra otro 7 u 8%, en línea con el crecimiento estimado para el conjunto del sector. Su presidente, Iñaki López Gandásegui, Ignacio López Gandásegui, se mostró ayer optimista sobre el futuro de la compañía, que crecerá de manera orgánica y con compras gracias a la «capacidad financiera de los nuevos fondos accionistas».

ETA admite que «los objetivos que han guiado» su actuación desde su fundación «no se han logrado aún» y que dentro de la organización se está sometiendo a debate y votación un documento para «cerrar el ciclo y la función» que ha tenido la organización en los últimos 60 años dentro del movimiento independentista. Un teórico punto y final que está previsto para antes de verano.