20180221

Confebask y los sindicatos que participarán en la reunión de hoy sobre la brecha salarial convocada por el Gobierno Vasco no quieren crear falsas expectativas. Son conscientes de que se trata de un primer encuentro que podría sentar las bases para un proceso de análisis más profundo con la intención de abordar las medidas necesarias o quedarse en un mero foro que se limite a realizar un pronunciamiento sin más calado. Esto último es lo que tratarán de evitar tanto la patronal vasca como LAB, CC OO y UGT –ELA se ha quedado al margen–. Los cuatro pretenden conjurarse para que el foro tenga recorrido pero sobre unas bases que permitan realizar un diagnóstico conjunto de la situación y a partir de ahí adoptar compromisos reales que puedan ser abordables en las empresas.

Euskadi exportó más que nunca el año pasado. Llegó a los 23.857 millones de euros tras experimentar un incremento del 10,5%, superior a la media nacional. Bizkaia tiró de las ventas en el exterior con un espectacular crecimiento del 19,5% gracias a los combustibles de Petronor y los productos siderúrgicos. No obstante, si hay algo llamativo de 2017, es que por primera vez en la historia reciente Alemania ha superado a Francia como principal destino. La clave de este hito reside en la fábrica de Mercedes en Vitoria, que ha evitado que el sector del automóvil decaiga en el País Vasco como lo ha hecho en el resto de España. Las exportaciones a Alemania sumaron 3.776 millones, tras registrar un avance del 12,5%. Por su parte, las ventas a los vecinos franceses apenas aumentaron un 2,2%, con lo que la cifra total quedó en 3.695 millones de euros.

España cierra 2017 con un nuevo récord de ventas al extranjero, impulsado por la recuperación de la demanda europea. El último año, 161.454 empresas se sumaron a la fiesta exportadora, lo que supuso un incremento del 8,6% respecto a la cifra de 2016, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Entre todas ellas, registraron una facturación en el exterior por valor de 277.125,7 millones de euros, lo que supuso un avance del 8,7%, después de varios años en los que parecía que el crecimiento había perdido fuelle. Con ello, tanto el número de empresas exportadoras como el volumen de sus ventas al extranjero alcanzan un nuevo récord. La semana pasada se dieron a conocer también las cifras generales, medidas por Eurostat, que apuntaban a un alza del 8%.

El Gobierno vasco está entre el fuego amigo y el enemigo. A la denuncia de la Generalitat catalana que ha llevado a la UE a mirar con lupa el acuerdo presupuestario que firmaron PNV y PP en 2017 para rebajar la tarifa eléctrica a unas 1.250 empresas, 800 de ellas vascas, que pagaban un sobrecoste por el tipo de línea, se suma ahora la ofensiva de Ciudadanos contra el PP, que ha situado los acuerdos con el PNV en el centro de la diana. La rebaja, que supone unos 50 millones de ahorro para las grandes empresas industriales no solo vascas, sino también de Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria y Castilla y León «de momento no se puede aplicar» confirman en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tras el anuncio que su titular, Álvaro Nadal, hizo en Bilbao.

La CEOE ha planteado una propuesta sorprendente sobre el contrato de formación y aprendizaje en la negociación que mantiene con el Gobierno y los sindicatos sobre el empleo de calidad. Los empresarios quieren que el contrato de formación y aprendizaje pueda ser utilizado para los jóvenes menores de 30 años y también «para aquellos trabajadores, cualquiera que sea su edad, que hubieran sido despedidos de sectores en declive, con el fin de que puedan orientar sus conocimientos hacia una nueva profesión». «En esa línea –dicen los empresarios- este tipo de contratos podría estar dirigido a mayores de 45 años, demandantes de empleo, y que hayan agotado la prestación del desempleo». Es decir, que los beneficiarios puedan ser también parados de larga duración. Así se recoge en el documento titulado El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad, que la junta directiva de la CEOE aprobó la semana pasada, y que ha presentado en la mesa de diálogo social con el Gobierno y los sindicatos.

La recaudación fiscal de las tres diputaciones vascas ascendió en enero a 750,8 millones de euros, un 13% y 86,4 millones más que en el mismo mes del año pasado, gracias al buen comportamiento de Bizkaia, ya que tanto Gipuzkoa como Álava cerraron el capítulo de ingresos en negativo, situación similar a la del pasado año. En Bizkaia la Hacienda recaudó en el primer mes del año 785,8 millones, 93,6 millones más que en enero de 2017, lo que representa un ascenso del 13,5%. En Gipuzkoa los ingresos fueron negativos (-26,1 millones) al haber más devoluciones al contribuyente que ingresos, algo habitual en los primeros meses del año. En Álava el mes pasado la recaudación negativa de -8,8 millones fue un 58,4% superior a la de enero de 2017, cuando se cerró con 5,6 millones.

El Congreso tramitará una Ley de Igualdad Retributiva que pretende acabar con la brecha salarial. PSOE, Ciudadanos, PNV, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís apoyaron ayer la iniciativa de Unidos Podemos, mientras el PP se desmarcó y se abstuvo. Durante el Pleno en la Cámara Baja, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, explicó que esta norma busca terminar con la opacidad de los criterios retributivos que, a su juicio, «facilitan a las empresas que la brecha salarial siga existiendo». El PSOE presentó el pasado lunes su propia iniciativa, que se ha mostrado proclive a fusionar con la de Podemos. Cs expresó ayer su temor a que las dos formaciones quieran «colgarse la medalla».

Los trabajadores españoles pueden estar tranquilos respecto a la amenaza que supone la inteligencia artificial y los robots, pero solo a corto y medio plazo. Porque en 2030, un 34% de los puestos podrían estar en riesgo por el progresivo proceso de automatización, según alerta el estudio Will robots steal our jobs? (“¿Robarán los robots nuestros empleos?”), elaborado por PwC y que analiza la situación en 27 países. No es la primera vez que un informe habla del peligro que supone la automatización para el mercado laboral tradicional. Hace casi dos años, la OCDE colocaba a España como el tercer país más afectado —tras Alemania y Austria— por la sustitución de empleos por las máquinas. Pero la consultora ofrece ahora un calendario con tres fases y detalla cifras por sectores y sexos.

España elevó el pasado año en 8.775 millones de euros la factura anual que paga al resto del mundo por importar petróleo y gas. Se trata de un incremento del 30% con respecto al año anterior que está vinculado tanto al aumento de las importaciones en volumen –por la mejora económica– como al alza de precios de los hidrocarburos. El origen del desajuste se encuentra en el acuerdo firmado entre los principales países productores de petróleo del mundo –reunidos en la OPEP– y otras potencias del oro negro ajenas al cártel como Rusia para frenar la extracción de hidrocarburos y reducir su oferta, lo que elevó el pasado año el coste del barril por encima de los 60 dólares.

El crecimiento de la economía española ha vuelto a sorprender a los expertos. Según la primera estimación oficial, el PIB aumentó en 2017 un 3,1%, frente al 2,3% que vaticinaban, de media, 22 servicios de estudios privados y públicos un año antes. La Diana Esade, con la que la escuela de negocios contrasta previsiones y datos, refleja que el desfase casi dobla el de 2016. Las predicciones llevan cuatro años subestimando el empuje económico.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mostró ayer su malestar porque Francia incumple el plan de inversiones en la alta velocidad con España para el servicio de pasajeros entre Burdeos e Irún, en el corredor Atlántico. París ha paralizado las inversiones y la comisión técnica francesa ha declarado que su construcción «no es prioritaria», según dijo De la Serna. El ministro de Fomento precisó que el Gobierno ha enviado una queja a la Comisión Europea anta la falta de compromiso del Ejecutivo francés.

En Bruselas se le considera algo parecido a un halcón fiscal: a pesar de ser el ministro español, Luis de Guindos ha apoyado sistemáticamente a Alemania durante los últimos seis años —los de la austeridad y la disciplina de mercado— en el Eurogrupo. Pero Guindos, ungido por los ministros de Economía de la UE como candidato para la vicepresidencia del BCE, se desmarcó ayer de la línea dura alemana en política monetaria. Guindos, se mostró partidario de una política monetaria pragmática y realista, que ponga fin a las medidas excepcionales adoptadas durante el mandato de Mario Draghi pero que mantenga un nivel de tipos interés suficientemente bajo para no abortar la recuperación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ralentiza la salida de Luis de Guindos del Ministerio de Economía tras su designación como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Frente a la inminencia con la que Guindos presenta su salida, Rajoy la frena. El contraste entre las declaraciones del ministro y del presidente es tan fuerte, que Rajoy está ofreciendo una imagen de que necesita más tiempo para diseñar el ajuste del Gobierno. En Moncloa han descartado hasta ahora una amplia remodelación y centran el cambio exclusivamente en el Ministerio de Economía, pero Rajoy no muestra prisa, pese a que sabe desde hace semanas que la designación de Guindos para el BCE sería un hecho esta semana.

Después de un año de trabajo y más de 30 reuniones con todos los agentes implicados, el Gobierno vasco ha remitido a la Cámara de Vitoria el anteproyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi. Un texto que regirá un sector con gran importancia en el País Vasco, nacido fruto del consenso con las organizaciones de dicho sector, según indicó la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José. La nueva ley pretende dotar a las cooperativas del necesario equilibrio entre flexibilidad operativa para poder competir con las sociedades mercantiles en un mundo global y cambiante, pero sin cuestionar sus señas de identidad, que serán reforzadas y a las que se aportará mayor cobertura jurídica y estabilidad.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia en el ‘caso Kutxabank’, en la que se condenaba a un año de prisión por apropiación indebida al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces; y a seis meses al expresidente del banco Mario Fernández y también al abogado Rafael Alcorta por idéntico delito. El fallo del alto tribunal tan solo ha admitido una de las alegaciones del recurso presentado por la Fiscalía, para confirmar que el delito imputado al anterior presidente de la entidad financiera lleva necesariamente aparejada la inhabilitación para ejercer como administrador de sociedades durante los seis meses de la condena. El nuevo matiz añadido al fallo judicial ha forzado la inmediata dimisión de Mario Fernández como vocal del consejo de administración de la firma Repsol.