20180217

La patronal vizcaína alzó ayer su voz para expresar su máxima preocupación por la virulencia de los ataques de Ciudadanos, y en especial de su presidente, Albert Rivera, contra el autogobierno, centrados sobre todo en el Concierto y el Cupo tras el último acuerdo alcanzado por los gobiernos central y vasco. El máximo responsable de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Iñaki Garcinuño, advirtió de que si la «deriva radicalizada» del partido naranja se extendiera a otras formaciones, Euskadi debería «mover ficha» para frenarla. Confió, en cualquier caso, en que se no llegue a un escenario tan complicado.

La convocatoria del Gobierno vasco para abordar con los agentes sociales el próximo miércoles, día 21, la brecha salarial recibió ayer el ‘no’ del sindicato ELA. La central mayoritaria de Euskadi anunció en un comunicado su decisión de no participar en el encuentro, promovido por el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue, para dar cumplimiento a una proposición no de ley del Parlamento autonómico que insta a atajar las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Mientras, LAB –que volvió a tildar de «oportunista» la cita– anunció que el lunes ofrecerá su respuesta y la patronal Confebask se sumó al ‘sí’ dado el jueves por UGT y CC OO de Euskadi.

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño,  acusó ayer a los sindicatos ELA y LAB de abordar una estrategia «política de desgaste» y de no apostar por la negociación colectiva que supondría una subida de los salarios de los trabajadores. En una entrevista en Onda Vasca, el líder de la patronal vizcaína aseguró que el 45% de los trabajadores vascos tienen un salario por encima de los 2.100 euros brutos, «lo que permite una vida estructurada». Garcinuño hizo un re paso de la situación del mercado laboral vasco y aseguró que la temporalidad en el empleo «siempre es necesaria», pero confió en «alcanzar niveles mejores de cuota de empleo indefinido».

La deuda pública sigue desbocada y el Gobierno no consigue atajarla. A cierre de 2017, y según el dato adelantado que ayer ofreció el Banco de España, el conjunto de las Administraciones Públicas adeuda ya 1.144.629 millones, esto es, 1,144 billones de euros. La cifra no sólo supone un nuevo máximo histórico sino que además evidencia que en los últimos 10 años el dato se ha disparado 760.000 millones. Sin embargo, la deuda bajó ligeramente en relación al PIB y, por tanto, a la capacidad de la economía para devolverla. Según cálculos del Ministerio de Economía y a falta de que los ratifique el INE, la deuda sobre PIB descendió ligeramente al 98,08%, frente al 98,98% con el que se cerró 2016 y justo en el entorno del 98,1% comprometido con Bruselas.

Todos los funcionarios de cualquier administración vasca –unos 110.000– tendrán las mismas semanas de permiso cuando sean madres o padres. Esta es la intención del Gobierno vasco y así lo incorporará en la futura Ley de Empleo Público con el objetivo de favorecer la conciliación. Lo novedoso de la futura legislación es que los padres pasarían de las cuatro semanas actuales a poder disponer de hasta 18 semanas con el 100% del salario remunerado y con carácter «intransferible».

El Gobierno vasco no va a «precipitarse» y mantendrá la jornada laboral de 35 horas semanales para los 70.000 empleados públicos ya que, según afirmó ayer su portavoz, Josu Erkoreka, el Ejecutivo central se está «planteando seriamente» la revisión de la normativa básica del Estado en esta materia –que contempla 37,5 horas semanales de trabajo–, con la posibilidad de volver a esa jornada laboral también en su Administración General.

El crecimiento de la economía española continuará superando al de las grandes economías de la zona euro hasta 2020, y lo hará «a pesar de la crisis catalana». En un informe publicado ayer, la agencia de ráting S&P prevé que «el crecimiento del PIB continúe fuerte, alcanzando el 2,7% en 2018 y un 2,1% en 2019». En 2020 lo hará al 1,8%. Los datos económicos de 2017 ya revelaron un «crecimiento robusto, por encima de la mayoría de países de la eurozona, a pesar de la situación de incertidumbre en Cataluña». La evolución de los próximos tres años sitúa a España por encima de sus socios comunitarios, elevando la media de crecimiento de la región, que se situará en el 2% en 2018, según la previsión de S&P.

Con el propósito de revertir «la nueva época de precarización y recortes», LAB presentó ayer en Bilbao la ‘Guía de Acción Sindical’. Se trata de un manual, elaborado durante meses, que pretende ser una herramienta para «activar a la clase trabajadora» en la lucha contra el deterioro de las condiciones laborales que «pretende imponer la patronal con la ayuda del poder político». El documento, recoge las estrategias y propuestas de la central abertzale sobre «los recursos que necesitaría el nuevo sindicalismo».

Fruto del crecimiento de la actividad, de la buena marcha de las exportaciones y también de las importaciones, el Puerto de Bilbao cerró el pasado ejercicio con un total de 34,2 millones de toneladas embarcadas y desembarcadas en sus muelles, lo que representa un incremento del 7,03%. Unas cifras que contrastan con lo sucedido en el otro puerto vasco de interés general, el guipuzcoano de Pasaia, donde se registró un descenso del 14,7% en el mismo periodo. El presidente del Puerto de Bilbao, Asier Atutxa, aseguró ayer que esta institución tiene unas metas ambiciosas de cara a los próximos cinco años. Para ello, ha decidido iniciar una rebaja de las tarifas que aplica a sus operadores, con el objetivo de captar nuevos tráficos en su área de influencia.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado en su integridad una sentencia del juzgado de lo Social de Vitoria que declaraba improcedente el despido de un trabajador de la planta de Mercedes Benz en la capital alavesa que firmó dos contratos eventuales con la compañía automovilística. En los 11 meses que duró la relación laboral (junio de 2015 a mayo de 2016), «no se acierta a comprender qué concreta acumulación de tareas se estaba produciendo», dice el escrito judicial, y argumenta que fue «fraudulento» y «debe considerarse indefinido».

El lehendakari respondió ayer a los recelos del PP vasco garantizando que la actualización del estatus que se negocia en la ponencia de Autogobierno del Parlamento emanará de un proceso «legal y pactado» en última instancia con el Ejecutivo central. Iñigo Urkullu llamó a la calma a los populares, con los que ha pactado sus dos últimos Presupuestos y la reciente reforma fiscal, confirmando públicamente que el plan del PNV no pasa por incluir el derecho de autodeterminación en la reforma del Estatuto. «No se está planteando», zanjó. Sí se reclamará el derecho a decidir, sobre el que el líder del Ejecutivo vasco aseguró que lleva décadas sobre la mesa «y antes no era un factor de inestabilidad» en España. Un vaivén político que achacó al «déficit democrático» de La Moncloa.

ETA causó un grave daño económico, pero la coincidencia cronológica convierte en misión casi imposible analizar el terrorismo y la crisis como causas separadas de la decadencia vasca.