20180212

La polémica sobre la fiscalidad vasca y si deben o no subirse o bajarse impuestos estará esta semana de nuevo sobre la mesa con el debate monografico que tendrán lugar el próximo miércoles día 14 en el Parlamento Vasco. El debate, celebrado a propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, tendrá lugar casualmente un día después de que se celebre la reunión de Consejo Vasco de Finanzas (CVF) en la que se determinará el reparto de recursos entre las haciendas forales, el Gobierno y los ayuntamientos, una vez cerrada la recaudación de impuestos del año pasado. Una recaudación en cifras récord, pero cuyo excedente -las tres haciendas han recaudado por encima de lo que habían presupuestado- tendrá que destinarse en su mayoría a amortizar la deuda.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quiere presentarse en el Congreso de los Diputados con un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre la forma de conseguir un empleo de mayor calidad. Es decir, más estable y mejor pagado. Bajo esta rúbrica, el Gobierno, la patronal y los sindicatos están hablando de cuestiones como la reducción de los tipos de contratos; la lucha contra el abuso del empleo temporal; la modificación de los modelos de formación y aprendizaje o la igualdad salarial y de condiciones laborales entre los hombres y mujeres. Báñez sabe que una reforma que cuente con el apoyo de la patronal y, sobre todo, de los sindicatos, tiene bastantes probabilidades de salir adelante en la Cámara Baja.

La recuperación que ha experimentado el mercado laboral en los cuatro últimos años ha tenido un efecto llamada entre los más jóvenes, lo que ha provocado que en ese periodo 100.000 menores de 24 años hayan comenzado a trabajar en el Estado habiendo concluido solo la enseñanza obligatoria. En la actualidad hay más de medio millón de ocupados menores de 24 años cuya formación no supera la etapa secundaria obligatoria, de los que 100.000 se han ido incorporando al mundo del trabajo desde 2014, la mayoría de ellos (60.000) en 2017. Según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa consultados por Efe, estos 507.400 trabajadores menores de 24 años que sólo cuentan en su currículo con la segunda etapa de educación secundaria con orientación general (ESO), como máximo, representan a más de la mitad de los 931.700 jóvenes ocupados actuales.

La Seguridad Social ha frenado en seco la oleada de solicitudes de trabajadores que pedían la jubilación anticipada, a partir de los 60 años, por considerar que desempeñan trabajos de especial peligrosidad y dureza, con riesgo para la salud. También, ante el paulatino endurecimiento del acceso a la pensión y la prolongación de la vida laboral. La Seguridad Social ha emitido una circular en la que introduce un nuevo requerimiento para aceptar las solicitudes de los trabajadores: que sea una petición común de las organizaciones empresariales y sindicales del sector; de la empresa y de los trabajadores. A partir de esa medida, la Seguridad Social no ha recibido ninguna petición nueva, según ha informado al Senado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

Las empresas europeas se muestran convencidas de que Reino Unido acabará firmando una salida de la Unión Europea amistosa (lo que se conoce como un Brexit suave), aunque las negociaciones entre Londres y Bruselas parecen cada vez más encalladas y resulta difícil predecir cómo van a acabar. El optimismo de los empresarios ante el complejo entramado del Brexit es una de las conclusiones que aparecen en el informe realizado por FTI Consulting entre 2.500 empresas europeas de Reino Unido, España, Francia y Alemania. Este sentimiento contrasta con la imagen que los políticos europeos y británicos están dando.

El Ministerio de Hacienda necesita llegar a un pacto con los funcionarios si quiere tener alguna posibilidad de aprobar finalmente los Presupuestos Generales para este 2018. Por eso, ha vuelto a la carga con mejores intenciones que nunca, según cuentan fuentes cercanas a la negociación. La estrategia pasa por no cerrarse a nada y mantener la firme voluntad de querer cerrar un acuerdo que beneficie a los más de 2,5 millones de empleados públicos que hay en España y que, además, sufrieron la crisis en primera persona al tocarles fuertes recortes de sueldo y derechos. Y es que no es solo conseguir recuperar el poder adquisitivo perdido durante la recesión –en el entorno del 14%–, sino también eliminar la penalización que tienen por acogerse a una baja laboral y volver a la jornada de 35 horas, dos temas que vuelven a entrar en la negociación de cara a un posible pacto.

Revolcones en las Bolsas... seguidos de ligeras subidas. Volatilidad a raudales. Temores de próximas alzas de tipos de interés e inflación. Aumento de la rentabilidad de la deuda de países centrales, y estabilidad en periféricos como España. Los mercados viven días de fuertes emociones, donde conviven tendencias de fondo con sobrerreacciones cercanas al histerismo. El desplome bursátil de la semana pasada ha agilizado un proceso previo: los bonos de EE UU o Alemania ofrecen ya la mayor rentabilidad de los últimos tres o cuatro años. La deuda soberana es de nuevo un producto atractivo para los inversores.

En el año 2000 el mercado automovilístico vasco sufrió un vuelco histórico. Aunque con algo de retraso sobre lo que ya había sucedido en 1999 en el conjunto de España, aquel fue el primer ejercicio en el que se vendieron en Euskadi más coches propulsados por motores de combustible diésel que de gasolina. Un reinado que ha perdurado todo lo que va de siglo hasta que el pasado 2017 la gasolina destronó al gasóleo en el País Vasco. En concreto, según datos de las patronales de concesionarios (Faconauto) y fabricantes (Anfac), la matriculación de vehículos de gasolina supuso el año pasado el 51,3% (20.293 unidades) del total de vendidos en la comunidad autónoma, mientras que los diésel se quedaron en el 43,2% (17.098). Este vuelco, que ya se venía fraguando desde mediados de año, fue posible tanto por el sensible incremento del 21,2% de las ventas de coches de gasolina sobre las que se habían registrado en 2016, como por la caída del 16,5% de los de gasóleo.

Gravar las herencias sigue siendo una práctica habitual en la mayoría de Estados modernos y se ha justificado para fomentar la igualdad de oportunidades. Establecer impuestos sobre lo que uno ha recibido sin esfuerzo personal ha sido defendido, por ejemplo, por teóricos del liberalismo como John Stuart Mill. A pesar de que la mayor parte de países desarrollados contempla en su sistema fiscal algún tipo de figura para gravar las herencias, el impuesto sobre sucesiones no se aplica o es residual en la mitad de los países de la UE. En concreto, en 15 Estados miembros.

En 1993, año en que nació el clúster vasco de automoción, se fabricaban 43 millones de coches en el mundo, una cifra que se ha duplicado en 2016. En lo que se refiere a la industria de componentes, casi la mitad de la facturación en España está centralizada en empresas vascas. Este momento dulce para el sector se traduce en una previsión de cierre de 2017 de 17.000 millones de facturación, el 24% del PIB vasco. Aún así, la directora general de Acicae, Inés Anitua, admite que hay muchos retos que se plantean en el futuro más inmediato.

El Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia e Iberdrola firmaron el viernes pasado las bases del programa Bidelek 4.0, la locomotora que lidera la implantación de las redes eléctricas inteligentes en Euskadi. Los nuevos recursos tecnológicos que proporciona la digitalización permitirán a las empresas y los hogares optimizar sus consumos y avanzar en esa dirección es una apuesta de país. No es el único movimiento que se está registrando en el ámbito de la energía. Las empresas del sector, alineadas junto al Ejecutivo en el desarrollo de una estrategia común (EnergiBasque), están a punto de poner en marcha en su totalidad el polo de innovación de la energía, Windbox, en Eibar. Un banco de pruebas que permitirá a las compañías testar sus avances tecnológicos y verificar su utilidad de cara a la fabricación a gran escala.

Luzaro cumple un cuarto de siglo de vida y luce una salud de hierro y unas enormes ganas de seguir apoyando con sus créditos participativos al tejido productivo del País Vasco. Así lo explica su director general, Pedro Martínez de Alegría, quien repasa la historia y el sentido de esta institución que a lo largo de esos veinticinco años ha ayudado a movilizar inversión de las empresas de Euskadi por valor de casi 2.000 millones de euros, además de haber ayudado de manera indirecta a las compañías a fortalecer sus balances y a capitalizarse.

El Gobierno y el PP están decididos a cambiar el paso en su estrategia política. Creen que es el tiempo de apostar por la mano tendida. Su decisión es reforzar la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias del Congreso. Y el PNV, formación de la que depende la aprobación de los Presupuestos para 2018 –también necesitan a Ciudadanos–, está en su objetivo. El PP desbloqueará la reforma de Ley de Secretos Oficiales como gesto a los nacionalistas vascos. Esta normativa ha sido una reivindicación histórica suya. Los nacionalistas vascos plantean la actualización de una norma aprobada en 1968 para poner un límite temporal a los documentos clasificados: 25 años para las materias consideradas secretas y 10 para las reservadas. En la práctica supondría desclasificar miles de documentos de la Guerra Civil, el franquismo, la Transición o el 23-F. También material sensible sobre los GAL. Asimismo, el Ejecutivo considera «un buen punto de partida» la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea el PNV, frente a la derogación que defiende el PSOE.