20180202

El Tribunal Supremo considera ilegal la jornada de 35 horas semanales que trabajan los 70.000 funcionarios dependientes del Gobierno vasco, que por lo tanto deberán pasar a hacer 37,5. Con la sentencia conocida ayer se pone fin a un conflicto judicial que se prolongaba desde febrero de 2016 y que se salda con la victoria de la tesis defendida por el abogado del Estado. Sin embargo, lo realmente peliagudo llega ahora: ¿Cómo se cumplirá la resolución –que es firme– y en qué tiempos? Desde el Ejecutivo de Lakua apuntan a que aún deben estudiar la sentencia en detalle y, en todo caso, las decisiones se tomarán en la Mesa General de la Administración Pública de este mes, que se convocará con la mayor rapidez y se dedicará de manera monográfica a este asunto. Pero ELA y LAB ya advierten de que «de ninguna manera vamos a aceptar» el regreso a las 37,5 horas semanales. Un giro que, a su juicio, supondría la destrucción de «miles de puestos de trabajo» eventuales en la Administración vasca.

El Parlamento vasco pidió ayer al Gobierno autonómico que informe y anime a las mujeres trabajadoras a denunciar los casos de desigualdad retributiva a través del buzón contra el fraude laboral del Departamento de Trabajo y Justicia. El debate fue llevado a la Cámara por Elkarrekin Podemos, que acordó un texto con PNV, EH Bildu y PSE, que contó igualmente con el respaldo del PP. En el documento, los parlamentarios piden al Gobierno vasco que presente, en un máximo de 6 meses, un plan de acción para los años 2018-2020 que refuerce las políticas del Departamento de Trabajo y Justicia y del de Empleo y Políticas Sociales, para eliminar la brecha salarial. También reclamaron que se impulsen, con Emakunde, informes periódicos sobre la incidencia y características del problema en diferentes sectores productivos.

Los parlamentarios de PNV, PSE y PP aprobaron ayer un texto en la Cámara vasca en el que se insta al Gobierno a crear el fondo de inversión en sociedades cotizadas, que se espera dotar con 250 millones de euros y que la consejera Arantxa Tapia anunció como proyecto a principios de legislatura. El fondo tiene como objetivo respaldar el «arraigo» –evitar un desplazamiento del centro de decisión– en compañías con un claro valor estratégico. Elkarrekin Podemos había presentado una proposición no de ley en la que cuestionaba la necesidad de crear un instrumento de este tipo, tras asegurar que la Administración vasca ya tiene un amplio catálogo de instrumentos de participación en empresas. La proposición fue rechazada y PNV, PSE y PP consiguieron aprobar su enmienda.

La deuda de familias y empresas volvió a descender en 2017, hasta situarse en 1,598 billones de euros, lo que equivale al 137% del PIB. Con los datos publicados ayer por el Banco de España al cierre de diciembre, el sector privado enlaza ya nueve años de ajuste, en los que ha logrado reducir su endeudamiento en más de 570.000 millones de euros. Pero la evolución de los últimos meses apunta a que el recorte se agota: en los últimos doce meses, hogares y sociedades no financieras solo se han descontado 19.500 millones.

Los últimos datos cerrados y auditados de la gestión que realizan las mutuas de la Seguridad Social indican que en 2016 gestionaron 10.500 millones de cuotas de empresarios y trabajadores. Según explicó ayer en el Senado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en ese año las mutuas generaron unos resultados positivos de más de 600 millones de euros, que no se gastaron en la gestión de las bajas laborales de los trabajadores. De esta forma, se han incorporado al Fondo de Contingencias Profesionales 547,1 millones de dichos excedentes. Burgos aportó también otro dato: desde2014–fecha en la que la ley que regula las mutuas permitió al Gobierno disponer de los excedentes de estos organismos colaboradores– la Seguridad social ha empleado 3.000millones de estas cotizaciones no gastadas a pagar pensiones contributivas.

Theresa May no lo pondrá fácil a la hora de garantizar los derechos de los europeos que lleguen a Reino Unido después del 29 de marzo de 2019. Una vez que el Brexit sea una realidad, la libertad de movimiento se habrá acabado. Así lo ha anunciado la primera ministra británica durante la visita que está llevando a cabo estos días en China y a tan sólo una semana de que comiencen las negociaciones con la UE sobre un hipotético período de transición. La razón, según Theresa May, es que los británicos «no votaron» en el referéndum de junio de 2016 «para que nada cambie». «Hay una diferencia entre aquellos que vinieron antes de que nos fuésemos y aquellos que vienen una vez que se enteran de que nos marchamos», aclaró durante una reunión con los medios de comunicación, en referencia a aquellos que decidan mudarse a Reino Unido tras la primavera del año que viene.

Las matriculaciones de vehículos aumentaron en el País Vasco un 21,4% en enero con respecto al mismo mes de 2017, con un total de 3.501 inscritos, 618 más que hace un año. El incremento fue un punto porcentual superior al de la media de España, donde la venta de turismos y vehículos todoterreno creció un 20,3%, hasta las 101.661 unidades. Así se desprende de los datos facilitados ayer por las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam). Todas las comunidades registraron alzas en las matriculaciones y Euskadi se situó la séptima un ránking liderado por Cantabria, con un aumento del 38,7%.

Año tras año, España no deja de cosechar récords turísticos, y cada vez el diferencial entre los turistas que vienen y lo que gastan favorece más a la economía española. Los ingresos por turismo se mantienen por segundo año consecutivo por encima del número de llegadas, y crecen más rápido. Mientras que las llegadas aumentaron un 8,6% en el año, los ingresos por turismo lo hicieron a ritmo de doble dígito (12,2%). El desempeño del motor turístico, junto a las exportaciones, ambos a pleno rendimiento, han favorecido el balance de 2017, con una economía creciendo por encima del 3% por tercer año consecutivo.

El Gobierno quiere aumentar el control y la transparencia en la gestión de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Máxime, después de los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas que en los últimos años han puesto de relieve numerosas irregularidades en la gestión de estas entidades. No hay que olvidar que, en su mayor parte, la financiación se debe a las cotizaciones sociales. Así el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció ayer en el Senado que un próximo Real Decreto de desarrollo reglamentario de la ley de mutuas de 2014, «regulará de forma extensa las importantísimas funciones de protección sanitaria de los trabajadores y de actividades preventivas de accidentes laborales». Su protección abarca a 16 millones de asalariados.

Los recortes que quiere aplicar el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a las empresas energéticas en España, y que afectan en mayor o menor medida a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, REE, Enagás, EDP, Viesgo, Naturgas, Redexis y Madrileña de Gas, entre otros grupos, están trayendo ya consecuencias financieras. En pleno baile de cifras sobre el alcance de los nuevos recortes y ante la confusión de los mercados, que todavía tratan de descifrar las intenciones de Nadal, los analistas financieros y los fondos de inversión han vuelto a hablar de incertidumbre y riesgo regulatorio en el sector energético español. Es un fantasma que parecía enterrado desde 2013, cuando se abordó la gran reforma del sector para acabar con el déficit de tarifa eléctrico.

Eibar acogió ayer la séptima y más multitudinaria feria Ikasenpresa, en la que estudiantes de FP presentan los negocios que han ideado durante el curso escolar y ponen a la venta sus productos. Un total de 1.700 alumnos de Formación Profesional asistieron a este encuentro, en el que se mostró la propuesta de 317 pequeñas cooperativas creadas por estos jóvenes emprendedores. El programa Ikasenpresa está impulsado por el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP de Euskadi Tknika con el objetivo de fomentar entre el alumnado vasco de FP el espíritu emprendedor.

Los trabajadores de oficinas y despachos de Bizkaia protagonizaron ayer una «jornada de lucha». Miles de trabajadores –4.000, según fuentes sindicales– se manifestaron por el centro de la capital vizcaína hasta la sede de Cebek, para exigir un convenio provincial «digno» para los 23.000 empleados del sector, cuyo último acuerdo está decaído desde 2013. La protesta coincidió con la jornada de huelga convocada por ELA, LAB, ESK y CGT, cuyo seguimiento fue mayoritario. Del 70%, como aseguraron los organizadores, que acusaron a los empresarios de plantear un convenio «peor» que el vigente hasta 2013, que decayó por efecto de la última reforma laboral. Cebek respondió a las críticas a través de un comunicado en el que lamentó la poca voluntad negociadora de los sindicatos: «Continúan sin estar dispuestos a modificar aspecto alguno del convenio anterior, ni adecuar su contenido a las normativas que se han ido aplicando».

El universo de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y de los centros tecnológicos de Euskadi se mueve. El hasta el momento último episodio ha tenido como protagonistas a dos entidades punteras en sus respectivos campos, Vicomtech y Cidetec, que han abandonado formalmente la alianza IK-4 con fecha 1 de enero. Los dos centros donostiarras solicitaron su salida el pasado 25 de octubre, en la asamblea en la que la institución eibarresa eligió nuevos presidente y vicepresidente, manteniendo la dirección general en manos de José Miguel Erdozain. Cidetec y Vicomtech tenían clara su decisión ya después del verano de 2017, pero prefirieron evitar un ‘ruido’ innecesario mientras la alianza buscaba presidente y eligieron con delicadeza el momento para su marcha, que reduce de nueve a siete el número de asociados. IK-4 ha preferido guardar silencio sobre este asunto, aduciendo que en breve lanzará una suerte de nuevo plan estratégico.