20180129

Delegaciones de la patronal vasca, Confebask. y EH Bildu se reunirán hoy en Bilbao para abordar asuntos de carácter económico y también cuestiones políticas, en el marco de la ronda de contactos que la coalición soberanista mantiene con agentes de diferentes ámbitos. La delegación de EH Bildu estará encabezada por su coordinador general, Arnaldo Otegi, que asistirá acompañado de la portavoz parlamentaria. Maddalen lriarte, y los parlamentarios lker Casanova y Leire Pineda. Por parte de Confebask, acudirán su presidente, Roberto Larrañaga; el director general, Eduardo Aretxaga; el director de Formación, Asier Aloria; y el director jurídico laboral, Jon Bilbao.

«Esta nueva cultura de empresa nació en una época de muchas dificultades, en enero de 2014, y pudo interpretarse incluso, como una fórmula de un cierto escapismo ante la compleja situación económica que se estaba viviendo. […] Sin embargo, cinco años después podemos decir que constatamos que no solo en aquel momento sino que se ha mantenido en el tiempo, y en estos momentos en el que la economía va un poco mejor […], la estrategia sigue presente y eso le da credibilidad». Son palabras de la consejera Arantxa Tapia en la apertura del evento que celebramos el pasado miércoles 17 de enero en Tabakalera para celebrar el 4º aniversario de la puesta en marcha de la Nueva Cultura de Empresa impulsada desde Adegi entre las empresas de Gipuzkoa. Es decir, en «román paladino», a las duras y a las maduras. Porque son ya muchas las empresas y organizaciones guipuzcoanas que lo están llevando a la práctica, cada día son más, es una transformación cultural imparable, […] porque si algo caracteriza a nuestro territorio es su compromiso con las personas.

Euskadi, junto con Asturias, son las dos comunidades españolas con los índices de confianza más bajos entre los inversores nacionales para obtener rentabilidad a su dinero, según la encuesta que elabora trimestralmente J. P. Morgan Asset Management. No obstante, aunque dicha confianza en el País Vasco sigue en mínimos, la firma norteamericana destaca que «tras un 2016 siendo la comunidad que peores datos arrojaba», el índice de confianza de los inversores en Euskadi se mantuvo en positivo durante 2017 y, además, en la segunda mitad del año experimentó «un ligero ascenso» de 0,3 puntos para situarse en 0,9 puntos. En cuanto al conjunto de España, el índice de confianza de los inversores se situó entre octubre y diciembre pasados en 1,46 puntos, lo que supuso un descenso prácticamente a la mitad con respecto al trimestre anterior, cuando marcó 2,82 puntos. Una caída que J. P. Morgan Asset Management atribuye a la situación de inestabilidad política y económica en Cataluña.

Euskadi sigue batiendo récords de contratación, pero el nuevo empleo arrastra un grave problema de temporalidad. De los 933.000 contratos que se firmaron el año pasado, más del 48% tuvieron una duración inferior a un mes. Fueron casi 450.000 puestos de trabajo que no duraron ni 30 días, entre los que hubo casi 100.000 que ni siquiera alcanzaron la semana. Aunque las empresas vascas están realizando más contrataciones que antes de la crisis, el incremento se apoya casi exclusivamente sobre los empleos de menos de un mes. Es sin duda la cara B de la recuperación económica, como denuncian con frecuencia los agentes sociales e incluso se ha reconocido desde el ámbito institucional.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado al 0,7% su pronóstico de crecimiento intertrimestral del PIB español para el primer trimestre del año, frente al 0,76% de su última previsión. Para Cataluña augura un crecimiento del 0,77%, mayor que la media nacional, pero más bajo que el 0,81% de la previsión anterior.  La institución explica que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2017, que difundió el INE el pasado día 25, le llevan a mantener la previsión de crecimiento del PIB de España en el 0,77% para el último trimestre del año pasado. En el conjunto del año, el Gobierno calcula un crecimiento de la economía del 3,1%.

El escenario idílico que han vivido las empresas exportadoras españolas en los dos últimos ejercicios amenaza con desaparecer. Todas las compañías, pero especialmente las más grandes, se han aprovechado del efecto combinado de dos factores que han supuesto un bálsamo para su cuenta de resultados y sus exportaciones. El euro se mantuvo muy depreciado frente al dólar entre esos dos ejercicios, en el entorno de los 1,1 dólares por euro, mientras que el barril de Brent, de referencia en Europa, se estabilizó con oscilaciones en el entorno de los 50 dólares. Ese contexto favorable cambió en 2017 y se ha agudizado en el inicio de este ejercicio. En ese periodo el euro acumula una apreciación del 19% y ya se cambia por 1,25 dólares, mientras que el petróleo ya ha superado los 70 dólares, impulsado por el acuerdo de los productores de la OPEP para no elevar la producción hasta finales de este ejercicio.

La recuperación que se observa en el mercado laboral tiene todavía varias asignaturas pendientes, entre ellas, que los trabajadores cobren las horas extraordinarias, es decir, que sean compensados con tiempo libre o mediante una remuneración económica.  Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2017 se realizaron en España una media de 5.800.000 horas extra a la semana. De ellas, el 46,9% no se pagaron ni se compensaron con descanso ni se cotizaron, según denuncia UGT en un comunicado hecho público ayer.

Las rentas de las personas entre 66 y 75 años ganan peso al haber mantenido intactas sus pensiones mientras que, durante la crisis, se disparaba el paro y se devaluaban los salarios. Es la conclusión que se extrae de un informe de la OCDE con datos sobre el sistema de protección social. España es el segundo país, tras Francia, donde la renta media de los pensionistas retirados en la última década supera a la media nacional. Gracias a estos ingresos, España ha mantenido el nivel del consumo con un paro creciente. Un fenómeno que también se explica por carreras de cotización mayores.

Los nuevos jubilados que acceden al sistema de la Seguridad Social han vivido y han sido parte de muchos de los mejores años de la economía española, lo que les ha permitido acceder a sueldos altos y, en consecuencia, aportar cotizaciones sociales que también lo han sido. Por ello, y a pesar del impacto negativo de los años de recesión, la paga por jubilación ha realizado en la última década justo el camino inverso que los sueldos de los trabajadores, hasta el punto de que desde el inicio de la crisis la pensión media se ha disparado en un 40%. Los datos que el viernes hizo públicos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que la jubilación media está ya en 1.074 euros, mientras que a cierre de 2007 la cuantía era de apenas 766 euros, cifra que era prácticamente la misma que la pensión media por incapacidad permanente. Ahora, en cambio, la diferencia entre estos dos grupos de pensionistas es notable.

El Tribunal de Cuentas ha abierto 76 diligencias preliminares para investigar si las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT, y sus respectivas organizaciones, tienen responsabilidades contables, con fondos públicos, en la gestión de subvenciones dentro de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. En su informe sobre esta fundación, del 17 de octubre de 2017, la institución acusó a los empresarios y a los sindicatos de repartirse 10,7 millones de euros en ayudas públicas, entre los años 2015 y 2016. El tribunal detectó que, como miembros del patronato de la fundación, CEOE y sindicatos se encargaron de aprobar las ayudas para ellos mismos, porque «son, a su vez, los perceptores de las mismas. Esto ha supuesto, en algunos casos, que las normas no se aplicaran o que [los agentes sociales] las hubieran adaptado según sus intereses».

La Justicia ya no sólo anula la plusvalía municipal cuando no hay aumento de valor, sino que también lo hace cuando lo ha habido. En una sentencia pionera, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona ha eximido a un contribuyente del pago de la plusvalía municipal a pesar de que hubo incremento de valor, lo que quedó acreditado por un informe pericial. Lo hace porque el Gobierno no ha reformado el impuesto como exigía la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que lo anuló para los casos en los que hay incremento de valor, y considera que no hay forma de liquidarlo y que cualquier liquidación debe ser anulada.

La sociedad pública lhobe va a seleccionar a cinco empresas de Euskadi con el objetivo de apoyarles en implantar la remanufactura, mediante la visita a sus instalaciones de especialistas que realizarán un asesoramiento in situ. La remanufactura, etapa de recuperación del valor en la economía circular, persigue la restauración de productos o componentes desgastados a un grado de prestación y calidad igual o superior a los de un producto nuevo. Los expertos facilitarán a las empresas seleccionadas, a lo largo de una jornada, «criterio para la decisión empresarial de iniciar una nueva línea de negocio en remanufactura» o para reforzar la ya existente, «con el objeto de generar más facturación y empleo cualificado derivado de esta actividad».

Tras dos años de descensos, los autónomos vascos afrontan con esperanza 2018 por la entrada en vigor, el 1 de enero, de una nueva ley que como medida estrella extiende a un año la tarifa plana de 50 euros. Ese optimismo lo refleja Emi Sánchez, gerente de la Asociación Vasca de Autónomos (AVA-ATA Euskadi). Surgieron en 2007 con la misión de equipararse «al régimen general de trabajadores» y aunque han cosechado varios logros, advierten de que «tiene que haber más mejoras» para que el País Vasco «deje de ser la tercera comunidad en pérdida de trabajadores por cuenta propia».

Euskaltel ha despertado el interés de varios fondos de capital riesgo, que están evaluando la posibilidad de tomar una participación que les permita ejercer una influencia decisiva en la gestión.  El interés de estos fondos de private equity se ha despertado ante la percepción de que los accionistas actuales del grupo están dispuestos a reducir su participación o incluso a salir del capital si las condiciones son adecuadas y al hecho de que la evolución reciente del negocio y de la cotización no son positivas. En cualquier caso, la intención de estos fondos sería la de tomar una participación significativa, pero inferior al 30% para evitar tener que lanzar una opa. Sin embargo, con el actual equilibrio de fuerzas en el accionariado, con una participación de este volumen estarían en condiciones de influir decisivamente en la gestión del grupo.

«Tengo un doble sentimiento. Perlas del sector industrial guipuzcoano como Xey, Marcial Ucín o Aristrain se han vendido a grupos muy significativos a nivel mundial. Quizá esto consolide su posición aquí pero se produce una cierta pérdida de poder de decisión empresarial. Hay una cierta preocupación». Parecen palabras actuales pero hay que retroceder dos décadas para encontrarlas en la hemeroteca. Las pronunció el entonces secretario general de Adegi, José María Ruiz de Urchegui, en una entrevista en 1999. Ninguna de esas tres firmas que mencionaba Urchegui ha vivido un último lustro exitoso, un hecho que ha reavivado el debate sobre el control de las empresas propias y claves del tejido productivo guipuzcoano y vasco, y la apuesta por parte de las instituciones por impulsar el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi y la entrada de los trabajadores en la propiedad de las compañías. Aquí se instala la iniciativa del Gobierno Vasco de entrar en el capital de las compañías más pujantes, como ha ocurrido con la compra de acciones de CAF a Kutxabank.