20180115

El anuncio realizado por el ministro de Fomento Iñigo de la Serna para que el trazado del Tren de Alta Velocidad una el corredor mediterráneo con la Y vasca a través de la capital alavesa ha activado el debate social sobre las oportunidades que se abren para la ciudad y su capacidad para aprovechar un momento histórico. Los agentes económicos más importantes del Territorio tienen una posición unánime para lograr que en 2023 Vitoria se convierta en uno de los nudos logísticos más importantes de España al unir la línea de alta velocidad europea del corredor atlántico con la del Mediterráneo hasta Barcelona. Así lo ve Pascal Gómez, el presidente de la patronal alavesa SEA al señalar que «Vitoria tiene que hacer una reflexión muy profunda si de verdad queremos que sea la puerta de entrada a Euskadi de la alta velocidad ». Gómez agrega que «la transformación hay que hacerla ya porque 2023 es mañana». Pone el punto de mira en la ampliación y adecuación de los polígonos industriales, pero sobre todo en la actuación en el centro de la ciudad y la necesidad de «la reforma integral de la forma de entender el comercio y los servicios».

Según los datos recientemente por el Ministerio de Empleo, el número de afiliados a la Seguridad Social creció en casi 18.700 personas en Euskadi y en 611.146 en el conjunto de España. En términos relativos, el incremento de diciembre de 2017 respecto al mismo mes del año anterior fue del 2% en el País Vasco frente al 3,4% del total nacional, lo que demuestra que el ritmo de creación de puestos de trabajo es mucho más lento en la comunidad autónoma que en el resto del país. El análisis de los sectores que están tirando del empleo en uno y otro caso explican, en gran medida, esta brecha, muy relacionada con las diferencias en el modelo productivo. De acuerdo con el registro de la Seguridad Social, educación e industria manufacturera fueron las actividades que, en términos absolutos, más contribuyeron a generar esos 18.700 cotizantes adicionales en Euskadi; el ámbito de la enseñanza, con 5.000 nuevos afiliados, y el de las fábricas con algo más de 3.000. En tercer lugar se sitúa otro área con gran peso público, el de sanidad, con 2.600, y en cuarto, las actividades administrativas. En quinto figura la hostelería, lo que encaja con el empuje del turismo.

El próximo miércoles día 17 se cumplirá un año desde que patronal Confebask y los cuatro sindicatos más representativos, ELA, LAB, CCOO y UGT, firmaron el acuerdo para dar prioridad a los convenios vascos frente a los estatales. El balance del que se presentó como un importante acuerdo porque era el primero suscrito por ambas partes después de 20 años, no puede ser más desalentador. No hay convenios vascos que blindar porque no hay convenios. Actualmente sólo uno de cada cuatro trabajadores vascos tiene su convenio actualizado. Esto significa que casi 349.000 trabajadores no han renovado sus condiciones laborales, y por lo tanto, sus salarios están congelados, salvo algunas excepciones. De este bloque, un total de 110.097 asalariados están ya en situación límite porque sus convenios están decaídos, lo que supone que están ya fuera de la negociación. Y en este situación se encuentran ya el 20% de los trabajadores vascos.

El contrato a tiempo parcial está muy vinculado a la temporalidad. Es así en el conjunto de España y especialmente en Euskadi, donde el empleo de media jornada se ha convertido en una puerta provisional al mercado de trabajo y cuenta con una presencia relativamente baja entre los asalariados con contrato indefinido. Según los registros de la Seguridad Social, el 41% de los ocupados vascos que trabajan en la empresa privada de forma temporal tienen un contrato parcial mientras que entre los que tienen empleo fijo el porcentaje es del 16%. En España el empleo parcial está algo más asentado con una incidencia entre los indefinidos del 21%. La irrupción de los contratos por horas se ha acentuado en los últimos años como parte del proceso general de entrada al mercado de trabajo de mano de obra más barata. Según datos del lNE, el porcentaje de trabajadores vascos con jornada parcial ha pasado del 12,8 al 16,4% desde 2007, la mayoría mujeres, aunque las cifras son bastante más altas si se deja de lado el sector público.

Tener un contrato indefinido o, por el contrario, uno temporal puede marcar la diferencia entre poder alquilar una vivienda, pedir un crédito o emanciparse. Pero la brecha que separa a los trabajadores fijos de los eventuales no sólo se deja sentir en sus bolsillos a fin de mes, también lo hace en otros muchos aspectos que los sitúa en una posición de extremada vulnerabilidad. Y, desgraciadamente, no son pocos. El 26,8% de todos los asalariados en España tiene un contrato de trabajo temporal, una cifra aún muy elevada pero menor que la que había en 2006 cuando alcanzó el 27%.

El Gobierno vasco quiere dar un impulso al uso del euskera en las universidades. El nuevo decreto que regula las enseñanzas superiores, aprobado el mes pasado, fija la proporción de asignaturas en los grados –y de títulos de másteres y doctorados– que se deberán impartir en los dos idiomas oficiales, lo que obligará a las instituciones académicas a incrementar la oferta de estudios en euskera. Esta medida afectará tanto a la universidad pública, como a las que reciben subvenciones de la Administración –Deusto y Mondragón–, e incluso a las totalmente privadas que ya funcionan o que se instalen en el futuro en Euskadi. El decreto da un tratamiento diferente a los grados y a los niveles superiores: másteres y doctorados. En concreto, indica que «las enseñanzas universitarias oficiales de grado, así como sus planes de estudios, en todas sus asignaturas de formación básica y obligatorias, deberán poder ser ofertadas en euskera y en castellano». Permite, como excepción, que algunas de esas materias se impartan en inglés.

Pese al gran acuerdo logrado hace unos días entre Gobierno y agentes sociales para dar un fuerte impulso al salario mínimo interprofesional (SMI) y elevarlo un 4% este año, un 5% en 2019 y un 10% en 2020 hasta los 850 euros, los sindicatos no se dan por satisfechos y quieren lograr otro gran reto: conseguir para este 2018 que por convenio nadie gane menos de 1.000 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas. Ésta será la propuesta que las organizaciones sindicales llevarán a la patronal en la reunión que mantendrán el próximo 25 de enero y en la que iniciarán formalmente la negociación para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pese a que aún no lo han anunciado de manera oficial, UGT ya lo adelantó en un encuentro mantenido con los medios la semana pasada, mientras CC OO se limita a decir que su propuesta tendrá «dos dígitos» y será «ofensiva».

 La Universidad del País Vasco dispone de más facilidades para abrir grupos euskaldunes. «Al establecer enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado financiadas con fondos públicos, el euskera se utilizará como criterio preferente a la hora de implantar grupos», aclara el decreto vasco. Educación exige un número mínimo de alumnos para formar un grupo, unos ratios en los que se hace una discriminación positiva hacia la lengua vasca. Los grados oficiales deberán demostrar que la enseñanza propuesta tendrá un número de estudiantes de nuevo acceso en torno a 80 y, en todo caso, nunca por debajo de 30, salvo excepciones justificadas que requerirán la aprobación expresa de Educación.

«Los sindicatos plantearán a los empresarios en la negociación colectiva de este año que el salario mínimo de convenio sea, por lo menos, de 1.000 euros mensuales brutos. […]Los objetivos de los sindicatos se pueden entender considerando que representan a la mayoría de los trabajadores por su papel en la negociación colectiva. Sin embargo, el planteamiento sobre el incremento del salario mínimo de convenio es un disparate. Fundamentalmente, porque, según reconoce el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los sindicatos desconocen cuál podría ser el impacto de su propuesta sobre las empresas. Fundamentalmente, porque las centrales no saben ni cuántas de ellas ni cuántos asalariados tienen un salario mínimo de convenio por debajo de los 1.000 euros mensuales».

El gasto de los hogares vascos sigue en aumento, aunque a una marcha bastante más lenta. Después del repunte de 2015, las cifras que acaba de publicar el Eustat, con los últimos datos de 2016, certifican que tras ese acelerón, el dinero que se destina a la bolsa de la compra, al mantenimiento del hogar y al ocio se han estabilizado. El pequeño incremento que se produjo, un poco más del 1%, es más palpable en los apartados en los que en tiempo de crisis las familias se aprietan el cinturón, como en salidas fuera de casa –restaurantes y hoteles– y telecomunicaciones. Todo lleva a pensar que aunque los datos macroeconómicos sean positivos, los del día a día de los ciudadanos son mucho más contenidos.

Sustancial rapapolvo a España. En un informe publicado el viernes, la Comisión Europea reprocha a España la escasa eficiencia de su sistema de transferencias sociales. Hasta el punto de que, según el estudio de Bruselas, España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. El motivo: en proporción a la riqueza del país, hay pocas ayudas para reducir la pobreza. El Gobierno considera que estos datos no son fieles a la realidad, al no incluir las prestaciones en especie que suponen la educación y la sanidad, gratuitas y bastante generosas en comparación con el resto de Europa.

El gasto en pensiones en Euskadi se ha incrementado en 200 millones de euros al mes en una década. Esa factura mensual se ha disparado un 46% por causas como son el envejecimiento de la población o las subidas de la pensión media de los nuevos perceptores. La cifra por mes para el sistema de pensiones se situaba en 431 millones hace una década y ese registro ha llegado a 632 millones a cierre de diciembre de 2017. Mientras en el Estado el repunte del empleo deja dos afiliados por cada pensionista, en el caso del País Vasco la proporción apenas roza los 1,8 ocupados.

Las Administraciones regional y local (que incluye ayuntamientos y diputaciones) contratan espoleadas por la recuperación económica y el incremento de las tasas de reposición en la Función Pública. Comunidades y entidades locales han incrementado sus efectivos entre julio de 2016 y julio de 2017 en 5.509 y 18.316 personas, respectivamente, en un periodo en el que el número de empleados públicos se elevó en un total de 12.880, hasta alcanzar un total de 2.535.493, una cifra que ya se acerca a la que atesoraba la Administración en el inicio de la crisis en 2007, 2.636.181 empleados. Así lo muestra el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas hecho público este mes de enero por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La economía mundial crece con un ritmo que no se había visto desde 2008. Sin embargo, hay amenazas que pueden frenar las buenas perspectivas como el pulso nuclear que mantiene EEUU con Corea del Norte, la salida de Reino Unido de la UE o el terrorismo islámico.

El procés ha agrandado la fractura en el seno de la patronal catalana Fomento del Trabajo. Las diferencias con Cecot, una de sus organizaciones territoriales, han llegado al punto de que Fomento ha planteado su expulsión. El presidente de Cecot, Antoni Abad, quiere concurrir a las elecciones de la gran patronal de finales de año. En Fomento ven este movimiento como un nuevo intento del soberanismo de hacerse con el control de la entidad.

Casi la mitad de los españoles que votaron a Mariano Rajoy en las elecciones de 2016 han dejado de ser fieles al PP, según un sondeo de Metroscopia para El País. El auge de Ciudadanos está dinamitando la base electoral del partido del Gobierno. Si en noviembre el 68% de los votantes del PP garantizaba que repetirían su voto, ahora solo lo haría el 54%. Además, el 68% de los seguidores del PP cree que Albert Rivera tiene un proyecto de futuro adecuado para España, mientras que solo el 58% piensa lo mismo sobre Rajoy. Así, Ciudadanos sería apoyado hoy por un 23% de los antiguos votantes populares.