20180114

El Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, recientemente suscrito en el Consejo Vasco de Familia, rediseña las bases de un modelo que se ha demostrado insuficiente y que ahora el Gobierno Vasco aspira a revertir, junto con diputaciones, ayuntamientos, Confebask y entidades sociales. La idea de fondo, en sintonía con la filosofía practicada en países europeos, es que la inversión en infancia supone un capital social pero también económico de futuro. Más allá del gesto político y de las buenas palabras, este paradigma abraza un decálogo de compromisos que buscan eliminar las trabas, económicas y sociales, que dificultan que las personas puedan tener descendencia o tengan el número de hijos deseados, y luchar de forma más eficaz contra la pobreza infantil y la transmisión de las desigualdades sociales.

La firma hace ahora un año –se rubricó el 17 de enero– del Acuerdo Interprofesional, que daba prioridad a los convenios vascos respecto de los estatales, levantó muchas expectativas, aunque los agentes que lo suscribieron –Confebask y los cuatro sindicatos vascos– dejaron muy claro que era como un cesto de mimbre que había que llenar de contenido, es decir, acordar convenios, porque de lo contrario sería una simple carcasa vacía. Pues se puede decir que eso es lo que ha pasado en gran medida, ya que la negociación colectiva ha dado escasos frutos. Según los datos del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), en los once primeros meses tan solo han actualizado sus condiciones laborales un total de 94.088 trabajadores vascos, el 16,41% del total.

La sorprendente irrupción del Gobierno vasco en una compañía cotizada en Bolsa, al hacerse con el 1,24% de la ferroviaria guipuzcoana CAF, ha abierto el debate sobre el papel de la política industrial ante la nueva era postcrisis. Diez voces autorizadas, entre las que se encuentran directivos de grandes compañías vascas como Petronor, Mercedes, CIE Automotive o Sidenor, se han prestado a ofrecer su receta para lograr el despegue definitivo de Euskadi. Su fórmula pasa por ganar músculo industrial a base de formación e innovación, cooperación para competir y una adecuada fiscalidad.

La política industrial del Gobierno Vasco ha llamado la atención en Europa y es una de las referencias a las que recurre la Comisión Europea cuando organiza conferencias para divulgar la industria 4.0 y la especialización inteligente. En esa línea, Euskadi será la única región invitada a unas jornadas organizadas en Bruselas circunscritas en este caso al ámbito de la energía. Se trata de lo que el Ejecutivo denomina evento de alto nivel, actos en los que participan los principales agentes del área de actuación de cara a trasladar una visión global a los agentes implicados. En esta ocasión se busca dar un nuevo impulso a la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía (S3PEnergy) y se ha recurrido al Gobierno Vasco para que exponga su punto de vista sobre los retos y oportunidades de las regiones europeas con el desarrollo de las nuevas dinámicas industriales en el ámbito energético.

Después de tres años de crecimiento económico y beneficios empresariales potentes, los sueldos de los trabajadores españoles apenas han apreciado esta mejoría. Siguen en crisis. Da igual que sean directivos o empleados de base, su poder adquisitivo apenas ha mejorado entre 2007 y 2017. En concreto, los trabajadores de a pie y los mandos intermedios han ganado dos puntos a la inflación acumulada en esta década, y los directivos casi uno. Así lo refleja el estudio salarial de ICSA Grupo, que prevé revisiones salariales modestas también para 2018.

El precio de producción de las denominadas energías limpias seguirá disminuyendo hasta 2020, año en el que se calcula que competirán con el de los combustibles fósiles, vaticina el informe Costes de generación de las renovables en 2017, dado a conocer ayer en Abu Dabi. El contenido de este documento fue el punto fuerte de la primera sesión de la VIII Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), que este año preside Uruguay y cuenta con la participación de más de 1.100 representantes de gobiernos de 150 países. Según la información revelada, basada en los datos obtenidos del análisis de 15.000 proyectos desarrollados en 147 países por la agencia, el coste de generación de energía solar fotovoltaica disminuirá en un 50% de 2018 a 2020, después de haber caído un 73% de 2010 a 2017 y conseguir precios récords en países como Chile, México, Perú y Arabia Saudí.

No está finiquitado, pero la banca considera que es una herramienta con una utilidad bastante más limitada de la prevista. Se trata del Proyecto Phoenix, un remedo de ‘banco malo’ que crearon al principio de la salida de la crisis las principales entidades del sector (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular), impulsadas por el Gobierno, para salvar a empresas medianas muy endeudadas pero viables. En abril cumplirá tres años de vida y hasta el momento solo ha logrado recapitalizar cuatro firmas frente al mínimo de cinco que se planteaba. De la última se hicieron cargo a finales de diciembre. Es Sten (Sistemas Técnicos de Encofrado), especializada en fabricar materiales destinados a la construcción y de la que controlan ahora el 51% de sus títulos tras reconvertir cerca de 40 millones de euros que tenían en deuda.

Cuando Fitur, abra sus puertas el próximo miércoles día 17, el estand de Euskadi será, casi con seguridad, uno de los más visitados. Euskadi está de moda en lo que se refiere al turismo. No hay más que darse una vuelta por cualquiera de las capitales vascas o por algunos de los puntos emblemáticos de la costa, repletos de visitantes plano en mano, para confirmar esta realidad que ratifican las estadísticas, con más de tres millones de viajeros que eligen pasar sus vacaciones en algún punto de Euskadi. El impulso que empezó allí por los años 90 con aquel famoso lema, Ven y Cuéntalo, que puso en marcha Rosa Díez, entonces consejera socialista de un gobierno de coalición con el PNV, -como el de ahora- parece actualmente ya imparable. El turismo se revela ya como un sector económico muy importante, que supone el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), y su importancia para la economía vasca es incuestionable.

El mercado laboral vasco evoluciona de forma positiva en el cuarto año de recuperación económica pero no lo suficiente para hacer frente al incremento del número de pensionistas, y el consiguiente aumento del gasto en pensiones, sin seguir generando déficit en el sistema. 2017 se ha cerrado sin alcanzar, al menos, el ratio de dos trabajadores activos por cada jubilado que cobra una pensión. En la actualidad en la Comunidad Autónoma Vasca hay 1,7 trabajadores en activo afiliados a la Seguridad Social (S.S.) por cada pensión. En concreto, el número de trabajadores vascos de la CAV cotizando a la Seguridad Social ascendió a 943.987 mientras que el número de pensiones sumaba 548.158, según datos del Ministerio de Empleo.

La foto de la España de 2007 era la de un país que crecía al 3,8% y con una tasa de paro del 8,6%. Un crecimiento basado en la burbuja inmobiliaria y con un déficit comercial de 100.000 millones. En esa foto también se verían unas cuentas públicas con superávit y una deuda pública moderada del 36%, pero con una elevada deuda privada (de empresas y familias). Al año siguiente, el álbum mostraría el comienzo de una crisis que una década después aún no se ha cerrado. Hay que comparar la foto de 2017 con la de hace diez años para analizar una recuperación con algunas luces como el buen ritmo de crecimiento del PIB, el fortalecimiento del sector exterior o la ganancia de competitividad, pero que tiene todavía muchas sombras en forma de desempleo, pérdida de poder adquisitivo para trabajadores y pensionistas y abultada deuda pública.

Tres vicepresidentes de Gobierno, tres gobernadores del Banco de España, tres presidentes de la CNMV y otros altos cargos, como el presidente de Asociación Española de Banca, ya han pasado por la comisión de investigación sobre la crisis financiera. A lo largo de las 11 primeras sesiones celebradas —aún le quedan meses de trabajo— y con casi un centenar de horas de declaraciones, se han oído todo tipo de razones para justificar y explicar la hecatombe que ha roto la estabilidad social al disparar la desigualdad y la pobreza, y que elevado la deuda pública hasta casi el 100% del PIB desde el 36% que estaba en 2004. La factura final directa está por determinar, pero nadie espera que baje de los 50.000 millones. La autocrítica casi ha brillado por su ausencia, quizá porque la crisis es demasiado grave y nadie quiere aceptar ni la más mínima responsabilidad en este entierro.

En España hay registrados un total de 23,6 millones de coches y cada año son consumidos cerca de 28 millones de toneladas de carburante. El millonario negocio de la movilidad sigue siendo uno de los sectores más rentables de la economía. Muestra de ello es que el número de gasolineras no ha parado de crecer durante la última crisis y alcanza ya los 11.118 establecimientos. La tarta es cada vez más grande, pero de esa tarta cada vez quieren comer más empresas. Las últimas en incorporarse han sido las grandes eléctricas. Estos grupos están centrando gran parte de sus esfuerzos en liderar la transición energética que se avecina en el país y conseguir colocarse como potencias de la nueva movilidad.  Las eléctricas diseñan planes para abordar la transición ‘verde’ con la instalación de cientos de ‘electrolineras’ y estaciones para vehículos de gas para pugnar con las petroleras por el  mercado.

Nadie debería destinar más del 30% de su sueldo neto para disfrutar de una vivienda para poder vivir dignamente. Así lo recomiendan instituciones y asociaciones de consumidores. La realidad, sin embargo, se presenta bien distinta, incluso utópica para muchos. Lo revela el Observatorio Vasco de la Juventud en su último informe, que remarca que un menor de 34 años debería duplicar prácticamente su nómina para cumplir ese requisito si quiere comprarse un piso, o incluso tendría que cobrar más todavía si lo que desea es recurrir en solitario al mercado del alquiler. Según este organismo, la única «opción viable» que les queda a los jóvenes es el arrendamiento protegido, aunque el acceso al mismo parece estar al alcance de muy pocos: la escasa oferta disponible se erige en el principal obstáculo para lograrlo.

La rutina de ir o volver del trabajo puede hacerse más llevadera si se combina obligación con diversión. Ir al trabajo en bicicleta, en monopatín o hacer una parada en el bar de al lado de la oficina es una costumbre para muchos trabajadores. Pero, cuando se produce un percance asociado a estas actividades, surgen las dudas: ¿en qué circunstancias son considerados accidentes laborales? La dificultad estriba en determinar cuándo se trata de una simple pausa en la jornada y cuándo tiempo de ocio o descanso del trabajador. La jurisprudencia subraya que la diferencia existe y analiza caso a caso atendiendo a las circunstancias que lo rodean, lo que, por otra parte, dificulta establecer un criterio unificado.

«Hace unos meses, el PSOE se arrastraba sumido en el desconcierto. […] Sin embargo, ahora, ha alejado a los radicales, los ha reducidos a su mínima expresión y, según las encuestas, se ha incorporado al trío de cabeza, con PP y Ciudadanos al alcance de la mano. […] Con este cambio radical, Pedro Sánchez se ha venido arriba y nos ha prometido solucionar uno de los grandes problemas del país, como es el asunto de las pensiones. Además, lo piensa arreglar sin pedirnos nada a cambio y sin renunciar a ningún derecho. ¿No es maravilloso? ¿Cuál es la propuesta? Pues, como era de temer, implantando un nuevo impuesto, aunque por esta vez se presenta como indoloro, pues recaería sobre la odiosa banca».