20180110

El ministro de Economía, Luis de Guindos avanzó ayer que los próximos presupuestos que presentará el Gobierno incluirán una revisión al alza en la previsión de crecimiento para la economía española en este año. Aunque no precisó la cantidad exacta de esta subida, sí aseguró que el escenario central que maneja actualmente el Ejecutivo se encuentra «claramente por encima del 2,5%». El motivo de este aumento es la estabilización de la situación en Cataluña. La tensión posterior a la convocatoria del referéndum ilegal provocó que el pasado mes de octubre el Ejecutivo rebajara tres décimas su previsión para 2018, que se quedó en 2,3%. Una estimación que, en palabras del propio Guindos, resulta «demasiado prudente» a la vista de la reciente evolución de los acontecimientos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró ayer la octava edición del Spain Investors Day con la promesa de «intensificar» su «agenda reformista» con seis medidas en el horizonte: «Mejorar la formación de los trabajadores, las políticas activas de empleo, la I+D+i, la digitalización, la continua eliminación de trabas administrativas o el apoyo de la actividad emprendedora». Ese impulso se enmarca en una estrategia anual que tendrá tres pilares. El primero, «la estabilidad presupuestaria», que «es la base de la recuperación». Para ello Mariano Rajoy se comprometió a negociar unos Presupuestos que se pacten con varias formaciones y que den un claro mensaje de seguridad al exterior.

BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Abanca y Liberbank advierten a sus inversores del riesgo para la economía y para sus respectivos negocios que suponen la incertidumbre y las tensiones políticas en Cataluña. Estas entidades, junto con el Fondo Prado V, controlado por Santander, la Socimi Vitrubio y la promotora Aedas Homes, avisan del peligro catalán en folletos de emisiones y OPV registrados en la CNMV entre el 1-O y ayer mismo. La mayoría de los avisos se presentaron en noviembre y diciembre, y se plantean «a pesar de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno», cuyo efecto se reconoce, pero se alerta de que «siguen existiendo grandes incertidumbres y tensiones».

Los números rojos del sistema de pensiones siguen creciendo a un ritmo difícil de sostener. La Seguridad Social terminó el pasado año repitiendo un déficit similar al de 2016, algo superior a los 18.000 millones de euros, según confirman los datos de la evolución del presupuesto de este organismo. A pesar de que se prevé que 2017 marque un récord de ingresos por cotizaciones sociales recaudadas por la Seguridad Social de alrededor de 109.000 millones de euros en un solo ejercicio–en agosto se superó por primera vez una recaudación mensual de 10.000 millones de euros–, esta mejora no será suficiente para compensar el incremento del gasto en pensiones, que se mantiene constante en el entorno del 3% anual, rozandolos127.000 millones de euros.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció ayer que propondrá la creación de dos nuevos impuestos finalistas para gravar a las entidades financieras: «El impuesto sobre las transacciones financieras y un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones», que es «la clave de bóveda sobre la que descansa nuestro Estado del Bienestar». Sánchez justificó la idoneidad de estos nuevos tributos. Sobre el primero dijo que «se trata de un gravamen exigido por organismos nada sospechosos de radicalidad, como el FMI o la propia UE, y también puesto en marcha por gobiernos como el británico o el francés». El problema es que éste podría acabar repercutiendo en un mayor coste de los servicios financieros para los ciudadanos, si la banca les traslada el impacto de la medida.

La tasa de paro de la zona euro bajó el pasado noviembre al 8,7% y supone el nivel más bajo registrado desde diciembre de 2008. El indicador suma ya 40 meses consecutivos descendiendo. Los datos ofrecidos ayer por Eurostat mantienen a España como el segundo país de la UE con el paro más elevado (16,7%), solo por detrás de Grecia (20,5% con datos hasta septiembre de 2017). En el mes de noviembre, España repitió la tasa de paro del 16,7% registrada el mes anterior, aunque esta lectura es dos puntos porcentuales inferior al nivel de un año antes, cuando el desempleo era del 18,7%. España registró en noviembre un total de 3,8 millones de desempleados, en línea con el mes anterior, pero 431.000 menos que en noviembre de 2016.

El problema que arrastran los importadores vascos desde 2015 no se ha resuelto ya que el nuevo mecanismo sigue penalizando a Euskadi. La cuestión afecta a empresas que tributan a las haciendas forales. Las diputaciones y el Gobierno foral gestionan todo el IVA menos el de las importaciones. Cuando el Gobierno central decidió que los importadores pagaran directamente el IVA en la aduana se rompió la cadena que permitía a las empresas vascas reducir la factura compensándolo con el IVA que presentan en sus autoliquidaciones en la Hacienda foral. El canal siguió abierto para las compañías de otras comunidades y la Cámara de Bilbao denunció ante la Justicia la normativa por entender que «discriminaba» a Euskadi y Nafarroa. El mecanismo que entrado en vigor este año incide en el mismo agravio comparativo.

El Tren de Alta Velocidad conectará Pamplona y Euskadi a través de Vitoria. El ministro de Fomento apostó ayer por enlazar la capital navarra con la ‘Y’ vasca a través de Álava, dejando a un lado el trazado alternativo que iba hacia San Sebastián por la localidad guipuzcoana de Ezkio. Según explicó, a Íñigo de la Serna le parece «más factible» la opción vitoriana porque costaría tres veces menos –580 millones de euros frente a 1.705– y porque la ejecución de la obra sería «mucho menos compleja». Por otro lado, el Ministerio de Fomento tiene un «compromiso total» para facilitar la conexión ferroviaria para el tráfico de mercancías entre Vitoria y Burgos, según explicó ayer su titular, Íñigo de la Serna. El ministro dijo que resulta imposible, por razones técnicas, una conexión mixta de la red de alta velocidad vasca con la Meseta. Pero aseguró que Fomento buscará con el Gobierno vasco y con la Junta de Castilla y León una solución para garantizar la unión en el transporte de mercancías entre Vitoria y Burgos, previsiblemente adaptando las vías convencionales al ancho internacional.

Una empresa no puede grabar de forma secreta a sus empleados en el trabajo. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es clara, pero no le ha servido de mucho a las cinco mujeres españolas que apelaron a la alta instancia europea tras haber sido despedidas —con la prueba de cámaras ocultas— por robar o ayudar a hacerlo a otros empleados y clientes en el supermercado en el que trabajaban como cajeras. El juicio fue justo, dice el Tribunal de Estrasburgo, por lo que el despido es procedente. Pero el tribunal ordena una indemnización de 4.500 euros a cada una por violación de la intimidad. «Deberían haber sido informadas de que estaban bajo vigilancia».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió ayer a responsables de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) en un encuentro que tuvo lugar en la sede de la lehendakaritza, en Vitoria. A la reunión asistieron el presidente de la FVEM, José Luis López Gil, su vicepresidente, Lander Arteche, y su director gerente, Adolfo Rey. Por parte del Gobierno vasco el lehendakari estuvo acompañado por Jesús Peña, secretario general de Presidencia del Ejecutivo autonómico.

El enfrentamiento entre Iberdrola y Siemens por culpa de Siemens Gamesa va en aumento. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, dijo ayer a Bloomberg que su «preocupación es cómo se han comportado las acciones» de Siemens Gamesa en Bolsa. Desde junio, cuando esa compañía echó a andar, los títulos han llegado a perder la mitad de su valor. Aunque en lo que va de año ha repuntado con fuerza, desde junio la pérdida sigue siendo superior al 35%. Ese comportamiento, ha dicho Galán, «es consecuencia de muchas cosas, y entre otras es por la gestión».

CNA, parece haber tirado la toalla al asumir que tras sus incumplimientos no lograría retener la marca Fagor y, por tanto, desaparecía el único ‘cebo’ para encontrar un inversor que reflotara Edesa Industrial. Tanto es así que ha decidido retirar la Propuesta Anticipada de Convenio (PAC) a los acreedores, que según había señalado la firma habría permitido «conservar 140 empleos y sobrepasar los 300 en tres años, manteniendo la actividad industrial y comercial desde el País Vasco». Pues bien, esa tabla de salvación, que llegaba de la mano de una oferta de la empresa polaca Amica, era en realidad bastante menos ambiciosa. El plan de viabilidad incluido en esa PAC preveía únicamente fabricar ollas a presión en la planta guipuzcoana de Eskoriatza y con sólo 21 trabajadores a los que se pagaría, de media, 28.522 euros brutos anuales. Esa era toda la salida industrial para las cenizas de Fagor Electrodomésticos, que dejaría así de fabricar el resto de productos de su histórico catálogo.