20180109

Los sindicatos quieren que todos los convenios tengan un salario mínimo de 1.000 euros brutos al mes. Esta es la parte más importante de la propuesta que CCOO y UGT van a hacer a las patronales CEOE y Cepyme en la negociación del acuerdo interconfederal para la negociación colectiva de este año. Así lo anunció ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Incluso, el dirigente sindical se mostró rotundo sobre la defensa de esta propuesta salarial, aunque su aplicación pueda cuestionar, o condenar, la viabilidad de algunas empresas. «Los salarios de 750 euros sí cuestionan la viabilidad de muchas familias y entre cuestionar la viabilidad de alguna empresa y la de decenas de miles de trabajadores, es más importante lo segundo», dijo Álvarez. Sobre el acuerdo de negociación colectiva que sindicatos y empresarios comenzarán a negociar esta misma semana, el secretario general de UGT anunció que en esta ronda las centrales no reclamarán una banda salarial de aumentos salariales con un mínimo de incremento. Lo que harán, según su relato, será proponer que se fije un dígito que sirva de orientación a los negociadores de los distintos convenios.

Los empresarios españoles inauguran 2018 con optimismo. El 77% de las empresas prevén elevar el sueldo de sus empleados este año, motivados por la mejora de la situación macroeconómica a nivel global. Después de los datos de empleo con que cerró 2017, con 611.146 nuevos afiliados y 290.000 parados menos, y de camino al objetivo de 20 millones de empleos en 2019, el Gobierno está pidiendo un pacto en la negociación colectiva –que recomenzará este jueves– entre sindicatos y patronales para elevar los salarios que acompañe el aumento del SMI previsto y que subsane los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo. También considera elevar 1,5% el sueldo a los funcionarios. El número de empresas españolas que planea un alza salarial ha crecido 14 puntos frente al 63% que pensaba hacerlo hace un año.

El Estado se verá obligado este año a endeudarse aún más para que la Seguridad Social pueda asumir la nómina de las pensiones sin tener que dejar tiritando la ya de por sí diezmada ‘hucha’ a la que se acude para abonar las pagas extraordinarias. Lo hará a través del Tesoro Público, cuyas previsiones de emisión de deuda para este año ya incluyen los 15.000 millones que prestará al Ministerio de Empleo para financiar esos pagos. Con esta confirmación, el Estado no solo asume a principios de año la cuantía que deberá inyectar al organismo público para que pueda pagar las prestaciones. Sino que, además, incrementa esa cifra en un 47% con respecto a la que ya otorgó en 2017 para este mismo fin.

Después de un año de recortes de producción petrolera por parte de la OPEP y Rusia, el crudo ha vuelto a alcanzar precios que no se veían desde hace dos años y medio, añadiendo presión al crecimiento del PIB. Si la bajada de los precios del petróleo en 2014 y 2015 supuso un fuerte estímulo para la recuperación de la economía en la salida de la recesión, ahora amenaza con cobrarse su venganza precisamente en un momento en el que el PIB entra en un proceso de ralentización, atenazado por la crisis catalana y la moderación del consumo. La cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, ya alcanza los 68 dólares, una cifra sensiblemente más elevada que el entorno de los 45-55 dólares en el que se movió a lo largo de la mayor parte de los dos últimos ejercicios. Es decir, un alza del 40% respecto a la media de los precios en 2016 y 2017, algo que ya se está transmitiendo a los precios de la gasolina y el gasóleo.

Mileuristas, familias, jóvenes, funcionarios, autónomos, constructoras, el cine... son muchos los sectores que se encuentran a la expectativa de que España tenga nuevos Presupuestos Generales para 2018. La falta de acuerdo ha provocado que el Gobierno haya tenido que retrasar algunas de las medidas que ya estaban anunciadas –como el complemento salarial para los jóvenes trabajadores o la bajada del IVA del cine–, que podrían quedar en papel mojado si hubiera que prorrogar las cuentas de 2017. Ante esta situación, Rajoy ha fijado la aprobación de las cuentas como su prioridad política para el inicio del año. El presidente considera que la aprobación de las cuentas mandaría un mensaje de estabilidad tras la situación en Cataluña y aliviaría a los españoles de algunas de las cargas que tuvieron que soportar como consecuencia de la crisis.

Los Ayuntamientos vuelven a contratar con fuerza después de haber sido la Administración que más empleo había destruido con la crisis. Tras haber perdido hasta 100.000 puestos, los municipios han incorporado 22.915 nuevos trabajadores en el primer semestre de 2017, según datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado ayer por Hacienda. Se trata del único nivel de la Administración que engorda de forma significativa su plantilla gracias a que disponen de unas cuentas, en su conjunto, más saneadas.

Hace ya algún tiempo que Bruselas se conjuga en positivo. Y hablando del gran centro del poder político comunitario, qué mejor que un buen titular para sacar pecho y poder vender optimismo a la tropa. De hecho, fueron dos, ambos relacionados con diciembre. «El índice de sentimiento económico alcanzó la cifra más alta desde 2000 en la UE» y «el índice de clima de negocios cerró en máximos desde 1985». Los peros, en este caso, los protagoniza España, penalizada por la crisis catalana al ser la única gran potencia que dio un paso atrás respecto a noviembre a diferencia del fuerte tirón de Francia, sobre todo, y Alemania, cómo no. Italia, por su parte, sigue a lo suyo. Plana, sobreviviendo, como siempre. Bruselas vendió estos datos a bombo y platillo al considerarlos dos indicadores claves a la hora de calibrar el estado de salud macroeconómico de la UE y la Eurozona.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la consejera vasca Arantxa Tapia y el vicepresidente de Navarra, Manu Ayerdi, confirmarán en Pamplona, que la conexión más viable del corredor mediterráneo del tren de alta velocidad (TAV) con la Y vasca es la de Vitoria, con lo que se iniciará el proceso para encargar en los próximos meses un proyecto informativo que la una con la capital navarra. La decisión supone dejar de lado al alternativa de una conexión directa desde Pamplona al ramal guipuzcoano y que exigía perforar con túneles la sierra de Urbasa que separa Navarra y Gipuzkoa. Pese a la decisión adoptada, los tres máximos representantes institucionales de este gran proyecto ferroviario destacarán que ahora se inicia un proceso administrativo en el que deberá atenderse a las alegaciones que tanto instituciones públicas como particulares puedan formular.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco-PCTI 2020 afronta la culminación de su fase 3 basada en la colaboración con las empresas y en difundir los beneficios de la innovación. Tras este paso, sólo quedará la última fase de impulso y evaluación general para determinar si se ha cumplido el objetivo de situar a Euskadi como referente europeo de innovación. Para el comisionado del lehendakari y coordinador de este plan, Jesús Peña, es primordial incorporar «a más pymes a esa base de empresas que hacen I+D».

La empresa catalana CNA da por fracasado su proyecto para reflotar la antigua Fagor Electrodomésticos de Arrasate y opta por despedir a 140 trabajadores, manteniendo tan solo a una docena para labores comerciales. La compañía argumenta su decisión de dejar de fabricar en Euskadi por la imposibilidad de continuar con el uso de la marca Fagor. El comité de empresa se mostró ayer indignado por una situación que considera producto de la «nefasta gestión» de la empresa y reclama que las instituciones se impliquen para intentar salvar la compañía. El comité de empresa denuncia la «nefasta gestión» de los catalanes y pide a las instituciones que se impliquen en un último intento de salvar la veterana compañía

Kutxabank formalizó durante el año pasado operaciones de financiación con las microempresas por un importe de 340 millones, un 16% más que en 2016, con un incremento del 10% en el número de operaciones, según informó ayer la entidad vasca. Estas microempresas mueven anualmente un volumen de negocio que supera ligeramente los 400.000 euros cada una y dan empleo a una media de tres trabajadores. Las distintas divisiones del banco que operan con empresas registraron en 2017 crecimientos que se sitúan a niveles prácticamente de los años anteriores a la crisis, y dentro de esos aumentos de la inversión empresarial, destaca la evolución de los préstamos suscritos por las microempresas para adquirir terrenos, pabellones industriales o inmuebles dedicados a su actividad de negocio. Este tipo de créditos crecieron un 60% a lo largo de 2017.

El fondo de pensiones guipuzcoano Geroa ha invertido un millón de euros en la compañía donostiarra Irisbond, al suscribir gran parte de la ampliación de capital de 1.230.000 euros emitida por la firma tecnológica, que utilizará para su internacionalización. La EPSV, que gestiona un patrimonio de más de 1.800 millones de más de 105.000 trabajadores guipuzcoanos, se ha hecho con el 8,72% del capital de Irisbond mediante 500.000 euros en acciones y un préstamo convertible avalado por Elkargi por valor de otros 500.000 euros. La operación de Geroa se produce pocos días después de que el Gobierno vasco presentara la primera operación de su fondo estratégico para arraigar a las empresas estratégicas de Euskadi, y para el que pretende que las EPSV participen en él aportando parte de los 150 millones de euros que deberían proceder de entidades privadas.

Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha mantenido firme y no ha cedido a las presiones del ministro de Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el de Fomento, Íñigo de la Serna, para que revocara la autorización a la opa del grupo italiano Atlantia sobre Abertis. En un comunicado emitido ayer, la CNMV explicó que este organismo, ha decidido «mantener la autorización otorgada el día 9 de octubre de 2017 en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de Abertis Infraestructuras formulada por Atlantia». Según la CNMV, dicha oferta «reúne todos los requisitos exigidos en el Real Decreto 1066/2007 [ley de opas] sobre ofertas públicas de adquisición».

Un total de 1.578 trabajadores de Bridgestone, el 56% de la plantilla en España, se han adherido al convenio de eficacia limitada firmado por la empresa y CC OO, y que no fue secundado por el resto de sindicatos con representación en la compañía (UGT, BUB, SITB y ELA), según informó ayer la firma. Este convenio de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2019, recoge, además de los incrementos salariales pactados, el reinicio del devengo de la antigüedad desde este mes así como los atrasos desde enero de 2016.

El 44% de la plantilla que no se ha adherido a este pacto mantendrá sus actuales condiciones, si bien podrá acogerse al nuevo convenio durante la vigencia del mismo, agregó la compañía.