20180108

La consejera Arantxa Tapia salió ayer al paso del aluvión de críticas recibidas por la decisión del Gobierno vasco de estrenar su fondo de participaciones estratégicas con la compra de un 1,24% de CAF a Kutxabank. La oposición y los sindicatos no entienden la operación, dado que el arraigo del fabricante ferroviario parece asegurado, y sospechan que la razón última del movimiento es hacer «un favor» al banco. Otro motivo de enfado ha sido el hecho de que Ejecutivo de Urkullu se haya lanzado a esta aventura sin tener atada la contribución privada al fondo, que por ahora sólo cuenta con recursos públicos. Tapia dijo ayer en una entrevista con la ‘Ser’ que «al ver la implicación del sector público, los (inversores) privados tienen más garantías de actuación». O sea, que la consejera parece confiar en que el paso dado por el Gobierno vasco al entrar por primera vez en el capital de una cotizada puede ayudar a que los agentes privados se animen a participar en su plan para arraigar empresas y evitar deslocalizaciones.

Lo acuciante de la situación queda patente en que el Gobierno del Partido Popular, que ha sido un firme defensor de la austeridad y la contención salarial, ya ha repetido en varias ocasiones que los salarios deben subir de manera sensible. Lo dijo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y lo ha dicho también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero la realidad es que, tras tres años con crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) superiores al 3% y con una previsión de crecimiento medio del 2,5% para los próximos ejercicios, los asalariados inician 2018 con la amenaza de una nueva pérdida de poder adquisitivo que también afectará a pensionistas y funcionarios.

Existe un mundo paralelo en el que las Haciendas sueñan. Un escenario sin exenciones fiscales, ni reducciones de bases imponibles, ni créditos fiscales ni tipos especiales. Esa dramatización a la guipuzcoana acabaría este 2018 con una recaudación por tributos que ascendería hasta los 6.675 millones de euros, una verdadera barbaridad y récord absoluto de ingresos (la previsión de cierre de 2017 es de 4.646,7 millones). Pero Gipuzkoa nunca se paseará con gabardina bajo esa lluvia de millones, a no ser que quiera enfrentarse a una tormenta de críticas. Por ello, año tras año la Diputación de Gipuzkoa recoge en sus cuentas un capítulo denominado Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), donde se incluye «la importante merma en los recursos públicos» que suponen las «exenciones, bonificaciones, reducciones y desgravaciones» en los distintos tributos. Ese laberinto de descuentos en la factura con el fisco tanto para contribuyentes individuales como para empresas se situará este año en los 2.005,5 millones de euros según la previsión realizada por el ente foral.

Las comunidades autónomas han hecho sus deberes en lo que al control del déficit se refiere y el tercer trimestre del año desvela un escenario insólito: sólo una, Extremadura, incumple el objetivo de todo el año y hay cinco en superávit. El panorama es muy diferente en lo que respecta al gasto. Hacienda ha publicado un informe sobre los proyectos de Presupuestos de 2018 de las comunidades que muestra que las autonomías que los han presentado –todas menos Cataluña, Asturias y Aragón– prevén disparar su gasto este año un 6,14%, con alzas importantes en sanidad, educación y servicios sociales. Mientras, el Estado se ha impuesto un techo de gasto para sus Cuentas de 2018 del 1,3%, según aprobaron las Cortes en julio, a la espera de que ver si el Gobierno consigue sacar adelante los Presupuestos de este año.

La Seguridad Social cerró el año 2017 con 2,23 cotizantes por cada pensionista, la tasa más baja desde 1999. Así se desprende del análisis de los datos de la serie histórica, donde se comprueba que al cierre del año pasado había un total de 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 jubilados. De estos más de 19 millones de cotizantes, 18,33 eran trabajadores; mientras que el 1,12 restante corresponde a desempleados que también contribuyen al sistema mediante las cotizaciones que actualmente incluye el subsidio de paro.

Los países que cuentan con los sistemas de pensiones más sólidos reparten los esfuerzos entre la contribución del sistema público y una potente hucha de ahorro privado, canalizado a través de los planes de pensiones promovidos por las empresas para sus trabajadores. En España, los planes de empleo tienen pendiente su impulso.

Cinco años después de señalar el agujero de Bankia, el FMI ha vuelto a examinar a la banca española. El resultado es que las entidades están mejor preparadas y son más resistentes. Aun así, alerta de su excesiva dependencia de la liquidez del BCE, su elevada exposición a la deuda pública y la baja rentabilidad. En opinión del Fondo, la retirada de las inyecciones del Eurobanco podría aumentar los costes de financiación de las entidades. Además, advierte de que los bancos necesitan unos 22.000 millones para mejorar la calidad del capital, según el test cerrado a diciembre de 2016 que incluye al Popular.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –antiguo Inem– ha admitido la existencia de un remanente de 912 millones de euros de fondos destinados a formación de trabajadores que se han aprobado pero no se han ejecutado. Así lo aseguran fuentes empresariales que recuerdan que este dinero procede de la cuota por formación que pagan mensualmente en sus nóminas empresarios y trabajadores; y añaden que estos fondos «tampoco han sido reanualizados ni reutilizados, de momento, en sucesivos presupuestos». Desde la patronal CEOE-Cepyme indican que han solicitado a los responsables del SEPE que precisen a qué partidas presupuestarias aprobadas y no ejecutadas pertenecen esos 912 millones.

Las centrales nucleares siguen siendo las principales generadoras de energía eléctrica en el España y junto a las térmicas de carbón aportaron más del 38% de la electricidad producida en 2017 pese las críticas de los grupos ecologistas que piden una mayor apuesta por las renovables. Aunque el hecho más significativo ha sido el hundimiento de la producción en las centrales hidráulicas, con una reducción de más del 48%, y el auge de las centrales de ciclo combinado a gas natural que generaron un 33% más de electricidad que en el ejercicio precedente hasta el punto que estas instalaciones, las más modernas del parque en el Estado, casi duplicaron la producción mediante la caída de agua en las presas. Esta evolución, más producción eléctrica con combustible caros, -gas natural y carbón-, en detrimento de los baratos. -agua de lluvia y viento-, está detrás de parte del incremento de los precios en el recibo de la luz.

El empleo juvenil como bandera enarboló Diageo en 2016 cuando puso en marcha en España Learning for Life, un proyecto que ya venía desarrollando la compañía en otros países desde 2008. Con un enfoque en la educación de adultos, entre 18 y 30 años, la iniciativa proporciona herramientas, capacitación y habilidades en cuatro áreas clave para Diageo, distribuidora de marcas de bebidas como Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys o Guinness: hostelería, venta minorista, iniciativa empresarial y servicio de coctelería.

El comercio electrónico ha acabado con el 7 de enero como fecha de arranque de las tradicionales rebajas y ha sido el gran impulsor de iniciativas como el Black Friday, que ya se ha consolidado como uno de los principales periodos de descuentos en España. Por ello, la gran distribución, a través de Anged, se ha mostrado tradicionalmente favorable a la liberalización de las rebajas, algo que se produjo en 2012. Esta libertad para realizar promociones, sin necesidad de esperar a enero o agosto, se ha visto como una forma de poder competir en un mercado donde internet transforma por completo el comercio.

Las pilas de expedientes por cláusulas abusivas en las hipotecas que se acumulan en los juzgados de Bilbao dan vértigo. La avalancha comenzó en junio, cuando se dispuso el sistema de refuerzo, y no cesa. Cada día llegan nuevos casos. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, se muestra preocupado por esta carga, que «costará más de dos años en digerir», aunque también siente cierta satisfacción. En su opinión, el sistema judicial ha sido el que «ha corregido la falta de control de la banca».

Jesús Uzkudun, portavoz de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi, aborda los problemas que enfrenta la lucha de los afectados por el amianto: desde el fondo de compensación hasta los casos que están en un limbo.

La ministra de Empleo defiende que para seguir en la senda de la recuperación del mercado laboral son necesarias reformas en aras de aumentar la competitividad y alcanzar en 2019 los 20 millones de ocupados..