20180107

Un año después de la firma del acuerdo entre los cuatro grandes sindicatos –ELA, LAB, CC OO y UGT– y la patronal Confebask para proteger los convenios vascos frente a los estatales, todo sigue igual. Hasta el punto de que el número de trabajadores sin convenio colectivo o pactos pendientes de renovar permanece invariable, clavado en los 350.000, lo que afecta a su poder adquisitivo y a sus condiciones de trabajo. Sólo en Álava, donde Comisiones y UGT tienen peso, las cosas se han movido. Para Jon Bilbao, de Confebask, «la voluntad era firmar convenios aquí y protegerlos. Pero para eso hacía falta pactar. Si no, ¿qué vamos a proteger?». Pero si «se parte de pedir lo imposible como si la crisis no hubiera sucedido y las empresas estuvieran igual que hace 10 años, el resultado es que en Álava, con UGT y CC OO se ha firmado todo lo firmable, salvo en un caso. En Bizkaia los avances son relevantes pero insuficientes y en Gipuzkoa las cosas están más atrasadas que en ningún lado. El sujeto es siempre el mismo: ELA, que no está en lo serio, sino en el conflicto».

«En el ámbito de las relaciones laborales, 2017 empezó con una noticia esperanzadora. La firma por todos los sindicatos representativos y la confederación empresarial Confebask de un acuerdo dirigido a proteger y dar preferencia a nuestros convenios colectivos. Se trataba de un paso muy relevante y, sin duda, en la buena dirección, pero insuficiente por sí mismo para la normalización de nuestra situación laboral. Todos sabíamos que este acuerdo desplegaría toda su potencialidad únicamente si éramos capaces de firmar nuestros propios convenios. Pero la realidad es tozuda y los datos a la finalización del año muestran un panorama poco satisfactorio. A pesar de que una buena parte de las negociaciones se mantiene o se ha retomado, 2017 se ha cerrado con cifras muy similares a las de 2016: solo cuatro de cada diez personas asalariadas tienen un convenio actualizado».

¿Será 2018 el año que marque el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE) o no lo será? Esa es la cuestión que ocupa desde hace largo al mundo de las finanzas, aunque Mario Draghi es banquero e italiano y no príncipe y danés, como en el monólogo de Hamlet. Hay indicios de que sí lo será, aunque la transición no será brusca y será muy gradual, de ahí que el presidente del BCE despierte pasiones shakesperianas, como hizo su ya casi olvidado antecesor, Jean-Claude Trichet, con su batería de medidas «no convencionales» que, entre tanto, han sido institucionalizadas.

Jens Weidmann accedió a la presidencia del Bundesbank y, por ende, al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en mayo de 2011. Tenía 43 años y más de una década de brillante trayectoria. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante varios años, fue secretario general del Consejo de los Cinco Sabios que asesora al Gobierno alemán en política macroeconómica entre 1999-2003 y de 2006 hasta su entrada en el supervisor alemán fue asesor directo de la canciller Angela Merkel. Si las quinielas se cumplen –y Weidmann está en casi todas–, este doctor en Economía por la Universidad de Bonn podría suceder en octubre de 2019 en la cúpula del BCE a Mario Draghi, con quien no todo son avenencias. Weidmann es, de hecho, una de las voces más críticas con la gestión del BCE. En esta entrevista se pronuncia sobre algunas de las cuestiones que se plantearán a lo largo del año.

En Alemania es un éxito. Se llama Formación Profesional Dual, consiste en compaginar durante dos años los estudios con prácticas en una empresa, de forma intercalada. El 68% de los estudiantes alemanes que lo cursan consiguen un empleo en esa misma compañía. A España la FP Dual llegó en 2012 y pese a que cerca del 70% de los alumnos logra un trabajo, solo el 0,4% de los estudiantes cursa esta opción frente al 17% de media de los países de la OCDE. ¿Qué está fallando? ¿Cuáles son las barreras para que este modelo no triunfe en España? “En la mayoría de los casos todo depende de la voluntad de un profesor, la responsabilidad de conseguir empresas que quieran formar a los aprendices recae sobre ellos”, cuenta Pilar Pineda, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora del estudio La FP Dual en los centros educativos: visiones del profesorado, publicado en 2017.

Hoy comienzan oficialmente las rebajas en las tiendas físicas, aunque la sensación es que se iniciaron hace semanas. La mayoría de marcas tienen carteles de descuentos colgados en sus escaparates casi desde el Black Friday (a finales de noviembre). Así, el tradicional chupinazo e inicio de la campaña de rebajas de enero, justo el día después de Reyes, se está difuminando por las promociones constantes. Pese a ello, el sector comercial espera que se mejoren los resultados del año anterior. Para lograrlo y diferenciarse las empresas se ven obligadas a hacer promociones más agresivas.

Las fábricas de coches españolas encaran el nuevo año sabiendo que no cumplieron sus buenos propósitos de 2017. Tenían que haber cerrado el año con un volumen de producción de tres millones de vehículos y se quedarán, según las estimaciones de expertos y patronal, en unos 2,87 millones de ensamblajes, un 1% menos que en el año anterior. Es la primera vez en cinco años que la fabricación de automóviles cae en España, después de superar el grave bache experimentado entre 2009 y 2012.

No hay tregua. No hay pausa. Un pedido tras otro, porque si no es así, no cobras. Eso sí, el salario mínimo, no mucho más. Pero para eso se precisa disponibilidad total, aunque eso no signifique que se vaya a trabajar, o se hagan más de uno o dos pedidos. Son los repartidores de comida a domicilio, también denominados ‘riders’, una nueva figura del mercado laboral que cuando menos está en el ojo de la polémica por unas condiciones que en muchos casos rozan el fraude y la ilegalidad. Para muchos se han convertido en los ‘nuevos esclavos’ del siglo XXI. En realidad, ni siquiera pueden definirse como trabajadores de las nuevas plataformas digitales, tales como Deliveroo, Glovo, Uber Eats, sino que el término que emplean estas empresas para referirse a ellos son ‘colaboradores’ o incluso ‘clientes’. Y es que en realidad no tienen contratos laborales, sino en el mejor de los casos mercantiles, por lo que no gozan de la protección ni los derechos con que cuentan los asalariados.

Parar el Brexit. Lo que en el 2017 parecía una misión imposible, empieza a tener los visos de solución más o menos realista. La mayoría de los británicos respalda a estas alturas la convocatoria de un segundo referéndum sobre el acuerdo final con Bruselas. Y la línea divisoria está cada vez más clara entre los dos partidos: el 78% de los laboristas quiere una nueva cita con las urnas, mientras el 85% de los conservadores se opone (según un sondeo de YouGov). Las tornas han cambiado con un rápido realineamiento de los progresistas y aprovechando el impasse de Theresa May. La entrada en escena del ex premier Tony Blair, la vuelta al ruedo político del ex viceprimer ministro Nick Clegg, el desmarque del alcalde de Londres Sadiq Khan y el último giro de la activista financiera Gina Miller amenazan con dejar en fuera de juego al líder laborista Jeremy Corbyn.

Las grandes corporaciones estadounidenses estudian repatriar a Estados Unidos hasta 400.000 millones de dólares (equivalentes a unos 335.000 millones de euros) de beneficios que lograron durante los últimos años en el extranjero, según informa la cadena estadounidense CNBC. La reforma fiscal del presidente Donald Trump les ofrece recuperar el dinero embolsado en el exterior a un coste menor. Los ejecutivos de firmas como Apple han asegurado que repatriarían dinero a EE UU si les bajaran los impuestos. En 2013 la compañía de Cupertino pidió un préstamo millonario a los bancos estadounidenses para pagar los dividendos a pesar de tener cientos de miles de millones en el extranjero. Le resultaba más barato afrontar los intereses del préstamo que repatriar el dinero con un gravamen del 35%.

El mantenimiento durante el pasado año de los bajos tipos de interés con el consiguiente prácticamente nulo rendimiento de los depósitos bancarios no llevó a los ahorradores a incrementar la inversión en la renta variable bursátil pero aun así el rendimiento del principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, que cerró en la cota de los 10.044 puntos, ha supuesto una revalorización anual del 7,4%. Pero entre las empresas vascas cotizadas ha habido de todo como en botica, con compañías al alza caso del operador telefónico guipuzcoano, Másmovil, con una subida del 230%, y otras a la baja como Gamesa, con una caída del 29%, tras la toma de control por parte de Siemens. En general, el número de compañías de Euskal Herria que han visto revalorizarse sus acciones el pasado año ha superado al de las que han perdido valor en medio de un mercado general alcista. En concreto, los inversores de 13 de las 19 compañías cotizadas con sede en la CAV y Nafarroa, vieron como el cierre de 2017 dejaba a sus acciones revalorizadas y solo en seis casos los ahorradores se retirarían con pérdidas en su inversión.

El empresario vasco Enrique Sendagorta Aramburu, presidente de honor de la ingeniería Sener, falleció el pasado viernes en Madrid a los 93 años de edad. Nacido en Plentzia en 1924, era doctor ingeniero naval por la Escuela de Madrid y su mano ha estado detrás del nacimiento y la evolución de algunos de los principales proyectos empresariales que han surgido en Euskadi en los últimos 60 años. En 1956 decidió crear la empresa de ingeniería Sener, a la que poco después se uniría su hermano José Manuel, con el objetivo inicial de convertirse en una oficina técnica para realizar trabajos en el sector de la construcción naval. Una actividad que permitiría a la empresa tener sus primeros éxitos y comenzar un crecimiento sostenido que le ha llevado hasta el momento actual, con más de 6.000 empleados y una facturación anual que supera los 1.300 millones de euros. Su influencia fue también decisiva en el nacimiento de Petronor, compañía de la que fue el primer presidente o en el nacimiento de Industria de Turbopropulsores, ITP.

«La política industrial es una de las cosas más fáciles de plantear y más difíciles de ejecutar. […]En Euskadi hemos vivido, recientemente, algunos episodios de pérdida de control sobre alguna de nuestras empresas más destacadas. Sin irnos muy atrás en el tiempo, a lo largo de este año que acabamos de finiquitar los casos de Gamesa y de ITP han sacudido el escenario y lo han llenado de preocupación. Por eso es comprensible que el Gobierno Vasco se haya planteado el cómo poner freno a esa pérdida de control, que hasta los más liberales vemos con cierta angustia. […] Si deseamos hacer política industrial con mayúsculas e intervenir en las grandes decisiones empresariales hay que diseñar mecanismos que sorteen el celo comunitario y, sobre todo, hay que buscar dinero. Visto así, la solución solo puede caminar por una dirección. Por la intervención de fondos de capital de titularidad mixta público/privada que cuenten con dinero abundante. ¿Y dónde está esa mina de oro? Pues, aquí cerca, en las EPSV».

«[…] Las patronales y los sindicatos vascos llevan exactamente un año sin sentarse en torno a una mesa no ya para acordar algo, sino simplemente para analizar la situación socioeconómica del país tras la recuperación de la economía que se está produciendo y la calidad del empleo que se está creando cuyas condiciones laborales son mucho más pobres de las que eran en 2007, es decir, antes de la crisis. Parece que las patronales y a los sindicatos vascos están más interesados en dedicarse a mirarse a su propio ombligo y a defender sus propios intereses que a mostrar alguna preocupación por lo que está sucediendo en el mundo de la empresa y en abordar que las condiciones de trabajo sean acordes a los ritmos de recuperación que se están produciendo».