20180104

Después de cuatro años de recuperación económica, el mercado laboral vasco no acaba de avanzar al mismo ritmo que el del conjunto de España. Así, mientras en la media nacional el aumento de la afiliación a la Seguridad Social fue en 2017 del 3,42%, en el País Vasco se quedó en un incremento del 2,02%, lo que se tradujo en la apreciable cifra de 18.696 cotizantes más. Sin embargo, ese porcentaje fue el segundo menor de todas las autonomías, sólo por delante del 1,77% registrado en Asturias. La ralentización vasca respecto al resto del país también se da en cuanto al descenso del paro registrado. Si en el conjunto de España se redujo el pasado año en un 7,84%, en Euskadi la caída fue de un 6,33%, lo que supuso 8.626 personas menos en las listas de Lanbide que las que había al inicio del año. Confebask destacó que el mercado laboral mejora gradualmente y estima que el empleo que se crea «va ganando progresivamente en calidad a medida que se asienta la recuperación». El responsable del Departamento Económico de Confebask,  Pablo Martín, subrayó que la contratación indefinida crece «a un ritmo bastante superior» a la temporal.

El año pasado se firmaron en España más de 21,5 millones de contratos de trabajo, la mayor cifra de la serie histórica, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Empleo. El buen momento que vive el mercado laboral en España queda empañado por la temporalidad: más de nueve de cada diez de estos contratos fueron eventuales. En total, durante el año pasado se formalizaron 19,6 millones de contratos temporales, más que nunca hasta la fecha. Esta cifra evidencia el grado de inestabilidad del mercado laboral en España, que se traslada a la precariedad salarial. A pesar de ello, la creación de empleo del año pasado fue la mejor en 12 años. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en más de 611.000 personas. Con esta subida, el número de trabajadores en España se sitúa en 18,46 millones, un 3,42% más que en el mismo mes de 2016.

La catedrática Sara de la Rica pone el foco en los principales datos de paro y afiliación publicados ayer. Justifica que el aumento de afiliados sea más moderado en Euskadi en que ya se ha recuperado gran parte del empleo cíclico destruido.

«Primero, las cifras. Un diciembre bastante bueno, con 42.400 nuevas personas afiliadas a la Seguridad Social y 51.300 parados eliminados de los registros del Inem, permitió culminar un año excelente para el empleo, con 611.146 cotizantes más –la cifra más elevada desde 2005– y 290.193 parados menos. Acabo con el suplicio de los datos: a finales de año, tenemos 3,4 millones de parados registrados y 18,46 millones de afiliados a la Seguridad Social. Además de la bondad relativa de las cifras, tenemos que su reparto por sectores es bastante homogéneo, dado que la construcción no ha recuperado los niveles alcanzados durante los años de la locura. […] No podemos olvidar que el empleo fijo ha crecido el 7,2% y el temporal ha bajado el 3,9%. Y otro dato excelente es que se han registrado 6,33 afiliados a la Seguridad Social por cada nuevo pensionista».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó ayer que el objetivo del Gobierno es alcanzar los 20 millones de empleados para finales de 2019, unas previsiones que permitirán mejorar la recaudación y la financiación de los servicios públicos. «Un objetivo al que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y cada uno pone de su parte», apuntó Rajoy en referencia al desafío independentista. El presidente aludió en su discurso a la crisis en Cataluña por el desafío independentista en clave económica: «El único factor de incertidumbre es político», dijo. «Y si en Cataluña se hacen las cosas con sensatez, España podrá crecer este año por encima del 3% y crear un millón de empleos un ejercicio más».

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, darán juntos públicamente el primer paso para hacer realidad la constitución de un fondo de capital público-privado que constituye un anhelo del Gobierno vasco desde la primera legislatura del lehendakari Iñigo Urkullu. Una presentación en la que Tapia y Azpiazu ofrecerán los primeros detalles del trabajo conjunto realizado para activar este instrumento financiero que tiene como objetivo conseguir hasta 250 millones de euros, que se destinarían a participar en empresas cotizadas en Bolsa arraigadas en Euskadi para formar parte de sus Consejos de Administración, pero también para invertir en otras que no estén obligatoriamente radicadas en el País Vasco ya que se aspira a contar con inversores del extranjero.

El índice que mide la confianza de los consumidores se incrementó dos puntos en diciembre, hasta los 102,5, su mejor dato desde septiembre de 2015, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. La valoración de la situación económica actual se mantiene casi estable con una ligera subida de 0,3 puntos en relación a finales de 2016. Pero son las expectativas en torno al mercado laboral las que más han impulsado el ánimo de los ciudadanos. Su valoración se sitúa por encima de la de hace un año, con un incremento de tres puntos, mientras que la de la situación general de los hogares ha retrocedido más de un punto en ese periodo.

El secretario general de ELA, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz, salió ayer al paso de las duras críticas vertidas el pasado viernes por el lehendakari contra la central nacionalista, en las que acusaba al sindicato de querer una relación en «exclusividad» con el Gobierno vasco «sin respetar al resto de centrales». El máximo responsable de ELA aseguró ayer que la central «nunca ha exigido exclusividad en la relación con el Ejecutivo vasco. Hemos exigido participación real sobre temas que están vetados», explicó. En un escrito enviado a los medios, ‘Txiki’ Muñoz señala que no niegan a nadie el derecho a que haga lo mismo. «Exigimos procedimientos realmente participativos..., alejados de la opacidad con la que el Gobierno acuerda con Confebask y las grandes empresas», señala.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, hizo ayer un llamamiento a combatir el «tridente neoliberal» conformado por PNV, PSE y PP, con la búsqueda de «nuevas mayorías institucionales» que permitan impulsar un proceso soberanista en Euskadi «desde la izquierda». Aseguró que hay que aprender del proceso catalán y advirtió al partido nacionalista de que «o se está por el derecho a decidir, o se está con los del 155», porque es «incompatible e incomprensible mantener esa doble posición».

Las cifras en torno al seguimiento del paro de transportistas contra el peaje de la N-1 cambiaron ayer de dueño. El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), convocante de la movilización, había arrojado el único dato del momento hasta ayer. Según las cuentas de sus delegados a pie de carretera, el 60% de camiones habían secundado la huelga de tránsito y suministro por Gipuzkoa en su primer día (el martes). La Diputación Foral de Gipuzkoa ofreció ayer sus propios números sobre la misma jornada. En 24 horas, pasaron por Irun, en ambos sentidos de circulación, 6.266 camiones. Una semana antes, el día 26 de diciembre –también martes y resaca de un festivo– transitaron en el mismo periodo de tiempo por el mismo lugar 5.150 vehículos pesados. Según datos forales, por tanto, la puerta de entrada o salida de Gipuzkoa que constituye el peaje de Irun registró, en pleno paro, el paso de 1.116 camiones más que una semana antes.

Las relaciones entre Iberdrola y su participada Siemens Gamesa, en la que posee un 8%, no pasan por buenos momentos. La negativa marcha en Bolsa de Siemens Gamesa en los últimos meses, los cambios en su dirección y la forma en la que planteó inicialmente un ERE, con amplia afectación en España, para 6.000 empleados en el mundo –medidas que no fueron comunicadas previamente a Iberdrola– han despertado suspicacias entre las compañías. Los intentos de las empresas por encontrar vías de entendimiento no parecen tener reflejo en el negocio. El grupo danés Vestas, gran rival de Siemens Gamesa, anunció ayer que Iberdrola le ha adjudicado un megacontrato de aerogeneradores, lo que supone un revés para su socio natural en el segmento de las energías renovables, con el que tiene un pacto parasocial que pende de un hilo.

El Consejo de Europa dictamina que la lucha contra la corrupción en España es «globalmente insatisfactoria». El organismo, que defiende los valores democráticos de la UE y cuyo órgano más activo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pide a España que los parlamentarios detallen en sus declaraciones de bienes los regalos que reciban, los viajes a los que sean invitados, las empresas donde tengan participaciones o acciones y sus ingresos por dietas o compensaciones. Así lo recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo en su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación, dedicada a los parlamentarios, jueces y fiscales, que lanzó en 2013 y finaliza en diciembre de 2018. En el informe, el Greco hace once recomendaciones a España y considera que no las ha cumplido y sólo ha puesto en marcha siete.