20171220

El Gobierno, la patronal y los sindicatos acordaron ayer una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4%, en 2018, y del 20%, hasta 2020. En cuatro años, la renta pasará de 707 a 850 euros al mes, la mayor subida de la historia. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anuncio que la medida beneficiará a 533.000 trabajadores, el 3,5% de los trabajadores ocupados afiliados a la Seguridad Social. No obstante, estas subidas del SMI están supeditadas a que la economía registre cada año un crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2,5%, y un incremento de la afiliación media de trabajadores ocupados superior a las 450.000 personas. Ambos parámetros, crecimiento y empleo, están dentro de las previsiones que el Gobierno ha incluido en el Plan de Estabilidad hasta 2020.

El Banco de España anticipa una «cierta moderación» del consumo en el corto y medio plazo, una vez agotada la demanda de bienes duraderos (electrodomésticos, coches, etc) retenida durante los momentos más duros de la crisis a la espera un mayor optimismo. Así aparece recogido en el análisis La reabsorción de la demanda embalsada de bienes de consumo duradero, publicado ayer por el organismo gobernado por Luis Linde y que será incluido en el próximo Informe trimestral de la economía española, correspondiente al cuarto trimestre.

La igualdad en las empresas no es una obligación pero sí una necesidad. El presidente de Cebek, lñaki Garcinuño, reconoce que hay «mucho talento perdido por la falta de igualdad». Para evitarlo es necesario el compromiso de todos los agentes sociales.  La mejor manera de cambiar la desigualdad en el sector empresarial es haciéndolo con valentía. Persistencia, dedicación, aplicando medidas reales, rompiendo competencia y trabajando en valores para visibilizar a esas mujeres que desde sus puestos no podrían proyectarse a cargos directivos. Ayer estas consideraciones se recogieron en el marco de un nuevo encuentro que forma parte del proyecto Enpresa Bardin. Esta iniciativa, organizada por Cebek para el impulso de la igualdad en las empresas del territorio y que cuenta con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, sirvió de telón de fondo para crear una hoja de ruta para la creación de un ambicioso plan para el periodo 2018-2020.

La patronal vizcaína Cebek ha duplicado la presencia de mujeres en su asamblea y en su junta directiva mientras que la ha triplicado en el comité ejecutivo, tras la implantación de su programa ‘Enpresa Bardin’ para promover la igualdad en el mundo de la empresa. En concreto, de los 150 miembros de la asamblea, de 16 mujeres se ha pasado a 31 desde mayo de 2017. En la junta directiva de la patronal se ha doblado la presencia femenina, que ha pasado de cuatro a seis de un total de 32 miembros; mientras, en el comité ejecutivo, integrado por 13 personas, había una única mujer y ahora hay tres.

Unas 700 empresas de Gipuzkoa se verán obligadas a abonar un pago por adelantado por el 5% de la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio anterior en octubre del próximo año. La medida afecta a la gran mayoría de compañías con más de 50 trabajadores, es decir, las medianas y grandes –quedan eximidas las pequeñas y microempresas– que tendrán que realizar ya su primer pago fraccionado durante los 25 primeros días de octubre de 2018. Esta es una de las novedades del anteproyecto de norma foral que incluye la reforma fiscal pactada entre PNV, PSE y PP. El grueso de las medidas, incluidas las negativas, serán aplicables a 1 de enero, con lo que se descarta cualquier duda sobre su retroactividad

La economía podría mantener una velocidad de crucero en la recta final del año a pesar de la incertidumbre generada por el desafío secesionista en Cataluña y sus repercusiones más o menos profundas en el conjunto de España. De acuerdo con las previsiones del servicio de estudios de BBVA, publicadas ayer, el PIB nacional podría llegar a crecer hasta un 0,9% entre octubre y diciembre, acelerándose una décima respecto al tercer trimestre. Con ello, la actividad avanzaría un 3,2% en el conjunto del año, «sorteando» por el momento las turbulencias catalanas y pese al agotamiento de la demanda de bienes duraderos.

2018 apunta como un año de bonanza, que hay que aprovechar para trabajar en las asignaturas que permitan ventajas competitivas para la economía vasca. Ésta es la previsión –y también la recomendación– de BBK y Deusto Business School en el último informe de coyuntura de Bizkaia. Según el documento, el País Vasco tendría que esforzarse en mejorar la I+D, ya que los últimos datos muestran el descenso de la inversión en relación al PIB por cuarto año consecutivo. Además, si Euskadi quiere crear un ecosistema atractivo para la industria avanzada y para el talento «no basta con la ciencia y la tecnología», advierte BBK, que añade que son claves la fiscalidad, los servicios avanzados, la conectividad de aeropuertos y la alta velocidad ferroviaria.

España tiene pocos emprendedores, pero con negocios que sobreviven más. Así, entre 2012 y 2016 se sitúa como el penúltimo país, tras Bulgaria, en la tasa de empresarios incipientes. Solo un 2,6% de las personas de 18 a 64 años han creado una empresa propia o compartida que lleva en marcha menos de tres meses, por debajo de la media europea del 4%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, en las nuevas empresas de más de tres meses de vida, pero menos de 42, España se coloca mejor que otros países: un 2,5% de la población ha creado una, por encima de Francia (1,8%) o Italia (1,6%) y cerca de la media europea (2,8%).

La siniestralidad laboral arroja este año una mala evolución en Euskadi. En los once primeros meses ha aumentado el total de accidentes con baja y también el índice de incidencia, que mide el número de siniestros por cada mil trabajadores, lo que permite analizar la situación independientemente de que aumente la actividad y el número de empleados. Solo hay un consuelo, y es que las muertes en el trabajo descienden en el País Vasco, salvo en Gipuzkoa, donde también se incrementan. Hasta noviembre, el índice de incidencia se incrementó un punto respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedar en 35 siniestros por cada mil trabajadores. Bizkaia y Gipuzkoa son las que tiran del índice para arriba, ya que en Álava baja un punto hasta los 36 accidentes por cada mil trabadores. En Bizkaia se incrementa dos puntos, hasta los 37. Gipuzkoa se queda con 33, el índice más bajo.

El secretario general de ELA, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz, acusó ayer al Gobierno Vasco de actuar «igual que la patronal» ya que, a su juicio, «se está valiendo de las reformas para devaluar los salarios y destruir las condiciones de trabajo». «Dicen que es para ganar en competitividad pero son unos hipócritas porque eso es pan para hoy y hambre para mañana y, además, refuerzan al empresario zángano», señaló durante su intervención en el congreso que la Federación de Industria y Construcción de ELA celebró en Donostia y que revalidó a Unai Martínez al frente de la misma.

Tras una larga negociación de 14 horas, los ministros de los 28 miembros de la UE —reunidos en el Consejo Europeo— cerraron la noche del lunes su posición sobre el plan energético que debe permitir a Europa cumplir con sus compromisos contra el cambio climático en la próxima década. Y, como se preveía, rebajaron la ambición respecto a lo que propuso la Comisión y a lo que pondrá sobre la mesa el Parlamento Europeo. Las tres instituciones deberán ponerse de acuerdo el próximo año para cerrar ese plan energético.

Horas antes de que comenzara una huelga en el sector de limpieza viaria y recogida de basuras de Gipuzkoa, patronal y sindicatos alcanzaron ayer tarde un acuerdo sobre incrementos salariales, lo que ha permitido la desconvocatoria del paro indefinido, cuyo inicio estaba previsto para la pasada noche. La huelga amenazaba con un grave deterioro en el servicio de recogida de residuos en importantes municipios del territorio, como San Sebastián, Irun, Errenteria, Hondarribia, Tolosa, Villabona, Arrasate, Bergara, Beasain y Ordizia. Todas las partes evalúan de forma «positiva» un texto final que se redactó cuando UGT y CC OO ya se habían desmarcado de las movilizaciones

Rolls Royce despejó ayer algunas incógnitas en torno al futuro inmediato de la empresa vasca Industria de Turbopropulsores, ITP, en la que acaba de tomar el control total tras adquirir el 53,1% de las acciones que estaban en manos de la ingeniería Sener. El exministro Josep Piqué ha asumido la presidencia de la compañía para sustituir a Ricardo Martí Fluxá, que había presentado su dimisión. Por otra parte, la multinacional británica ha querido mandar un mensaje de calma, para despejar algunos temores y reafirmar que ITP tendrá un alto grado de autonomía y también que mantendrá su ambicioso plan de inversiones hasta 2020 –buena parte del mismo está vinculado a sus instalaciones en Zamudio y Sestao–, valorado en unos 400 millones de euros. La firma ha sido rebautizada para marcar con claridad el nacimiento de una nueva etapa y ha pasado a llamarse ITP Aero.

Siemens Gamesa anunció ayer las condiciones que se aplicarán a quienes, voluntariamente, decidan abandonar la compañía en España dentro de su proceso de ajuste y de búsqueda de la rentabilidad perdida. Una propuesta que no sólo garantiza el carácter voluntario de la salida, sino que representa un auténtico puente de plata para quienes deseen acogerse a una jubilación anticipada –posible para los que ya tengan 55 años– o a una baja incentivada. La multinacional, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Zamudio, se ha propuesto eliminar 6.000 de sus 27.000 empleos en todo el mundo y había fijado en 272 el excedente laboral para España. Tras la retirada del ERE y con esta propuesta que busca voluntarios para abandonar las filas de la compañía, no hay cifras. Tan solo hay una limitación importante: no podrán acogerse al plan quienes trabajan en alguna de las plantas productivas que existen en España.

Los trabajadores de Edesa Industrial siguen ‘in albis’ respecto al proyecto industrial que puedan traer bajo el brazo CNA Group y la polaca Amica. Ayer, el comité de empresa se reunió con el administrador concursal de la firma de Arrasate para tratar de conocer el impacto de la reclamación judicial de la marca Fagor por parte de la cooperativa del Grupo Mondragón propietaria de la misma; esperaban también que a la cita acudiera un representante de CNA que les pudiera explicar algún detalle más de los planes de la compañía catalana, pero no fue así. La hipotética fabricación en Euskadi «se deja en el aire completamente», confesaron ayer fuentes conocedoras de esa ‘solución’ para Edesa Industrial. Tanto es así que «lo único que está claro es que CNA, en realidad Amica, quiere abrir una filial comercial y de distribución, para lo que ha planteado la cesión de solo 21 contratos; se trataría de personal de oficinas y comerciales».

Duras críticas al organismo que resolvió la quiebra del Banco Popular hace unos meses. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea señaló ayer en un informe demoledor serias deficiencias en la Junta Única de Resolución (JUR), que dirige la alemana Elke König. La polémica intervención del Popular ha provocado decenas de demandas de los miles de afectados por el cierre del banco, hasta el punto de que el tribunal al que se envían esos recursos se ha colapsado. La junta ha recibido también duras críticas por falta de transparencia, porque se niega a publicar el informe completo en el que se basó para echar la persiana del banco.

«El declive universal de los partidos políticos tradicionales está propiciando que sean los empresarios los que tomen el relevo y asuman personalmente el poder. Y por vías estrictamente democráticas. Habrá quien responda que el poder siempre fue de quienes manejan el dinero, pero actualmente más que tenerlo y usarlo para imponer sus intereses son empresarios y no políticos profesionales los que se están encargando de gestionarlo. El último ejemplo, de momento, viene de Chile, donde Sebastián Piñera ha recuperado la presidencia, que ya ostentó hasta 2014 y después de cuatro años de Administración socialista».