20171208

La recuperación económica ha permitido que la creación de empresas en España haya regresado a los niveles anteriores de la crisis después de la fuerte caída que se produjo a partir de 2009. Así lo acreditan los datos proporcionados por Axesor, agencia española de ráting para empresas,  donde se comprueba cómo en 11 de los 18 sectores analizados la creación de compañías durante 2016 fue superior a la registrada en 2008. A la cabeza de esta subida se situó la hostelería, donde el año pasado se constituyeron 10.937 empresas, 4.316 más que en el último año antes de la crisis. Esto supone un incremento porcentual cercano al 65%, que también es el mayor registrado en cualquier actividad.

Las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa dejarán de ingresar el próximo año 6.057,2 millones de euros tras la aplicación a los contribuyentes vascos de las desgravaciones y beneficios tributarios previstos en la normativa foral, según los cálculos de las tres Diputaciones que recoge el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2018. Este importe –incluido en el capítulo de gastos fiscales– se coloca un 0,4% –26 millones de euros– por debajo de las estimaciones para 2017. Este ligero recorte de los incentivos contrasta con la previsión de aumento de la recaudación impositiva para 2018, que Gobierno y Diputaciones estiman que mejorará y aumentará un 4,5% (excluyendo el efecto extra este año por el acuerdo del Cupo con el Ministerio de Hacienda).

Los precios de la luz en España llevan marcando, sistemáticamente en lo que llevamos de semana, precios por encima de los 0,15 euros por kilovatio hora, con algunos momentos en los que se ha superado el listón de los 0,16 euros. Se sitúan así en los niveles de la Navidad  pasada, cuando en España estalló una nueva polémica por el encarecimiento del recibo eléctrico. Ayer, según los datos de Red Eléctrica, que ofrece el precio que está marcando la electricidad a cada hora para poder elaborar la tarifa regulada (PVPC), el kilovatio hora se situó entre 0,145 y 0,15 euros desde las ocho de la mañana.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un fuerte tirón de orejas al Ministerio de Energía, al que acusa de encarecer el recibo del gas con las nuevas exigencias que ha planteado a las compañías para asegurarse de que no hay problemas de suministro este invierno. El Plan de Actuación Invernal del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital endurece las obligaciones de mantenimiento de existencias invernales a las empresas gasistas para garantizar el suministro de gas en casos de frío extremo. Por ello, la CNMC considera que fijar estas nuevas obligaciones podría encarecer el recibo del gas de los consumidores, ya que las compañías afrontan nuevos costes al elevar sus reservas y la forma en que deben estar constituidas. El recibo del gas había subido un 4,5% hasta octubre, según cifras oficiales, y se estima que cuando finalice el año el alza superará el 6%.

No hubo fotografía ni del apretón de manos ni de la firma del documento al que han dado forma en la última e intensa semana de contactos. Pero PNV y PP sellaron ayer el pacto presupuestario en la Diputación de Álava, y de esta manera cierran el círculo iniciado la pasada semana con los pactos de reforma fiscal –con especificidades para el territorio alavés– y de las Cuentas del Gobierno vasco rubricados entre nacionalistas, socialistas y populares. De esta manera, las principales instituciones vascas –excepto el Ayuntamiento de Vitoria– se garantizan la «estabilidad» al disponer de Presupuestos de cara a 2018 gracias a acuerdos transversales entre esas tres fuerzas políticas.

Las últimas estadísticas europeas describen una España que, sin ser en modo alguno un paraíso fiscal, sí gozaría de una presión impositiva relativamente baja en comparación con sus socios de la Unión Europea. En concreto, un 34,1%, cuatro décimas que hace doce meses, frente al 41,3% de promedio en la Eurzona y el 40% del club de los Veintiocho. Solo ocho Estados europeos tienen un nivel tributario inferior, entendido como el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). El más bajo es Irlanda (23,8%), seguida de Rumania (26%) y Bulgaria (29%). Polonia, por su parte, registra un nivel similar al de España, mientras Reino Unido es la siguiente gran economía con una presión que puede calificarse como relativamente moderada (34,7%). En el extremo contrario se sitúa Francia (47,6%), con 13 puntos por encima de España. A continuación, también entre las presiones fiscales más altas, están Dinamarca (47,3%), Bélgica (46,8%) y Suecia (44,6%).

Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales refleja que una gran mayoría es partidaria de que el Estado proporcione servicios públicos como la sanidad y la educación, que los financie a través de impuestos progresivos y rechaza de forma contundente que estas competencias sean gestionadas por la iniciativa privada. En términos generales, existe una querencia hacia lo público y una desconfianza hacia lo privado. La vigésimo segunda edición del barómetro fiscal que ha publicador el Instituto de Estudios Fiscales indica que solo el 9% de españoles cree que sin impuestos viviría mejor. Supone el porcentaje más bajo de la serie histórica que se inicia en 1995. Y el 89% está de acuerdo con la frase de que «la Hacienda pública desempeña una función necesaria para la sociedad».

Un 71% de los vascos querría adelantar su edad de jubilación. En concreto, de media, les gustaría hacerlo a los 61 años, según revela la V Encuesta sobre la Jubilación y los Hábitos de Ahorro elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones. La entidad señala que ese deseo generalizado de los residentes en Euskadi «choca con la realidad», ya que al ser preguntados sobre cuándo creen que se retirarán, manifiestan que será a los 67. El estudio refleja que el futuro de las pensiones públicas sigue siendo motivo de preocupación para la mayoría de vascos. Asimismo, se señala que ocho de cada diez (81%) consideran aconsejable ahorrar para la jubilación, pero únicamente un 32% ha comenzado a hacerlo. Los motivos que alega una parte amplia es que no tienen capacidad de reservar un dinero de cara al futuro (un 43%), en tanto que un 34% señala que aún queda mucho para el retiro. Solo un 13% confía en la pensión pública.

El mercado inmobiliario repunta en Euskadi y lo hace, además, de manera acelerada. Así lo constatan los datos recopilados por el INE hasta septiembre, que muestran cómo los precios de los pisos han aumentado un 5,8% de media –el porcentaje se va al 8,4% en el caso de la vivienda nueva–, un ritmo de crecimiento que no se registraba desde 2007; es decir, desde los tiempos en los que la bonanza económica alimentó la burbuja del sector. En los nueve primeros meses del año las casas se han revalorizado aquí un 7,5%, solo por detrás de Cataluña, Madrid y Baleares. De enero a septiembre la subida se eleva hasta el 7,5%, por encima de la media estatal y solo por detrás de Cataluña, Madrid y Baleares

En el ámbito de la ciberseguridad industrial no se puede estar seguro al cien por cien de que todos los sistemas están blindados, y puede ocurrir que pese a disponer de medidas de protección, el ataque se produzca. El verdadero problema surge cuando este incidente se manifiesta un domingo a las diez de la mañana y, al acudir los expertos a la empresa para solucionarlo, se encuentran con que no hay nadie para abrirles la puerta. «No hay un protocolo de actuación», lamenta Álvaro Fraile, director ejecutivo de ITS Security, quien señala que las grandes firmas sí contemplan medidas estructurales pero que las pymes, en general, no las incluyen en su estrategia. «En la parte industrial hay mucho que hacer, porque estas empresas están empezando y queda un largo recorrido», advierte.

La firma británica Rolls Royce se hará con el control total sobre la empresa vasca ITP en las próximas semanas, después de que el Gobierno español haya autorizado esta operación que llevaba un buen número de meses sobre la mesa y a la espera del plácet definitivo. El Ministerio de Defensa, que se había mostrado algo reticente a dejar en manos de Rolls los trabajos de mantenimiento de la flota área del Ejército español, ha accedido por fin a que ITP cambie de dueños. Así, la ingeniería vasca Sener, que hasta ahora era el socio mayoritario de ITP y propietaria del 53,12% de sus acciones, cobrará un total de 720 millones de euros por la transferencia de este paquete a Rolls, que ya tenía el 46,82% de los títulos.

El Gobierno pasa de las advertencias a los hechos en la pugna por Abertis entre la italiana Atlantia y la española ACS. Los ministerios de Fomento y de Energía exigen a Atlantia que solicite formalmente una autorización al Ejecutivo español para que dé su visto bueno a la operación. Para ello, han formulado sendos requerimientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que «anule o revoque» el acuerdo del pasado 9 de octubre por el que autorizó la opa de la italiana sobre Abertis. La opa deberá contar con el permiso oficial por la presencia de Abertis en autopistas y en Hispasat.

Los vascos han extraído lecciones del fracaso del ‘procés’ en Cataluña, que ha enfriado notablemente el entusiasmo soberanista en Euskadi. De hecho, los partidarios de convocar una consulta sobre la relación entre Euskadi y España incluso sin acuerdo con el Gobierno central han caído nada menos que veinte puntos en tres años. En 2014, en plena efervescencia independentista por el referéndum escocés, un 51% de los vascos se declaraba partidario de poner las urnas con o sin permiso de Madrid. Hoy, vista la experiencia catalana y sus consecuencias solo un 31% apuesta por esta vía, mientras que quienes defienden una consulta legal y pactada con Moncloa han subido hasta el 28%, doce puntos más que hace solo ocho meses. Ésa es la principal novedad que arroja el Sociómetro vasco difundido ayer por el Gobierno de Vitoria y realizado la última semana de octubre, en el punto álgido de la crisis catalana.

La mayoría de las comunidades reclaman al Gobierno que ponga más dinero para el sistema de financiación con independencia del criterio de reparto. Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran este bloque en el que reclaman más fondos para sufragar los servicios públicos, como son sanidad, educación, prestaciones sociales y dependencia. Los expertos estiman la falta de recursos entre 9.500 y 16.500 millones. El Gobierno se resiste a poner más dinero para negociar el sistema, como en anteriores ediciones, pero acepta ceder parte del aumento de recaudación que se obtenga por el crecimiento económico.

«De forma más o menos recurrente, y con más intensidad tras la irrupción en la escena política de algunos partidos, se viene produciendo un movimiento en contra del Concierto Económico. Estas oleadas nunca parten de cero, sino que crecen o disminuyen en función de la percepción no tanto de las bondades del Concierto como de la situación comparativa que este puede representar en las finanzas de las comunidades autónomas. En definitiva, de las diferencias que hay entre el sistema de financiación de régimen común y los de Euskadi y Navarra, sobre todo en épocas donde los recursos económicos son escasos».