20171207

El PNV está convencido de que las críticas al sistema de Concierto y de Cupo y la fría acogida de la propuesta del lehendakari Urkullu para hacerlo extensivo al resto de comunidades se deben al «desconocimiento» y la «ignorancia» y a que las autonomías del régimen común no están dispuestas a asumir «riesgos y responsabilidades» y prefieren «que pague papá Estado». Así se expresó ayer el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, que aprovechó su tradicional rueda de prensa con motivo de la festividad de la Constitución para defender el modelo fiscal vasco con el argumento de que implica disponer de recursos solo si se recauda lo suficiente y se gestiona bien.

El Gobierno, a través de distintos interlocutores, contempló ayer con mucho escepticismo la propuesta de que el País Vasco y Navarra, las dos comunidades con un régimen económico propio, contribuyan a la solidaridad interterritorial al igual que lo hacen el resto de regiones. Cristina Cifuentes puso ayer voz a esta idea en la conmemoración en el Congreso del Día de la Constitución, después de que 13 comunidades autónomas, del PP y del PSOE, hayan solicitado este cambio en las alegaciones presentadas al informe de los expertos encargados de pergeñar un nuevo sistema de financiación. Cifuentes, la única de los presidentes populares que había esquivado hasta ahora las críticas al Cupo vasco, pidió públicamente que estas comunidades se incorporen a la financiación del mecanismo de nivelación interterritorial.

El PSE aprovechó ayer el 39 aniversario de la Constitución española para enviar un contundente mensaje a los barones socialistas que cuestionan el sistema de Concierto Económico y el cálculo del Cupo vasco. Con la polémica aún candente, Idoia Mendia recordó a los líderes territoriales de su partido que el pacto «entre diferentes» en que se sustenta la España «plural» implica «asumir las diferencias» de cada comunidad. «No son agravios, no son privilegios, son un inmenso capital a asumir todos como propio», reconvino la secretaria general del PSE, que admitió que todos los presidentes y líderes autonómicos socialistas quieren «hacer valer» los intereses de sus territorios, aunque animó a perseguir ese objetivo sin vocación de uniformidad.

La banca española tendrá que aumentar provisiones para responder a la nueva regulación bancaria internacional que entra en vigor el 1 de enero de 2018. El Banco de España publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una circular que aplica la nueva normativa internacional contable sobre instrumentos financieros. La nueva normativa llevará a aumentar a los bancos lo que destinan a provisiones y, en consecuencia, puede restringir y encarecer el crédito. Una banca más sana también es más cara, según admiten fuentes del Banco de España.

La Comisión Europea presentó ayer su plan de reforma institucional de la zona euro para reducir el riesgo de crisis y amortiguar su impacto cuando ocurran. El paquete de medidas llega entre el tradicional escepticismo de países del núcleo duro ortodoxo, como Alemania u Holanda. Hay cuatro ideas básicas en el plan de la Comisión: la creación de una serie de herramientas presupuestarias para apoyar a países en crisis; la incorporación a la legislación comunitaria del Pacto Fiscal aprobado durante la crisis por cada Estado Miembro; la creación de un superministro de Economía del euro y la transformación del fondo de rescate europeo (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo.

Desde hace meses es uno de los mensajes más escuchados. Por voz de sindicatos, administraciones públicas y hasta algunas empresas que coinciden en que ha llegado el momento de subir los sueldos. Sin embargo, hasta ahora es papel mojado. A esta cuestión se refirió ayer ELA al anunciar en Bilbao que este mes celebrará tres congresos federales en los que el aumento de los salarios será uno de los principales objetivos a alcanzar. Así lo manifestó el secretario general del primer sindicato vasco, Adolfo Muñoz, ‘Txiki’, que calificó de «pura hipocresía» y «política espectáculo» la defensa que hace al respecto el Gobierno vasco, en especial el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que «no aplica esa medicina ni en su ámbito».

La tasa de paro volvió a subir entre los universitarios vascos a pesar del momento de recuperación económica iniciado en 2014. Así se desprende del Estudio de Incorporación a la Vida Laboral de los Titulados Universitarios que elabora cada año Lanbide y que demuestra también cómo han empeorado las condiciones de empleo de las y los egresados en cuanto a temporalidad y sueldo desde el inicio de la crisis. Según la encuesta realizada a finales de diciembre de 2016 entre más de 10.000 personas a los tres años de concluir sus estudios, la tasa de desempleo se situaba en el 17,6% un punto más que en 2015, el mejor año desde 2013, cuando el paro alcanzó el máximo histórico (23,1%). En cualquier caso, el título universitario continúa siendo el salvoconducto más fiable a la hora de encontrar una colocación en Euskadi. No obstante a la universidad le pisa ya los talones la Formación Profesional (FP) que está experimentando una clara tendencia alcista, con una tasa de paro del 21,5% por un 27.6% de las personas de 16 a 34 años.

El Gobierno apuesta por cuadrar el déficit de la Seguridad Social sacando «progresivamente» del sistema público los elementos menos contributivos del sistema, esto es, aquellas prestaciones y gastos que no estén estrictamente vinculados con las cotizaciones sociales, vía por la cual se financia el sistema. De esta forma, la intención del Ejecutivo, según aseguran fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pasa por avanzar en la separación de fuentes de financiación a través de partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado que soporten estas prestaciones. Si la Seguridad Social únicamente tuviera que financiar las pensiones y prestaciones contributivas, aseguran desde el Gobierno, las aportaciones de trabajadores y empresarios serían suficientes para cuadrar las cuentas.

Tras caer a mínimos históricos, la conflictividad laboral vuelve a resurgir en las empresas vascas. Lo hace de forma concentrada, con pocos conflictos pero más largos y, sobre todo, con más implicación de los trabajadores. En los primeros tres trimestres de 2017, Euskadi ha registrado 145 huelgas, apenas una veintena más que el año pasado, que han sido secundadas por 30.000 asalariados, tres veces más que en 2016. La consolidación de un escenario económico favorable vuelve a empujar a los trabajadores a reivindicar mejoras laborales, aunque los niveles de conflictividad siguen a años luz de los registrados en la década de 2000 y en la primera parte de la crisis. Era un escenario que ya anticipaban las centrales sindicales, conscientes de que el bajón de la conflictividad que se ha vivido en los últimos años no se correspondía con el ambiente real en las empresas. Al contrario, las últimas reformas han ido generando un caldo de cultivo entre los trabajadores que puede traducirse en un incremento importante de los conflictos en un contexto económico favorable.

La reforma del sistema de financiación autonómica abre una ofensiva de una mayoría de Comunidades Autónomas contra la de Madrid por sus bajos impuestos, según los informes remitidos por los gobiernos regionales al Ministerio de Hacienda.  La Junta de Andalucía se muestra especialmente rotunda y a la cabeza del movimiento contra la baja tributación en la comunidad que preside Cristina Cifuentes. «Con carácter general, la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que la armonización fiscal es una condición necesaria para que cualquier Sistema de Financiación Autonómica funcione de manera eficiente y equitativa. En la medida en que esto no ocurra (situación actual), parte de la financiación de los servicios públicos provistos por las CCAA queda al albur de la competencia fiscal entre regiones», protesta la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero.

El número de directivos y empleados con blindaje laboral en Siemens Gamesa se ha disparado en los últimos meses, coincidiendo con la fusión entre esas dos empresas y a pesar del ajuste laboral masivo que el grupo ha puesto en marcha, y que afecta a 6.000 empleos, el 20% de la plantilla. Así se desprende de los datos que aparecen en los distintos informes de gobierno corporativo de Gamesa y el nuevo informe de gobierno corporativo del grupo fusionado, resultante de la unión de esta compañía española con el área de renovables del gigante alemán Siemens. Cuando Gamesa era una compañía independiente, contaba con un total de 23 directivos con blindaje. En el informe de gobierno corporativo presentado el pasado 30 de noviembre, el nuevo grupo explica que cuenta con un total de 131 directivos con indemnizaciones, garantías o blindajes.

«La generación de confianza se gana día a día haciendo las cosas diferente». La recomendación lleva la firma de la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y la destinataria es la dirección de Siemens Gamesa, que cumplió precisamente ayer un mes sumida en la incertidumbre. Cuando la compañía anunció el pasado 6 de noviembre su plan para despedir a 6.000 empleados en todo el mundo, los trabajadores vascos de la multinacional vieron sus puestos en peligro, al igual que sus 27.000 compañeros repartidos por el planeta. Sin embargo, en el caso de los 2.000 empleados de Euskadi y Nafarroa la tensión habitual en estas circunstancias se ha visto amplificada por los «bandazos informativos y el lío de datos» que ha generado la compañía tal y como los calificó Arantxa Tapia. La dirección ha accedido finalmente a negociar bajas incentivadas y prejubilaciones y ha renunciado a realizar despidos. Pero en los últimos treinta días, Siemens Gamesa ha perdido credibilidad y, al mismo tiempo, ha dejado entrever que las cartas con las que juega no son tan buenas para Euskal Herria como se podía suponer en un principio.

«Un modelo de financiación autonómica como el del territorio de régimen común, que permite gastar en términos de territorialidad sin tener capacidad para gestionar el nivel de ingreso en los mismos términos y que puede recurrir a la tutela del Estado para cubrir los déficits –y ello, con independencia de haber sido o no diligente o responsable en la aplicación del gasto público–, es absolutamente imperfecto por los niveles de ineficiencia e insolidaridad a los que puede dar lugar».