20171130

La patronal vasca, Confebask, calificó ayer de «positivo» el acuerdo fiscal, si bien matizó que el endurecimiento de las deducciones «puede resultar excesivo en algunos supuestos». No obstante, afirmó que la reforma permitirá «fortalecer la competitividad de las empresas vascas» y «el atractivo de Euskadi para nuevas inversiones generadoras de riqueza y empleo». Por contra, UGT-Euskadi la calificó de «regalo a una patronal culpable del bloqueo de la negociación colectiva y de que muchos trabajadores no tengan actualizadas sus retribuciones, sin saber cuáles van a ser los objetivos de ese ahorro para las empresas». ELA también rechazó el pacto fiscal y advirtió de que la revisión del IRPF que se hará en 2020 consistirá en «una rebaja a las rentas altas y al capital» y un nuevo paso para hacer un «sistema más injusto». A CC OO tampoco le agradó que Euskadi haya entrado «en la carrera de armonizar a la baja» el Impuesto de Sociedades.

La reforma fiscal vasca apretará las tuercas a las grandes empresas y aliviará la carga a las más pequeñas. Los detalles del pacto firmado por PNV, PSE y PP han permitido conocer que, junto a la rebaja del tipo general del Impuesto de Sociedades, que pasará del 28% al 24%, se producirán limitaciones en la aplicación de deducciones al tiempo que se introducirá una novedad sustancial en el sistema de recaudación. Las grandes empresas, las que tienen una facturación anual superior a 50 millones de euros o superan los 250 empleados y tributan con normativa foral, tendrán que hacer pagos a cuenta. La medida no supone un aumento de la presión fiscal sobre este selecto grupo de compañías –es el caso de Iberdrola Distribución o Petronor, por ejemplo–, aunque sí la obligación de comenzar a pagar a lo largo de 2018 una parte al menos de lo que tenían programado abonar en julio de 2019, justo en el momento de presentar la liquidación del impuesto.

El director del departamento de Salud Laboral de Confebask, Jon Bilbao, compareció ayer en la comisión de empleo del Parlamento vasco a petición de EH Bildu. Jon Bilbao explicó la evolución de los accidentes laborales en Euskadi en los últimos años, y destacó que desde el 2000 «el conjunto de la accidentabilidad ha disminuido cerca de un 60%». Un descenso, añadió, fruto de «un esfuerzo sistemático y mantenido a lo largo del tiempo» por parte de empresas, trabajadores y también por la propia Administración.

Una vez PNV, PSE y PP sellaron el martes por la noche un acuerdo para reformar el sistema fiscal vasco, el pacto presupuestario era ya una realidad. Era la condición que los populares habían establecido para apoyar las Cuentas de Urkullu, por lo que solventado ese escollo, el Gobierno vasco ya pudo dar por hecho el apoyo de la formación de Alfonso Alonso. Sólo faltaba la escenificación del pacto, que llegó ayer a las 13.00 horas en el Parlamento vasco. El propio Azpiazu y el responsable económico del PP vasco, Antón Damborenea, firmaron sin grandes alharacas un documento de tres páginas que recogía las líneas maestras del acuerdo. Por una parte, los populares se comprometen a facilitar, con su abstención, la aprobación de las Cuentas, y a cambio podrán incluir partidas propias por un valor de 30 millones de euros –dentro de un total de 11.486 millones–.

La Comisión Europea rectificó ayer la información aportada por ellos mismos a este periódico y confirmó que «hasta ahora no se ha recibido ninguna denuncia» sobre la polémica aprobación del Cupo. Sin embargo, 24 horas antes aseguraron (por escrito) que sí las había y que se estaban analizando «según los procedimientos habituales». Al final, todo se debió a una confusión en los temas abordados, según explicaron portavoces del área de Competencia de la institución. Por contra, explicaron que sí existen varias denuncias sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el PNV para conseguir una rebaja de los costes eléctricos de la industria vasca. Todavía se sigue analizando el asunto y no hay una decisión tomada sobre si abrir o no una investigación formal sobre el asunto.

Pedro Luis Uriarte cree que con el aluvión de críticas al Cupo y al Concierto se asiste a una «clarísima sobreactuación, porque Euskadi no tiene dimensión para desestabilizar España como se ha proclamado». El que fuera consejero de Economía y Hacienda entre 1980 y 1984 sigue volcado en hacer pedagogía sobre el Cupo.

La economía vasca evoluciona al alza en este ejercicio. En el tercer trimestre alcanzó un crecimiento del 3%, según anunció ayer el Eustat, que ha incrementado en una décima su estimación inicial. Tras la revisión se puede hablar de un aumento progresivo, ya que la tasa de expansión del primer trimestre fue del 2,8% y la del segundo, del 2,9%. Este comportamiento ascendente contrasta con el descenso experimentado el año pasado, cuando pasó del 3,4% al 3%. El Eustat siempre avanza un primer dato del incremento del PIB y unas semanas más tarde da la cifra definitiva y la desglosa para permitir un análisis más detallado. Pues bien, es en esta segunda fase en la que ha elevado su estimación del 2,9% al 3%, con lo que el crecimiento de la economía vasca se sitúa sólo una décima por debajo de la del conjunto de España, que llega al 3,1%, según el avance del INE.

De tener que pagar un 30% más en la factura por los incrementos que han acumulado los precios de la energía en el último año, a asumir solo un 9% del sobrecoste. Resultado: un 21% de ahorro. Ese es el principal efecto que va a tener para 1.111 empresas su implicación en el quinto proceso de compra agrupada de energía eléctrica en baja tensión, que ayer se celebró en la sede de SEA Empresarios alaveses. SEA Empresarios Alaveses actúa como ‘nodo’ de un amplio grupo de asociaciones empresariales de distintos puntos del país. Con el asesoramiento técnico del Grupo ASE, la patronal de Álava coordina un proceso de licitación en el que participan también Adegi, CEOE-CEPYME de Cantabria, FAE Burgos, FER La Rioja, FOES Soria, FEAMM, AEGA, CEOS Huesca, CEN Navarra, CEOE-CEPYME Zamora, IBIAE y Móstoles Empresa. Un grupo, se subraya, «que está abierto a nuevas incorporaciones».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que se pueden aplazar y acumular las vacaciones no disfrutadas, en una sentencia que afecta a un falso autónomo británico al que su empresa tendrá que compensar por las vacaciones que no disfrutó durante trece años. Con esta doctrina, las empresas tendrán que compensar todas las vacaciones que no han podido disfrutar sus asalariados y los falsos autónomos. En el marco legal español, la prescripción de las vacaciones no disfrutadas es de un año.

El Gobierno ha propuesto a la patronal y los sindicatos instaurar un contrato temporal con una indemnización creciente por finalización del mismo. Esta idea significa que si el contrato durase un año, el trabajador percibiría doce días de salario. Es decir, igual que ahora. Si la relación laboral dura dos años, entonces la indemnización total para el trabajador sería de veintiocho días de salario total. En el caso de que el contrato temporal durase hasta tres años, por acuerdo en el convenio entre la empresa y los sindicatos, entonces la indemnización total para el trabajador sería de 48 días de salario. A partir de los tres años en la empresa, si lo dice el convenio, o de los dos años, como dice la ley ahora, el trabajador debe ser indefinido. Con esta propuesta, pactada con Ciudadanos en el acuerdo de legislatura, el Gobierno trata de aumentar la estabilidad laboral de los trabajadores y reducir las diferencias entre empleados indefinidos y temporales.

El Gobierno quiere obligar a las empresas a hacer un importante ejercicio de transparencia sobre la igualdad laboral entre ambos sexos. Se trata de garantizar la equiparación salarial y de derechos entre los hombres y las mujeres que tienen la misma responsabilidad y las mismas funciones dentro de la compañía. Así se desprende de las propuestas que ha realizado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos en la mesa de calidad en el empleo. El Ejecutivo añadirá un nuevo punto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que diga lo siguiente: «Los trabajadores tienen derecho a solicitar información escrita sobre los componentes y la cuantía de la retribución». En particular, «sobre los componentes salariales variables, así como los pagos en especie, correspondientes a trabajos de igual valor, [con la información] desglosada por sexos».

La creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) se desacelerará el próximo año y crecerá a la mitad. En concreto, la ocupación en empresas de menos de 250 trabajadores aumentará en torno a un 1,9%, frente al 4% previsto para este año, según los datos del Boletín trimestral de empleo en las pymes, elaborado por la patronal Cepyme y Randstad Research.

CCOO lanzó ayer una propuesta al Ejecutivo para reducir la temporalidad que lastra el mercado laboral. El sindicato reclama que se incrementen de forma «considerable » las cuotas sociales que pagan las empresas por los contratos temporales y que se endurezcan las sanciones administrativas para aquellos que usan el contrato temporal en fraude de ley o que encadenan contratos de duración determinada en lugar de hacer contratos indefinidos. La organización considera que tal y como está la regulación actualmente las empresas «prefieren pagar» las multas «irrisorias» de apenas 600 euros a cumplir con lo que establece la legislación. Asimismo, para CCOO resulta «imprescindible dotar de más medios a la Inspección de Trabajo» para perseguir el fraude que se da principalmente, pero no únicamente, en sectores como la hostelería y la construcción, denuncian.

El índice de precios de consumo (IPC) registró un incremento interanual del 1,6% en noviembre, la misma tasa que en octubre, pese al encarecimiento de los carburantes, según el indicador adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De confirmarse esta cifra el próximo 14 de diciembre, el IPC sumaría quince meses consecutivos en positivo y reflejaría una moderación respecto a los datos contabilizados a comienzos de año, cuando la inflación se disparó al 3% interanual. Esta tasa está aún por encima del 1% que, según las previsiones del Gobierno, marcará al cierre de año, de forma que la inflación media de 2017 se sitúe por debajo del 2%.

«Los datos de la EPA desmienten las declaraciones que ha hecho la ministra». Con esta rotundidad comenzó la rueda de prensa Lola Santillana, secretaria de Empleo de CC OO, en la que presentó un informe sobre la situación y características de los contratos que se están creando e hizo una serie de propuestas para luchar contra la precariedad laboral. Se refería a las declaraciones que Fátima Báñez hizo ayer mismo en el Congreso, tales como que «cada día hay mejores empleos» o «desde la recuperación, el empleo creado es a tiempo completo». Y para argumentar que eso no es cierto, echó mano de los datos que aparecen en el mencionado estudio y que, además, según recalcó, están sacados de fuentes oficiales. De ahí se extrae que un 90,3% de los nuevos empleos son temporales (y más de un tercio de ellos a tiempo parcial), pero además el 27,5% dura menos de una semana y el 73,4% de los nuevos asalariados tiene un contrato con una duración inferior a un año.

La publicación del dato adelantado de la inflación del mes de noviembre, que ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que sitúa el IPC anual en el 1,6%, cayó como un jarro de agua fría sobre los 8,6 millones de pensionistas que existen en España. Teniendo en cuenta que el Gobierno actualizó la cuantía de las pensiones un 0,25% en enero pasado, igual que los tres ejercicios anteriores, si se les resta el efecto de los precios, ese 1,6% de noviembre, los pensionistas habrían perdido 1,35 puntos de capacidad de compra. Pero si en lugar de la tasa anual de noviembre se tuviera en cuenta la media de lo que han hecho los precios a lo largo de los últimos 12 meses, la inflación promedio es del 2%, lo que eleva la pérdida de poder adquisitivo a 1,75 puntos.

Los estragos de la sequía repercuten directamente en la factura de la luz. El precio de la electricidad que soportan los hogares españoles fue uno de los que más subió en la Unión Europea durante la primera mitad del año. Entre enero y junio, escaló un 5,1% frente al mismo periodo de 2016, bastante por encima del 0,5% que repuntó en la eurozona y del -0,5% que descendió en la UE. Además, el coste por 100 kilovatios hora sigue situado entre los más caros de Europa, antes y después de impuestos. Los expertos acusan al sistema de ser demasiado opaco.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, reforzó ayer su posición al asegurar en el Congreso de los Diputados que para lograr los objetivos de reducción de emisiones de CO2 hay opciones con las que se obtiene el mismo resultado medioambiental: la del mix carbón- nuclear o la del gas natural. En este punto, el ministro dejó claro que «es mejor la combinación carbón-nuclear frente al gas, pues esta es la tecnología más cara que casa en el mercado mayorista». En este sentido, puntualizó que «tenemos holgura para conseguir el mismo objetivo», aunque «hay grupos empresariales que prefieren la opción del gas» que es más perjudicial para el consumidor, pues encarece los precios de la luz.

La economía catalana se está viendo fuertemente golpeada por el pulso secesionista, hasta el punto de que el PIB regional podría frenarse al 0,5% entre octubre y diciembre, frente al 1,1% registrado en el segundo trimestre, de acuerdo con la AUtoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El impacto se extiende a múltiples sectores, desde el turismo hasta la venta de automóviles, pasando por las inversiones en materia industrial. Y la AIReF también advierte de que el enquistamiento del conflicto podría llevar a un fuerte frenazo del PIB del conjunto de España. Según sus cálculos, si esto sucediera, Cataluña podría a entrar en recesión, lo que a su vez tendría un efecto de vuelta sobre el resto de España, en especial, sobre las comunidades más expuestas económicamente a Cataluña. En total, están en peligro 21.313,2 millones de euros en ventas a Cataluña. Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía son las más dependientes de estos ingresos.

El pacto de gobierno corporativo que firmó Iberdrola con Siemens en Gamesa, y que supuso uno de los pilares de la fusión de este grupo español con la división de renovables del gigante alemán, atraviesa horas críticas. Iberdrola está analizando al detalle si Siemens está incumpliendo puntos de ese acuerdo y si la gestión que está haciendo en la ya fusionada Siemens Gamesa Renewable Energy es la más adecuada. Fuentes del sector eólico indican que Iberdrola está estudiando todo tipo de escenarios jurídicos antes de decidir el siguiente paso. Uno de ellos podría ser invitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que certifique si el acuerdo que se presentó ante este organismo antes del verano, como un pacto parasocial en toda regla, realmente sigue vigente.

Los taxistas protagonizaron ayer un paro de 24 horas en toda España para exigir medidas contra la «competencia desleal» de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber y Cabify. Pese al éxito de la convocatoria, secundada por la práctica totalidad del sector, y la manifestación multitudinaria en Madrid, no podrán frenar la avalancha de licencias VTC que están concediendo los tribunales por un vacío legal anterior. Actualmente, operan unos 6.500 de estos vehículos, pero pronto se unirán otros 10.000, de forma que circulará un VTC por cada cuatro taxis cuando el límite legal es de 1 por cada 30.

«Hace apenas una semana, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación del Concierto Económico y la nueva metodología para calcular el Cupo, que estará en vigor en el transcurso de los próximos cinco años, período 2017-2021. Este acuerdo ha dado lugar a todo tipo de comentarios en los medios y a que cierto tipo de personas, sin demostrar conocimiento acerca de lo que significa el Concierto Económico, hayan aprovechado la ocasión para usar términos como «privilegio» y «falta de solidaridad», entre otros. No sé si este tipo de opiniones son producto de la ignorancia, de la envidia o simplemente ganas de molestar».

«El Concierto está recogido en la Constitución, pero esta prohíbe que las diferencias entre comunidades autónomas impliquen privilegios económicos o sociales como los que en la práctica otorga el opaco cálculo de la compensación anual».