20171129

El Gobierno Vasco, formado por la coalición PNV-PSE, y el Partido Popular cerraron anoche un acuerdo para aprobar los Presupuestos del próximo año y una reforma fiscal que convertirá a Euskadi en la comunidad con los impuestos más atractivos para las empresas de toda España. El documento pactado contempla una reducción del Impuesto de Sociedades del 28% actual al 24% para las grandes compañías y el compromiso de que el IRPF «se revisará» con la intención de rebajarlo en 2020. Los tres partidos acuerdan que este entendimiento «se traslade al ámbito presupuestario» de todas las instituciones, incluidas las Juntas alavesas

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lamentó ayer que el Ejecutivo del PP en La Rioja se plantee recurrir ante la Justicia el acuerdo para la rebaja del Impuesto de Sociedades de Euskadi del 28 al 24% –un punto por debajo de la cifra fijada para el resto del Estado– cuando nunca manifestó «queja alguna» mientras el tipo de este impuesto vigente en La Rioja y en el resto de España ha sido más bajo que en Euskadi. El pasado lunes, el consejero de Hacienda de dicha comunidad, Alfonso Domínguez (PP), no descartó recurrir ante los tribunales, «si fuera necesario». «Me parece precipitado y muy poco comprensible anunciar ya medidas judiciales», afirmó ayer Erkoreka.

La Comisión Europea, según fuentes de toda solvencia, «ha recibido varias denuncias» referidas al Concierto Económico y el Cupo vasco por los supuestos «privilegios» que otorgan a Euskadi y que tanta polvareda está levantado en el conjunto de España a raíz del «histórico» acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el PNV en el Congreso y al que se sumaron casi todos los grupos políticos menos Ciudadanos y Compromís, que han abanderado los ataques al régimen fiscal vasco. Los expertos comunitarios del área dirigida por la comisaria danesa Margrethe Vestager ya han comenzado a «analizar las quejas recibidas siguiendo el procedimiento habitual». Analizar no significa investigar, o al menos, no abrir una investigación formal sobre el asunto, matizan estas fuentes.

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, defendió ayer la validez y el cálculo del Cupo aprobado el jueves en la Cámara baja y añadió que «la gente habla por hablar» al poner en cuestión las cifras. «Alguien que dice que es injusto, pues que ponga una cifra encima de la mesa», manifestó el representante del PP en una comparecencia ante los periodistas. Hernando añadió que este sistema tiene «cosas positivas y negativas», y recordó que, por ejemplo, el País Vasco no puede acoger al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como han hecho otras autonomías.

Resolver el problema generado por el IVA de Mercedes en Vitoria y el hipotético pacto de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 pueden ser dos caras de la misma moneda. El evidente distanciamiento que se ha producido entre PP y PNV en el Congreso de los Diputados ha llevado a un callejón, de momento sin salida, las negociaciones para resolver el agujero que puede crear la multinacional Daimler Benz en las cuentas de la Diputación de Álava si lleva a cabo su anunciada reestructuración societaria. Un mero cambio jurídico de separación de actividades en sociedades diferenciadas que ya ha provocado una ligera merma de ingresos por IVA en la Hacienda alavesa, pero que puede llegar a superar los 200 millones de euros anuales si se completa en su totalidad la segregación. El problema viene suscitado por la gran cantidad de IVA a devolver que genera la planta de Mercedes.

Los analistas fiscales destacan el atractivo y el eventual efecto llamada para las empresas de la reforma fiscal que están negociando PNV, PSE y PP en Euskadi, con una rebaja del 28% al 24% del tipo general del Impuesto de Sociedades. En esta valoración coinciden varios participantes en el foro de gestión y finanzas organizado por Colegio Vasco de Economistas, Bolsa de Bilbao y PwC. Juan Morlan, socio responsable de PwC Tax&Legal Services en el País Vasco, considera que la reducción del tipo de Sociedades es positiva en términos generales, sobre todo teniendo en cuenta la comparativa de tipos nominales con otras jurisdicciones tributarias.

Bajar la tasa de paro de Euskadi del 10% al final de la presente legislatura vasca, que si no sucede nada extraordinario concluirá en 2020. Esa es la consigna-objetivo que aparece en todos los planes y programas que elabora el Ejecutivo de Urkullu que tengan una mínima relación con el mercado laboral. Y desde luego con más motivo se recoge en el nuevo Plan Estratégico de Empleo 2017-2020, aprobado ayer por el Consejo del Gobierno autonómico. Un plan que emana del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, presentado por el Gabinete vasco en marzo pasado y en el que ya se consignaba la dotación de 1.175 millones de euros detallada ayer.

España seguirá a la cabeza del crecimiento europeo en 2017, aunque a partir del próximo curso la velocidad perderá brío. Una desaceleración que podría agravarse más de lo esperado por la crisis de Cataluña. Así lo advirtió ayer la OCDE en su informe sobre perspectivas mundiales. El organismo internacional se sumó al consenso de que el país mantendrá un incremento del PIB del 3,1% este año, lo que implica una mejora de tres décimas respecto a la estimación anterior. Un avance que coincide con el determinado por el Gobierno, el FMI y otros centros de estudios. La institución dirigida por Ángel Gurría no duda en definir como «sólido y equilibrado» el crecimiento durante este ejercicio gracias al empuje de la demanda interna y también a la mayor contribución del sector exterior de la mano del récord de exportaciones. De hecho, el organismo destaca que por tercer año consecutivo la economía superará la barrera del 3%, casi el doble que la media de la zona euro.

El superávit de Euskadi hasta el pasado septiembre se elevó a 125 millones de euros, lo que supone el 0,17% de su PIB, según datos del Ministerio de Hacienda difundidos ayer. En relación al mismo periodo de 2016 ha reducido sus cifras ya que, al cierre de septiembre del pasado año presentaba un superávit de 199 millones, el 0,29% del PIB. Hasta septiembre, sólo cinco comunidades registraban déficit: Murcia (-0,83%), Aragón (-0,25%), Castilla-La Mancha (-0,25%), Madrid (-0,11%) y Cantabria (-0,02%). Por el contrario, los mayores superávit se registraron en Canarias (1,19%), Baleares (0,97%) y Navarra (0,37%). Por su parte, y ya en el mes de octubre, el déficit del Estado mantuvo la tendencia positiva y se redujo un 43% respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, los números rojos se situaron en los 12.867 millones, el equivalente al 1,1% del PIB.

A pesar de la recuperación, la inversión en investigación y desarrollo sigue perdiendo peso. Aunque el gasto aumentó un 0,7% en 2016, la economía creció un 3,3%. En consecuencia, el desembolso se situó en el 1,19% del PIB frente al 1,22% de 2015, según el INE. Es decir, la proporción de I+D en la economía retrocede. Pese a que este capítulo es fundamental para beneficiarse de la revolución tecnológica, España pierde puestos en Europa. Euskadi es la comunidad que más dinero destina a innovación ya que la inversión representa el 1,89% del PIB, lo que significa un total de 1.302 millones de euros anuales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, señaló ayer que según sus cálculos para final de año se rozarán los 600.000 nuevos empleos creados en 2017 –como ya se incluía en las últimas previsiones enviadas a Bruselas en octubre–, dado que «España está traduciendo el crecimiento en empleo». Y ello a pesar de que noviembre es históricamente un mes «menos bueno» en este sentido. La ministra destacó «la recuperación sólida y social» que, a su juicio, se está produciendo en España, con una subida del PIB para este año del 3,1%, lo que supone encadenar tres ejercicios por encima del 3% y, además, no dejar de crecer desde 2014. A su modo de ver, todo eso se está convirtiendo en empleo «en todos los sectores, grupos de edad y comunidades».

El impacto de la crisis catalana empieza a cuantificarse. En el mes de octubre, cuando la tensión se disparó tras el referéndum ilegal del día 1, las ventas del comercio minorista en la comunidad cayeron un 3,9%. Se trata del mayor descenso de todas las autonomías y confirma las previsiones de que el consumo sería uno de los principales afectados por esta incertidumbre. La caída de facturación del comercio en la región en tasa interanual supone más del triple que el retroceso del 1,2% de media en España, según publicó ayer el INE. Y es que los datos nacionales tampoco son positivos, ya que se pone fin al alza de las ventas de los últimos cinco meses. El descenso se modera al 0,1% si se corrigen los efectos estacionarios y de calendario, aunque también implica la primera caída interanual en este índice desde julio de 2014.

La batalla entre el Gobierno y las eléctricas, especialmente Iberdrola, sigue adelante. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, defendió ayer el mantenimiento de las centrales térmicas de carbón en el mix energético para abaratar los costes de la electricidad, frente a la intención de la compañía de Ignacio Galán de cerrar dos de estas instalaciones. Nadal explicó que si no hubiese carbón para cubrir la demanda cuando faltan las renovables –como ocurre ahora por la falta de lluvia y viento–, el precio de la electricidad se encarecería un 15% en el mercado mayorista. «Cuando no hay renovables el carbón es más barato que el gas, aunque emite más CO2», admitió. Y avisó de que sin las nucleares, el coste se elevaría un 25%.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propuso ayer a la patronal y a los sindicatos varias modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores para incluir «medidas concretas para que la igualdad salarial sea una realidad cuanto antes». La primera de ellas consistiría en modifica el artículo 26 para «favorecer» que las compañías «de mediano y gran tamaño realicen auditorias salariales» con el objetivo de «evaluar permanentemente la igualdad salarial y el mismo trato entre hombres y mujeres en las empresas y organizaciones». También ha planteado a los agentes sociales que el artículo 28 incorpore «la obligación, por parte del empleador, de ofrecer a sus trabajadores o a sus representantes, si lo solicitan, la información desagregada en función del género sobre componentes y cuantía de retribución para los puestos de trabajo de igual valor».

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, pronosticó ayer una hecatombe para la economía española si al Congreso de los Diputados se le ocurre aprobar una renta mínima, de 430 euros mensuales, para todos aquellos que lleven en el desempleo un año y no tengan ingresos, o los tengan por debajo de los baremos establecidos para recibir la prestación. Ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, Nadal dijo que «el impacto de la medida [sobre la cuentas], tal como está ahora la proposición de ley, supondría la quiebra de la Hacienda pública».

Está por ver si Alemania acepta el diseño propuesto por Bruselas del Fondo Monetario Europeo y el superministro de Economía. Pero Berlín presiona para rebajar la ambición del presupuesto anticrisis del euro. La Comisión ultima una propuesta para que esa «función de estabilización» permita mantener la inversión en plena crisis e incluirá la posibilidad de adoptar la forma de un seguro de desempleo común o un fondo para aliviar los efectos de un shock asimétrico en un solo país. Su dotación económica está en el aire; la luz verde de Berlín, también.

El Gobierno británico y la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre la factura del Brexit que podría rondar entre los 45.000 y los 55.000 millones de euros, según revelaban ayer varios medios británicos. El pacto podría servir para desbloquear las negociaciones entre Londres y Bruselas al cabo de seis meses. Superados los obstáculos de la factura de divorcio y los derechos de los inmigrantes de la Unión Europea, la auténtica espina de las negociaciones en la reunión decisiva del 14 y 15 de diciembre será el futuro de la frontera de Irlanda. El Gobierno británico confía en poder superar también ese escollo para abrir las puertas a la segunda fase de la negociación: la relación comercial del Reino Unido y la UE tras el Brexit.

Los republicanos defienden en EEUU una reforma fiscal que podría someterse a votación en el senado mañana, y que podría favorecer un crecimiento sostenible de, como mínimo, el 3%. La Casa Blanca asegura que las rebajas fiscales a empresas podrían provocar aumentos salariales de miles de millones de dólares al año, a la vez que promueven la inversión y la contratación por parte de multinacionales que acumulaban beneficios en el extranjero por el elevado impuesto de sociedades de EEUU. Aun así, los planes republicanos para la reforma fiscal, que aseguran beneficiarán a la clase media, están siendo duramente criticados por muchos economistas. De hecho, los análisis independientes apuntan a que los beneficios irán a parar a las clases más altas de la sociedad. Además, la insistencia del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en que los recortes se amortizarán sin problemas también ha sido objeto de críticas ya que no está avalada por ningún análisis.

Hace unas semanas, el Real Decreto que regula la Formación Profesional Dual en España cumplió cinco años. Y, pese a que el balance es positivo –se ha incrementado el número de alumnos inscritos, de centros educativos que ofrecen esta formación y de empresas colaboradoras–, lo cierto es que el modelo presenta algunas deficiencias que ahora, según anunció ayer el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, se pretenden subsanar con un nuevo decreto que está preparando el Ministerio de Educación y que «estará listo en las próximas semanas».

Cambridge Innovation Center es el grupo especializado en ‘startups’ más influyente del mundo, con oficinas centrales en Boston y con una segunda sede europea en Rotterdam. Esta compañía, pionera en atender a emprendedores con nuevas ideas de negocio, ha decidido instalarse en Bilbao y cuenta con el apoyo de la Diputación, que ha reservado ya una partida de tres millones en su Presupuesto de 2018 para esta iniciativa. La idea es ocupar un lugar emblemático en el centro de la ciudad, y el edificio del BBVA y la torre Iberdrola están entre las opciones barajadas.