20171120

Euskadi es la única autonomía que encadena cuatro años consecutivos con los salarios a la baja. Según el INE, en 2013 el sueldo medio en el País Vasco era de 27.120 euros, el más alto jamás alcanzado, en 2016 se había situado ya en los 26.461 euros, y en lo que llevamos de año ha bajado un 1,7%. Para explicar todo esto que está ocurriendo es fundamental volver la mirada hacia las grandes empresas. Son ellas las que han determinado las fluctuaciones en los niveles retributivos durante estos años. Esas grandes empresas –que ocupan a la tercera parte de los asalariados vascos– son las que mejor pagan: 31.693 euros al año, frente a los 28.025 que ofrecen las que tienen entre 50 y 199 trabajadores; y los 22.251 de las que cuentan con menos de 50 empleados. Pues bien, de 2013 a 2016 esas grandes empresas bajaron sus retribuciones un 6,1%. Pablo Martín, director de estudios de la patronal vasca Confebask, recuerda que en los primeros años de crisis, entre 2008 y 2013, las retribuciones en estas grandes firmas se habían disparado en Euskadi un 12,5%, frente a un incremento medio en España del 7%. «Es como si ahora se estuviese corrigiendo esa situación», analiza.

Empieza a verse la luz al final del túnel de la negociación presupuestaria, que pasa por alcanzar un acuerdo sobre la reforma fiscal con el PP vasco, condición ‘sine qua non’ de la formación de Alfonso Alonso para respaldar las Cuentas de Iñigo Urkullu. El paso al frente que el jueves dio el diputado general de Álava, Ramiro González, al admitir por primera vez en público la posibilidad de negociar con los populares, imprescindibles para que los retoques tributarios salgan adelante en el territorio, y el gesto del lehendakari el viernes en el Parlamento al aceptar implicarse en las conversaciones se han visto apuntalados por el guiño que ayer mismo hizo Idoia Mendia a un posible pacto. La secretaria general del PSE apostó por «afianzar» los acuerdos «entre diferentes» también en materia presupuestaria en un acto público en San Sebastián y «extenderlos a las decisiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos».

El pleno del Congreso aprobará el próximo jueves en un solo debate la nueva Ley Quinquenal del Cupo y la de modificación del Concierto Económico. Ciudadanos anunció enmiendas para intentar tumbar ambos proyectos, pero el PP y el PNV cuentan con apoyos de sobra para superar el trámite parlamentario gracias al seguro respaldo del PSOE. La Mesa del Congreso acordó en su momento que los dos proyectos se tramitaran por la vía de urgencia y el pleno confirmará mañana el procedimiento de lectura única, lo que supone que todas las fases se ventilen en un solo debate.

La nueva Ley del Cupo consagra al País Vasco como receptor neto del Estado y le deja al margen de la solidaridad territorial, según coinciden miembros del comité de expertos para reformar la financiación autonómica y cálculos elaborados por Ciudadanos a partir de datos oficiales. Según el último dato liquidado correspondiente a 2015, lo ingresado por el Estado en concepto del Cupo –la aportación del País Vasco por competencias del Estado como Defensa o política exterior– fue de 1.139,4 millones. Sin embargo, ese mismo año, el Estado efectuó un ingreso a favor de las haciendas vascas por valor de 1.421 millones en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue positivo en favor de Euskadi en unos 300 millones.

La reforma fiscal pendiente de aprobación que presentó recientemente el Gobierno Vasco junto con las diputaciones de los tres territorios de la CAV no incorpora ningún artículo nuevo en el Impuesto de Sociedades con respecto a la importante modificación acordada en 2014 pero sí añade restricciones y limitaciones, cuya consecuencia es el incremento de la presión fiscal al tejido empresarial guipuzcoano y que afectará sobre todo a ]as pequeñas y micro empresas. Es la conclusión a la que llegan los expertos fiscalistas de la consultoría Sayma de Donostia Víctor Etxeberria y Manuel Aznar tras analizar en profundidad una reforma que, en una decisión controvertida, decidió no reducir el tipo nominal de Sociedades del 28% actual al 25%, tal y como defendieron algunas instituciones y el empresariado vasco.

Tras caer a mínimos históricos, la conflictividad laboral vuelve a resurgir en las empresas vascas. Lo hace de forma concentrada, con pocos conflictos pero más largos y, sobre todo, con más implicación de los trabajadores. En los primeros tres trimestres de 2017, Euskadi ha registrado 145 huelgas, apenas una veintena más que el año pasado, que han sido secundadas por 30.000 asalariados, tres veces más que en 2016. La consolidación de un escenario económico favorable vuelve a empujar a los trabajadores a reivindicar mejoras laborales, aunque los niveles de conflictividad siguen a años luz de los registrados en la década de 2000 y en la primera parte de la crisis. Era un escenario que ya anticipaban las centrales sindicales, conscientes de que el bajón de la conflictividad que se ha vivido en los últimos años no se correspondía con el ambiente real en las empresas. Al contrario, las últimas reformas han ido generando un caldo de cultivo entre los trabajadores que puede traducirse en un incremento importante de los conflictos en un contexto económico favorable.

El 26,1% de los más de dos millones de contratos realizados en el territorio español el pasado octubre (531.613), es decir, algo más de una de cada cuatro incorporaciones laborales, tuvo una duración igual o inferior a una semana, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Por su parte, 79.243 contratos (el 3,9%) se prolongaron entre siete y 15 días, mientras que 129.344 (6,3%) personas desempeñaron sus funciones entre 15 días y un mes. De este modo, el 36,4% de los contratos inscritos en el Sepe en octubre contaban con una duración igual o inferior a 30 días, lo que equivale a 740.200 incorporaciones. Por su parte, con entre uno y tres meses se efectuaron 175.319 contratos (el 8,6%), mientras que los que llegaron a medio año sumaron 119.614 (el 5,9%). Sólo 59.462 personas (el 2,9% del total) permanecieron en sus puestos entre seis y doce meses.

«Los contratos de obra pública en Europa están rondando el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona y eso es muchísimo dinero, miles y miles de millones de euros. Además esto soporta otra serie de negocios paralelos entre los que están los modificados de obra», explica Jesús Rodríguez Morilla, doctor en Derecho y experto en temas europeos, que ha dedicado varios años al estudio de la legislación sobre modificaciones de los contratos públicos, los famosos modificados o sobrecostes, que generalmente consiguen que un proyecto público acabe costando mucho más de lo presupuestado inicialmente. Los modificados de obra están de actualidad porque el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una nueva Ley de Contratos Públicos -que deja un amplio margen de maniobra en este tema y porque las divergencias entre el Ministerio de Fomento y Adif, por un lado. y las grandes empresas constructoras, por otro, a la hora de aprobar los sobrecostes solicitados en las obras del Tren de Alta Velocidad en Euskadi y en otros puntos de la península han ocasionado retrasos y paralizaciones en la construcción de esta infraestructura.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha hecho casus belli de su propuesta de reforzar su autoridad para denegar el cierre de centrales eléctricas (léase de carbón y nucleares). La decisión de Iberdrola la semana pasada de solicitar al ministerio el plácet para echar el cerrojo a las dos únicas plantas de carbón que le quedan en España (Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias) actuó como un resorte para que el titular de Energía hiciera público, pocos días después, el texto del real decreto que fija las nuevas condiciones de cierre de instalaciones.

Pocas veces un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, organismo dependiente de Hacienda, provoca un revuelo como el de estos días al determinar que la compraventa de artículos de segunda mano en plataformas online como Wallapop o eBay tiene que pagar impuestos. En concreto, el comprador deberá tributar el 4% en la mayoría de comunidades autónomas por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Pero desde que el organismo resolvió la consulta realizada por un consumidor la pregunta que se repiten los miles de usuarios de estas plataformas es evidente. ¿Tiene la Agencia Tributaria la capacidad para vigilar el pago de este impuesto? El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lo tiene claro y ve «imposible» controlar la tributación de estas transacciones. En este sentido, sostienen que la única forma sería que las plataformas digitales intermediaran.

Las nuevas aplicaciones móviles de transporte declaran unos beneficios mínimos o registran pérdidas en sus negocios en España, según las cuentas anuales correspondientes a 2016. Cabify, Uber, Blablacar o Amovens tienen un modelo de negocio diferenciado, pero las cuatro han irrumpido fulgurantes en el sector del transporte a través de aplicaciones digitales. Entre todas registran una facturación conjunta de poco más de 31,7 millones en España. Cabify es la que más actividad declara, aunque incurre en pérdidas. El resto reconoce unos beneficios pírricos comparados con la relevancia social de las compañías.

Aunque en los últimos 10 años la brecha de género ha disminuido un 30%, lo cierto es que a las mujeres todavía les cuesta más decidirse a montar su propia empresa, pero cuando lo hacen, fracasan menos que los hombres. De hecho, el porcentaje de empresas fallidas es de media un 14% más bajo si las compañías cuentan con liderazgo femenino. El motivo, según los expertos, es que las mujeres cuentan con planes de negocio más sólidos y buscan más canales de financiación cuando los necesitan. Ésta es sólo una de las conclusiones del estudio realizado –dentro de la iniciativa Women’s Age– entre las más de 750 startups participadas a través de alguno de los distintos vehículos de inversión de Telefónica Open Future.

El anuncio de la elección de Bilbao como sede de la gala de entrega de los premios europeos de la cadena musical MTV ha supuesto el colofón a lo que será el gran año de la capital vizcaína. A lo largo de los próximos meses, Bilbao acogerá importantes eventos internacionales, como la designación de los 50 mejores restaurantes del mundo, las finales de la ‘champions’ de rugby, una etapa de la Vuelta Ciclista a España, la conferencia europea sobre igualdad e inclusión o el foro global de economía social, entre otros, que ratificarán la reciente designación de la Villa como Mejor Ciudad Europea de 2018.

Enrique Sánchez habla deprisa. Así, rápido, desgrana sus preocupaciones sobre Cataluña, sobre precariedad o sobre rebajas salariales en las empresas multiservicios. Preside el grupo Adecco en España desde 16 años. Desde ese observatorio privilegiado prevé, con tono optimista, un futuro que no lo es tanto.

Con una facturación que supera los 1.800 millones de euros, los socios de Aclima, la asociación clúster de industrias de medioambiente de Euskadi, representan al 50% del volumen total del sector. Para su directora general, Kristina Apiñániz, el mercado dará cada vez más importancia a los conceptos sociales y medioambientales.

«El Guadiana es un río muy peculiar. Durante kilómetros desaparece de la superficie, para reaparecer más adelante. Algo así está sucediendo con la microreforma fiscal vasca. Henos aquí de nuevo juzgando desde un punto de vista económico, los recientes indicios de consenso político para rebajar en tres puntos porcentuales (del 28% al 25%) el tipo del Impuesto de Sociedades vigente en nuestra comunidad. […] Dicho lo cual: ¿Es deseable reducir el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades en Euskadi? La respuesta es afirmativa atendiendo al menos a tres consideraciones. La primera reside en el llamado argumento autoridad, o de convergencia y ‘moda’ estadística en la aplicación del impuesto en el concierto de países. […] La segunda es de mero agravio comparativo y nace del criterio anterior […] La tercera es más compleja y se basa en una derivación empresarial de la curva de Laffer».