20171112

El mercado laboral vasco envejece a toda máquina sin que nada lo detenga. Y no solo por la caída demográfica. El porcentaje de población de entre 16 y 35 años ha caído en Euskadi un 35% de 2002 a 2017, mientras que el de ocupados dentro de esa franja de edad se ha desplomado un 45%. Ha pasado de 348.300 (el 39% de la masa laboral) a 192.900 (el 21%). Detrás de ese preocupante descenso los sindicatos sitúan a la crisis, que ha retrasado la incorporación de los jóvenes al trabajo, pero también al abuso de contratos de baja remuneración que ha llevado a muchos a emigrar. Sin embargo, Confebask apunta hacia un desajuste entre la formación que traen los jóvenes y los requerimientos del mercado de trabajo. Un ejemplo: la previsión es que el 60% de las ofertas dirigidas a universitarios sea para ingenieros y titulados en Administración y Dirección de Empresas; mientras, en la Universidad del País Vasco (UPV) y en la de Deusto sólo tres de cada diez alumnos cursan estas especialidades.

La Diputación de Bizkaia celebró ayer en Munich una jornada para conectar a profesionales vascos residentes en Alemania con empresas de aquí.  Iniciativas de este estilo reflejan la preocupación de las instituciones vascas por hacer regresar a Euskadi el talento que se ha ido al extranjero como consecuencia de la crisis. Durante la presentación de la jornada, a la que acudieron un total de 135 profesionales vascos residentes en Alemania, el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales hizo referencia a «los dos grandes desafíos» que afronta el País Vasco: «Por un lado, atraer profesionales para cubrir necesidades ya presentes en el tejido productivo. Por otro, atender el reto demográfico puesto que son más los que salen del mercado laboral que los que entran».

Las diputaciones forales quieren remediar el déficit de atractivo que tiene el País Vasco en la captación de personas y no sólo de empresas, con el objetivo de «crear un ecosistema» que facilite la atracción de profesionales de élite. Elementos singulares –acotados a la ciencia, la investigación y el desarrollo, el ámbito técnico y también el financiero–, que además del reto profesional también están dispuestos a valorar el impacto económico en sus bolsillos. El PNV y el PSE han acordado una modificación en la normativa del IRPF, que previsiblemente entrará en vigor el próximo año, para tratar de cubrir ese gran agujero. Forma parte del conjunto de medidas previstas en la reforma fiscal o en la «norma de retoques», como ha venido a bautizarse con mayor rigor por su limitada relevancia.

Francisco Javier Azpiazu dispone de una atalaya privilegiada para conocer lo que sucede en las empresas vascas y, también, para analizar las carencias y problemas que tienen en comparación con los países del entorno, desde su puesto de secretario general de la patronal vizcaína, Cebek. No tiene duda alguna de que los incentivos fiscales para atraer profesionales de alto nivel son «importantes, necesarios y una buena medida». Sostiene que todos los países compiten con la legislación en la mano para intentar obtener una ventaja comparativa. «Los países también compiten por atraer talento –apunta–, y en eso no debemos quedarnos rezagados. Las empresas punteras pelean cuando tratan de captar esas personas que pueden permitirles dar un salto importante. Ahí es donde la Administración debe colaborar para crear un caldo de cultivo adecuado».

Con la reforma fiscal pactada entre PNV y PSE enfriándose en el alfeizar tras salir del horno, el diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, pone en valor las modificaciones pactadas y no entiende que algunos quieran echarlas por tierra solo por defender sus posiciones. Define los cambios como «cualitativos» desdeñando las lecturas que lo tachan de solo recaudatorios. No se moja sobre si sería idóneo o no reducir el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 25% que rige en el Estado pero tampoco descarta que se pueda reducir de forma progresiva. Sin embargo, tiene algo claro, esa cuestión no es la que más preocupa a las empresas.

La crisis catalana, la negociación de la reforma fiscal, la posible reedición del acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco, el hipotético apoyo del PNV a las Cuentas de Rajoy, la salud del PP vasco... En la agenda de Alfonso Alonso  se acumulan los temas, aunque el pasado viernes uno se impuso al resto: la «desvergüenza» que supone la celebración del Día de la Memoria como un homenaje a todas las víctimas, y no sólo a las del terrorismo, que de nuevo llevó al PP a conmemorar esa jornada al margen del resto de partidos.

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha acusado a Confebask de «mentir vilmente» al asegurar que las empresas en Euskadi pagan más por el Impuesto de Sociedades que las de su entorno y cree que lo que quieren los empresarios es «engordar» a costa de los trabajadores y la sociedad, lo que, a su juicio, es «vergonzoso». En una entrevista, la dirigente sindical anuncia que la próxima semana mantendrá reuniones, por separado, con las patronales territoriales (Cebek, Adegi y SEA), en las que el sindicato expondrá su postura de cara a la negociación colectiva, en la que será clave la reivindicación de subidas salariales y no renunciarán a incrementos generalizados de los sueldos. Para la líder sindical, el pacto fiscal alcanzado por PNV y PSE-EE no es una reforma fiscal, sino «retoques». Loli García ha manifestado que se ha vuelto a «perder otra oportunidad de hacer una reforma fiscal en condiciones y que es muy necesaria porque hay mucho margen para la recaudación».

«Hace unos días llamaba su atención sobre la que considero una funesta manía de pensar. Me refería a la intromisión de la política en la economía y hacía referencia a la decisión final adoptada en el País Vasco con respecto a la fiscalidad de las empresas. […] Esta semana hemos tenido una nueva ocasión para observar otro episodio de esta funesta manía de pensar que practicamos con tanto ardor. Esta vez ha sido con ocasión del anuncio efectuado por la multinacional Siemens/Gamesa de que va a recortar su plantilla en nada menos que 6.000 personas. No cabe duda de que la noticia es altamente desagradable, incluso tras conocer que el recorte nos afectará de manera leve. Pero de ahí a lanzarnos al cuello de las multinacionales como han hecho los sindicatos nacionalistas hay un trecho. Salvo declararles la guerra, han dicho de todo y nada de lo dicho ha sido mínimamente comprensivo».

La alianza tecnológica IK4 y el centro tecnológico Tecnalia de Euskadi presentaron, en su conjunto, un total de 72 solicitudes de patentes durante el pasado año de las 108 totales que se pidieron en la CAV, lo que significa que casi siete de cada diez correspondieron a estas entidades investigadoras, en concreto un 66%. El mundo investigador parece tener más conciencia del valor de una patente que el tejido empresarial, donde la cultura de proteger el conocimiento está menos asentada ante el temor de que, si una firma publica el contenido de un producto o servicio innovador, incrementa los riesgos de ser copiada. Los científicos, en cambio, no comparten esta visión. «En Gipuzkoa de manera especial, nuestro carácter nos marca y no creemos que lo que hemos hecho tenga tanta importancia como para patentarlo, nos hace falta creernos lo que hemos creado y protegerlo más», indica José Ángel Marañón, responsable de Explotación y Programa de Empresa de IK4-Ideko.

En los próximos años, la Reserva Federal (Fed) de EE UU y el Banco Central Europeo (BCE) deberán desprenderse de aproximadamente cuatro billones de euros. Esta cifra, que supera el tamaño de la economía alemana, es lo que engordaron sus balances como consecuencia de las medidas heterodoxas —conocidas en la jerga como quantitative easing (QE) y consistentes sobre todo en la compra de deuda pública y privada— que tuvieron que aplicar para paliar los efectos devastadores de la Gran Recesión. La mejora de las condiciones económicas y la necesidad de recuperar margen de actuación para cuando llegue la próxima crisis obliga a los bancos centrales a ir cerrando el grifo de la liquidez. Sin embargo, saben que deben hacerlo con mimo. Retirar de forma abrupta la respiración asistida podría generar graves contraindicaciones.

Muchos de los millones de inmigrantes que llegaron a la España con el boom del ladrillo, más tarde acabarían pagando los excesos de aquellos días. Desde entonces, ha encadenado empleos precarios y mal pagados. Su perfil encaja como un guante a un fenómeno que, aunque no es nuevo, sí se ha extendido a raíz de la crisis: el de los trabajadores pobres.  Las estadísticas europeas muestran que el  problema está al alza en todo el continente, pero especialmente intenso en España. Un 13,1% de sus trabajadores viven en hogares que no alcanzan el 60% de ingresos medios. Solo Rumania y Grecia le ganan en este triste indicador. Y el riesgo de pobreza se ceba con los españoles que tienen un contrato a tiempo parcial: en este grupo, la tasa se dispara al 24,3%. Pero más allá de las frías estadísticas, los que están cerca de los más desfavorecidos también notan la creciente importancia del fenómeno de los trabajadores pobres. Un 40% de las personas a las que Cáritas ayudó en 2015 provenía de hogares en los que al menos uno de sus miembros estaba empleado.

El conflicto de la estiba, que derivó en una serie de huelgas en junio, parecía totalmente zanjado. Faltaban flecos por cerrar, pero las aguas estaban tranquilas. Hasta que ha irrumpido la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y ha desatado la tormenta. El organismo ve indicios de infracción en el acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos –con el aval del Gobierno– para que las empresas subroguen al 100% de los trabajadores, la piedra angular sobre la que descansa el pacto que permitió devolver la paz al sector. El expediente sancionador abierto da la razón a quienes denunciaban que la liberalización era falsa y se estaba aceptando ‘bajo cuerda’ el mantenimiento del ‘statu quo’.

El sí del referéndum británico al Brexit sorprendió a Bruselas sin un plan de contingencia que amortiguara ese enorme desafío. Transcurrido más de un año desde la consulta británica, la Comisión Europea quiere evitar nuevos sobresaltos y se prepara ya por si el tortuoso proceso del Brexit descarrila. El Ejecutivo comunitario ha creado un grupo de trabajo que anticipa los efectos del divorcio, «incluidos planes de contingencia», según un documento interno. El equipo opera de forma paralela a la unidad que negocia con Londres.

Más de 700 investigadores, no sólo médicos, «también enfermeras, psicólogos, ingenieros, biólogos, bioquímicos...», trabajan en el instituto Biocruces, ligado al hospital de Barakaldo, centro de referencia asistencial del País Vasco. Su director científico, Luis Castaño, se ha propuesto que los estudios que salgan de ahí permitan algo más que mejorar la salud de los pacientes. Quiere que el trabajo de sus laboratorios «se transforme en patentes, que generen riqueza para Euskadi».

La situación de la Seguridad Social es, sin duda, uno de los mayores problemas que debe afrontar España. El sistema sufre un déficit casi crónico, que el Gobierno prevé paliar en los próximos años pero no eliminar de manera total. Además, los próximos jubilados se enfrentan a una sensible pérdida de poder adquisitivo. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los trabajadores que se retiren en el presente 2017 tendrán un 30% menos de capacidad de compra, ya que las pensiones sólo podrán subir un 0,25% hasta, al menos, 2050. En este complejo contexto, el Pacto de Toledo está obligado a tomar medidas y, de hecho, la previsión era que esta comisión plantease alguna actuación antes de fin de año. Sin embargo, los propios partidos políticos reconocen que las negociaciones van muy despacio, que tienen importantes dificultades para llegar a acuerdos y que, por lo tanto, resulta complicado que se produzca algún tipo de propuesta en el corto plazo.

Hace sólo seis meses nacía un gigante mundial del sector aeronáutico y la nueva empresa fruto de la fusión entre la vasca Gamesa y la alemana Siemens se aplaudía desde las instituciones vascas como una «oportunidad de futuro» y una garantía de que la antigua joya de la corona de la industria vasca quedaba en buenas manos. Seis meses no son nada, puede pensarse, pero si por el medio se cruza el mercado, las tendencias bursátiles y las incertidumbres regulatorias son todo un mundo. Hoy, con el recuerdo todavía fresco de los aplausos de la fusión, el gigante se tambalea y los trabajadores de Siemens Gamesa tiemblan ante el temor de que después de tambalearse caiga arrastrándoles irremediablemente con él. Otro souflé industrial que puede pincharse, y tan sólo seis meses después de venderse como oportunidad de futuro.