20171107

El Gobierno vasco anticipa en su último informe de coyuntura que e l mercado de trabajo mantendrá la senda positiva de aquí a diciembre y crecerá en el conjunto del año el 2,1%. El cálculo ha ido mejorando a lo largo del ejercicio, ya que en enero estaba previsto un avance del 1,7% equivalente a 15.000 puestos de trabajo más. La previsión ahora es de 18.800 nuevos empleos a jornada completa, la cifra más alta desde que comenzó la crisis. Euskadi va camino de encadenar el cuarto año con crecimiento del empleo, aunque como se indica en el informe de coyuntura aún queda un largo camino por recorrer hasta volver a los niveles de 2007. El Ejecutivo vasco prevé que el año termine con 917.800 puestos de trabajo a tiempo completo, un 7% por debajo del volumen anterior a la crisis (985.000). Faltarían por recuperar, por tanto, unos 68.000 puestos de trabajo para recuperar la situación laboral de hace diez años.

Hace apenas dos semanas, Azpiazu enmarcaba la revisión al alza del crecimiento vasco en un panorama de «cierto optimismo». Así, sin dudar un instante y con un ‘efecto Cataluña’ que parecía lejano, el Ejecutivo situó la mejora del PIB vasco para este ejercicio en el 2,9%, dos décimas por encima de la previsión inicial, y en el 2,4% para el año próximo, una décima por encima de los cálculos de junio. Ayer, después de comprobar el desarrollo de algunos indicadores del mes de octubre en los que se comienza a vislumbrar el ‘efecto Cataluña’, el consejero apuntó en la introducción explicativa de las Cuentas que «la economía vasca describe un perfil de progresiva recuperación que, sin embargo, está sujeta a riesgos a la baja». Unos peligros que, como explicó Azpiazu, están producidos «más que por factores endógenos, por la multitud de elementos de incertidumbre que pesan sobre la evolución de nuestro entorno».

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, explicó ayer en el Parlamento que Euskadi tendrá este año un excedente en las Cuentas que se destinará fundamentalmente a inversiones en infraestructuras y Educación. Ese dinero extra se consigue gracias a haber alcanzado una mayor recaudación de lo previsto y al acuerdo sobre el Cupo con el Gobierno español. Fuentes del Ejecutivo vasco aseguraron que el excedente rondará los 150 millones, si bien la cifra final está sujeta al cierre fiscal del año. De este modo, se adelantarán gastos inicialmente previstos para 2018 y se ejecutarán a cuenta de los Presupuestos en curso. Será un proceso gradual en función de los recursos extraordinarios que entren en las arcas de Lakua. Las diputaciones ya habían anunciado que procederán de la misma forma.

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, reconoció ayer que los puentes con el PP siguen abiertos por ambas partes a pesar de todos los obstáculos que la crisis catalana está poniendo en el camino. La necesidad que tienen las dos partes por buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante tanto las Cuentas públicas del Estado como las vascas mantiene activos algunos hilos de comunicación a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y con la esperanza de que la crisis catalana se reconduzca, al menos en parte. «No tengo ningún problema en negociar y repetir un pacto que funcione igual de bien», dijo Azpiazu.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró ayer en medio punto del PIB —unos 5.000 millones— el impacto del desafío independentista catalán. Guindos, eso sí, cree que ese problema se solucionará y el crecimiento de 2018 batirá esa previsión.

A la espera de que se encuentre una solución para el conflicto en Cataluña, los expertos tratan de calcular la factura que podría pasar a la economía española. A las estimaciones realizadas la semana pasada por el Banco de España y la AIReF se sumó ayer la de BBVA Research, que alertó de que la crisis podría costar hasta el 1,1% del crecimiento del PIB en 2018, lo que equivaldría a aproximadamente 13.000 millones de euros. Durante la presentación del informe Situación España, Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, avisaba de que «el índice de incertidumbre ha llegado a máximos históricos en octubre», superando los niveles alcanzados con el Brexit y las dos últimas elecciones generales en España.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, compareció ayer en comisión en el Parlamento vasco para desgranar las líneas generales del proyecto de Presupuestos de su departamento para 2018, que aunque en global ascienden a 889 millones de euros, a lo que estrictamente se refiere a industria, tecnología e innovación se destinarán poco más de 305,6 millones. Es decir, un 42% de un total de 727,6 millones resultantes una vez excluidos los fondos correspondientes a la ‘Y’ vasca para el tren de alta velocidad. Sin la partida de esta infraestructura ferroviaria, que cae un 55% respecto a este año al haber tramos ya finalizados, el presupuesto del departamento experimenta un incremento del 4,7%.

El fondo de inversión público-privado para apoyar y arraigar a empresas estratégicas de Euskadi –telegrafiado ya en 2016 por el lehendakari, Iñigo Urkullu– no termina de arrancar. Si el pasado mes de enero la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras estimó en sede parlamentaria que el vehículo empezaría a funcionar a finales de este año, la propia Arantxa Tapia corrigió ayer el tiro para explicar que el instrumento arrancará no antes de comienzos de 2019. Ese fondo, que nada tiene que ver, matizo la consejera, con los que la Diputación de Bizkaia promueve en el marco de la reforma fiscal pactada entre PNV y PSE en los tres territorios, busca ser un ancla y un pulmón financiero para compañías importantes para el país. Firmas medianas o grandes –en principio, «no tanto cotizadas», aseguró Tapia– que necesitan un impulso para crecer, ganar tamaño o abordar algún proyecto importante.

La reforma fiscal acordada por PNV y PSE incluye medidas que favorecen la adjudicación de unidades productivas procedentes de empresas en concurso de acreedores, a fin de evitar que algunas operaciones no se cierren –como ha ocurrido con alguna empresa concursada en Bizkaia– por la tributación derivada de la normativa contable. Estas iniciativas figuran en los anteproyectos de Bizkaia y de Álava, pero no en el de Gipuzkoa. Así, los borradores de normas forales vizcaína y alavesa prevén un mecanismo que elimina la generación de plusvalías sujetas a tributación cuando la quebrada vende la unidad productiva, un artificio contable inevitable, según los expertos.

Un total de 66 empresas y siete personas físicas se declararon en Euskadi en concurso de acreedores en el tercer trimestre, lo que supone un 35,2% más que en el mismo periodo de 2016. De este modo, el País Vasco se situó como la tercera autonomía con mayor incremento de afectados por la antigua suspensión de pagos. Sólo le preceden Asturias y Extremadura, mientras que la media del conjunto de España se redujo un 12,4%, según los datos publicados ayer por el Instituto nacional de Estadística (INE).

Hace más de un mes que los responsables de las organizaciones patronales y sindicales acudieron a la llamada de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien les urgió a cerrar acuerdos, antes de fin de año, en materia de contratación, pensiones y protección social. Sin embargo, los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, aseguraron ayer que, desde entonces, no han tenido noticias de Báñez para negociar lo propuesto. Álvarez y Sordo arremetieron contra la parálisis de todas las mesas negociadoras por lo que denominaron «el monotema catalán».

Los especialistas que tomaron parte ayer en la inauguración de la semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación organizada por Innobasque lanzaron claros mensajes de lo que debe hacer Euskadi para avanzar hacia un futuro próspero. Hay que fomentar las «vocaciones científicas y tecnológicas» en las aulas, con urgencia entre las chicas; «retener y repatriar» el talento con empleos «de calidad para los jóvenes; y estrechar los lazos entre empresas y la Universidad, detallaron. En el acto de apertura de las jornadas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó que la innovación es un «reto prioritario» para el Gobierno Vasco y abogó por «consolidar Euskadi como polo de innovación europeo».

«Necesitamos una Administración pública de primer nivel», aseguró ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y abogó que «los funcionarios tienen que estar más preparados y más capacitados», si bien también «más reconocidos y mejor retribuidos».  El ministro mostró así su voluntad de subir el sueldo de los empleados públicos precisamente cuando la negociación para el alza salarial de los próximos tres años está paralizada debido a que el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos de 2017 ante la falta de apoyos por el conflicto en Cataluña, lo que supone que dicha remuneración se mantiene congelada de momento. Sin embargo, el deseo del Gobierno es mejorar la subida del 1% del año pasado.

Las grandes empresas son las que más tardan en pagar sus facturas, cuyo límite legal está en 60 días. En este sentido, casi seis de cada diez proveedores (un 57%) señalan que son las compañías de mayor tamaño las «peores pagadoras». Es decir, las que más exceden el periodo medio. Se sitúan muy por encima de las pymes, señaladas por el 25% de los proveedores, y al 19% de las microempresas y autónomos, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad difundida ayer.

Un algoritmo creado por unos universitarios en Eslovaquia ha obligado a inhabilitar las tarjetas electrónicas de 34.081 usuarios en Euskadi. En un hecho absolutamente inédito, el Gobierno vasco ha tenido que revocar casi en cuestión de horas los soportes de 10.000 empresas y algo más de 20.000 ciudadanos particulares, a la vez que retirar miles de certificados digitales, al descubrirse a nivel mundial una «vulnerabilidad» en los chips de determinadas tarjetas que, en el peor de los escenarios, deja la puerta abierta a ataques para «suplantar identidades», introducir programas malignos o «descifrar mensajes». Los afectados recibirán nueva documentación segura en sus domicilios en el máximo de una semana, según el Ejecutivo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a los principales sindicatos y la patronal de la estiba portuaria por considerar que el acuerdo que alcanzaron el pasado mes julio, con el que pusieron fin a seis meses de conflicto en el sector, puede restringir la competencia. El ‘superregulador’ abre el expediente tras realizar de oficio una información reservada en la que detectó «indicios racionales de la existencia de conductas» contrarias a la normativa de competencia, según indicó este órgano. El expediente afecta a la patronal de empresas estibadoras Anesco y a los sindicatos del gremio: la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM) –principal central del sector–, UGT, CC OO, CIG, LAB y ELA.

Las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) entran en su recta final. Eso refleja al menos el anteproyecto de Presupuestos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco para 2018, que por primera vez en el último lustro reducen la inversión a realizar en el trazado ferroviario. La partida para el tramo guipuzcoano de la ‘Y’ vasca –el que atraviesa Bizkaia y Álava lo ejecuta Fomento– baja de los 350 millones que se venían reservando puntualmente entre 2012 y 2017 a 162 el próximo ejercicio (un 53% menos). Aún queda trabajo por delante, pero de los 17 tramos en los que se dividió el eje Bergara-Astigarraga doce ya están culminados y cuatro más se finiquitarán a corto plazo.

Iberdrola, Enel y EDP han remitido, junto a otras eléctricas, una carta a la Comisión y al Parlamento Europeo en la que solicitan aumentar los objetivos de energías renovables dentro de la UE. La meta actual, que fija que el 27% de la energía final se genere con fuentes renovables para 2030, «carece de ambición» según las empresas, que piden elevar el compromiso al 35%.

Siemens Gamesa ya ha puesto sobre la mesa las principales magnitudes de su proceso de ‘adelgazamiento’, fruto de la fusión que la multinacional alemana y la empresa vasca de energía eólica protagonizaron el pasado mes de marzo tras más de un año de negociaciones. En torno a 6.000 de los 27.000 trabajadores que componen la plantilla de la compañía, que tiene su cuartel general en la localidad vizcaína de Zamudio, perderán su empleo en un periodo de tres años. Aunque la firma no ha hecho público todavía el reparto geográfico de ese drástico recorte de plantilla –afectará a un total de 24 países–, todo apunta a que Dinamarca y Alemania pueden concentrar al menos un tercio de ese ajuste. En España, apuntan fuentes cercanas a la compañía, el impacto será limitado y en el caso del País Vasco –al margen de la sede corporativa, la actividad industrial de la empresa es muy pequeña– puede ser incluso marginal.

La XXVI Noche de la Empresa Vasca distinguió ayer la trayectoria empresarial de Javier Roquero Ussía –en la foto recibiendo el premio–, cofundador y director general del fabricante de sistemas de acceso electrónicos Salto Systems, como Mejor Empresario Vasco 2016. El Jurado también destacó la labor del fabricante guipuzcoano de maquinaria Indar con el premio Made in Euskadi; a la cooperativa alavesa RPK con el galardón Innovación Empresarial, y con la Euskal Makila a la ingeniería Dürr Systems Spain en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio a la industria del automóvil desde su central donostiarra.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mostró ayer durante una conferencia en Bilbao sus dudas sobre si este es el momento, en plena crisis catalana, de «ampliar el marco competencial» de Euskadi. Una opinión que fue encajada con enfado por parte del Gobierno Vasco, que considera que traspasar competencias a Euskadi no es ampliarlas, sino cumplir el Estatuto.

«El martes conocíamos la reforma (¿?) fiscal que se va a implantar en el País Vasco y que, básicamente, consiste en un endurecimiento del Impuesto de Sociedades. [..] Si han escuchado las declaraciones de los líderes políticos que negociaron y aprobaron la reforma, sabrán que este es un mal momento para bajar los impuestos, aunque se les ha olvidado decirnos por qué lo es y cuál será el buen momento. Para Joseba Egibar, las quejas patronales son «puestas en escena que intentan condicionar, pero nada más». Para EH Bildu esto no es una reforma, sino un caso flagrante de fraude fiscal. Para Podemos son cuatro parches que benefician a unos pocos; y para el PSE, no es un drama y no va a ahogar a nadie. Una pregunta ingenua: ¿Cuántos empleos y cuántas empresas piensan crear ellos una vez conocida tan benéfica reforma? Hemos encargado la definición del entorno legal y fiscal a personas que en toda su vida no han creado, ni piensan crear, una empresa».