20171105

El pasado 13 de septiembre se encendieron muchas luces de alarma en la patronal vasca, Confebask, después de constatar que las conversaciones entre PNV y PSE de cara a una reforma fiscal caminaban en la dirección opuesta a lo que habían propuesto los empresarios. Casi un año antes habían comenzado a reclamar una reducción del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades, establecido en el 28%, para equiparar la fiscalidad de las empresas vascas a la que aplica el Gobierno central, con un tipo del 25%. En un foro organizado por El Correo con el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, como ponente, dos invitados intercambiaban impresiones sobre la polémica fiscal. «Lo que va a salir no os va a gustar», advertía el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, al presidente de la organización empresarial vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño. Era la constatación para los empresarios de que todo estaba resuelto, aunque ‘negativamente’.

La ‘operación cortejo’ del PP al PNV sigue viento en popa a toda vela. Tras el evidente guiño a los jeltzales que supuso el viernes la aprobación de las reformas del Concierto y el Cupo, los populares se proponen ahora mover sus hilos para presentarse como garantes de la «estabilidad» en Euskadi.  De ahí que tiendan la mano a la formación de Andoni Ortuzar para «reconducir» la reforma fiscal aprobada por PNV y PSE, que endurece ligeramente la fiscalidad de las empresas y las deducciones y que, advierten, «así como está es imposible que aprobemos». El rechazo del PP complicaría la aprobación del pacto tributario en Álava, donde los socios de gobierno no cuentan con la mayoría necesaria y tampoco con las simpatías de EH Bildu, refractario a los retoques acordados entre jeltzales y socialistas.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, aseguró ayer que las quejas de los sindicatos, pero «sobre todo de la patronal», ante las modificaciones fiscales aprobadas por su partido y el PSE, son «puestas en escena que intentan condicionar, pero nada más» y defendió los ajustes que se proponen en las deducciones del Impuesto de Sociedades, que pretenden «perfeccionar el sistema». Egibar admitió que las modificaciones no constituyen «una gran reforma fiscal» y que se limitan a ajustar «una serie de preceptos en torno a la imposición directa».

España ha tardado ocho años en recuperar los 19 millones de trabajadores, tal y como constató la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2017. Sin embargo aún se está a más de 1,5 millones de empleos de lograr los 20,5 millones de ocupados que había cuando estalló una crisis que se llevó por delante más de 3,7 millones de puestos de trabajo. Aunque la previsión del Gobierno es que en 2019 vuelva a superarse la barrera de los 20 millones de empleos, ya nada volverá a ser como antes. Entre otras cosas porque el mercado laboral se ha transformado. Mientras el ladrillo se diluye en España lo que emerge con fuerza es la hostelería, que se ha convertido en uno de los motores de la economía nacional al crear uno de cada cuatro nuevos empleos.

La sequía que sufre España está mermando hasta niveles insospechados la producción de energía hidroeléctrica. Además, tampoco hay viento, con lo que los aerogeneradores tampoco están aportando lo que podrían. Esto, unido al repunte del precio de las materias primas, está haciendo que la producción de energía se encarezca sin remedio al ser las centrales más caras y contaminantes (las alimentadas por carbón y de ciclo combinado de gas natural) las que toman el relevo de las que pudiéramos calificar de ‘verdes’. Las tensiones están regresando al mercado eléctrico: los precios remontan y, lo peor de todo, parece que van a seguir así.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo, aquellos sistemas de previsión complementaria a la jubilación que se pactan entre trabajadores y dirección en el seno de una empresa, estaban llamadas a ser la fórmula para extender este complemento a las pensiones para la población en general. Así lo puso de manifiesto el Gobierno vasco, que en la Ley de EPSV que aprobó en 2012 las calificaba de «preferentes». Sin embargo, cinco años después, el impulso a estas EPSV sigue estancada. El Gobierno reconoce que la generalización de la prestación complementaria es «la asignatura pendiente », pero hoy por hoy no ha puesto en marcha ninguna medida que las haga atractivas para empresas y trabajadores y permita su extensión.

La transformación digital y la necesidad de conciliar vida personal y profesional han motivado el incremento de profesionales cualificados que acuden al trabajo temporal como una opción para aumentar su empleabilidad.

«Yo dije públicamente que no creía en la telecompra, y hoy digo públicamente que sí creo en la telecompra». El presidente de Mercadona, Juan Roig, dio la semana pasada su bendición a la venta por Internet de productos de gran consumo y alimentación. Expresaba su conversión en creyente de un segmento con grandes posibilidades de futuro y un crecimiento vertiginoso, pero que en España apenas supone el 1% de las ventas, según cifras oficiales y de algunas cadenas. Una cifra muy inferior a la de otros países europeos, pese a que España es uno de los países de la UE con mayor penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes.

El camino para conseguir una economía global con emisiones cero netas de CO2 en la segunda mitad de este siglo no va a ser fácil. La Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) desparramó sobre el tablero público las piezas que deben encajar en su reunión anual celebrada en Londres, a la que invitó a representantes de organismos como la ONU, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o la OPEP. La OGCI es una iniciativa de los CEO de 10 grandes petroleras: BP, Repsol, Shell, ENI, Pemex, Reliance, Statoil, Total, Saudi Aramco y CNPC. En breve, podrían sumarse la Abu Dhabi National Oil Company y Petrobras. Gestiona un fondo de 1.000 millones de dólares para entrar en empresas y proyectos innovadores, que ya ha dado sus primeros pasos con la inversión en Solidia Technologies –emplea CO2 en vez de agua para la fabricación del hormigón– y en Achates Power –desarrolla un motor de pistones más eficiente.

Cuando los máximos dirigentes de las 10 petroleras que integran la Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) comenzaron a diseñar el proyecto, tuvieron que encargar a sus equipos jurídicos que establecieran el marco en el que iban a colaborar. «Somos competidores», explica el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, cada compañía debía proteger su independencia tecnológica para no vulnerar la reglamentación europea. «Pero en captura y almacenamiento de CO2 el reto es tan fuerte que no llegamos a tiempo», ni en solitario ni siquiera probablemente en un escenario de colaboración.´

Aunque sea «como clamar en el desierto», diálogo. Es la única salida que encuentra Andoni Ortuzar para vadear una corriente catalana que se hace sentir también en Euskadi. En esta  entrevista, el líder jeltzale admite que en este contexto la relación con el PP es «fría y distante», y que con el artículo 155 en vigor y las instituciones catalanas intervenidas, «negociar los Presupuestos es un terreno impracticable. Imposible». No concede «ningún valor político» al visto bueno del Gobierno a los acuerdos del Cupo y el Concierto y se muestra comprensivo con los pasos dados por Puigdemont