20171025

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de Presupuestos de 2018, el más abultado de su historia –un gasto total de 11.486 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% en relación al de este año–, pero sin apenas margen de maniobra. Pese a la buena marcha de la economía, que previsiblemente crecerá este ejercicio un 2,9%, y al notable aumento estimado para el próximo año de la recaudación de impuestos –un incremento del 4,6%–, las Cuentas del Ejecutivo de Vitoria son rehenes de dos ejes fundamentales: la inercia de los gastos ya consolidados –remuneración de la plantilla de empleados públicos, Sanidad, Educación y ayudas sociales– y el peso de la deuda. Esto es, la necesidad de atender el exceso de gasto de los años precedentes, marcados por la crisis económica, que vuelve ahora de forma inexorable y que incluso se incrementará ya que, un ejercicio más, el Gobierno de Vitoria está dispuesto a gastar más dinero del que va a ingresar: unos 429 millones de euros.

La economía vasca se ha subido definitivamente a la ola de la recuperación y, apoyada principalmente en la demanda interna, crece con fortaleza, alentada también por un escenario internacional que sigue ayudando con vientos de cola como unos tipos de interés bajos o una inflación que, de momento, no aparece por el horizonte. Tanto es así, que el Gobierno Vasco ha decidido –por tercera vez este año– elevar su previsión de crecimiento para 2017, ejercicio en el que, según las estimaciones presentadas ayer por el titular del departamento de Hacienda, Pedro Azpiazu, el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma repuntará un nada despreciable 2,9%, por encima del 2,7% anunciado el pasado mes de junio.

Los plazos comienzan a resultar más que justos y aunque tanto PNV como PSE abogan por tratar de cerrar una reforma fiscal que sea justa y contente a ambas partes, la demora en la puesta de largo del acuerdo por las modificaciones fiscales provoca que cada vez cobre más fuerza la posibilidad de que la aprobación de las mismas por las juntas territoriales llegue ya en el próximo ejercicio y se apliquen con carácter retroactivo al 1 de enero. Sin embargo, todavía se quiere tratar de evitar esa posibilidad y que el acuerdo PNVPSE vea la luz en las siguientes jornadas. Esa posibilidad la quiso impulsar ayer el propio consejero de Hacienda y Finanzas, Pedro Azpiazu, con sus palabras. El consejero reconoció que las modificaciones fiscales sobre las que trabajan las diputaciones se deben aprobar «cuanto antes» de forma que todos los contribuyente tengan constancia desde el primer día del próximo ejercicio de la tributación que se les va a aplicar.

La huida masiva de empresas de Cataluña –unas 1.400 desde el referéndum– ha dejado en evidencia la escasa capacidad de atracción que tiene el País Vasco en una situación como ésta. Tan solo una compañía, Axa Vida y Pensiones, ha elegido Euskadi –en este caso Bilbao– como nueva sede social. El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, que minimizó ayer el supuesto impacto negativo que el conflicto catalán puede generar en la economía de Euskadi, admitió que el Ejecutivo autonómico tampoco ha hecho esfuerzos para aprovechar la oportunidad. «No hemos hecho nada por atraer las empresas que salen de Cataluña», admitió Pedro Azpiazu.

En la ya clásica guerra sindical entre las centrales nacionalistas ELA y LAB y las de ámbito estatal CC OO y UGT se libra una nueva batalla. Esta vez a cuenta del primer acuerdo marco de la hostelería de la comunidad autónoma, firmado en enero pasado por las dos primeras con la federación vasca del sector. Un pacto al que después se unió incluso la patronal Confebask, con la que, no obstante, los sindicatos abertzales mantienen un abierto enfrentamiento en prácticamente todas las esferas laborales de Euskadi, y que, por contra, fue impugnado por CC OO y UGT. Un intrincado contencioso que ayer llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acogió ayer el juicio por la impugnación del acuerdo vasco de la hostelería, que queda visto para sentencia. La impugnación parte de las federaciones estatales de Servicios de CC.OO. y UGT, aunque Juego se ha sumado a ella la patronal española de restauración, Feadrs. La sesión de ayer estuvo plagada de declaraciones cruzadas, no solo entre los dos bloques sindicales, también entre las propias agrupaciones empresariales de ámbito estatal y las vascas. Una de las afirmaciones más contundentes partió del representante de la patronal de restauración española, que censuró la «defensa numantina» que están llevando a cabo los agentes sociales vascos para mantener vivo «un régimen feudal», en referencia al conjunto de convenios provinciales que se firman en la CAV.

Confebask ha abierto el plazo de solicitud de becas, que se prolongará hasta el 3 de noviembre, para universitarios o recién titulados vascos, a fin de realizar prácticas en empresas de Reino Unido. Es una nueva convocatoria de las becas europeas Erasmus +, que cuentan con la cofinanciación de la Diputación de Bizkaia y a la que pueden optar estudiantes de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón.

La posibilidad de que el president, Carles Puigdemont, convoque elecciones autonómicas en Cataluña antes del viernes ha abierto una brecha en la línea de acción común para intervenir la Generalitat que mantenían el Gobierno y el PSOE. La dirección nacional de los socialistas y el PSC consideran que si el president convoca elecciones y no declara la independencia en el Parlament, el artículo 155 no debería aplicarse. El Ejecutivo opina, sin embargo, que esa convocatoria no resultaría suficiente para detener la intervención del Estado y el cese del Govern tras haberse instalado en la ilegalidad.

La economía española ya siente las consecuencias de la crisis de Cataluña. Así lo admitió ayer por primera vez el Gobierno a través de la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, quien reconoció que el crecimiento ya se está «ralentizando». Un impacto que hasta ahora el Ejecutivo había limitado a las previsiones del PIB de cara a 2018 si el problema se prolongaba. Sin embargo, Garrido explicó ayer que los efectos perjudiciales por la «incertidumbre» sobre el conflicto catalán «están empezando a afectar a la economía general». Una desaceleración que se comprobará en «los próximos días», en referencia a la evolución de los indicadores económicos.

El presidente de Seat, Luca de Meo, se dirigió ayer por carta a los 14.500 trabajadores de la plantilla del fabricante de automóviles para comunicarles que no tiene intención, por el momento, de mover de Cataluña la sede social de la compañía fuera de Cataluña, aunque abre la puerta a que los acontecimientos puedan cambiar esa decisión en el futuro. «Un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en que entendamos que esta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados», justifica en su escrito el máximo dirigente del comité ejecutivo de la empresa. Y añade: «Hasta el momento no hemos tenido que tomar ninguna decisión porque hemos podido desarrollar nuestra actividad operativa con normalidad».

Valencia no es un refugio momentáneo para CaixaBank. El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, aseguró ayer que el traslado de su sede social y fiscal a esa ciudad «no tiene carácter de temporalidad». Gortázar también negó haber recibido presiones del Gobierno, como sugirió el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El consejero delegado explicó que la decisión es «exclusivamente técnica» ante la «intranquilidad» que se generó en Cataluña tras el referéndum y para garantizar que la entidad queda bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y la liquidez del Eurosistema.

El presidente del PNV se alineó ayer en el bando, cada vez más numeroso, de los que piden a Carles Puigdemont que convoque elecciones si eso sirve para frenar la aplicación del artículo 115. Para Ortuzar, si el president llama a las urnas no se entendería como «una rendición, sino todo lo contrario», ya que «alumbrarían una foto real de lo que quiere el pueblo catalán». Las palabras del dirigente jeltzale llegan un día después de que el lehendakari censurara en un artículo en ‘The Guardian’ la actitud de Rajoy, sin el menor atisbo de crítica al papel del Govern en esta crisis.

Los ministros de Empleo de la Unión Europea alcanzaron ayer  un primer acuerdo para desbloquear la directiva que permitirá que los sueldos de los trabajadores desplazados sean iguales que los de los empleados del país al que se trasladan. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, valoró «con mucha satisfacción» el acuerdo alcanzado, que permitirá «ampliar los derechos y garantías» de los empleados, que podrán beneficiarse de los convenios laborales –si son más favorables– de los países de destino. Asimismo, destacaba la labor de intermediación ejercida por la delegación española para evitar una fractura entre los Estados favorables a la reforma, liderados por Francia, y los países del Este.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional un nuevo artículo de la Ley de Unidad de Mercado, el sexto, lo que supone el desmantelamiento de esta norma, después de que el pasado junio tumbará otros dos artículos, el 19 y el 20 en otro fallo. En una sentencia que publicó ayer el BOE, el TC estima esta petición del recurso que planteó el Govern de Cataluña y anula el artículo seis, que regula el principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. El artículo establece que «los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el capítulo V de esta Ley».

El sindicato LSB-USO ganó una sentencia en el Juzgado de lo Social de Gasteiz que reconoce a un trabajador del sector de la limpieza, empleado con un contrato de relevo, el derecho a percibir a la finalización del citado contrato de trabajo una indemnización de veinte días de salario por cada año trabajado. Según informó el sindicato, la sentencia basa su fallo en la nueva línea jurisprudencia! marcada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), siguiendo los criterios de las últimas sentencias europeas que equiparan el despido de los  temporales al de los indefinidos.

Las pensiones en octubre vuelven a alcanzar cifras de récord. El gasto total de las pensiones contributivas asciende este mes a 8.831 millones de euros. Con respecto a los mismos datos de octubre de 2016, el gasto total en pensiones ha aumentado un 2,97%, en línea con los aumentos interanuales que se llevan registrando los últimos cuatro años. El tipo de pensiones cuyo gasto más aumenta en octubre con respecto al mismo periodo del año pasado son las de jubilación (un 3,63% más) y las que son en favor de familiares (un 4,60%).

Los jubilados que se retiren en el presente 2017 perderán el 30% de su poder adquisitivo a lo largo del periodo que dure la prestación. Así lo asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye esta advertencia en la última revisión que llevó a cabo sobre la economía de España y en la que da por hecho que, al menos hasta 2050, las pensiones sólo se podrán revalorizar el mínimo del 0,25% que marca la ley en situaciones de déficit. En cambio, el organismo considera que la inflación se mantendrá cerca del 2%, que es la cifra que el Banco Central Europeo (BCE) considera óptima. Y, en consecuencia, el Fondo calcula que las pensiones de los nuevos jubilados perderán casi un tercio de su capacidad de compra.

En la última crisis económica, el presupuesto reservado al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco quedó reducido prácticamente a la mitad: 103,9 millones de euros en 2012 frente a los 205 de apenas tres años antes. Tanto hubo que apretarse el cinturón entonces que todavía hoy cuesta poner en marcha promociones bajo tutela autonómica. Para que una vez recuperado el músculo inversor nada vuelva a desinflarlo en el futuro, la consejería dirigida por el socialista Iñaki Arriola trabaja en la redacción de un decreto que permitirá crear un Patrimonio Público del Suelo cuya mayor virtud será blindar el presupuesto del departamento ante cualquier nueva recesión. Esta innovadora figura, prevista en la Ley Vasca de Vivienda de 2015, conllevará que por primera vez en su historia el departamento pase a gestionar de forma integral todos los bienes a su alcance. Y lo que es más importante, los rendimientos que generen estos recursos quedarán confinados en una partida que sólo podrá destinarse a políticas públicas de vivienda.

La huelga de las residencias, uno de los conflictos laborales más beligerantes y dilatados que ha vivido Bizkaia, llega a su fin. El acuerdo que la principal patronal del sector (Gesca) alcanzó con ELA el pasado 26 de septiembre sólo requería de la adhesión de una segunda asociación empresarial. Sucedió bien entrada la noche del lunes, después de interminables reuniones durante todo el día que se alargaron más allá de la cena. Fue entonces cuando un representante de Lares comunicó a un alto dirigente del departamento foral de Acción Social que asumían el preacuerdo. Entre las dos representan al 67% del sector, lo que permite firmar un nuevo convenio sectorial para las gerocultoras. Terminan dos años de protestas, con más de 350 jornadas de paro en las que se han vivido capítulos graves de desatención a los dependientes, según constató la inspección foral, el Ararteko, y las propias patronales.