20171017

El homenaje público que Confebask rendirá este viernes a los empresarios vascos víctimas del terrorismo contará con la presencia de representantes de todos los partidos vascos, salvo EH Bildu, formación a la que la patronal vasca no ha incluido entre los invitados al acto. Fuentes de la confederación empresarial, organizadora del acto de memoria y reconocimiento, en colaboración con sus entidades fundadoras, la guipuzcoana Adegi, la vizcaína Cebek y la alavesa SEA, aseguraron que no ven condiciones para contar con la asistencia de la coalición soberanista. «No es el momento», precisaron. Además, adujeron que se trata de un homenaje a un colectivo empresarial «muy castigado en su día» y que, entre quienes lo conforman, «hay sensibilidad a flor de piel».

La Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Parlamento vasco dio ayer luz verde al ‘Plan de Industrialización 2017-2020’ elaborado por el departamento que dirige la consejera del ramo, Arantxa Tapia. Este plan, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 18 de julio, salió adelante además de con el apoyo de los dos socios en el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE), con el de los dos representantes del PP en dicha comisión. Por contra, la gran mayoría de las propuestas de resolución presentadas tanto por los grupos de Elkarrekin Podemos como de EH Bildu fueron rechazadas. Tapia expuso las líneas generales de un plan cuyos objetivos estratégicos se resumen en «más industria, mejor industria y una política industrial eficiente».

El Gobierno vasco quiere impulsar la recuperación del sector industrial vasco, -todavía por debajo del existente antes de la crisis de 2008- y apoyar a las pymes a sumarse al carro de la competitividad y la digitalización de forma que se evite una recuperación a dos velocidades, según señaló ayer la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en Gasteiz con motivo de la presentación del Plan de Industrialización 2017-2020. Tapia recordó que el sector privado industrial ha reducido sus inversiones estos años, en especial las destinadas a I+D+i, un hecho que no ayuda a mantener la competitividad empresarial.

El PNV, el PSE y el PP rechazaron ayer en el Parlamento Vasco una propuesta de EH Bildu secundada por Podemos que reclamaba una reforma «profunda» del Impuesto de Sociedades destinada a garantizar que las empresas tributen «lo que les corresponde» y a incrementar la recaudación obtenida por esta vía. La votación de esta iniciativa se ha producido en el marco del debate en torno al Plan de Industrialización 2017-2020, celebrado ayer en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Vasco. Entre las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios al plan industrial elaborado por el Gobierno autonómico se encontraba una enmienda de EH Bildu en materia de fiscalidad. La coalición instaba al Ejecutivo autonómico a adoptar, en colaboración con otras instiruciones, medidas «inmediatas» destinadas a garantizar que las empresas realicen la aportación «que les corresponde» para el sostenimiento de unas políticas públicas «potentes y de referencia».

España crecerá tres décimas menos de lo previsto en 2018 y también cerrará con una décima más de lo fijado el déficit. Ese es el resumen del plan presupuestario remitido por el Gobierno a última hora de ayer a la Comisión Europea. El documento constata que la velocidad de crucero de la economía española empezará a perder fuelle el próximo año. Los vientos de cola en forma de política expansiva del BCE y de los bajos precios del petróleo que impulsaron crecimientos del 3% en los últimos tres años (en 2015 y 2016 se alcanzó incluso el 3,2%) ya no serán suficientes para mantener el ritmo previsto por el Gobierno.

La riqueza financiera neta de las familias y empresas no financieras, que se mide por la diferencia entre los ahorros y las deudas que tienen, se situó en 1,367 billones de euros al cierre del segundo trimestre de 2017, un 9,3 % más que un año antes y el 0,9% más que el trimestre previo, según el Banco de España. La razón de este incremento, según esta fuente, es la subida de la Bolsa. Ante la caída a casi cero en la remuneración de los depósitos, los ahorradores se han ido a activos financieros para buscar más rentabilidad; en esta partida han invertido 27.000 millones durante los últimos cuatro trimestres. Lo que más ha empujado a la riqueza es la subida de la Bolsa, cuyas acciones se ha revalorizado en 80.000 millones en este periodo.

Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social en Euskadi durante el segundo trimestre del año aumentaron un 11,4% interanual, hasta los 1.198 procedimientos. Según el último informe sobre el efecto de la crisis económica en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este incremento en el País Vasco contrasta con lo ocurrido en el conjunto de España, donde se presentaron 25.869 demandas por despido, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior.

El 54% de las personas registradas en Lanbide como demandantes de empleo poseen un nivel académico igual o inferior a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo que dificulta su acceso al mercado laboral. Este es uno de los datos recogidos en el primer informe sobre Cualificación del Empleo que ha elaborado Lanbide con datos del primer semestre del año. Según la Encuesta de Población Activa de 2016, la tasa de paro de las personas que no han superado los estudios obligatorios es 2,5 veces mayor que la de quienes tienen estudios superiores. Por esta razón, más de la mitad de los cursos de capacitación para el empleo que Lanbide financió el año pasado con las aportaciones del Fondo Social Europeo se centraron en elevar el nivel de competencias profesionales de estas personas y potenciar así su capacidad para insertarse en el mundo laboral.

Cuatro de cada 10 trabajadores reconoce que tiene miedo todavía a perder su empleo. Pese a que la economía muestra signos claros de recuperación, el temor a quedarse sin trabajo sigue muy presente entre los españoles, como consecuencia de los duros años de crisis. De hecho, sólo un 63% se muestra confiado en mantener su actual ocupación, según un estudio de Randstad Workmonitor, que ha analizado más de 13.500 encuestas de profesionales de 34 países. España se sitúa así a la cola de Europa y es junto con Grecia –en última posición– el país con menor tasa de confianza por parte de sus profesionales cuando se les pregunta si temen perder su empleo.

Las grandes empresas –aquellas con una facturación superior a los seis millones de euros– vivieron un agosto favorable, con un aumento de las ventas del 3,8%. Una cifra que supone una ligera aceleración respecto al 3,5% registrado en julio y que a falta del dato de septiembre, supone una mejora respecto al segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, esta evolución positiva de sus ingresos no se trasladó a los salarios de los trabajadores, que apenas se revalorizaron un 0,5% en el octavo mes del año. Así consta en un informe que publicó ayer la Agencia Tributaria. El informe también muestra el buen comportamiento del mercado laboral. El empleo en las grandes empresas aumentó un 4% en agosto, hasta los 5,15 millones de trabajadores, una ligera desaceleración de una décima respecto a junio y julio.

Patronal y sindicatos de hostelería en Baleares firmaron en septiembre un pacto histórico que recoge una subida conjunta de salarios del 17% para los próximos cuatro años. Un acuerdo que fija una subida salarial anual del 5% para 2018 y 2019 y de un 3,5% para 2020 y 2021. Ese pacto ha tensado la negociación colectiva en aquellas comunidades en las que los trabajadores no tienen convenio bien porque ha decaído o porque se está negociando en la actualidad. Los últimos datos de la Federación de Servicios de CC OO reflejan que en la actualidad hay 1,04 millones de personas trabajando en la hostelería, de los que 567.754, un 54,4% del total, están con el convenio caducado o en plena negociación. El grueso de esos trabajadores se concentra en seis autonomías (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y País Vasco), en las que hay 536.810 empleados sin convenio en vigor y en donde las posturas entre sindicatos y patronales están muy distantes, especialmente en Cataluña y Madrid.

La economía española está creciendo a muy buen ritmo, pero las heridas sociales causadas por la crisis tardarán mucho tiempo en sanar. De hecho, España es el cuarto país de la Unión Europea donde más ha avanzado la pobreza material severa, de acuerdo con la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Esta pobreza se mide según el porcentaje de ciudadanos que no pueden permitirse satisfacer al menos cuatro necesidades básicas, entre las que se encuentran la calefacción, comer carne o pescado de forma regular o una semana de vacaciones al año. Así, el porcentaje de españoles en esta situación ha pasado del 3,6% en 2008 al 5,8% en 2016, un avance de 2,2 puntos.

Todavía faltan dos meses y medio para que finalice un ejercicio histórico en la planta que Mercedes Benz tiene en Vitoria y ya existen unas previsiones de nuevo inmejorables para 2018. Cuando se retire del calendario la hoja del 31 de diciembre, la principal industria vasca y única dedicada a la fabricación de vehículos habrá incorporado, en el plazo de poco más de un año, 1.350 trabajadores con contrato indefinido. Esta cifra supera el compromiso de mil nuevos empleos y, además, adelanta su llegada de 2020 a 2017 –el convenio suscrito entre la dirección y una mayoría sindical de UGT, CC OO, Ekintza y la Plataforma Independiente de Mercedes (PIM) contemplaba ese millar de contrataciones en cinco años, a contar desde la firma del documento en diciembre de 2016–.

La dirección de Edesa Industrial, la antigua Fagor Electrodomésticos ahora perteneciente al grupo catalán CNA, ha dado por finalizado el período de consultas del ERE de extinción para 327 empleados y procederá de momento al despido de 145 trabajadores. Si no encuentran un nuevo socio, la empresa está abocada a entrar en concurso de acreedores el 30 de octubre. La operación industrial para salvar los restos que quedaron del desmoronamiento del gigante cooperativo no parece dar resultado cuatro años después de la caída del fabricante.

Los trabajadores de General Electric volvieron a salir ayer a la calle para mostrar su rechazo al plan de la multinacional de cerrar la fábrica de Ortuella. La concentración, celebrada a las 12 del mediodía, tuvo lugar en el exterior del Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao, donde comenzó a esa misma hora la primera reunión del periodo de consultas entre el comité de empresa y la dirección. En ese encuentro, los abogados de la compañía norteamericana confirmaron que, salvo una inesperada sorpresa, 115 de los 137 empleados que hay actualmente van a perder sus puestos de trabajo. Sólo se salvarán 22.

No hay el menor indicio de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rectifique de aquí al jueves y responda a Mariano Rajoy en su requerimiento sobre si ha declarado o no la independencia de Cataluña. La ausencia de respuesta se traduce en La Moncloa en un sí, por lo que se pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución para impedir que siga adelante con medidas y pronunciamientos que persiguen la secesión. Puigdemont, en su respuesta al requerimiento de Rajoy, solicitó una reunión con el presidente para hablar de la independencia, una demanda que será desoída.

Se acrecienta la lista de grandes compañías que optan por abandonar Cataluña en busca de un marco económico y legal estable. Dos de los emblemas de la industria alimentaria catalana, Codorníu y Pastas Gallo, anunciaron ayer que sus consejos de administración han acordado el traslado de su domicilio social a Haro (La Rioja) y a El Carpio (Córdoba), respectivamente.  Se suman así a otras icónicas empresas alimentarias que hasta ahora tenían la sede en Cataluña, como Bimbo, Idilia Foods (Cola Cao) y San Miguel, y que también han optado por hacer las maletas. Además de huir de la inseguridad jurídica, en el caso de los grupos de alimentación existe otro motivo de peso que les fuerza al cambio: las llamadas continuas que se realizan a través de las redes sociales a boicotear el consumo de los productos catalanes.

Jordi Sànchez, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ingresaron anoche en prisión por orden de la jueza Carmen Lamela, que les imputa un delito de sedición. La magistrada les acusa de liderar la movilización de masas en contra de las órdenes judiciales para impedir el referéndum catalán y justifica su encarcelamiento por el temor a que continúen promoviendo actividades contra el Estado. Lamela desoye la petición de cárcel de la Fiscalía contra Trapero y le deja en libertad pero con medidas cautelares

«El pirómano Rajoy –él fue quien instó recoger firmas contra el Estatut y quien decidió que su Tribunal Constitucional lo ‘cepillara’– ha vuelto a despreciar la propuesta de negociación y mediación de Puigdemont, y ha puesto en marcha la maquinaria del 155. Era impensable esperar otra cosa. Solo quien teme perder impide que se vote. Primera conclusión: En España no hay cauce para las aspiraciones democráticas catalanas y vascas, y si decides luchar contra ese veto, te reprimen.»