20171015

«Ya han pasado 6 años desde que ETA anunciara, por fin, su renuncia a la violencia. Fue un 20 de octubre, precisamente la misma fecha que hemos elegido nosotros para homenajear a uno de los colectivos más castigados por el terrorismo: el colectivo empresarial vasco. Será este próximo viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao cuando llevemos a cabo ese acto de memoria y reconocimiento. Lo primero que nos viene a la cabeza ahora son las miles de personas que durante más de 40 años han sufrido la sinrazón de la violencia. Echamos de menos a amigos, familiares, conocidos y gente de empresa a los que nos arrebataron de una forma tan injusta como absurda. Lo segundo en lo que coincidimos todos es la enorme soledad en la que muchos de nosotros tuvimos que afrontar aquellos ‘años de plomo’. Soledad que en no pocos casos se convirtió en hostigamiento por una parte de la sociedad vasca, que incluso llegó a jalear los asesinatos, secuestros y amenazas.»

A escasos meses de que ETA anuncie su desaparición definitiva y deje de condicionar para siempre la vida política, social y económica de Euskadi, los empresarios vascos, al menos la representada en sus organizaciones patronales, han dado un paso al frente para denunciar el «hostigamiento» sufrido durante cuatro décadas por la banda armada y por quienes desde la izquierda abertzale política han jaleado y justificado ese acoso, e incluso los secuestros a empresarios y, en muchos casos, el asesinato de medio centenar de ellos. Expresan la soledad sufrida durante años ante ese acoso y destacan la «enorme valentía» demostrada pese a las amenazas, aunque sienten que no ha tenido el reconocimiento de la sociedad vasca. La patronal vasca y las tres territoriales de la CAV celebrarán el próximo viernes en Bilbao un acto de homenaje a todos ellos, coincidiendo con el sexto aniversario del anuncio por parte de ETA de cese definitivo de su actividad armada.

La sombra de la extorsión a los empresarios vascos ejercida por ETA durante cinco décadas ha sido demasiado alargada, aterradora y dolorosa. Todavía hoy, cuando Confebask está a punto de celebrar este 20 de octubre en el palacio Euskalduna, coincidiendo con el sexto aniversario del cese de ETA, un acto de reconocimiento a todo este colectivo de amenazados, son muchos los que no pueden o no quieren contar su relato a pecho descubierto. Quienes se atreven a compartirlo coinciden en la soledad que vivieron y el miedo que sintieron en aquellos años. Otros no lo podrán contar nunca en primera persona porque fueron asesinados por no pagar el mal llamado ‘impuesto revolucionario’. El chantaje amedrentó a entre 10.000 y 15.000 personas en Euskadi a lo largo de 50 años, hasta que ETA anunció su último alto el fuego en septiembre de 2010 y en noviembre envió su última carta de extorsión. Gerardo Arín, José Guillermo Zubia, Miguel Lazpiur y Jesús Gómez Montoya ponen cara al relato de la extorsión que durante décadas se vivió en silencio y como un auténtico tabú.

Las empresas vascas encaran el mejor otoño en diez años. Es un hecho. Pero a juicio de los empresarios, en especial los vizcaínos y los alaveses, «muy prudentes», eso no es decir mucho, porque Euskadi viene de una situación «mala» traducida en que sólo ha recuperado 900 compañías de las cerca de 8.000 perdidas durante la crisis, apenas el 11%. Esto es, el ritmo de recuperación del tejido destruido es lento, todo un problema dado que el 85% de los puestos de trabajo los genera el sector privado. En cualquier caso, las patronales vascas sí perciben «otro aire», más respirable, y aunque persisten «problemas» como la reducción de los beneficios y los altos costes laborales, las últimas encuestas así lo ratifican.

«Lo importante es crear un clima, un caldo de cultivo que favorezca la aparición de empresas nuevas porque, aunque vayamos bien, siempre habrá compañías en dificultades». Es la conclusión que saca Francisco Javier Azpiazu, el secretario general de Cebek, la patronal vizcaína, del momento actual. Y lo dice porque en este momento conviven dos situaciones que parecen contradictorias, pero que son las dos caras de la misma moneda. De un lado, la impresión, apoyada en datos sólidos, de que las cosas van «mejor». De otro, la existencia de «serios problemas» en empresas tan emblemáticas como La Naval, CEL o General Electric, que mantienen en vilo a en torno a 4.000 familias de zonas tan golpeadas como la Margen Izquierda o Las Encartaciones.

Pascal Gómez, el presidente de los empresarios alaveses, es de los que ven «la botella medio llena», pero al punto añade: «¡Ojo, aunque vamos bien, queda mucho por hacer». Lo dijo en el arranque del verano y lo vuelve a decir ahora, cuando SEA Empresarios Alaveses ultima una nueva toma de temperatura a sus socios de cara al fin de año. Y lo hace porque aunque los datos macroeconómicos son buenos, «hay mucha gente que está sufriendo todavía». Gómez apoya su optimismo «prudente» en que «lo bueno de Álava» es que «tenemos un poco de todo» y, por tanto, «tenemos dónde apoyarnos», ya que cuando un sector va mal, otros circulan bien. «Hay empresas relevantes del sector ferroviario, aeronáutico y tubero, de automoción, de farmacia, de goma, de gente que hace grandes estructuras para obra civil, de vidrio... Y de vino». Como guinda, Mercedes y Michelin, las dos mayores factorías del País Vasco, que viven momentos de récord.

Gipuzkoa es, según los informes que acaba de difundir Adegi, el territorio más optimista. El 93% de las compañías estima que sus mercados se encuentran normales o reactivándose, el 96% cree que las cosas se mantendrán o mejorarán y la facturación en el 87,5% de los casos también es briosa. De forma paralela, la utilización de la capacidad productiva está en niveles precrisis, como los pedidos. El corolario de tanto dato en verde es que el 94,5% prevé mantener o aumentar las plantillas y que el 80% ha subido los sueldos por encima de la inflación. Entre tanto optimismo, ¿hay algún lunar? Sí, el descenso del beneficio. «Es la gran huella que han dejado la crisis y la globalización, una competencia enorme en precios», razona el presidente de Adegi, Pello Gibelalde, que trae a colación una cita del socialdemócrata Helmut Schmidt, canciller de la entonces Alemania Occidental. «Facturación no es sinónimo de rentabilidad, y los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana».

Euskadi tenía a finales de agosto de este año 57.862 empresas inscritas en la Seguridad Social, una cifra que se sitúa un 10,3% por debajo de la media registrada en 2007, antes de que estallara la crisis, cuando la suma alcanzaba las 64.500. Se ha producido, por tanto, una pérdida de 6.638 negocios. La merma es mayor que en el conjunto nacional, donde el número de empresas acumula un descenso del 7,6%, desde los 1,4 millones hasta quedar un poco por debajo de los 1,3 millones, con una pérdida de 107.000. La crisis ha hecho desaparecer firmas en todas las comunidades autónomas aunque Cataluña se mantenía hasta agosto a la cabeza en número de compañías, con 230.927 firmas inscritas en la Seguridad Social. Le seguía muy de cerca Andalucía, con 230.193. Es muy posible que, después de la desbandada que ha tenido lugar estas últimas semanas, se haya producido el ‘sorpasso’. Con todo, el peso de Cataluña llega al 17,7%. El de Euskadi es del 4,4%.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha pedido a las autoridades nacionales vigilar muy de cerca el «alto endeudamiento» de los hogares de algunos países de la zona euro y la «boyante» dinámica del mercado inmobiliario, a la vez que ha solicitado a los gobiernos que estén listos para utilizar los instrumentos políticos que tienen a su disposición para contrarrestar estos riesgos emergentes cuando sea necesario. Así lo indicó Draghi en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, donde también explicó que en la etapa actual el ciclo financiero de la zona euro es «consistente» con la recuperación en curso, así como confirmado que no hay indicios de un desajuste generalizado de los precios de los activos y de la evolución del crédito.

En el último lustro el Fondo Monetario Internacional pasó de dibujar un mapamundi plagado de incendios económicos, donde la crisis no parecía dispuesta a dejar rehenes, a vislumbrar una recuperación tan lánguida que no parecía recuperación y, ahora por fin, aparece una reactivación decidida, firme. El tirón de los países más avanzados ha sido un asunto central en las jornadas de otoño del FMI, pero las trifulcas políticas y económicas que lo ponen en riesgo, también. Dice Maurice Obstfeld, el economista jefe del Fondo, que uno de los motivos por los que la aceleración global ya es un hecho, estriba en que el repunte está muy repartido geográficamente. Si en las últimas previsiones del FMI, hechas públicas esta semana en Washington, las perspectivas mejoradas de las economías avanzadas explican la revisión al alza de 2017, las de las emergentes desempeñan un papel más importante en las de 2018. Habría que retroceder una década para hallar un crecimiento tan repartido.

Empresas vascas invirtieron 783,8 millones de euros en el extranjero durante el primer semestre del año, el 25% del total en Reino Unido. De esa cantidad, el 96,8% se dirigió al sector de servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensión), en el que se gastaron 759,3 millones de euros. Según datos del Ministerio de Economía, el segundo sector fue el de fabricación de otro material de transporte, con un desembolso de 18,7 millones. La fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria) supuso una inversión en el extranjero de 2,2 millones de euros para las empresas vascas, mientras en almacenamiento y actividades anexas al transporte desembolsaron 2,1 millones de euros.

El PNV ha tenido que desistir en su empeño de rebajar el tipo nominal del Impuesto de Sociedades ante el rechazo del PSE, su socio en el Gobierno vasco, que se oponía a la medida aun cuando contemplase un recorte en las deducciones para no perjudicar la recaudación. La secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, Loli García, no sólo aplaude que se haya aparcado la rebaja sino que considera que existe «mucho margen» para incrementar esta figura impositiva con objeto de aumentar los ingresos fiscales. «No solo no entenderíamos una rebaja del Impuesto de Sociedades sino que planteamos todo lo contrario», señaló García. Según recordó, este tributo se aplica «sobre el beneficio empresarial y no sobre la productividad». Apuntó, asimismo, que «la mayor presión fiscal recae sobre los trabajadores y no sobre las rentas del capital».

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, pidió ayer una significativa reforma del FMI que prime el impulso al sector privado y la desregulación, y del Banco Mundial (BM) para que centre el esfuerzo en países pobres y deje de prestar a países de ingresos medios como China. «A medida que el FMI pasa al periodo tras la crisis financiera global, urgimos a la institución a estructurar sus programas de préstamo para priorizar reformas que impulsen el crecimiento económico guiado por el sector privado», dijo Mnuchin en su declaración ante el Comité Financiero y Monetario del organismo. Asimismo, señaló que el FMI debería ser «un ejemplo de disciplina fiscal», algo que exigirá «decisiones difíciles» como revisar «los salarios y beneficios de sus trabajadores».

El jueves se debatirá en el Pleno del Parlamento Vasco la toma en consideración de la proposición de Ley del Sector Público Vasco, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE. Este es primer paso para que vea la luz en los próximos meses esta norma que regula los entes y organismos creados por todas las administraciones de la Comunidad Autónoma. Lo más destacado del proyecto es que los socialistas han conseguido introducir dos de sus tradicionales reivindicaciones como son la simplificación de la administración, eliminando entes, y el estudio de ineficiencias y duplicidades. Ambas cuestiones se han incluido en las disposiciones adicionales y responden también al acuerdo de Gobierno suscrito por los dos partidos coaligados, en el que se señalaba que esa ley debe «evitar duplicidades y redundancias, racionalizando y simplificando todo el entramado de empresas y sociedades públicas».

A la vista de que España es un país dominado por las pequeñas y medianas empresas, que copan el 98% del total de negocios del país, cobra aquí mayor relevancia la advertencia que esta misma semana lanzó la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la aportación de las pymes a la creación de empleo a nivel mundial se ha estancado, algo preocupante ya que «desempeñan un papel crucial en la creación de puestos de trabajo decente en todo el mundo», según sostiene en su informe ‘Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2017’. Así, este organismo advierte de que entre 2015 y 2016 su contribución al empleo total pasó de representar el 34,6% al 34,8%, es decir, una subida de apenas dos décimas porcentuales, frente al gran salto que experimentó entre 2003 y 2016.

Formarse, trabajar y jubilarse... Esta secuencia normal toca a su fin, y el gran cambio personal y laboral que se va a experimentar no se refiere sólo al hecho de que habrá periodos más o menos largos en alguna forma de autoempleo en los que se intercalará formación. Además, la carrera promedio de cualquiera podría abarcar dos o tres ocupaciones y más de media docena de empleos. Sin olvidar que la Generación Z vivirá más de 100 años y tendrá vidas laborales de más de 60 años. Aparecen nuevos puestos bajo demanda; se hace más frecuente la posibilidad de trabajar sin ir al trabajo; viviremos una actividad profesional en la que dependeremos de varios jefes, o en la que trabajaremos sin mandos; podremos disponer de un porfolio múltiple de carreras; veremos una flexibilidad inédita que nada tiene que ver con el concepto tradicional de conciliación y sí con el de integración, adaptado a una exigencia de disponibilidad de 24 horas por parte de las empresas.

Desde 2015, Europa («La Comisión Europea», corrige Johannes Klumpers) se ha dotado de un asesoramiento científico y tecnológico nunca antes visto: el Scientific Advice Mechanism (SAM), acreditado para informar a los políticos que han de tomar decisiones sobre materias de ciencia o tecnología, con criterios basados en hechos científicamente probados. «La gran diferencia es que antes había un asesor, y ahora hay una comisión de expertos independientes que trabaja en colaboración con las academias europeas», explica Klumpers. Él es el director  del SAM, que depende del Directorio General para la Investigación y la Innovación, y reporta directamente al comisario Manuel Moedas. No obstante, su Grupo de Alto Nivel (HLG), formado por siete científicos y tecnólogos altamente cualificados, está listo para atender las consultas de cualquier departamento de la CE, «aunque siempre a través del colegio de comisarios».

La decisión de los dos principales bancos catalanes (Sabadell y CaixaBank) y de más de 500 empresas de abandonar Cataluña por la crisis política supuso un duro golpe para el independentismo. Pero el detonante de esta huida no vino de Madrid o de Barcelona, sino de otras ciudades (Nueva York, Londres o Chicago) que alojan a los gestores de los más importantes fondos de inversión del mundo. Tras la jornada del referéndum del 1 de octubre y la enorme repercusión mediática que en todo el mundo tuvo la actuación policial y la noticia de la votación, estos gestores se alarmaron, olfateando tensión e incertidumbre. Muchos de estos fondos son dueños de la deuda de numerosas empresas catalanas, así que estas no se podían permitir que estuvieran inquietos y que pensaran en vender. De ahí la decisión de buscar un lugar más tranquilo, fuera de Cataluña, en el que no despertaran suspicacias.

En economía hay una gran diferencia entre el riesgo y la incertidumbre. El primero se puede cuantificar y, por tanto, cubrir con un seguro. El segundo no se anticipa ni se puede respaldar con nada. Esto explica lo que ha pasado en Cataluña en las últimas semanas. La incertidumbre se ha trasladado a las empresas que, aunque no votaron en el referéndum ilegal, sí han contribuido a través de sus decisiones a estrangular el alcance del procés. Ningún indicador lo adelantaba. Hasta el 1 de octubre, y aún hoy, los datos dibujaban un presente sólido. El PIB de la región crece un 3% anual y el paro está en el 13,2%, frente al 17,2% del conjunto del Estado. Exportaciones, turismo, comercio interior, deuda pública, déficit… ningún signo de erosión, al contrario. El tren de la política discurría por una vía y la economía por otra. Pero la crisis ha enseñado una lección que el independentismo haría bien en grabar a fuego: los mercados tardan muy poco en hundirse, y las empresas son capaces de reaccionar a la misma velocidad a la que Puigdemont declara la independencia y la suspende.

«La desbandada empresarial de los últimos diez días ha aportado más sensatez y, si quiere, provocado más miedo a los dirigentes independentistas que todas las amenazas legales juntas. […]  El Gobierno vasco, y en especial la consejería de Industria, hace ímprobos esfuerzos por captar inversiones. Las diputaciones también, en especial la de Bizkaia que pretende resucitar la Plaza Financiera y crear el hub gasista. ¿Por qué no ha venido entonces el Banco Sabadell a San Sebastián, o Gas Natural a Bilbao, o las diversas gestoras de patrimonio? Creo que hay varias razones que lo explican. La primera es que transmitimos una imagen de no estar completamente libres del peligro de contagio. […] Otra es el paquete de acogida que proponemos y que es menos bueno de lo que pregonamos. Le recuerdo que justo cuando se producida la estampida empresarial nosotros nos enzarzábamos en una agria disputa para... subir el Impuesto sobre Sociedades. Añadan la existencia del Impuesto sobre el Patrimonio y les aseguro que encontrará mejores opciones fiscales sin estar obligado a recorrer muchos kilómetros.»