20171008

Según datos del Banco de España, Euskadi es la comunidad en la que más crece el crédito y donde la relación entre los préstamos y los depósitos ofrece una ratio más saludable, lo que a su vez revela la fortaleza del sector financiero. Así, la financiación creció en 2016 un 2,18% interanual frente a una media en España que mostró un retroceso del 3,97% y la relación entre el dinero prestado y el recogido de la clientela fue del 0,93, frente al promedio español del 1,09. Pablo Martín, director del departamento Económico-Fiscal de la patronal vasca, Confebask, analiza el escenario. «Los datos globales revelan que esa travesía de desendeudamiento que han vivido empresas y familias ha tocado a su fin; y al mismo tiempo, la diferencia entre todos los préstamos vivos y lo que de éstos se va pagando o amortizando, que llevaba un par de años estable, empieza ya crecer», explica. «El nuevo crédito a empresas en Euskadi sí que ha crecido», subraya Martín, quien detalla que esa ‘alegría’ en la concesión de préstamos está siendo más intensa en el segmento de las pymes, por otra parte las que más habían sufrido durante los años de recesión.

Desde la planta 15 de la Torre lberdrola donde dirige Trainíng Express Group, consultoría líder en proporcionar formación en idiomas presencial y virtual a empresas en más de 50 países, la abogada Carolina Pérez Toledo reconoce que para ella supone un honor ser vicepresidenta desde junio de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) «por la importancia que tiene de cara a mejorar la representación de la mujer en estas organizaciones». Reconoce que en esta segunda legislatura de la actual dirección de Cebek, con Iñaki Garcinuño al frente, se está apostando decididamente hacía una mayor presencia de la mujer en los órganos de dirección. Actualmente en la junta directiva hay seis mujeres, tres de ellas en el consejo de dirección: «es clave que la perspectiva de género forme parte de la confederación empresarial vizcaina para que se conozca de viva voz lo que las mujeres demandamos y aportamos al tejido empresarial del territorio», dice sonriente Pérez Toledo, quien defiende a ultranza el buen hacer del tejido empresarial vizcaino y vasco, compuesto mayoritariamente por pymes, a las que respalda sin ambages. «El empresariado vasco no somos vampiros que quieren sacar la sangre a sus trabajadores: lo que quieren es sacar la empresa adelante».

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que el mercado laboral español ha experimentado una fuerte recuperación, impulsado por la moderación salarial, la recobrada competitividad externa y las reformas laborales. Sin embargo, en su informe anual sobre la economía española publicado el viernes, el organismo pone un importantísimo pero a esa mejora: «Ha sido conducida predominantemente por una expansión del empleo de baja productividad». En definitiva, el FMI no observa un cambio de modelo en el mercado de trabajo.

Un juzgado de Bilbao investiga un caso de estafa cometido supuestamente por varios centros de formación contra Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. La investigación se centra en determinar si se han producido suplantaciones de identidad de alumnos en cursos programados de la mano de la administración con el objetivo de cobrar subvenciones públicas de forma irregular, según ha podido saber EL CORREO. Portavoces oficiales de Lanbide insistieron en que han colaborado «desde el primer momento» con la Ertzaintza en la investigación del caso y apuntaron que ya han recuperado las subvenciones concedidas a tres centros investigados, que ascienden a más de 300.000 euros. En todo caso, según diversas fuentes, el importe que podría haber sido defraudado mediante este sistema –similar al que ya se ha producido en otras comunidades autonómicas– ronda el millón de euros por las ayudas de varios ejercicios.

Desde que se produjo el cambio normativo hace dos años, Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, abre un concurso para que todas las empresas formativas puedan optar a impartir alguno de los cursos dirigidos, sobre todo, a los desempleados. Los centros presentan entonces sus credenciales y los responsables del ente público que depende de la consejería de Empleo y Políticas Sociales reparten las materias entre los solicitantes en base a una serie de criterios establecidos de antemano.

Las adjudicaciones contemplan diversas consideraciones, como horas de duración y número de alumnos. Una vez terminadas las acciones formativas, las empresas deben justificar que han cumplido con las condiciones previas para poder recibir el importe total de la subvención.

No cabe duda de que el turismo se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía española, un sector que ya supone el 11,2% del PIB y que, además, ocupa a más de 2,5 millones de personas en el segundo trimestre de 2017, según los datos aportados esta misma semana por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La cuestión es si este ‘boom’ turístico se está traduciendo en más y mejores empleos en la hostelería. Si el crecimiento de los ocupados evoluciona de manera notable (se han creado más de 300.000 empleos desde 2013 hasta los 1,7 millones en el segundo trimestre de 2017, el máximo de la serie histórica, según se extrae de la EPA), la calidad de estos trabajos es lo que se cuestiona. Así, UGT y CC OO denuncian que, mientras las cifras de visitantes, pernoctaciones y ocupación son las más altas desde 1999, el empleo que se crea sigue siendo precario, puesto que un 97% de los nuevos contratos son temporales y a tiempo parcial.

La patronal CEOE quiere abrir otro frente en la guerra que mantiene contra la ley de formación aprobada en 2015. Ha elaborado un proyecto de ley, muy crítico desde el preámbulo con el sistema actual, promovido por el Ministerio de Empleo, y que recoge las demandas que los empresarios ya plasmaron en un libro blanco hace unos meses. Ahora una delegación de CEOE, encabezada por el exdiputado catalán Daniel Sánchez Llibre, se reúne con los grupos parlamentarios para que asuman su texto y lo tramiten. De momento, han tenido citas con PSOE y Ciudadanos. El lunes es el turno de la reunión con los sindicatos.

La empresa ha dejado de ser la segunda casa de los trabajadores. En medio de un clima de incertidumbre e inestabilidad en el mercado laboral, los departamentos y consultoras de recursos humanos se afanan por vender la imagen de compañías que pelean por captar y retener talento. Su discurso, sin embargo, no sintoniza con todos los sectores y generaciones. La revolución digital trae de la mano nuevas profesiones que sí generan empleo de calidad. Desde la otra orilla, lo digital ayuda a todos por igual en la búsqueda de oportunidades. Una búsqueda que se vuelve global y sin intermediarios. El candidato debe ahora tejer y cuidar redes de contactos más amplias y ocuparse más que nunca de su reputación y de su identidad digital. El salario sigue siendo la prioridad para los empleados —y ningún indicador señala que esto vaya a cambiar—, pero, al variar la coyuntura económica, también aparecen nuevas necesidades. Si el sueldo, según un observatorio de la consultora Manpower Group, importa al 68% de los trabajadores, el 54% también valora el tipo de trabajo, y el 47%, la flexibilidad horaria. España está por encima de la media global en estas preferencias.

Muchos dicen temer a la banca en la sombra, «shadow banking», o banca paralela por ser una gran amenaza para la estabilidad financiera, pero ninguna autoridad parece dispuesta a hacerle frente. Fue en 2008, a partir de la crisis, cuando pasó a primer plano.

«No me sentaré a esperar que se produzca el choque de trenes y su descarrilamiento, ni mucho menos lo voy a alentar. Prefiero empeñarme en buscar vías de solución desde el realismo y la voluntad de acuerdo». Las palabras pronunciadas por el lehendakari el viernes en el Parlamento confirmaron que Iñigo Urkullu ha decidido implicarse de forma directa en una salida al conflicto entre el Estado y las instituciones catalanas, que nadie sabe cómo puede acabar. El máximo dirigente del Gobierno Vasco mantiene líneas de comunicación abiertas con los principales protagonistas de este pulso, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al tiempo que trata de activar toda su capacidad de influencia para impulsar cualquier vía de diálogo que pudiera ayudar.

«Nadie en su sano juicio quiere ver en Euskadi las imágenes del domingo pasado en Cataluña». La constatación es del EBB del PNV y revela que una cosa es la «simpatía» y la identificación «sentimental» con el ‘procés’ de una parte importante del electorado vasco y otra muy distinta que el estallido catalán vaya a provocar un efecto contagio por emulación en Euskadi, apegada al actual clima de estabilidad política e institucional tras décadas de trincheras y convulsión por culpa de ETA. La situación en los cuarteles generales de los partidos vascos es de tensa espera, de prudente silencio o, incluso, de cierto nerviosismo. Son conscientes de que el desenlace del órdago del secesionismo catalán contra el orden constitucional tendrá consecuencias en la vida política vasca e incluso en la economía, que indudablemente se verá afectada por las fluctuaciones en el conjunto del Estado. De ahí que el llamamiento a la calma y a preservar el ‘statu quo’ sea unánime con la excepción de EH Bildu, que alienta abiertamente un frente secesionista de inspiración catalana bajo la batuta de plataformas ciudadanas como Gure Esku Dago.

En apenas un par de días, Cataluña ha perdido la propiedad y el control de activos por un importe de 800.000 millones de euros como consecuencia de la salida de las empresas que han anunciado el traslado de sus sedes sociales a otro territorio. A las ya conocidas, ayer se sumaron la Fundación de la Caixa, Criteria y Aguas de Barcelona. Ya hay expertos que advierten de que tras las sedes sociales pueden desviarse también pedidos industriales. Y todos los analistas coinciden en asegurar que las consecuencias de la apuesta secesionista serán malas para la economía. Para la catalana seguro, pero también para la española.

Esta semana se ha dado uno de los mayores golpes al proceso independentista con la marcha del segundo y del quinto banco español, CaixaBank y Sabadell. El movimiento deja sin entidades relevantes radicadas en Cataluña, una comunidad que tenía 11 en 2009. La crisis financiera se llevó por delante las cajas de Girona, Sabadell, Terrassa, Manlleu, Tarragona, Manresa, Laietana, Penedès y Catalunya. Las sedes operativas de CaixaBank y Sabadell se mantendrán en Cataluña, pero la clave es si conservarán en el futuro estos centros de decisión para atender con la misma cercanía a particulares y empresas.

Una Cataluña independiente acarrearía una serie de circunstancias nefastas en cadena que se harían sentir desde el primer día. Salir de España implica salir de la Unión Europea. La flamante República de Cataluña debería pedir el ingreso en el club y ponerse a la cola para volver. Tener que dejar la Unión Europea conllevaría, a su vez, o bien operar con el euro bajo la tutela del Banco de España o bien emitir su propia moneda lo que, de rebote, implicaría una fuerte devaluación y un empobrecimiento general y colectivo del país. La independencia de Cataluña acarrearía, al menos, 11 consecuencias inmediatas y nefastas para el nuevo país.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se muestra firme ante el desafío separatista dos días antes de que se celebre el pleno del Parlament que puede abordar la independencia de Cataluña. En esta entrevista asegura: «Impediré que la declaración de independencia, si la hubiere, signifique algo». Rajoy se declara dispuesto a tomar las medidas precisas para frenar el movimiento secesionista, destaca el apoyo recibido por los partidos constitucionalistas —PSOE y Ciudadanos— y menciona un Gobierno de concentración como salida: «Podría ayudar, pero sería suficiente que fuéramos juntos todos». El presidente responsabiliza al Ejecutivo catalán de la gravedad de la crisis y anuncia que «la Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán en Cataluña mientras las cosas no vuelvan a la normalidad». Respecto a las persistentes apelaciones al diálogo, continúa insistiendo en su posición —«dentro de la ley, se puede negociar todo»— al tiempo que sostiene que ni necesita ni busca mediadores.